Árbitro y el delito doloso

El Decreto Legislativo Nº 1071 establece que para actuar como árbitro se requiere ser persona natural, mayor de edad, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y libre de incompatibilidad para ejercer la función arbitral, es decir, y según el artículo 21, no ser funcionario o servidor público del Estado, dentro de los márgenes establecidos por las normas de incompatibilidad respectivas. Se aprecia el carácter permisivo con relación al perfil del árbitro. En un arbitraje ad hoc, por ejemplo, las partes pueden designar a una persona como árbitro sin mayor experiencia en arbitraje o falto de conocimientos sobre el asunto controvertido, pero plenamente empoderado para expedir un laudo, con valor de cosa juzgada, en el que existiría la posibilidad de afectar derechos sustantivos, a causa de su cortedad, inexperiencia o desconocimiento jurídico.

 

Sin duda, la elección del árbitro constituye uno de los actos más importantes en todo arbitraje. La justicia arbitral descansa en su actuar ponderado, su integridad moral y buen criterio, así como sobre sus cualidades académicas y profesionales. La elemental capacidad requerida para ejercer el arbitraje no se condice con la elevada función que desempeña el árbitro, razón por la cual una modificatoria en ese punto resultaba razonable y oportuna, tal como lo introduce el Decreto Legislativo Nº 1231, al agregar al artículo 20 la exigencia que para desempeñarse como árbitro no se debe haber recibido condena penal firme por delito doloso.

 

Requerir al árbitro no haber recibido condena penal firme por delito doloso (se entiende bajo sanción de no poder ejercer la función arbitral), es una regla extendida entre los principales centros de arbitraje del país. Descansa en la lógica de que un árbitro sentenciado por un evento delictivo ha incurrido en una conducta reprochable por ser atentatoria contra la moral socialmente admitida, resquebrajando la confianza en su actuar probo, y generándose una paradoja inadmisible: facultar a una persona el importante rol de administrar justicia, siendo que ella ha sido la primera en violar las leyes por las que esa justicia aboga su cumplimiento, al punto de ser condenado penalmente.

 

Fuente: El Peruano, 29 de octubre de 2015

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