En un proceso de ejecución de garantías basta el contrato de arrendamiento financiero aun cuando no constituya título valor antes del VI Pleno Casatorio

Fuente: http://aliterabogados.com/

Casación N.º 4219-2014 La Libertad

Emitida el 27 de octubre del 2015

(Publicada en El Peruano, 31.10.16, p. 84346)

 

Proceso                                  :           De ejecución de garantías

Decisión                                 :           Infundado

Normas aplicables                :           Arts. 720 CPC.

Ponente                                 :           Sra. Jueza Suprema  Tello Giraldi

 

Fundamentos jurídicos relevantes

"[…] el recurrente pretende que se revalore el material probatorio para convertir al Tribunal Supremo en órgano jurisdiccional de tercera instancia. Ello no es posible, pues en sede casatoria solo se examinan infracciones normativas, siendo las cuestiones de hecho objeto de análisis por las instancias respectivas […]".

 

"[…] no se ha precisado sobre qué título de ejecución se estaría demandando, se advierte que la hipoteca garantiza los créditos directos o indirectos del recurrente (incluyendo leasings), apareciendo a folios veintidós el contrato de arrendamiento financiero suscrito entre el demandante [BC] y la parte demandada [HPM], por lo que se ha precisado de dónde deriva la deuda puesta a cobro, siendo relevante expresar que si bien el VI Pleno Casatorio Civil estableció como precedente vinculante que se acompañarán los títulos valores como recaudo de la ejecución hipotecaria, no es este el caso, a lo que cabe añadir que obra el contrato de arrendamiento financiero y que la sentencia del referido Pleno se publicó el treinta de octubre del dos mil catorce mientras que la resolución impugnada se emitió el seis de agosto del dos mil catorce".

 

"[…] este Tribunal Supremo debe señalar que la materia del presente proceso ha sido la ejecución de dos garantías hipotecarias, sustentadas en un crédito derivado de un arrendamiento financiero; en tal sentido, dicho contrato solo sirve de fundamento para acreditar la obligación principal, mas no implica que se esté discutiendo aquí dicho acto jurídico, sino la garantía hipotecaria efectuada, la que debe tramitarse conforme a las normas del Código Procesal Civil […]".

 

 

 

Casación N.º 4219-2014 La Libertad

 

 

 

Sumilla

En el proceso de ejecución de garantía hipotecaria, sustentado en un crédito derivado de un arrendamiento financiero, dicho contrato solo sirve de fundamento para acreditar la obligación principal, mas no implica que se esté discutiendo su validez, sino la garantía hipotecaria efectuada. Lima, veintisiete de octubre del dos mil quince.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

VISTOS: en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; integrada por los señores Jueces Supremos Tello Gilardi, Vinatea Medina, Rodríguez Chávez, Rueda Fernández y Lama More, luego de producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:

1. MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN

El recurso de casación interpuesto por el representante de Hierro Perú Maquinarias Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, don Román Andrés Gamonal De la Torre a folios doscientos veinticuatro, contra la resolución de vista de fecha seis de agosto del dos mil catorce, obrante a folios doscientos nueve, que confirmando la resolución apelada de fecha trece de enero del dos mil catorce, de folios ciento cincuenta y dos, declara infundada la contradicción y dispone sacar a remate los bienes inmuebles otorgados en garantía hipotecaria.

2. CAUSALES DEL RECURSO DE CASACIÓN

Que, mediante resolución de fecha veinticuatro de julio de dos mil quince, de folios sesenta y cuatro del cuadernillo formado por esta Suprema Sala se ha declarado procedente el recurso de casación, por la causal de infracción normativa de los siguientes dispositivos legales: a) Artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, sostiene que la Sala Superior incurre en fallo extra petita al otorgar a la ejecutante tanto la devolución del vehículo como el pago de la deuda, cuando las dos opciones no fueron solicitadas en la demanda, incurriendo con ello en arbitrariedad, toda vez que lo pidió la actora en la demanda fue solo el pago de la deuda. b) Artículo 1677 del Código Civil, argumenta que en el caso de autos, se ha aplicado el artículo 720 del Código Procesal Civil, cuando debió aplicarse el artículo 1677 sobre Arrendamiento Financiero- Leasing, además, señala que no se ha realizado en forma adecuada la liquidación de la deuda. .

3. CONSIDERANDO

Primero: El debido proceso formal constituye una garantía constitucional que asegura que en la tramitación de un proceso, se respeten determinados requisitos mínimos[1]. Tales requisitos, que han sido objeto de discusión[2], en general se considera que abarcan los siguientes criterios: (i) Derecho a ser oportunamente informado del proceso (emplazamiento, notificación, tiempo razonable para preparar la defensa); (ii) Derecho a ser juzgado por un juez imparcial, que no tenga interés en un determinado resultado del juicio; (iii) Derecho a tramitación oral de la causa y a la defensa por un profesional (publicidad del debate); (iv) Derecho a la prueba; (v) Derecho a ser juzgado sobre la base del mérito del proceso; (vi) Derecho al juez legal. Derecho fundamental que asiste a todos los sujetos de derecho a plantear sus pretensiones o a ser juzgados por auténticos órganos jurisdiccionales, creados mediante Ley Orgánica, pertenecientes al Poder Judicial, respetuosos con los principios constitucionales de igualdad, independencia y sumisión a la ley, y constituidos con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidas.

