La cancelación del bien posterior al fallecimiento del deudor no impide que se perfeccione la transferencia de su propiedad y, por ende, la formalización del contrato

Fuente: emadvocats.es

CAS. N.° 4789-2017 Ucayali

Emitida el 8 de mayo del 2018

(Publicada en El Peruano, 31/10/2018)

Juez ponente

Señor juez supremo Távara Córdova

Decisión

Fundado

Normas aplicables

Artículos 1351, 1352 y 1529 del Código Civil

Fundamento jurídico relevante

[L]os pagos realizados por el precio del bien, sin bien fueron hechos posterior al fallecimiento de Irma Figueroa Vidurrizaga, fueron hechos en nombre de la nombrada persona, lo cual no se encuentra prohibido, sino más bien tiene amparo en el artículo 1222 del Código Civil, que señala: “Puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, sea con el asentimiento del deudor o sin él, salvo que el pacto o su naturaleza lo impidan…”; sin que se haya probado que exista restricción alguna […]

 

CAS. N.° 4789-2017

UCAYALI

OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA

La naturaleza del proceso de otorgamiento de escritura pública no es discutir la validez o eficacia del acto jurídico o del contrato (a no ser que sea manifiesta) sino si se debe cumplir o no la formalidad requerida, esto es congruente con la pretensión y con la calidad sumarísima de este proceso en donde no se puede discutir temas que deben dilucidarse en procesos de cognición plena.

Lima, ocho de mayo de dos mil dieciocho.

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA: VISTOS; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha con los señores Jueces Supremos Távara Córdova, Hurtado Reyes, Huamani Llamas, Salazar Lizárraga y Calderón Puertas; oído el informe oral del abogado de la parte recurrente, producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:

I. ASUNTO

Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha veintiséis de setiembre de dos mil diecisiete, interpuesto a fojas cuatrocientos veinticuatro, por Juana Mercedes Perea Figueroa, contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de agosto de ese mismo año, obrante a fojas trescientos ochenta y nueve, expedida por la Sala Especializada en lo Civil y Afines de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que Revoca la sentencia de primera instancia de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, de fojas trescientos siete, que declaró Fundada la demanda y Reformándola la declara Improcedente; en los seguidos contra la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y otra sobre Otorgamiento de Escritura Pública.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda. Mediante escrito de fecha cinco de enero de dos mil dieciséis, obrante a fojas veinticinco, doña Juana Mercedes Perea Figueroa, solicita que la demandada Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, cumpla con otorgar la correspondiente minuta y escritura pública de compraventa por adjudicación directa del lote de terreno N.° 16 Manzana 164 del Plano Regulador de Pucallpa, (área de 486.87 m2), a su favor y de Juana Esther Tapia Figueroa; así como se ordene la inscripción de la escritura pública en la partida N.° 00011526 del registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral VI – Sede Pucallpa. Como argumentos de su demanda sostiene que: La demandante y Juana Esther Tapia Figueroa son hijas de doña Irma Figueroa Vidurrizaga, siendo declaradas sus herederas a su fallecimiento, esto es, el quince de julio de mil novecientos sesenta y dos. Su madre tomó posesión del inmueble sub litis el año de mil novecientos cuarenta y cinco, construyendo una casa habitación; habiendo obtenido el certificado de posesión y luego se empadronó el referido inmueble, iniciándose los trámites para la adjudicación directa mediante compra venta del mismo. En dichos tramites se generaron los siguientes documentos: 1.- Decreto del Teniente Alcalde de fecha siete de enero de mil novecientos cincuenta y ocho, que señala “con el informe de replanteo que antecede, pase al señor notario público para la confección de la minuta”. 2.- Decreto de Alcaldía de dieciséis de mayo de mil novecientos sesenta, suscrito por el Alcalde que señala “con el informe de replanteo, y el pago del derecho respectivo, pase al departamento legal para su estudio e informe y fijación del precio por metro cuadrado”, comprobándose que hubo replanteo y pago de derecho de compra. (entre otros). Su madre efectuó el trámite de compraventa por adjudicación directa, cumpliendo con todos los requisitos exigidos, convirtiéndose en propietaria. Medios Probatorios: Decreto del Teniente Alcalde de fecha siete de enero de mil novecientos cincuenta y ocho. Decreto de Alcaldía del dieciséis de mayo de mil novecientos sesenta. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano del veinte de setiembre de mil novecientos sesenta. Proveído de Alcaldía del treinta de setiembre de mil novecientos sesenta. Recibo N.° 5069 de fecha doce de abril de mil novecientos sesenta y seis. Recibo N.° 5746 del siete de abril de mil novecientos sesenta y siete. Informe del siete de abril de mil novecientos sesenta y siete, del auxiliar de la Junta de Obras Públicas de Pucallpa. Tres Decretos de Alcaldía de fechas siete, doce y trece de abril de mil novecientos sesenta y siete. Resolución Gerencial N.° 568-2014-MPCP-GAT del trece de octubre de dos mil catorce. Resolución Gerencial N.° 151-2015-MPCP-GAT del veinticuatro de marzo de dos mil quince. Resolución Gerencial N.° 284-2015-MPCP-GAT del catorce de julio de dos mil quince. Resolución Gerencial N.° 454-2015-MPCPGAT del quince de octubre de dos mil quince. Resolución N.° 01 dictada en el Expediente N° 05376-2015 del veinte de noviembre de dos mil quince. Anotación de inscripción de sucesión intestada de Irma Figueroa Vidurrizaga. Inscripción de la Rectificación del Saneamiento Físico Legal de la Manzana 164 del Registro de Propiedad Inmueble de Pucallpa en el asiento B00938 de la Partida N.° 00011526. Acta de Conciliación N.° 00028-2015-CCE-ACCU, expedida por el Centro de Conciliación Extrajudicial “Contigo Ucayali” de fecha dieciséis de diciembre de dos mil quince.

