Apelación con calidad diferida respecto de la incorporación de nuevos sujetos al proceso debe ser resuelta por el Superior al resolver la apelación de sentencia

Fuente: Lexicologia Jurídica

Casación N.º 1873-2014 Junín

 

Emitida el 6 de abril del 2015

(Publicada en El Peruano, 31.10.16, p. 84265)



 

Proceso                        :           Otorgamiento de escritura pública

Juez Ponente               :           Jueza Suprema Cabello Matamala

Decisión                       :           Fundado

Normas aplicables        :           Arts. 396 CPC. 



Fundamento jurídico relevante

"[…] , la sentencia de vista recurrida contraviene el Debido Proceso y el Derecho de Defensa que tiene toda persona por mandato expreso del texto constitucional, y tal como se ha expresado en el considerando octavo de la presente resolución, ello en aras de permitir a los justiciables una mejor defensa de sus derechos; lo cual conlleva una clara infracción de orden procesal, careciendo de objeto el análisis de las infracciones normativas materiales también denunciadas; por tanto procede declarar fundado el recurso de casación, nula la sentencia de vista, disponiéndose que la Sala Superior emita nuevo fallo, teniendo en cuenta lo señalado en la presente resolución. Por tales fundamentos y en aplicación del artículo 396 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley número 29364 […]".

 

Casación 1873-2014 Junín

 

Se vulnera el debido proceso, por ende el derecho de defensa de los justiciables, cuando el órgano superior no resuelve un recurso de apelación concedido sin efecto suspensivo y con calidad de diferida. Artículo 139 incisos 3 y 14 de la Constitución Política del Perú. Lima, seis de abril de dos mil quince.

La SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: Vista la causa número mil ochocientos setenta y tres – dos mil catorce, en audiencia pública de la fecha y producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia.

Materia del recurso de casación

Se trata del recurso de casación interpuesto por Enedina Carmen Raygal Churampi a fojas novecientos veinticuatro, contra la sentencia de vista de fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, de fojas ochocientos noventa, la cual confirrma la sentencia apelada que declaró improcedente la demanda

Fundamentos por los cuales se ha declarado procedente el recurso

El recurso de casación fue declarado procedente mediante resolución de fecha dieciocho de noviembre de dos mil catorce, por la causal de Infracción Normativa Procesal de los artículos 123, 427 inciso 6; y 461 del Código Procesal Civil; artículos 139 incisos 3, y 14 de la Constitución Política del Perú e Infracción Normativa Material de los artículos 1148, 1352, 1354, 1356, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1412 y 1549 del Código Civil: Alega que se ha vulnerado el derecho al debido proceso, pues la sentencia recurrida no se ha pronunciado sobre el recurso de apelación interpuesta por la recurrente contra la resolución número cuarenta y uno que fue concedido sin efecto suspensivo y con calidad de diferida mediante resolución número cuarenta y dos de fecha diecisiete de julio de dos mil doce; agrega que el fundamento del juzgador para declarar la improcedencia de la demanda, es el referido a la existencia de un proceso anterior que declaró improcedente la demanda de otorgamiento de escritura pública contra la ahora demandada, sin embargo conforme se evidencia de los puntos controvertidos no ha sido materia de discusión, por lo tanto tampoco lo es en el presente caso, lo que conlleva a determinar que el Juez ha fundado el fallo en hechos distintos a los que realmente debía ceñirse; asimismo respecto a la legalidad de la transferencia no se ha tomado en cuenta los poderes de los hijos que autorizan y facultan a su madre a que se transfiera el inmueble y se otorgue el título.

