El demandante se equivoca al solicitar la ineficacia del contrato que realizó con su deudor, cuando debió requerir la ineficacia del acto jurídico entre el deudor con un tercero

Fuente: Grupo 3 ° Teoría General de las Obligaciones


CAS. Nº 738-2016 Lima

Emitida el 16 de marzo de 2017

(Publicada en El Peruano, 30/01/2018)

Juez ponente

Señor Juez Supremo De La Barra Barrera

Decisión

Infundado

Normas aplicables

Artículos 140, 141, 195 y 1222 del Código Civil

Fundamento jurídico relevante

Asimismo, para que opere la acción pauliana es necesario que el deudor disponga de sus bienes (gratuita u onerosamente) con persona distinta al acreedor, esto es, con lo que el artículo 195 del código civil llama “tercero”. En tal sentido, cuando la demandante solicita se declare ineficaz el acto jurídico que celebró con la demandada, mediante el cual se resolvió el contrato de fecha cinco de octubre de dos mil siete, su petición es manifiestamente improcedente, porque pretende que se declare ineficaz un acto por él mismo celebrado y no por el deudor con tercero, y donde además se disponía que se le entregara la suma de US$ 515,000.00 (quinientos quince mil dólares americanos), lo que supone que con ese contrato el demandante acrecía su patrimonio y no lo perjudicaba.

 

CAS. N.° 738-2016

LIMA

INEFICACIA DE ACTO JURIDICO

En las relaciones jurídicas obligacionales las partes asumen determinada situación según se favorezca con la prestación (acreedor) o se deba cumplir con ésta (deudor). Tal vínculo establecido por las partes en el programa contractual que ellos mismos han diseñado, deben ser cumplidos, pues si no se atentaría contra el propio acto jurídico que se celebra, debilitando el tráfico económico y el ordenamiento en su totalidad.

Lima, dieciséis de marzo de dos mil diecisiete.

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa setecientos treinta y ocho - dos mil dieciséis, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente ejecutoria.

I. ASUNTO

 Viene a conocimiento de esta Suprema Sala, el recurso de casación interpuesto por la empresa demandante Inversiones Lancaster S.A.C., mediante escrito de fecha uno de febrero de dos mil dieciséis (página novecientos noventa y tres), contra la sentencia de vista de fecha tres de noviembre de dos mil quince (página novecientos treinta y ocho), que confirma la sentencia de primera instancia número veintinueve que declara infundada la demanda.

II. ANTECEDENTES

1. DEMANDA. Mediante escrito de fecha tres de junio de dos mil nueve, Lancaster S.A.C., interpone demanda de ineficacia del contrato de resolución de compraventa con pacto de retroventa suscrita entre el recurrente y la demandada Patricia Guillermina Dibós Silva, sobre el inmueble ubicado en la calle El Ferrol número once, Urbanización La Estancia, distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima, inscrito en Registros Públicos, por haber incumplido la demandada con la contraprestación a que se había obligado y haber enajenado el bien inmueble a favor de terceros sin haber revertido el precio de la compraventa a favor de la demandante. Asimismo solicita se haga extensiva la declaración judicial de ineficacia de todos los actos jurídicos celebrados con posterioridad al contrato de resolución de compraventa con pacto de retroventa. Agrega que con fecha 05 de octubre del 2007 se suscribió el contrato de compraventa con pacto de retroventa. Señala que la demandante pagó a la demandada Patricia Guillermina Dibós Silva, la suma de US$ 515,000.00 (quinientos quince mil dólares americanos), acto que se inscribió con fecha 12 de octubre del 2007. Añade que, ante la comunicación de la demandada de querer vender el inmueble a una sociedad conyugal, se acordó la resolución del contrato, suscribiéndose el mismo el treinta y uno de marzo del 2009, efectuándose la reversión de la propiedad a favor de la emplazada y la reversión del precio de compra a favor de la demandante. Sostiene que el 02 de abril del 2009, se suscribe la minuta de compraventa entre los emplazados Dibós Silva y la sociedad conyugal conformada por Oswaldo Sandoval Zavala y Devorah Lynn Jaffe, en el que se acuerda la transferencia de la propiedad del inmueble. Junto al mismo contrato se firmó como anexo N° 01, un encargo de confianza para el señor notario de Lima Eduardo Laos de Lama, entregándosele cheques de gerencia en calidad de custodia, quien los conservaría para ser entregados a la emplazada Patricia Guillermina Dibós Silva en el momento en que se cumpla con: 1) la inscripción del bloqueo de compraventa en la partida del inmueble. 2) la inscripción en la partida de la propiedad de éste a favor de la mencionada demandada. 3) la entrega del inmueble desocupado, y 4) la suscripción de la escritura pública. Indica que con fecha 13 de mayo del 2009 tomó conocimiento que la emplazada Patricia Guillermina Dibós Silva recibió todos los cheques de gerencia sin la presencia y conocimiento de la demandante, procediendo a hacerse el cobro de los mismos, sin haber efectuado la contraprestación contenida en el contrato de resolución de compraventa con pacto de retroventa.