2. Contestación de la demanda. 2.1. Contestación de la demanda por parte de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. Mediante escrito, obrante a fojas cuarenta y seis, de fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis, la entidad edil demandada contesta la demanda sosteniendo básicamente que ésta presenta incoherencias en forma categórica y genérica, pues solo se narra históricamente un procedimiento administrativo y nada jurídico ni procesal; refiriendo que nunca se le adjudicó el inmueble a su difunta madre, no presenta medio probatorio que lo acredite. 2.2. Contestación de doña Juana Esther Tapia Figueroa (litisconsorte necesaria pasiva). Mediante escrito, obrante a fojas ciento once, doña Juana Esther Tapia Figueroa (hermana de madre de la demandante), contesta la demanda sosteniendo que: La demandante solo vivió hasta la edad de diez años en el inmueble, toda vez que viajó a la ciudad de Lima para estudiar en un convento, no volviendo a residir en el inmueble.  Su parte estuvo en posesión del inmueble y a cargo de los gastos de arbitrios e impuestos prediales del inmueble, después del fallecimiento de su madre, conduciéndolo en forma continua, pacífica y pública por más de treinta años. Efectivamente su madre ha sido posesionaria del inmueble e inició los trámites para la adjudicación del mismo, trámites que fueron iniciados pero nunca culminados formalmente como el pago del precio del bien y menos la suscripción de la minuta de adjudicación por compraventa. De los recibos presentados por la demandante se observa que en el segundo recibo sobre el pago del saldo del precio pactado, se consigna la fecha de pago el siete de abril de mil novecientos sesenta y siete, cómo pudo hacerse dicho pago si su madre falleció el quince de julio de mil novecientos sesenta y dos, entonces no estamos hablando que la propiedad le pertenecía a su madre, sino se llegó a pagar el precio de venta, durante la posesión que ejerció su madre, por ende, no se puede atribuir derechos reales como el derecho de propiedad a una persona fallecida.

3. Puntos Controvertidos. Mediante audiencia única, que corre a fojas doscientos ochenta y tres, se fijó como puntos controvertidos: a) Determinar si procede o no ordenar a la demandada Municipalidad Provincial de Coronel Portillo cumpla con otorgar escritura pública de compra venta del lote de terreno N.° 16 de la manzana N.° 164 del plano regulador de Pucallpa, sito en Jirón Prolongación Ucayali N.° 169, con un área de 486,87 m2, inscrito en la partida N.° 00011526 del registro de propiedad inmueble de la zona registral N° VI – Sede Pucallpa, a favor de Juana Mercedes Perea Figueroa y Juana Esther Tapia Figueroa. b) Determinar si procede o no ordenar a la litisconsorte necesaria pasiva Juana Esther Tapia Figueroa cumpla con otorgar escritura pública de compra venta del lote de terreno N.° 16 de la manzana N.° 164 del plano regulador de Pucallpa, sito en Jirón Prolongación Ucayali N.° 169, con un área de 486,87 m2, inscrito en la partida N.° 00011526 del registro de propiedad inmueble de la zona registral N° VI – Sede Pucallpa, a favor de Juana Mercedes Perea Figueroa y Juana Esther Tapia Figueroa.