 

Considerando

Primero. Habiéndose declarado procedente el recurso de casación por causal referida tanto a la infracción normativa procesal como sustantiva, es necesario señalar que la primera, es sancionada ordinariamente con nulidad procesal. La misma que se entiende como aquel estado de anormalidad del acto procesal, originado en la carencia de algunos de sus elementos constitutivos o en vicios existentes sobre ellos que potencialmente los coloca en la situación de ser declarados judicialmente inválidos. La garantía al debido proceso implica también el administrar justicia de acuerdo a las normas procesales, porque en razón a su texto, son consideradas imperativas o de estricto cumplimiento, consecuentemente, está sancionada su omisión o cumplimiento deficiente con la respectiva declaración de nulidad, siendo ello así, es tarea de esta Suprema Sala revisar si se vulneraron o no las normas que establecen expresamente un determinado comportamiento procesal con carácter de obligatoriedad, en cuyo caso debe disponerse la anulación del acto procesal viciado, careciendo de objeto el análisis de la infracción normativa sustantiva.

Segundo. Previamente a la absolución de la infracción normativa procesal, declarada procedente, es pertinente realizar las siguientes precisiones respecto del íter procesal. Enedina Carmen Raygal Churampi interpone demanda de otorgamiento de escritura pública. Fundamenta su demanda en: a) Que, ante la oferta pública que hicieron los demandados a través del Diario Primicia celebraron el contrato preparatorio de venta de fecha tres de mayo de mil novecientos noventa y nueve, por el cual la demandada Nélida Altez viuda de Cano le vendió tres stands comerciales ubicados en la esquina de la Avenida Ferrocarril y Cajamarca número ciento dos – Huancayo signados con los número uno, dos y tres, por el precio de veintiséis mil dólares americanos ($26,000.00); cantidad que ha cancelado en su integridad; b) la vendedora se obligó a que a la total cancelación se realizaría la escritura de venta definitiva, sin embargo no ha cumplido con dicha obligación, ni con lo dispuesto en la cláusula tercera del contrato materia del proceso.

Tercero. La demandada Clelia Nélida Altez viuda de Cano contesta la demanda alegando que: a) La demandante sabía y conocía que el inmueble materia del contrato preparatorio, no era de exclusiva propiedad de la recurrente, es por ese motivo que se acordó que debía conseguir la aceptación y participación de los demás propietarios, sin embargo ello ha sido imposible, por lo que menciona no tener inconveniente alguno en devolver la suma entregada por la demandante y b) Estaríamos ante la obligación de parte de la recurrente de conseguir la participación de terceros (los copropietarios) para que acepten y vendan el bien a favor de la actora y al no haber podido cumplir con este extremo por causas ajenas a su voluntad, resulta imposible el otorgamiento de la escritura pública, en vista de que no puede reemplazar la manifestación de voluntad de los otros propietarios del bien. A fojas ciento cuarenta y cinco se apersona Samuel Andrez Cano Altez y formula excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, por cuanto él no ha celebrado la compraventa materia del proceso, por tanto no se encuentra legitimado. A fojas trescientos treinta y cinco, contesta la demanda el curador procesal de los sucesores Juan Pablo Cano Altez, Lucía Nilda Cano Altez, Ruth Irene Cano Altez, Saúl Andrez Cano Altez, Rosalina Clelia Cano Altez y Miriam Noemí Cano Altez, señalando que se debe entender que la codemandada Clelia Nélida Altez viuda de Cano, ha transferido el porcentaje que le corresponde y como tal, está en la obligación de otorgar la escritura pública; siendo ello así, es la llamada a responder por la obligación contraída, siendo que sus defendidos ausentes al no haber percibido suma alguna y no haber participado en la celebración del contrato, lo lógico y correcto es que se respeten los derechos y acciones del bien en copropiedad.

