Modificatoria de la Ley de Arbitraje

Con gran expectativa, se publicó (el sábado último) el D.L. Nº 1231, que modifica la Ley de Arbitraje. La modificatoria busca “garantizar la seguridad jurídica, previniendo de la comisión de fraudes y la afectación de derechos de terceros a través del uso indebido de la institución arbitral”.

 

La norma modifica: el Art. 20 (para actuar como árbitro no se debe haber recibido condena penal por delito doloso); el numeral 3 del Art. 28 (será recusado el árbitro si no posee las calificaciones establecidas por el reglamento de la institución arbitral); la primera disposición final (el arbitraje popular es un arbitraje institucional que se decide en derecho no teniendo limitación de cuantía cuando verse sobre derechos inscribibles). También incorpora: el numeral 5 del Art. 39 (la demanda o la reconvención que verse sobre derechos inscribibles deberá anotarse en la respectiva partida registral); el numeral 10 del Art. 47 (la medida cautelar también debe anotarse en la respectiva partida registral); el numeral 3 del Ar

 

En conclusión diría que con esta norma: a) El Estado, de manera ponderada, apuesta por una modificatoria que, aunque perfectible, es respetuosa de la naturaleza y características del arbitraje; b) Mejora la seguridad jurídica, la que junto con la autonomía de la voluntad de las partes, la observancia del debido proceso y el reconocimiento constitucional de su jurisdicción, son los valores rectores del arbitraje; c) La Sunarp tiene medidas normativas que le ayudarán a evitar y enfrentar las modalidades de fraude arbitral; y, d) El arbitraje popular se fortalece como un arbitraje importante, alentando (o democratizando) su uso por el público en general, a costos adecuados.

 

Fuente: El Peruano, 01 de octubre de 2015

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