4. Sentencia de Primera Instancia. El Juez del Segundo Juzgado Civil de Coronel Portillo de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, mediante sentencia de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos siete, ha declarado Fundada la demanda, en consecuencia, ordena que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo dentro del plazo de cinco días cumpla con otorgar la escritura pública de compra venta respecto del bien sub Litis a favor de Juana Mercedes Perea Figueroa y Juana Esther Tapia Figueroa. Como fundamentos de la sentencia se señalan: I. Mediante el Decreto Ley N.° 11348, se adjudicó a la Municipalidad Provincial demandada, todos los terrenos de propiedad del Estado, facultándosele enajenar los lotes de terrenos concedidos. II. La demandante para acreditar la existencia de celebración del acto jurídico que se pretende formalizar con la escritura púbica, acompaña a la demanda, diversos medios probatorios instrumentales dentro de los cuales, se advierte proveídos suscritos por el alcalde de aquel entonces de la hoy Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, uno de los más importantes data del 30 de setiembre de 1960, que indica lo siguiente: ”Declárese procedente la adjudicación del lote de terreno N.° 16 de la manzana N.° 164 del plano regulador, a favor de la recurrente doña Irma Figueroa Vidurrizaga, fijándose en dos soles oro por m², el valor que debe abonar, por tratarse de zona de vivienda de cuarta, de conformidad con la resolución suprema N.° 86, de 6 de noviembre de 1956, que eleva los precios fijados por la Ley N.° 11348” (ver folio 8), del cual se extrae indubitablemente la existencia de un acto jurídico de compraventa entre, quien en vida fue doña Irma Figueroa Vidurrizaga (fallecida el 15.07.1962) con la hoy Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, respecto del lote de terreno N° 16 de la manzana N° 164 por la suma de S/.1,016.50 soles oro, en el marco del Decreto Ley N.° 11348. III. Se acredita el pago del precio mediante recibos presentados por la actora, en tal sentido es pacífico sostener que queda acreditado que quien en vida fue doña Irma Figueroa Vidurrizaga celebró un acto jurídico de compraventa del lote de terreno N.° 16 de la manzana N.° 164 con la hoy Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, por la suma de S/.1,016.50 soles oro, en el marco del Decreto Ley N.° 11348, vigente en la actualidad; tal es así que, la propia litisconsorte, al absolver la demanda ha referido que, efectivamente su madre ha sido posesionaria del inmueble e inició los trámites para la adjudicación del mismo, trámites que fueron iniciados pero nunca culminados formalmente. IV. Si bien los pagos fueron realizados con posterioridad a la muerte de la madre de la demandante, ello está permitido de acuerdo con el artículo 1222 del Código Civil; además, señala que la entidad demandada en la Resolución Gerencial N.° 454-2015 del quince de octubre de dos mil quince, ha señalado que la regularización del trámite de adjudicación fue iniciada por la madre de la demandante y que la prosecución del mismo corresponde a las herederas. De lo que se desprende que no se ha cumplido con formalizar el acto solo porque las partes no han llegado a un acuerdo, no así porque no tengan el derecho a la escritura pública.

5. Recuro de Apelación. 5.1. Mediante escrito, obrante a fojas trescientos treinta y dos, el Procurador Público, a cargo de los asuntos judiciales de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, interpone recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, expresando como agravios que el Juez de la causa no ha tenido en consideración que las pruebas ofrecidas y aportadas por la demandante no resultan suficientes, por cuanto son documentos que fueron tramitados por Irma Figueroa Vidurrizaga y no por la demandante. 5.2. Asimismo, por escrito de fecha primero de junio de dos mil diecisiete de fojas trescientos treinta y siete, doña Juana Esther Tapia Figueroa, interpone recurso de apelación contra la sentencia, sosteniendo que: Existen contradicciones en la sentencia apelada, toda vez que ha señalado que los medios probatorios no han sido objetados ni cuestionados por la entidad edil demandada ni por la litisconsorte; siendo que la litisconsorte cuestionó los comprobantes de pago N.° 5069 y 5746 por considerar que los pagos se habrían efectuado con posterioridad al fallecimiento de Irma Figueroa Vidurrizaga.  En el presente caso, no es aplicación el artículo 1222 del Código Civil, como lo ha señalado el Juez de la causa, toda vez que nos enfrentamos al hecho de que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo e Irma Figueroa Vidurrizaga tenían una relación intuito personae, siendo que el cumplimiento de pago solo podría ser efectuado por la parte deudora.  Los medios probatorios ofrecidos por la recurrente no fueron tomados en cuenta por el A quo al momento de resolver, lo que evidencia una flagrante contravención a las normas que garantizan el debido proceso, al haberse efectuado una arbitraria y tendenciosa valoración de los medios probatorios.