Cuarto. Mediante sentencia de fojas setecientos cuarenta y tres, se declara improcedente la demanda, amparando su decisión en los antecedentes judiciales suscitados entre las partes antes del inicio de la presente causa, dado que tienen estrecha vinculación y porque además va a tener directa incidencia en la resolución de la controversia. Respecto al proceso de otorgamiento de escritura pública número 01034-2011-0-1501-JR-Cl-01, la misma accionante interpuso demanda de otorgamiento de escritura pública contra la también ahora demandada Clelia Nélida Altez Coz, habiéndose declarado en primera instancia mediante sentencia número 47-03, obrante a fojas quinientos setenta y cuatro, fundada la demanda, la misma que fue revocada en segunda instancia y reformándola la declararon improcedente, conforme se advierte de !a sentencia de vista número 586-2003 obrante a fojas setecientos ochenta y cuatro. De lo actuado en dicho proceso, tenemos lo siguiente: 1) La demandante pretendía que la demandada Clelia Nélida Altez Coz le otorgue la escritura pública de compraventa del contrato preparatorio de venta de fecha tres de mayo de mil novecientos noventa y nueve, respecto del mismo predio y en la misma vía procesal (sumarísima), como se pretende y canaliza en la presente causa. 2) La sentencia de vista número 586-2003, revocó la sentencia de primera instancia y dejó establecido que la demanda de otorgamiento de escritura pública era inviable, porque no se había identificado el inmueble materia de compraventa y porque debía regularizarse la legalidad de la transferencia, dado que no habían intervenido todos los copropietarios y porque además no ha se había emplazado a los sucesores de Andrés Avelino Cano Matos. Respecto al proceso de rectificación de área número 02109-2003-0-1501-JR-CI-01, la accionante ante la sentencia desestimatoria de otorgamiento de escritura pública, inició el proceso de rectificación de áreas y linderos conforme se advierte de las sentencias obrantes de fojas cuatrocientos veintitrés, habiéndose declarado improcedente la demanda en primera y segunda instancia. De lo actuado en dicho proceso, tenemos lo siguiente: 1) La demanda de rectificación de área incoada por la ahora también demandante, se refería respecto del mismo predio que ahora se pretende el otorgamiento de escritura pública y lo que se pretendía era dar cumplimiento a la sentencia de vista número 586-2003 dictada en el anterior proceso de otorgamiento de escritura pública número 01034-2011-0-1501-JR-CI-01, en cuanto a la identificación del inmueble materia de transferencia. 2) Las sentencias emitidas en el proceso de rectificación de área, han dejado establecido la inviabilidad de la pretensión demandada, por cuanto el stand 102-D que estaba compuesto por un pasadizo y servicio higiénico, es de uso común y sobre el cual tenían derecho todos los copropietarios. Teniendo en cuenta la existencia del proceso acompañado de otorgamiento de escritura pública número 01034-2011-0-1501-JR-CI-01, el juzgador estima que en el caso en examen se ha configurado la cosa juzgada formal y por ende, la imposibilidad jurídica en cuanto al petitorio para que se haga valer el otorgamiento de escritura pública vía proceso sumarísimo, dado que en dicho proceso se solicitó que la demandada Clelia Nélida Altez Coz viuda de Cano cumpla con otorgar la escritura pública del contrato preparatorio de venta de fecha tres de mayo de mil novecientos noventa y nueve y es la misma pretensión que se solicita en el presente proceso. La Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, mediante la sentencia firme número 586-2003 determinó la inviabilidad de su pretensión por cuanto no se había identificado el inmueble materia de compraventa y no se había demostrado la legalidad de la transferencia, puesto que la demandada Clelia Nélida Altez Coz viuda de Cano se había comprometido en transferir un inmueble sujeto a copropiedad, sin intervención de los demás copropietarios. No obstante lo anterior, la demandante promueve nuevamente la misma pretensión, en la misma vía y con los mismos argumentos, sin que previamente haya subsanado las observaciones que llevaron a que se desestime la primigenia demanda de otorgamiento de escritura pública, esto es que cumpla con identificar el inmueble materia de compraventa, que regularice la legalidad de la transferencia, tanto más si el proceso de rectificación de área le ha sido adverso. En ese sentido, advierte que ya ha existido pronunciamiento firme respecto al otorgamiento de escritura pública estableciendo su inviabilidad en el presente proceso sumarísimo, concluyendo que la demanda ha incurrido en la causal de improcedencia prevista en el numeral 6 del artículo 427 del Código Procesal Civil, por cuanto no es posible judicialmente, que la misma pretensión bajo el mismo supuesto de hecho, sea canalizada nuevamente por la misma vía procesal, cuando ya ha existido un pronunciamiento fi rme que ha determinado su inviabilidad y sin perjuicio de lo que resuelve deja a salvo su derecho de propiedad para que lo haga valer en vía de acción.