2. CONTESTACION DE LA DEMANDA Mediante escrito obrante a fojas ciento cuarenta y tres, Patricia Guillermina Dibós Silva, contesta la demanda señalando que de la misma escritura pública de fecha tres de abril de dos mil nueve, se advierte en forma indubitable que la suma reclamada ha sido revertida a favor de Inversiones Lancaster S.A., siendo la única constancia de ello las firmas de los contratantes puestas en ese instrumento. Añade que no existe deuda pendiente a favor de la demandante, no pudiéndose hablar de una disminución del patrimonio de la demandada en perjuicio del cobro de un inexistente crédito. Agrega que, en cualquiera de los escenarios, la sociedad conyugal emplazada no ha conocido ni ha tenido conocimientos acerca de las relaciones personales o comerciales que hayan existido o que exista entre la demandante y la absolvente. Mediante escrito obrante a fojas ciento ochenta y ocho, los demandados Oswaldo Sandoval Zavala y Deborah Lynn Jaffe, contestan la demanda, indicando que a través de la corredora inmobiliaria Marion Pendavis, a mediados del año 2008, se les ofreció en venta el inmueble materia de litigio. Que al recibir la información registral del inmueble, toman conocimiento que la demandada Patricia Guillermina Dibós Silva no era la propietaria sino la demandante, por lo que se comunicó a la corredora que no estaban interesados en proseguir con la conversación. Que, meses después, el 03 de noviembre del 2008, la corredora toma contacto con los demandados, indicándoles que la demandada Patricia Guillermina Dibós Silva seguía teniendo la intención de venta y que estaba en conversación con la demandante, quien sabia de la venta. Ante ello celebraron el contrato de compraventa, habiéndose resuelto previamente el contrato de compraventa con pacto de retroventa, por lo que la propiedad del inmueble regresó a manos de la demandada Dibos Silva, quien a su vez se obligó a devolver el precio que recibió de la accionante. Refiere que en ninguna parte del testimonio de escritura pública de compraventa y cancelación y levantamiento de hipoteca, ni el anexo 1, se acordó que la entrega de los cheques a la demandada Dibós, se encontraba supeditada a que la empresa demandante recibiera de ella la suma que habría acordado como consecuencia de la resolución del contrato.