6. Sentencia de vista. La Sala Especializada en lo Civil y Afines de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, mediante sentencia de vista de fecha veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos ochenta y nueve, revoca la sentencia de Primera instancia que declaró Fundada la demanda, y reformándola la declaró Improcedente, básicamente porque: - El Decreto Ley N.° 11348 que se dio en el año de mil novecientos cincuenta, para facultar al Concejo Provincial de Pucallpa para adjudicar a particulares los lotes de terreno que resulten de la distribución a efectuarse; sin embargo el artículo 3 de este Decreto Ley, concedía a los ocupantes de los lotes mencionados en el inciso a) -como el caso de la madre de la actora- el plazo de seis meses a partir de la fecha en que sea aprobado por el Ministerio de Fomento y Obras Públicas la valoración correspondiente, para legalizar la adquisición, a cuyo vencimiento deberá proceder el Municipio a considerar vacantes los lotes de lo remisos, con facultad para adjudicarlos. - Como aparece a folios ocho, corre copia de una constancia que lleva fecha “treinta de setiembre de mil novecientos sesenta” expedida por el Alcalde de ese entonces Armando Castro Santolalla y secretario Luis Cruz, en la que se advierte que en sesión del veintinueve de setiembre de mil novecientos sesenta se declaró procedente la adjudicación del lote de terreno N.° 16 de la Manzana 164 del Plano Regulador a favor de la recurrente Irma Figueroa Vidurrizaga, fijándose el precio en dos soles por metro cuadrado, conforme a lo establecido por Resolución Suprema N.° 86, que elevaba los precios fijados por Ley N.° 11348. Por lo que habiéndose fijado el precio del terreno adjudicado, en aplicación del artículo 3° del Decreto Ley citado precedentemente, la recurrente Irma Figueroa Vidurrizaga, tenía plazo para pagarlo hasta el mes marzo del año mil novecientos sesenta y uno. - Del tenor de la demanda, se consigna, que esta fallece el quince de julio de mil novecientos sesenta y dos, el pago es realizado a nombre de Irma Figueroa Vidurrizaga a favor de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo por concepto de la compra del terreno materia del proceso, con fecha 12.04.1966 y 07.04.1967 respectivamente, cuando ya se había vencido el plazo para realizarlo, sin embargo, el Alcalde de aquel entonces ordeno se pase al Asesor Jurídico para la elaboración de la minuta respectiva; devolviéndolo para su estudio y aprobación, devuelto que fue pasa a los Síndicos, quienes con fecha trece de abril del año mil novecientos sesenta y siete después de haber revisado y encontrado conforme con las firmas respectivas, elevan al Despacho Superior para los efectos correspondientes. - De lo expuesto hasta aquí resulta que a la madre de la demandante le fue adjudicado el lote de terreno materia de este proceso por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, siendo que al morir ésta, el pago por dicho lote fue hecho por terceras personas fuera del plazo que tenía para efectuarlo; sin embargo, se ordenó se realice la confección de la Minuta respectiva, lo que fue aprobado por los Síndicos de ese entonces, no habiendo pruebas que acrediten que se haya realizado trámite alguno para conseguir la titulación del predio en litis; de lo que es de inferirse que no siguió con el trámite administrativo en aquella oportunidad. - Se advierte de la Resolución Gerencial N° 454- 2015-MPCP de fecha quince de octubre del dos mil quince, que la demandante solicita a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo la regularización del trámite de adjudicación de lote de terreno, iniciado en su oportunidad por doña Irme Figueroa Vidurrizaga; sin embargo, sin resolver el fondo de la cuestión planteada, dicha entidad por medio de la Gerencia declara improcedente su solicitud. - De todo lo que se lleva considerado es de concluirse, que en la adjudicación realizada por la Municipalidad Provincial de Coronel Portilla a la difunta madre de la demandante, el trámite administrativo aún no estaba concluido para que por medio de un proceso de Otorgamiento de Escritura Pública se le obligue a dicha entidad a mutarla en un acto solemne, por lo que no puede ampararse su petición, tanto más estando a que la pretensión es para que se emita un acto administrativo, la demandante debe hacer valer sus derechos en la vía correspondiente.