Quinto. La demandante Enedina Carmen Raygal Churampi interpone apelación contra dicha sentencia, mencionando entre sus agravios que: 1. El Juzgador no ha observado que en el proceso número 02426-2007-0-1501-JR-CI sobre obligación de otorgar escritura pública definitiva de traslación de dominio, tramitada en la vía del proceso sumarísimo, siendo el anterior proceso tramitado en el proceso abreviado; asimismo que en este expediente se cumple con notificar y emplazar a todas las partes materiales y procesales, es decir a la vendedora Clelia Nélida Altez viuda de Cano y sus copropietarios (hijos), por lo tanto no existe identidad de partes, ya que éstos no fueron parte en el anterior proceso; por tanto no hay cosa juzgada formal. 2. La propiedad materia de venta se encuentra plenamente identificada y ubicada de acuerdo a lo establecido en el contrato preparatorio, ya que se trata de un contrato de compraventa copulativo con el plano de distribución, según el cual se señalan tres stands dentro de un único stand signado con el número 102-A y 102-D de seis punto ochenta y diez punto ochenta metros cuadrados (6.80 m2 y 10.80m2), respectivamente. 3. No se ha observado el pliego interrogatorio, respecto a la pregunta efectuada a la demandada sobre si recibió la suma de veintiséis mil dólares americanos ($26,000.00) por la venta del inmueble sub litis, a la que respondió que es cierto. 4. El Juzgador debe observar que el otorgamiento de escritura pública es una acción plenamente formal que no requiere el cumplimiento de otras condiciones, ya que lo único que acciona es el perfeccionamiento de la transferencia.

Sexto. La Sala Superior mediante sentencia de vista de fojas ochocientos noventa, confirma la apelada que declaró improcedente la demanda, al considerar que: a) Respecto a la improcedencia de la demanda anterior de otorgamiento de escritura pública, se advierte que tal decisión se basó en la falta de identificación del bien y la discusión sobre la legalidad de la transferencia, de modo que el argumento de la apelante en el sentido que la acción de otorgamiento de escritura pública es formal y no requiere el cumplimiento de otras condiciones no rebate lo resuelto por el Juez respecto a la existencia de una decisión anterior con autoridad de cosa juzgada; b) La impugnante alega que no se presentaría las identidades requeridas entre uno y otro proceso, por cuanto en el anterior no fueron demandados otras personas sino únicamente la ahora demandada Clelia Nélida Altez Coz, argumento de defensa que no es amparado por dicho Colegiado, en atención a que la cosa juzgada sí tiene efectos en este proceso por cuanto es la misma demandante y la misma demandada quienes conforman la relación procesal y discuten la misma pretensión. Existe igualmente identidad en la causa del pedido. La presencia de otras personas, además de la referida señora, en calidad de demandados, no es óbice para determinar que se encuentran en una misma situación jurídico procesal que la del anterior proceso, por cuanto la parte demandada es la misma y atendiendo aún más a que se presenta la misma causal de improcedencia, esto es la falta de identificación del bien. c) En lo referente a las diferentes vías procedimentales en las que se tramitan estas causas, es de advertirse igualmente que este argumento no tiene asidero legal, por cuanto la identidad de pretensión, sujetos y causa se identifican en ambos procesos; d) En cuanto a la identificación del bien, el Colegiado valora el hecho procesal verificado por el Juzgador referente a la existencia de un proceso de rectificación de área, tramitado bajo el expediente número 02109-2003-0-1501-JR-CI-01 que efectivamente se tramita, a efectos de la identificación del bien; hecho comprobado que abunda a la conclusión de que aún está pendiente en sede judicial, dicha identidad del bien objeto del negocio jurídico cuya titulación vía escritura pública se pretende en este proceso. La Corte Suprema en la Sentencia Casatoria número 4361-2011, expedida en el referido proceso de rectificación de área y que fuera presentada por la propia demandante en esta instancia, quien señala en su considerando

