Si en el proceso de mejor derecho de propiedad se ordena en ejecución de sentencia ejecutar un derecho no peticionado se vulnera el principio de congruencia

Así lo ha establecido la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema mediante Casación N.º 1520-2014 Lima Norte, publicada el 30 de mayo en el diario oficial El Peruano, en el marco de un proceso de mejor derecho de propiedad.

 

El caso es el siguiente, RBA y MVR  interponen demanda (14/07/2011) contra  RCR y ASB, solicitando que se les declare su mejor derecho de propiedad  y la reivindicación del inmueble  que se encuentra en posesión de las demandadas. Argumentan que son propietarias por haberlo adquirido de sus anteriores dueños  mediante Escritura Pública e inscrita en Registros Públicos; sin embargo, RCR y ASB conducen el inmueble sin que se les haya transferido el dominio.

 

En la contestación de la demanda, RCR argumenta que adquirió a propiedad del bien materia de conflicto de buena fe, y que desde su adquisición ha efectuado los actos concordantes en calidad de propietario poseedor.

 

El a quo declara improcedente contra ASB, por haber actuado únicamente como apoderada e infundada contra RCR, tras considerar lo siguiente:

 

"[…] que la inscripción registral del derecho de propiedad de los demandantes respecto del bien inmueble materia de litis no le confiere el mejor derecho sobre éste, por cuanto la misma no fue realizada de buena fe, por lo que no se configura el presupuesto normativo del artículo 2022 del Código Civil […]". [El subrayado es nuestro].

Mediante sentencia de vista, el ad quem confirma en el extremo que declara improcedente la demanda respecto de ASB, y la revoca en el extremo que declara infundada la demanda respecto de RCR y reformándola, declara fundada la demanda,  bajo los siguientes fundamentos:

"[…] 1) Declara el mejor derecho de propiedad de los demandantes sobre el bien inmueble sub litis; 2) Ordena que la demandada Raída Carbajal Reginaldo cumpla con restituir a los actores, en el plazo de ley, el inmueble sub litis; 3) Dispone que los demandantes en ejecución de sentencia, ejecuten el derecho que les concede el artículo 943 del Código Civil; y 4) Condena a los demandados al pago de costos y costas; tras concluir que: i) El derecho de los accionantes tiene la preferencia, al encontrarse inscrito en los registros Públicos a diferencia del derecho de propiedad de la demandada, quien no inscribió su titularidad, siendo de considerar que los demandantes actuaron amparados en la buena fe que otorga el registro, toda vez que en el contrato también participó Inversiones Centenario Sociedad Anónima Abierta, quien figuraba como propietario desde el treinta de abril de dos mil diez; por lo que corresponde declarar el mejor derecho de propiedad de los demandantes; ii) Respecto al argumento de la apelada que sostiene que los demandantes actuaron de mala fe al efectuar la compra del lote de terreno porque tenían conocimiento que existía una construcción sobre el mismo efectuada por la demandada, en la que ésta vivía; la Sala Superior sostiene que dicha conclusión no es exacta en cuanto a la fecha de las construcciones ni a la fecha a partir de la cual vivió allí la demandada, pues de los medios probatorios actuados en el proceso no se puede concluir que existiera alguna construcción en el lote de terreno a la fecha en que los demandantes efectuaron la adquisición, menos aún que estuviera habitada por la demandada, pues los medios probatorios confirman que la demandada empezó a construir en el lote de terreno en fecha posterior al catorce de abril de dos mil once; por lo tanto, cuando los demandantes adquirieron el bien en setiembre de dos mil diez, estaba desocupado y sin construcciones, con lo que se desvanece la alegada mala fe de los demandantes en que se sustenta la apelada […]". [El subrayado es nuestro].

 

Recurrida la sentencia, la Sala Suprema declara fundado el recurso, señalando como fundamento lo siguiente:

"[…] la sentencia impugnada adolece de falta de congruencia por contener un pronunciamiento extra petita, pues según se aprecia de las pretensiones formuladas en la demanda, los accionantes solicitaron que se declare su mejor derecho de propiedad respecto del inmueble sub litis, y se ordene la reivindicación del referido inmueble […]".

"[…]se verifica que en estricta correspondencia de la pretensión demandada, la Sala Superior ha emitido un pronunciamiento extra petita, vulnerando el principio de congruencia, al ordenar que en ejecución de sentencia los demandantes puedan hacer uso del derecho que les concede el artículo 943 del Código Civil, a pesar que ni en su petitorio de la demanda ni en los fundamentos de hecho de la misma han solicitado se le otorgue la facultad dispuesta en la norma acotada, por lo que aplicar este dispositivo sería ir más allá del petitorio y violar lo dispuesto por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, tanto más si el tema de las construcciones tampoco fue considerado como un punto controvertido […]". [El subrayado es nuestro].

 

No obstante, se emitió voto en minoría, destacando como fundamento lo siguiente:

"[…] es del caso precisar que la declaración de “mejor derecho de propiedad” desarrollada por la jurisprudencia nacional y concebida como acción real e imprescriptible a pesar de no estar prevista como tal en nuestro ordenamiento jurídico no tiene carácter de persecutoria siendo la propiedad el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien no pudiendo concebirse la existencia de dos derechos de propiedad sobre un mismo bien constituyendo la reivindicación el poder que tiene el propietario como tal de retornar lo que es de su propiedad el cual la ejerce judicialmente a través de la acción prevista en la norma civil para recuperar lo que es suyo correspondiendo a los Jueces preservar la seguridad jurídica de las normas […]".

 

Boletines anteriores

Publicidad