III. RECURSO DE CASACION

Esta Suprema Sala mediante resolución de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas setenta y tres del cuaderno de casación, ha declarado PROCEDENTE el recurso, por las siguientes infracciones normativas: a) Infracción normativa de los artículos 1351, 1352, 1529 del Código Civil y el Decreto Ley N.° 11348 Alega que no se ha efectuado una interpretación sistemática de los artículos 1351, 1352 y 1529 del Código Civil, toda vez que los contratos se perfeccionan con el consentimiento de las partes. En cuanto al Decreto Ley N.° 11348, señala que la Sala ha efectuado una interpretación indebida e incorrecta al establecer que dicha norma establecía como plazo rígido los seis meses para pagar el precio del terreno, luego que el Ministerio de Fomento y Obras Públicas aprobara la valorización respectiva, interpretación formalista y forzada. No se ha tomado en consideración que su madre pagó el total del precio y que la Municipalidad aprobó la adjudicación directa en vía de regularización, incluso se ordenó remitir la Minuta al Notario. Asimismo señala que la Municipalidad demandada, jamás hizo objeción alguna, no cuestionó el pago, siendo irrelevante quién canceló el saldo del precio de venta. Afirma que en la Resolución de Gerencia N.° 454-2015-MPCP-GAT, si bien no accedió a lo solicitado (otorgamiento de escritura de adjudicación) fue porque su hermana Juana Esther Tapia Figueroa no accedió a firmar dicha solicitud; además de ello refiere que al haberse declarado improcedente dicha petición se ha agotado la vía administrativa. b) Infracción normativa del artículo 139 numerales 3 y 5 de la Constitución. Argumenta que si se hubiera efectuado la interpretación de las normas de derecho objetivo y la fundamentación correcta, no se hubiera revocado la sentencia.

IV. CUESTIÓN JURÍDICA A DEBATIR

Consiste en determinar si al dictarse la sentencia de vista impugnada en Casación, se han infringido los artículos 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, y 1351, 1352, 1529 del Código Civil así como el Decreto Ley N.° 11348.

V. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA

Primero: Que, analizando las infracciones denunciadas en el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, por causales sustentadas en vicios in procedendo como vicios in iudicando, corresponde efectuar en primer término el análisis del error procesal, toda vez que de resultar fundada tal denuncia, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su efecto nulificante, carecería de objeto pronunciarse por las últimas.

Segundo: En primer término, se denuncia la infracción normativa procesal al artículo 139 numerales 3 y 5 de la Constitución Política del Perú que prescribe que son principios y derechos de la función jurisdiccional: “3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. […] 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan” […]. Tercero: El derecho fundamental al debido proceso, tal como ha sido señalado por el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, es un derecho –por así decirlo– continente, puesto que comprende, a su vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal y sustantivo. A este respecto, se ha afirmado que: “[...] su contenido constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmerso una persona, se realice y concluya con el necesario respeto y protección de todos los derechos que en él puedan encontrarse comprendidos.”[1]

Cuarto: El derecho al debido proceso comprende, a su vez, un haz de derechos que forman parte de su estándar mínimo; entre estos derechos constitucionales, especial relevancia para el presente caso adquiere el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. La motivación debida de las decisiones de las entidades públicas —sean o no de carácter jurisdiccional— es un derecho fundamental que forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela procesal efectiva. El derecho a la motivación debida constituye una garantía fundamental en los supuestos en que con la decisión emitida se afecta de manera decisiva y relevante a la esfera o situación jurídica de las personas. Así, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente, constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional.

Quinto: En ese sentido, el derecho a la motivación escrita de las resoluciones judiciales forma parte del conjunto de garantías que conforman el debido proceso e impone al órgano jurisdiccional la obligación de exponer los fundamentos jurídicos, lógicos y fácticos en los que se basó para tomar determinada decisión. La motivación de resoluciones judiciales constituye, por antonomasia, la manifestación intraproceso de un sistema democrático, pues, únicamente cuando se conozcan los fundamentos en los que se basa un Juez para emitir determinada decisión, será posible someter a la crítica dicho pronunciamiento y, si alguna de las partes se considera agraviada por la existencia de un error en la formación del razonamiento, podrá cuestionarlo a través de los medios impugnatorios determinados por ley, pues, de otro modo, no se podría contradecir aquello que no se conoce.