3. PUNTOS CONTROVERTIDOS. Mediante resolución número dieciocho obrante a fojas quinientos sesenta y seis, se fijaron como puntos controvertidos los siguientes: Determinar si Patricia Guillermina Dibós adeuda o no la suma de US$ 515,000.00 (quinientos quince mil dólares americanos) por importe del precio a su favor de inversiones Lancaster S.A.C., por la resolución contractual a que se refiere la escritura pública de fecha tres de abril de dos mil ocho. Conjuntamente con lo anterior, establecer si la existencia de dicha deuda resulta o no ser causal de ineficacia del acto jurídico contenido en la escritura pública descrita. Determinar si el notario Eduardo Laos De Lama para efectuar la entrega de los cheques de gerencia había cumplido con las condiciones descritas en el documento “encargo de confianza”. Conjuntamente con lo anterior, establecer si la aparente omisión por parte de Patricia Guillermina Dibós de cancelar la suma de US$ 515,000.00 (quinientos quince mil dólares americanos) condiciona o no la entrega de los cheques de gerencia mencionados. En su caso determinar si dicha conducta es causal de ineficacia del acto jurídico contenido en la escritura pública de fecha doce de mayo de dos mil nueve.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Culminado el trámite correspondiente, el Juez mediante resolución número veintinueve, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce (página setecientos once) declaró infundada la demanda, bajo el fundamento que del contenido del contrato elevado a escritura pública de fecha tres de abril del dos mil nueve, la propia accionante manifiesta haber recibido con anterioridad a la firma de dicho instrumento el íntegro del precio pactado, según lo indicado en la cláusula tercera del cuerpo de la minuta. Asimismo se señala que no se ha acreditado la obligación que se supone pendiente de pago ni que se haya visto perjudicada con los actos jurídicos cuya ineficacia se pretende, así como tampoco se ha demostrado que los demandados Oswaldo Sandoval Zaval y Deborah Lynn Jaffe tuvieran conocimiento de algún tipo de perjuicio que le pudieran estar irrogando el accionante con la celebración del acto jurídico de compraventa cuya ineficacia se pretende; más, si la parte demandante conocía perfectamente de la celebración de dicho acto jurídico llevada a cabo por la parte demandada, sin que haya puesto de manifiesto oposición alguna a su celebración o que dicho acto jurídico le resultará perjudicial a sus intereses o relaciones patrimoniales con la emplazada Patricia Guillermina Dibós Silva.

5. APELACION. La demandante interpone recurso de apelación indicando que no se ha valorado la carta notarial del 21 de mayo del 2009, remitida por la emplazada Patricia Guillermina Dibós Silva a la demandante, a través de la cual, esta no sólo reconoce expresamente no haber cumplido con el pago que debía abonar al hacer uso de su derecho de retroventa sobre el inmueble, sino que además refiere que era su decisión discrecional el destino del dinero producto de la venta del mencionado inmueble; además indica que no se ha tenido en cuenta que en la resolución recurrida los propios emplazados Oswaldo Sandoval Zavala y Deborah Lynn Jaffe, en los fundamentos facticos de su contestación de demanda, han indicado que la emplazada Patricia Dibós Silva mantenía restricciones para efectuar la venta directa del inmueble, puesto que existía un contrato de venta con pacto de retroventa con la demandante.

6. RESOLUCIÓN DE VISTA. Elevados los autos en virtud del recurso de apelación interpuesto, la Sala Superior mediante resolución de fecha tres de noviembre de dos mil quince, confirma la resolución de primera instancia apelada, al concluir que al celebrarse el acto jurídico de resolución de compraventa con pacto de retroventa, de fecha treinta de marzo del dos mil nueve elevado a escritura pública, ambas partes acuerdan revertir a favor de la demandada Patricia Guillermina Dibós Silva el bien materia de litis, y a su vez revertir a favor de la demandante Inversiones Lancaster S.A.C. la suma de US$ 515,000.00 (quinientos quince mil dólares americanos), que correspondía al monto total de la compraventa, sin más constancia que la firma puesta en la señalada minuta (clausula tercera). La Sala Superior destaca la constancia notarial consignada al final del aludido documento, en donde el notario deja constancia que los otorgantes manifiestan haber recibido con anterioridad a la firma de dicho instrumento el íntegro del precio pactado. Respecto a la minuta de fecha dos de abril de dos mil nueve, elevada a escritura pública del doce de mayo de dos mil nueve, celebrado entre los emplazados, esta se realizó cuando la vendedora Patricia Guillermina Dibós Silva no tenía deuda con la parte demandante, conforme se advierte del contrato de fecha 31 de marzo del 2009.

