Ante la falta de la declaración de sucesión procesal se incurre en nulidad insalvable

En ese sentido se ha pronunciado  la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema mediante Casación N.º 3891-2014 Lima Norte, publicada el 30 de junio del 2016, en el diario oficial El Peruano, en el marco de un proceso de nulidad de acuerdo.

El caso es el siguiente, DCF y RCC interpusieron demanda de nulidad de acuerdo contra la empresa E. S.A., señalando como pretensión que se declare la nulidad del Acuerdo de la Junta General Extraordinaria, en el cual se había acordado la suspensión por 10 años de sus derechos en calidad de socios accionistas; y se ordene la inmediata restitución de todos sus derechos, incluyendo aumento de capital, pago de dividendos y demás beneficios dejados de percibir como consecuencia de la suspensión. Argumentan que son socios fundadores y titulares de 386 acciones pertenecientes al capital social. Señalan, también, que cuando DCF ocupó el cargo de Gerente Administrativo, este presentó observaciones sobre el balance del contador. Posteriormente, presentó un informe solicitando regularización de los pagos de las deudas de los accionistas, pero nunca fue tratado. El 15 de diciembre del 2010 presentaron una carta notarial para que se convoque a una junta general, el pedido fue denegado. Luego el presidente del Directorio convocó a junta extraordinaria, el 10 de febrero del 2011, en donde mencionan los demandantes que no participaron del segundo punto, el cual trató sobre la exclusión de miembros. Y finalmente, se enteraron de su expulsión como socios accionistas cuando les fue negada la entrada a la junta convocada el 30 de marzo del 2011.

En la contestación de la demanda, la empresa E. S.A., sostuvo que la junta general extraordinaria fue realizada con conocimiento de los demandantes, puesto que recibieron personalmente la citación. Además, alegan que es falso que los demandantes se hayan retirado de la junta antes de haber tratado el segundo punto. Asimismo, señalan que sanción impuesta se encuentra establecida en el artículo 45 incisos B, C y E del estatuto de la empresa demandada a pedido de los socios por atentar los demandantes contra la marcha regular de la empresa, por ende la decisión fue adoptada por unanimidad.

El a quo declaró fundada la demanda, en consecuencia ordenó la nulidad del acuerdo de la junta general extraordinaria de accionistas de la empresa de E. S.A., y se reponga a los señores DCF y RCC como socios de la citada empresa con todos sus derechos inherentes, por lo siguiente:

"[…] En la carta de fecha 15 de diciembre del 2010 del folios catorce no se ha identificado a los solicitantes al no aparecer nombres, ni número de DNI, y por ello el contenido de dicha carta no tiene ningún efecto jurídico, […] además no hay ningún peritaje grafotécnico que determine que la firma es falsa, entonces no hay comprobación de falsedad como lo exige el artículo 45-B del estatuto de la E. S.A.  […] Se advierte del referido estatuto social de la empresa demandada que no tiene establecido el catálogo de las sanciones, por lo que se ha dejado que la Junta General decida la sanción a aplicarse […] Por ello la decisión que ha tomado la junta general de accionistas de fecha 21de febrero del 2011 es una decisión no conforme al estatuto de la E. S.A. al no haberse comprobado la existencia del acto doloso en la carta de fecha 15 de diciembre del 2010 y al imponer una sanción que legalmente no establece el propio estatuto".

El ad quem confirma lo resuelto por el a quo, argumentando lo siguiente:

"[…]1. Para establecer la licitud de la medida adoptada por ETSEMIL contra los demandantes, conviene resaltar que sus Estatutos contemplan la posibilidad de sancionar a sus accionistas por cinco causales. […] 2. No obstante aquello, y aun cuando los actos de los demandantes habrían perjudicado los intereses de ETSEMIL, un aspecto trascendental a tener en cuenta es que en dichos Estatutos no se establece las sanciones respectivas; que la sola verificación de ausencia del catálogo de sanciones para los accionistas que pudieran cometer aquellos actos, de por sí torna en arbitraria la decisión de suspensión por diez (10) años en sus derechos de socios de los demandantes, adoptada en el acuerdo cuestionado, atendiendo que la arbitrariedad se encuentra vedada en nuestro ordenamiento jurídico; 3) En cualquier caso, ETSEMIL no ha probado que los demandantes hayan cometido los actos “dolosos”, “desleales” y/o “perjudiciales” a su economía, […] 4) A aquello debe agregarse que a los demandantes, previa a la sanción de suspensión del que fueron objeto, no se les hizo conocer los cargos para el ejercicio de sus defensas respectivas, conculcándose así su derecho al debido proceso […]".

Recurrida la sentencia, la Sala Suprema declara fundado el recurso, en consecuencia nulo la  sentencia de vista, y, nulo todo lo actuado con posterioridad al fallecimiento de RCC, por los siguientes fundamentos:                                                        

"[…] de los actuados se advierte que no se ha conformado la sucesión procesal prevista en el inciso 1 del artículo 108 del Código Procesal Civil, y que no obstante haber acaecido el fallecimiento del codemandante RCC el veintiocho de abril de dos mil trece como se verifica del certificado de defunción a fojas setecientos ochenta y tres la demandante DCF y el letrado patrocinador de la demandante no cumplió con el deber de informarlo a las instancias jurisdiccionales y continuó el proceso sin acreditar en autos tener facultades de representación de los presuntos herederos y, por ende, legitimidad para seguir formando parte de este proceso, así como para presentar los escritos, alegatos e informes correspondientes […]".

"[…] por tanto, este Supremo Tribunal considera que se ha incurrido en la causal de nulidad insalvable, por lo que, conforme a lo dispuesto por el artículo 108 del Código Procesal Civil, por lo que corresponde anular todo lo actuado con posterioridad al deceso del codemandado RCC, debiendo remitirse el expediente al juzgado competente, a efectos de que la demanda sea tramitada debidamente mediante una sucesión procesal o con intervención de curador procesal, de ser el caso, a fin de que se establezca una relación jurídico procesal válida a partir del fallecimiento del demandante; que tales omisiones han contrariado el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, lo que determina la nulidad insubsanable a tenor de lo dispuesto en el artículo 171 del Código Procesal Civil […]". [El subrayado es nuestro].

Fuente:

Imagen tomada de Arg Noticias

Corte Suprema, "Casación N.° 3891-2014 Lima Norte", en El Peruano, Lima: 30 de junio del 2016.

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