Sexto: Efectuadas las precisiones precedentes, este Supremo Tribunal considera que en el presente caso la sentencia de vista se encuentra formalmente motivada, debiendo hacerse la atingencia de que un parecer o criterio distinto al que ha arribado la Sala de mérito, no puede ser materia de cuestionamiento mediante el presente medio impugnatorio, que conlleve a un reenvío del proceso, razón por la cual la infracción normativa procesal denunciada debe ser desestimada, privilegiándose la solución definitiva del caso sub litis.

Sétimo: De manera preliminar corresponde mencionar que, la función nomofiláctica del recurso de casación garantiza que los Tribunales Supremos sean los encargados de salvaguardar el respeto del órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así cualquier tipo de afectación a normas jurídicas materiales y procesales, procurando, conforme menciona el artículo 384 del Código Procesal Civil, la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto. En tal sentido se advierte que se ha denunciado la infracción normativa de los artículos 1351, 1352 y 1529 del Código Civil, siendo que al tratarse de normas materiales y que tienen relación para absolver los agravios, serán analizadas de manera conjunta; debiendo precisarse que, sin desconocer los fines del recurso de casación, ni los fundamentos del recurso extraordinario, este Supremo Tribunal se encontrará legalmente facultado para realizar un análisis respecto a la pretensión postulada y a los juicios de valor emitidos tanto por el A quo como por el Ad quem en cuanto al fondo de la materia controvertida.

Octavo: Al respecto, en la sentencia de vista impugnada en casación, el Ad quem para revocar la sentencia apelada y declarar improcedente la demanda ha señalado en el considerando 19 de la recurrida: “….en sesión del veintinueve de setiembre de mil novecientos sesenta se declaró procedente la adjudicación del lote de terreno N.° 16 […] a favor de la recurrente Irma Figueroa Vidurrizaga, fijándose en dos soles por metro cuadrado, […] por lo que habiéndose fijado el precio del terreno adjudicado, en aplicación del artículo 3 del Decreto Ley citado precedentemente la recurrente Irma Figueroa Vidurrizaga, tenía plazo para pagarlo hasta el mes de marzo del año mil novecientos sesenta y uno…”; asimismo en el considerando 20 señaló: “del tenor de la demanda, se consigna, que esta fallece el quince de julio de mil novecientos sesenta y dos, y como es de verse […] el pago se realizado […] por la compra del terreno materia del proceso, con fecha doce de abril de mil novecientos sesenta y seis y siete de abril de mil novecientos sesenta y siete respectivamente, cuando ya se había vencido el plazo para realizarlo, sin embargo el Alcalde de aquel entonces ordenó se pase al Asesor Jurídico para la elaboración de la minuta respectiva…”; y finalmente en el considerando 21 se concluyó: “… de lo expuesto aquí resulta que a la madre de la demandante le fue adjudicado el lote de terreno materia de este proceso por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, siendo que al morir ésta, el pago por dicho lote fue hecho por terceras personas fuera del plazo que tenía para efectuarlo..:” (sic). Como se puede observar, a criterio de la Sala Superior, en el presente caso no resulta posible el otorgamiento de la escritura pública principalmente al no haber cumplido con pagar dentro del plazo que señala el artículo 3 del Decreto Ley N.° 11348; sin embargo, para este Supremo Colegiado, dicha conclusión no resulta acertada, pues además de advertirse que es visiblemente notorio que el Ad quem, fue más allá de los fundamentos y agravios expuestos en los recursos de apelación interpuestos, no ha tomado en cuenta la esencia de este proceso de otorgamiento de escritura pública cuyo análisis para su procedencia, no es discutir la validez o no del acto jurídico (a no ser que sea manifiesta), sino si se debe cumplir o no la formalidad requerida, esto es congruente con la pretensión y con la calidad sumarísima de este proceso en donde no se puede discutir temas ajenos a su naturaleza, pues al analizar los plazos para el pago del terreno, la forma de proceder del Alcalde de la Municipalidad de Coronel Portillo de ese entonces, los trámites realizados por la madre de la demandante; son actuaciones que guardan relación con el procedimiento administrativo propiamente, y que le compete únicamente a la administración de realizar, habiéndose excedido la Sala, más allá de la naturaleza de este proceso y de lo controvertido por las partes. Además, debe tenerse presente que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, al contestar la demanda solo se limitó a sostener que los fundamentos de la demanda son una narración histórica de un procedimiento administrativo y nada jurídico ni procesal, además de referir que nunca se le adjudicó el inmueble a la difunda madre de la demandante, quien no presenta medio probatorio que lo acredite.