III. RECURSO DE CASACION

La Suprema Sala mediante la resolución de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la empresa demandante Inversiones Lancaster S.A.C., por la infracción normativa de los artículos 140, 141, 195 y 1222 del Código Civil; e infracción del artículo I del Título Preliminar, 188, 191, 197, 282 del Código Procesal Civil y del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado; al haber sido expuesta la referida infracción con claridad y precisión, señalándose además la incidencia de ella en la decisión impugnada.

IV. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA

PRIMERO. Que, el debido proceso formal constituye una garantía constitucional que asegura que en la tramitación de un proceso, se respeten unos determinados requisitos mínimos[1]. Tales requisitos, que han sido objeto de discusión[2], en general se considera que abarcan los siguientes criterios: (i) Derecho a ser oportunamente informado del proceso (emplazamiento, notificación, tiempo razonable para preparar la defensa); (ii) Derecho a ser juzgado por un juez imparcial, que no tenga interés en un determinado resultado del juicio; (iii) Derecho a tramitación oral de la causa y a la defensa por un profesional (publicidad del debate); (iv) Derecho a la prueba; (v) Derecho a ser juzgado sobre la base del mérito del proceso; y, (vi) Derecho al juez legal. Derecho fundamental que asiste a todos los sujetos de derecho a plantear sus pretensiones o a ser juzgados por auténticos órganos jurisdiccionales, creados mediante Ley Orgánica, pertenecientes al Poder Judicial, respetuosos con los principios constitucionales de igualdad, independencia y sumisión a la ley, y constituidos con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidas.

SEGUNDO. Estando a lo expuesto, se observa que en el presente caso se han respetado las garantías mínimas del debido proceso, en tanto, se ha emplazado y notificado debidamente a las partes, ha existido juez imparcial, se ha ejercido a plenitud el derecho de defensa, se han aportado y valorado las pruebas respectivas, se ha respetado el principio de juez natural y se ha resuelto conforme al mérito del proceso; debiendo agregarse que discordar del criterio de la sentencia no supone en sí mismo infracción al debido proceso, razón por la cual debe desestimarse la denuncia al artículo 139.3 de la Constitución del Estado.

TERCERO. La demandante con el presente proceso, pretende la ineficacia de dos actos jurídicos: i) el acto jurídico de resolución de compraventa con pacto de retroventa suscrita entre la recurrente y la demandada Patricia Guillermina Dibós Silva, de fecha treinta y uno de marzo del dos mil nueve respecto del inmueble en la calle El Ferrol número ciento once, Urbanización La Estancia, distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima; y ii) el acto jurídico de compraventa celebrada por Patricia Guillermina Dibós Silva a favor de la sociedad conyugal conformada por Oswaldo Sandoval Zavala y Deborah Lynn Jaffe con fecha doce de abril del dos mil nueve, respecto al mismo inmueble.

CUARTO. En las relaciones jurídicas obligacionales las partes asumen determinada situación según se favorezca con la prestación (acreedor) o se deba cumplir con ésta (deudor). Tal vínculo establecido por las partes en el programa contractual que ellos mismos han diseñado, deben ser cumplidos, pues si no se atentaría contra el propio acto jurídico que se celebra, debilitando el tráfico económico y el ordenamiento en su totalidad. De allí que el artículo 1361 del Código Civil señala que los contratos son obligatorios para las partes que lo suscriban.