Segundo: En el presente caso, el recurrente indica que se ha infringido el debido proceso por las siguientes razones: 1. La resolución es extra petita, pues se solicitó el pago de la deuda y se ha ordenado la devolución del bien arrendado. 2. No se ha precisado sobre qué título de ejecución se estaría demandando. 3. Se indica que no se ha cancelado las cuotas a partir del número veintinueve cuando ha cancelado hasta la cuota treinta y ocho. 4. No se ha descontado el pago de cuatro mil ochocientos cincuenta y cuatro nuevos soles (S/.4,854.00) que se ha realizado en la cuenta corriente del contrato de leasing. 5. No se ha hecho una adecuada valoración de los fundamentos expuestos en la apelación, ni valorado los documentos ofrecidos como medios de prueba.

Tercero: Se advierte que con los puntos 2, 4 y 5 señalados en el considerando anterior, el recurrente pretende que se revalore el material probatorio para convertir al Tribunal Supremo en órgano jurisdiccional de tercera instancia. Ello no es posible, pues en sede casatoria solo se examinan infracciones normativas, siendo las cuestiones de hecho objeto de análisis por las instancias respectivas. Sin embargo, hay que indicar aquí que el pago de veintinueve o treinta y ocho cuotas (como han expresado el Juzgado o la Sala Superior) son asuntos que debieron ser enmendados por la vía de la aclaración o corrección, y no por la del recurso impugnatorio de casación; sobre el pago de cuatro mil ochocientos cincuenta y cuatro nuevos soles (S/.4,854.00) hay pronunciamiento expreso en el tercer considerando de la sentencia de primera instancia y, en relación a los medios probatorios no valorados, hay una indicación general, sin precisar cuáles han sido éstos.

Cuarto: En cuanto, a que la sentencia de vista incurre en fallo extra petita, se observa que se demandó la ejecución de garantía hipotecaria de dos inmuebles y ello fue objeto de la resolución, conforme se advierte del auto de primera instancia y la resolución que lo confirma, que ordena, atendiendo el principio de congruencia procesal, sacar a remate los bienes inmuebles otorgados en garantía hipotecaria, no habiéndose dispuesto nada en relación a devolver el bien arrendado.

Quinto: En lo que concierne a que no se ha precisado sobre qué título de ejecución se estaría demandando, se advierte que la hipoteca garantiza los créditos directos o indirectos del recurrente (incluyendo leasings), apareciendo a folios veintidós el contrato de arrendamiento financiero suscrito entre el demandante BBVA Banco Continental y la parte demandada Hierro Perú Maquinarias Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada y otros, por lo que se ha precisado de dónde deriva la deuda puesta a cobro, siendo relevante expresar que si bien el VI Pleno Casatorio Civil estableció como precedente vinculante que se acompañarán los títulos valores como recaudo de la ejecución hipotecaria, no es este el caso, a lo que cabe añadir que obra el contrato de arrendamiento financiero y que la sentencia del referido Pleno se publicó el treinta de octubre del dos mil catorce mientras que la resolución impugnada se emitió el seis de agosto del dos mil catorce.

Sexto: En esa perspectiva, se advierte que aquí se ha respetado el derecho a ser informado del proceso, al juez imparcial, a la publicidad del debate y el derecho de defensa, a la prueba, a ser juzgado sobre el mérito del proceso y al juez legal; por lo que no existe infracción al debido proceso.

Séptimo: En cuanto a la causal material, el recurrente sostiene que en el caso de autos se ha aplicado el artículo 720 del Código Procesal Civil cuando debió aplicarse el artículo 1677 del Código Civil y la norma especial sobre el contrato de arrendamiento financiero. Sobre dicho punto, este Tribunal Supremo debe señalar que la materia del presente proceso ha sido la ejecución de dos garantías hipotecarias, sustentadas en un crédito derivado de un arrendamiento financiero; en tal sentido, dicho contrato solo sirve de fundamento para acreditar la obligación principal, mas no implica que se esté discutiendo aquí dicho acto jurídico, sino la garantía hipotecaria efectuada, la que debe tramitarse conforme a las normas del Código Procesal Civil. Por lo tanto, al no observarse error alguno en la tramitación del proceso, deben desestimarse las infracciones normativas denunciadas.

4. Decisión: Por estas consideraciones y en estricta aplicación del artículo 397 del Código Procesal Civil, declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el representante de Hierro Perú Maquinarias Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, don Román Andrés Gamonal De la Torre, a folios doscientos veinticuatro; en consecuencia: NO CASARON la sentencia de vista de folios doscientos nueve, su fecha seis de agosto de dos mil catorce; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario Oficial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por el BBVA Banco Continental contra el recurrente, sobre Ejecución de Garantías; y, los devolvieron. Interviene como Ponente la señora Jueza Suprema, Tello Gilardi.

SS. Tello Gilardi, Vinatea Medina, Rodríguez Chávez, Rueda Fernández, Lama More.



[1]        Carocca Pérez, Alex. El debido proceso y la tutela judicial efectiva en España. Normas Legales. Octubre, 1997, pp. A 81 - A 104.

[2]        Por ejemplo, para Bernardis, por su parte, considera, siguiendo la jurisprudencia norteamericana, que ese “máximo de mínimos” estaría constituido por los requisitos de notificación y audiencia (notice and hering). Bernardis, Luis Marcelo de. La garantía procesal del debido proceso. Cultural Cuzco Editor. Lima 1995, pp.392-414.

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