Noveno: Lo contrario sucede con lo sostenido por el A quo, quien acertadamente ha determinado la existencia de un contrato de compra venta entre la madre de la demandante y la Municipalidad mencionada, y por lo tanto declaró fundada la demanda; concluyendo en el considerando 2.23 de la apelada que: “…tanto la demandante Juana Mercedes Perea Figueroa como la litisconsorte Juana Esther Tapia Figueroa, en condición de únicas herederas universales de quien en vida fuera la compradora Irma Figueroa Vidurrizaga del lote de terreno N.° 16 de la manzana N.° 164 del plano regulador de la ciudad de Pucallpa, inscrito en la partida electrónica N.° 00011526 del registro de propiedad inmueble de la zona registral N.° VI – sede Pucallpa, tienen legítimo interés para compeler a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo a fin de que se cumpla con otórgales la escritura pública de compra venta, es decir, de compeler a llenar la formalidad requerida a la parte vendedora, exigiendo el otorgamiento de la escritura pública de compra venta por adjudicación del referido inmueble en el marco del Decreto Ley N.° 11348, por su parte, la entidad edil demandada tiene la obligación de formalizar la transferencia de la propiedad del bien, a través del otorgamiento de la escritura pública, conforme lo establece el citado artículo 1549 del Código Civil y lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Ley N.° 11348…” (sic).

Décimo: En efecto, se observa la existencia de un contrato de compra venta, pues en virtud de este tipo contractual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio, precisándose que la compraventa es un contrario eminentemente consensual, que se forma por el sólo consentimiento de las partes sobre cosa y precio, sin que la ley haya establecido una forma de observancia obligatoria para su celebración; todo esto de conformidad con el artículo 1529 del Código Civil en armonía con los artículos 1351 y 1352 del Código acotado. En este contexto, en el presente proceso la demandante ha ofrecido como medios probatorios tendientes a acreditar los hechos que configuran su pretensión, el documento de fojas ocho, por medio del cual el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, con fecha treinta de setiembre de mil novecientos sesenta, (en mérito al Decreto Ley N.° 11348) declara procedente la adjudicación del lote de terreno N.° 16 de la Manzana N.° 164 del Plano Regulador, a favor de doña Irma Figueroa Vidurrizaga, fijándose en dos soles oro por metro cuadrado el valor que debe abonar; el documento de fojas once, expedido por el área de Tesorería de la Municipalidad, en la cual se determina que el precio por la venta del bien sub litis fue cancelado en tu totalidad, es decir, en el monto de 1,016.50 soles oro (mil dieciséis punto cincuenta soles oro); los recibos de pago del precio pactado de fojas nueve y diez; el decreto de Alcaldía de fecha siete de abril de mil novecientos sesenta y siete de fojas once, por medio del cual, el Alcalde de ese entonces certifique el abono respectivo y ordene la confección de la minuta respectiva; de todo lo cual se puede evidenciar la existencia de un acto jurídico de carácter bilateral y típico, que contiene la voluntad sinalagmática tanto de Irma Figueroa Vidurrizaga (compradora) y la Municipalidad de Coronel Portillo (vendedora) sobre el bien sub materia descrito precedentemente; por tal razón, estando a lo prescrito en el artículo 1529 del Código Civil, queda acreditado, entonces, con los documentos adjuntados por la accionante, los cuales no han sido negados por la parte contraria, y que contiene, como se tiene expresado, un contrato de compraventa, que es pasible de ser elevado a escritura pública.