Sétimo: “que, procede dicha pretensión de delimitación de áreas o de linderos a favor del propietario o poseedor para que limiten los linderos mediante el deslinde citando su delimitación no es precisa [...]”. Concluye que se verifica la existencia de procesos judiciales aún en trámite como el proceso de rectificación de áreas y un proceso concluido sobre la misma pretensión, cuya causal de improcedencia no ha sido subsanada aún, corresponde confirmar la recurrida atendiendo a la existencia de una imposibilidad jurídica de la pretensión, por cuanto no se puede generar una decisión sobre la cuestión procesal principal (demanda) cuando existe aún pendiente la identificación del bien, cuya titulación se requiere sea otorgada por la parte demandada o en su rebeldía por el juzgado.

Sétimo. Como hemos mencionado se absuelve primero la infracción normativa procesal del artículo 139 incisos 3 y 14 de la Constitución Política del Perú, a efectos de determinar si la sentencia de vista recurrida, infringe la norma antes mencionada; dado que en materia de casación es factible ejercer el control casatorio de las decisiones jurisdiccionales, para determinar si en ellas se han infringido o no las normas que garantizan el derecho al debido proceso, tomándose en consideración que éste supone el cumplimiento de los principios y de las garantías que regulan el proceso como instrumento judicial.

Octavo. La garantía al debido proceso, recogida en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú, implica también el administrar justicia de acuerdo a las normas procesales porque en razón a su texto son consideradas imperativas o de estricto cumplimiento, consecuentemente está sancionada su omisión o cumplimiento deficiente con la respectiva declaración de nulidad, siendo ello así, es tarea de esta Suprema Sala revisar si se vulneraron o no las normas que establecen expresamente un determinado comportamiento procesal con carácter de obligatoriedad, en cuyo caso debe disponerse la anulación del acto procesal viciado.

Noveno. Corresponde precisar que el deber de no ser privado del Derecho de Defensa en ningún estado del proceso, recogido como principio de la administración de justicia en el numeral 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, tiene estrecha relación con el deber de motivación escrita de todas las resoluciones judiciales, previsto en el numeral 5 del mismo artículo en mención. El Tribunal Constitucional ha señalado: “La jurisprudencia de este Tribunal ha sido constante al establecer que la exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas “garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables” [Cfr. Sentencia recaída en el Expediente número 01230-2002- HC/TC, fundamento 11]. De este modo, la motivación de las resoluciones judiciales se revela tanto como un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional, así como un derecho constitucional que asiste a todos los justiciables [Cfr. Sentencia recaída en el Expediente número 08125-2005-HC/TC, fundamento 10].1 En esa medida, la debida motivación debe estar presente en toda resolución que se emita en un proceso, lo que implica que cualquier decisión cuente con un razonamiento que no sea aparente o defectuoso, sino que exponga de manera clara, lógica y jurídica los fundamentos de hecho y de derecho que la justifican, de manera tal que los destinatarios a partir de conocer las razones por las cuales se decidió en un sentido o en otro, estén en la aptitud de realizar los actos necesarios para la defensa de su derecho.

