Proponen normas procesales para mejorar tutela jurisdiccional colectiva

El pasado 27 de abril, los congresistas del Grupo Parlamentario Unión Regional presentaron el Proyecto de Ley N.° 04462/2014-CR, que propone incorporar los artículos 82-A, 82-B, 82-C, 82-D y 82-E al Código Procesal Civil, con el fin de otorgar adecuada y oportuna tutela jurisdiccional colectiva de derechos individuales homogéneos.

 

Los artículos que se buscan incorporar son los siguientes:

 

1.         Una definición legal de “acción colectiva”

 

                        “Artículo 82-A.- Definición

La acción colectiva podrá ser ejercida para hacer valer pretensiones de tutela de intereses o derechos individuales homogéneos, entendido como el conjunto de derechos subjetivos individuales, provenientes de origen común, de que sean titulares los miembros de un grupo, categoría o clase.”

 

2.         Los requisitos para incoar demanda colectiva

 

“Artículo 82-B.- Requisitos de la demanda colectiva

Además del cumplimiento de lo establecido por los artículos 424° y 425° de este Código, son requisitos de la demanda colectiva.

a) La adecuada representación del legitimado. Al efecto, podrán interponer demandas colectivas:

a.1) Las acciones legalmente constituidas, siempre que entre sus fines institucionales se encuentre estipulada la defensa de los intereses y derechos de los asociados que tengan conexión con el objeto de la Asociación, conforme a lo estipulado en los Estatutos. En este supuesto, a la demanda deberá anexarse copia certificada o legalizada de los Estatutos de la Asociación, así como la relación de los asociados en cuya representación se interpone la demanda, sin perjuicio de los medios probatorios correspondientes para acreditar el derecho individual de cada asociado cuya tutela es objeto de la pretensión demandada.

a.2) Lo estipulado en el parágrafo a.1) precedente no impide que las personas legitimadas que así lo prefieran suscriban la demanda e intervengan directamente en el proceso.

b) La relevancia social de la tutela colectiva, caracterizada por la naturaleza del bien jurídico afectado, por las características de la lesión o por el elevado número de personas perjudicadas.

Se presumirá la existencia de relevancia social de la tutela colectiva en los casos en que la pretensión demandada tenga vinculación directa con la protección de derechos fundamentales de la persona constitucionalmente reconocidos o reconocidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado peruano sea parte.

c) La existencia de relación de conexidad entre las acciones individuales en virtud de la cual sea posible el litisconsorcio activo facultativo, siendo de aplicación lo establecido en los artículos 84°, 85° y 86° de este Código.

d) Al presentar la demanda, en caso sean varios los legitimados, deberán designar a dos (2) apoderados comunes entre ellos mismos, a fin de que individual o conjuntamente puedan ejercer las facultades generales de la representación a que se contrae el artículo 74° de este Código.”

 

3.         El trámite del proceso colectivo

 

                     “Artículo 82-C.- Trámite del proceso colectivo

Si el Juez califica positivamente la demanda, da por ofrecidos los medios probatorios confiriendo traslado al demandado para que comparezca al proceso y la conteste bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. En el mismo auto que admite la demanda colectiva, el Juez deberá señalar que el proceso es de naturaleza colectiva.

Encontrándonos ya iniciado el proceso, en cualquier estado, si de oficio o a pedido de parte, el Juez advierte que la demanda reúne las características del proceso colectivo conforme a los requisitos establecidos, previo traslado a las partes por un plazo que no deberá exceder de cinco (5) días, expedirá auto debidamente motivado en el que declare que el proceso es de naturaleza colectiva.

En caso de producirse el fallecimiento o declaratoria de incapacidad de alguno a algunos de los demandantes, los apoderados comunes continuarán con el trámite del proceso en calidad de representantes legales de los sucesores del fallecido, hasta que se designe e inscriba a los herederos o mientras se designa representante al incapaz y se inscriba su nombramiento.

Designados los sucesores e inscrita la sucesión, los causahabientes o representantes, según el caso, podrán apersonarse al proceso expresando que se separan de la representación legal común, caso contrario, el Juez tendrá por no efectuado el apersonamiento, continuando el proceso conforme a su estado. De no apersonarse los sucesores de la parte fallecida, o el representante o apoderado del que devino en incapaz, se presume de plenos derecho la conformidad con la representación legal común que originariamente se determinó por la persona fallecida o cuya incapacidad sobrevenida ha sido declarada.

En caso que el que falleciere fuese uno de los representantes designados, continuará ejerciendo la representación legal el otro y convocará a una asamblea de quienes han participado en la demanda para que designen al otro apoderado que lo acompañará en el ejercicio de estas funciones. Esta asamblea deberá llevarse adelante dentro de los cuarenta y cinco días siguientes de producido el fallecimiento. De no haber designado en ese plazo al nuevo representante legal, el Juez designará a cualquiera de los demandantes para tal efecto.

El Juez deberá dar prioridad al trámite de los procesos colectivos, sólo después de los procesos constitucionales.”

 

4.         Los criterios para la acumulación de procesos colectivos

 

“Artículo 82-D.- Acumulación de procesos colectivos

Si hubiera conexidad entre diversos procesos colectivos, se produce prevención a favor del Juez que conoció del primer proceso, quien de oficio o a petición de parte podrá ordenar la acumulación de todos los procesos, aun cuando en estos no actúe la totalidad de los mismos sujetos procesales.”

 

5.         Sobre la cosa juzgada en los proceso colectivos

           

“Artículo 82-E.- Alcances de la cosa juzgada en los procesos colectivos

En los procesos colectivos regulados en el presente artículo, la sentencia hará cosa juzgada con efectos generales, excepto cuando la pretensión fuera rechazada por insuficiencia de pruebas, caso en el cual cualquier legitimado podrá intentar otra acción con idéntico fundamento, si se valiera de nueva prueba, siempre que ella fuera idónea por sí sola para modificar el resultado del proceso.”

 

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