Décimo Primero: Debe señalare, que la propia Municipalidad demandada, en la Resolución Gerencial N.° 284-2015-MPCP-GAT del catorce de julio de dos mil quince (fojas dieciséis), ha corroborado lo expresado por la demandante cuando señaló: “…la occisa señora Irma Figueroa Vidurrizaga, madre de las administradas en litigio, fue adjudicada en su momento por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, por lo cual la adjudicación solo se realiza una vez a quien corresponda y cuyos documentos probatorios fidedignos son las siguientes: Decreto de Alcaldía de fecha siete de enero de mil novecientos cincuenta y ocho, donde ordena la elaboración de Minuta a favor de Irma Figueroa Vidurrizaga; Resolución del Alcaldía de fecha treinta de setiembre de mil novecientos sesenta, donde declara procedente la adjudicación del Lote N.° 16 de la Manzana N.° 164 a favor de Irma Figueroa Vidurrizaga; documento de fecha doce de abril de mil novecientos sesenta y siete y de fecha trece de abril de mil novecientos sesenta y siete, donde aprueban que la minuta fue redactada disponiendo pasar a Alcaldía para la respectiva firma del Alcalde y se concrete con su formalidad y posteriormente sea elevada a escritura pública y registrada en los registros de predios de la Zona Registral N.° VI – Sede, donde se pudo concretar la transferencia de dominio que realizó en su momento la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo a favor de la que en vida fue la señora Irma Figueroa Vidurrizaga, pasando a tener la condición de propietaria del bien inmueble desde aquel acto administrativo y jurídico…” (sic). Siendo esto así, nos encontramos ante un contrato de compraventa pendiente de ser elevado a escritura pública, al haberse cumplido con las obligaciones que se derivan del mismo; por lo que, una prestación esencial de cargo de la parte vendedora consistente en el perfeccionamiento de la transferencia de la propiedad, que hasta la fecha no ha sido cumplida; lo que cabe que se exija a través de este tipo de proceso. Ello tiene como sustento, en lo prescrito en el artículo 1549 del Código Civil, que señala como obligación esencial del vendedor el perfeccionar la transferencia de la propiedad; entendiéndose, por “perfeccionar”, la formalización del contrato de compra venta a través del otorgamiento de la escritura pública correspondiente.

Décimo Segundo: Debe precisarse, que los pagos realizados por el precio del bien, sin bien fueron hechos posterior al fallecimiento de Irma Figueroa Vidurrizaga, fueron hechos en nombre de la nombrada persona, lo cual no se encuentra prohibido, sino más bien tiene amparo en el artículo 1222 del Código Civil, que señala: “Puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, sea con el asentimiento del deudor o sin él, salvo que el pacto o su naturaleza lo impidan…”; sin que se haya probado que exista restricción alguna. Asimismo, conforme lo ha sostenido el Juez de la causa, se puede advertir de la Partida N.° 11028146 de la Zona Registral N.° VI Sede Pucallpa (fojas veintiuno), que se ha inscrito la sucesión intestada declarada mediante resolución número catorce de fecha veintisiete de junio de dos mil siete, expedido por el Juez de Paz Letrado de la Provincia de Coronel Portillo, y se declaró como únicas y herederas universales de doña Irma Figueroa Vidurrizaga a sus hijas Juana Mercedes Perea Figueroa y Juana Esther Tapia Figueroa, razón por la cual corresponde que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, otorgue a las herederas de la causante Irma Figueroa Vidurrizaga, la escritura pública de compra venta del bien en litis, pues ambas asumen los derechos que correspondían a su difunda madre, conforme lo señala el artículo 660 del Código Civil, que señala: “desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores”. Debe acotarse, que el presente proceso se resuelve teniendo en cuenta lo establecido en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, que señala que “el Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es logar la paz social en justicia”, que es como se ha procedido en los presente autos.

Décimo Tercero: En tal sentido, este Supremo Tribunal concluye que el recurso extraordinario de casación planteado por la demandante debe ser declarado fundado, por haberse infringido los artículos 1351, 1352 y 1529 del Código Civil, así como el Decreto Ley N.° 11348, publicado el diez de mayo de mil novecientos cincuenta.

VI. DECISIÓN

Por tales consideraciones, de conformidad con el artículo 396 del Código Procesal Civil, Declararon FUNDADO el recurso de casación de fecha de fecha veintiséis de setiembre de dos mil diecisiete, interpuesto a fojas cuatrocientos veinticuatro, por Juana Mercedes Perea Figueroa, en consecuencia NULA la sentencia de vista de fecha veintiocho de agosto de ese mismo año, obrante a fojas trescientos ochenta y nueve, y actuando en sede de instancia CONFIRMARON la sentencia de primera instancia de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, de fojas trescientos siete, que declara Fundada la demanda con lo demás que contiene y es materia del recurso; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos contra la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y otra sobre Otorgamiento de Escritura Pública; Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Ponente: Távara Córdova.

S.S. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, HUAMANI LLAMAS, SALAZAR LIZARRAGA, CALDERON PUERTAS



[1] Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N.° 7289-2005-AA/ TC, Fundamento Jurídico Quinto. 

 

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