Décimo. De la revisión de los actuados se advierte que a fojas cuatrocientos sesenta y uno obra el escrito de fecha trece de abril de dos mil doce, presentado por los cónyuges Víctor Nazario Gutiérrez Alarcón y Elisa Gregoria Juárez de Gutiérrez, solicitando su intervención al proceso como terceros coadyuvantes de la parte demandada, en virtud a ser copropietarios del local comercial signado como el stand 102-D; asimismo, a fojas cuatrocientos noventa y uno, Lucía Nilda Cano Altez con fecha catorce de junio de dos mil doce presenta un escrito solicitando se le integre como litisconsorte necesario, en su calidad de copropietaria del inmueble sub litis, señalando que recientemente a su retorno de Estados Unidos donde residía, ha tomado conocimiento de la existencia del presente proceso y que el contrato preparatorio de venta de tres de mayo de mil novecientos noventa y nueve, respecto de los tres stands comerciales otorgado por su madre Clelia Nélida Altez Coz son nulos en mérito a que la propiedad sobre ellos proviene de un derecho sucesorio constituido mediante testamento debidamente inscrito en Registros Públicos a favor de los nueve hijos sucesores, más los derechos de la viuda supérstite y además señala que el inmueble se encuentra indiviso y habría sido dispuesto de modo ilegal sin la participación de todos los copropietarios. Que, mediante resolución número cuarenta y uno del cuatro de julio de dos mil doce, de fojas cuatrocientos noventa y cinco, se declara fundada la intervención al proceso como tercero coadyuvante de la parte demandada solicitada por Víctor Nazario Gutiérrez Alarcón y Elisa Gregoria Juárez de Gutiérrez e incorpora al proceso a Lucía Nilda Cano Altez en su condición de integrante de la sucesión demandada del que fuera Andrés Avelino Cano Mato. Que, la resolución antes referida es apelada por la demandante Enedina Carmen Raygal Churampi, mediante escrito de fecha trece de julio de dos mil doce; apelación que fue concedida mediante resolución número cuarenta y dos de diecisiete de julio de dos mil doce, de fojas quinientos veintitrés, que concede el recurso sin efecto suspensivo y con calidad de diferida, a fi n de que sea resuelta por el superior conjuntamente con la sentencia. Sin embargo, de la sentencia de vista contenida en la resolución número setenta de fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, se observa que la apelación contra la resolución número cuarenta y uno, antes aludida no fue resuelta en la sentencia recurrida.

Décimo Primero. Por lo expuesto, la sentencia de vista recurrida contraviene el Debido Proceso y el Derecho de Defensa que tiene toda persona por mandato expreso del texto constitucional, y tal como se ha expresado en el considerando octavo de la presente resolución, ello en aras de permitir a los justiciables una mejor defensa de sus derechos; lo cual conlleva una clara infracción de orden procesal, careciendo de objeto el análisis de las infracciones normativas materiales también denunciadas; por tanto procede declarar fundado el recurso de casación, nula la sentencia de vista, disponiéndose que la Sala Superior emita nuevo fallo, teniendo en cuenta lo señalado en la presente resolución. - Por tales fundamentos y en aplicación del artículo 396 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Enedina Carmen Raygal Churampi, a fojas novecientos veinticuatro, CASARON la resolución de vista veinticuatro de marzo de dos mil catorce, de fojas ochocientos noventa, que confi rma la sentencia apelada que declaró improcedente la demanda; en consecuencia NULA la misma; ORDENARON que la Sala Superior emita nuevo pronunciamiento, teniendo en cuenta lo señalado en la presente resolución; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Enedina Carmen Raygal Churampi con Lucía Nilda Cano Altez y otros, sobre Otorgamiento de Escritura Pública; y los devolvieron. Ponente Señora Cabello Matamala, Jueza Suprema.

S.S. Mendoza Ramírez, Tello Gilardi, Cabello Matamala, Del Carpio Rodríguez, Calderón Puertas.  

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