QUINTO. Sin embargo, ocurre que en algunas circunstancias (ya sea porque no se quiere cumplir con lo establecido en el contrato, ya porque se quiere perjudicar a la otra parte o a un tercero, o, sencillamente, porque se quiere engañar a alguien sin afectarlo en sus intereses económicos) las partes efectúan determinados actos jurídicos que hacen peligrar el pago de lo adeudado. Cuando esos actos se realizan gratuita u onerosamente, constituyen un detrimento del patrimonio y perjudican el crédito, se está ante fraude al acreedor y la pretensión que éste puede ejercer para evitar la desprotección de su crédito es la denominada acción pauliana. Tal acción, como se ha dicho, prospera ya sea se trate de actos onerosos o de actos gratuitos, siempre que concurran los demás requisitos ya señalados.

SEXTO. Asimismo, para que opere la acción pauliana es necesario que el deudor disponga de sus bienes (gratuita u onerosamente) con persona distinta al acreedor, esto es, con lo que el artículo 195 del código civil llama “tercero”. En tal sentido, cuando la demandante solicita se declare ineficaz el acto jurídico que celebró con la demandada, mediante el cual se resolvió el contrato de fecha cinco de octubre de dos mil siete, su petición es manifiestamente improcedente, porque pretende que se declare ineficaz un acto por él mismo celebrado y no por el deudor con tercero, y donde además se disponía que se le entregara la suma de US$ 515,000.00 (quinientos quince mil dólares americanos), lo que supone que con ese contrato el demandante acrecía su patrimonio y no lo perjudicaba.

SÉTIMO. La recurrente, sin embargo, expresa que si se presenta la ineficacia porque la demandada no le entregó la suma pactada. Sobre el particular debe señalarse lo que sigue: 1. La alegada falta de pago nada tiene que ver con la improcedencia de la acción pauliana porque no se está solicitando la ineficacia de acto jurídico celebrado entre deudor y tercero, sino entre deudor y acreedor. 2. En todo caso, si tal pago se realizó o no, es tema que excede el marco de la demanda planteada, que se limita a determinar si el acto jurídico es ineficaz, y no si el pago se efectuó. Se trata de tema que debe ser dilucidado en otro proceso.

OCTAVO. En lo que atañe a la ineficacia del segundo acto jurídico, este se trata del contrato de compraventa celebrado entre Patricia Guillermina Dibós Silva y los compradores Oswaldo Sandoval Zavala y Deborah Lynn Jaffe, quienes, a criterio de la recurrente, habrían suscrito dicho acto jurídico en contubernio a efectos de desconocer el pago a favor de la demandante.

NOVENO. Sobre tal punto debe señalarse lo que sigue: 1. La cláusula tercera de la escritura pública de resolución de contrato con pacto de retroventa de fecha tres de abril de dos mil nueve, establece que las partes acuerdan revertir el inmueble materia de litigio a favor de Patricia Guillermina Dibos Silva, “revirtiendo, por su parte, a favor de Inversiones Lancaster S.A. la suma de US$. 515, 000.00 (Quinientos quince mil y 00/100 dólares americanos), que corresponde al monto total de compra venta, sin más constancia que la firma puesta en la presente minuta”. Asimismo al culminar el documento, el notario público hace constar que: “los otorgantes manifiestan haber recibido con anterioridad a la firma del presente instrumento, el íntegro del precio pactado según lo indicado en la cláusula tercera del cuerpo de la minuta pre-inserta, dando por cancelado dicho monto”. 2. Atendiendo a lo allí expuesto, el crédito reclamado había sido extinguido por cumplimiento de la prestación. Si esta afirmación es inválida es tema que no puede ser resuelto en este proceso, pues es uno de ineficacia de acto jurídico y no de nulidad, más aún si se trata de declaración voluntaria y realizada ante notario público. 3. Que haya que presumir la inexistencia de crédito hace devenir en infundada la petición demandada porque no se cumple con el supuesto necesario (crédito) para que exista la acción pauliana. 4. Por lo demás. no puede señalarse que la actuación de los demandados compradores haya sido el de querer perjudicar a la demandante, pues si bien del acto jurídico de compraventa celebrada el doce de mayo de dos mil nueve, se verifica que los demandados Sandoval Zavala y Lynn Jaffe sí conocían del acto jurídico celebrado por la demandante y su codemandada Patricia Guillermina Dibós Silva, es justamente a efectos de salvaguardar sus intereses, que exigieron como condición para la celebración del acto jurídico que Patricia Guillermina Dibós Silva inscriba en los Registros Públicos, la resolución del contrato de compraventa con pacto de retroventa, figurando ella como la nueva propietaria y haciendo entrega a los nuevos compradores de la posesión del inmueble. Habiéndose pactado que cumplidas dichas condiciones se entregarían a favor de la demandada Dibós Silva los cheques que quedaban en custodia del notario. En tal sentido, se tiene que los demandados compradores, obraron con buena fe y la diligencia debida para la adquisición del inmueble materia de litigio.

DÉCIMO. Respecto a que la demandada Dibos Silva, no concurrió a absolver el pliego interrogatorio propuesto por la demandante, ello no genera la nulidad de la sentencia, valorándose su conducta con las pruebas existentes.

DÉCIMO PRIMERO. Que, estando a lo expuesto, debe concluirse: 1. El artículo 195 del Código Civil ha sido interpretado y aplicado de manera adecuada. 2. La invocación a los artículos 140 y 141 del código civil son irrelevantes porque nadie cuestiona el acto jurídico celebrado entre la demandante y la señora Patricia Guillermina Dibós Silva, no debiéndose confundir la validez del acto con un pago presuntamente no efectuado. 3. Carece de importancia la denuncia al artículo 1222 del código civil, pues este prescribe el pago efectuado por terceros, lo que no es aquí materia de discusión. 4. No se han infringido los artículos 188, 191 y 197 del código civil referida al reconocimiento de la codemandada Patricia Guillermina Dibós Silva de no haber cumplido con el pago, en tanto, como se ha señalado en el considerando sétimo de la presente sentencia, la acción pauliana se dirige contra actos del deudor celebrados con terceros, no teniendo esas características el primer acto jurídico cuya ineficacia se solicita. 5. El artículo 282 del código procesal civil establece una presunción, pero de ninguna manera obliga a los jueces a fallar en contra de quien no participó en las diligencias programadas. 6. Finalmente, en cuanto a la infracción normativa al artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil y los supuestos defectos de motivación de la sentencia, por no considerar los efectos de la sentencia penal por apropiación ilícita en contra de Patricia Guillermina Dibós Silva debe indicarse que dicha norma penal sanciona a quien se apropia (en este caso) de dinero estando obligado a devolverlo, supuesto distinto de la acción pauliana, en la que se busca proteger el crédito del deudor por acto realizado por este con tercero y no entre las mismas partes por pago no efectuado.

V. DECISIÓN

Por estos fundamentos y de conformidad con el artículo 397 del Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante Inversiones Lancaster S.A.C mediante escrito de fecha primero de febrero de dos mil dieciséis (folios novecientos noventa y tres); en consecuencia NO CASARON la resolución número doce de fecha tres de noviembre de dos mil quince (folios novecientos treinta y ocho); DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Inversiones Lancaster S.A.C, sobre ineficacia de acto jurídico; y los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Calderón Puertas. Por licencia de la señora Juez Supremo Tello Gilardi, integra esta Sala Suprema el señor Juez Supremo De La Barra Barrera.

S.S. TAVARA CORDOVA, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA, SÁNCHEZ MELGAREJO



[1] Carocca Pérez, Alex. El debido proceso y la tutela judicial efectiva en España. Normas Legales. Octubre, 1997, pp. A 81 - A 104.

[2] Por ejemplo, para Bernardis, por su parte, considera, siguiendo la jurisprudencia norteamericana, que ese “máximo de mínimos” estaría constituido por los requisitos de notificación y audiencia (notice and hering). Bernardis, Luis Marcelo de. La garantía procesal del debido proceso. Cultural Cuzco Editor. Lima 1995, pp. 392-414.

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