No se puede convocar asamblea extraordinaria para dejar sin efecto un acuerdo de disolución inscrito si la asociación ya se encontraba extinta

Fuente: thejosevilson.com

CAS. N.º 664-2016 Loreto

Emitida el 10 de noviembre del 2016

(Publicada en El Peruano, 31-10-17)

Juez ponente

Señor juez supremo De La Barra Barrera

Normas aplicables

Fundado

Normas aplicables

Artículo 86 del Código Civil

 

Fundamento jurídico relevante

Por tanto, al haberse determinado que con la disolución inscrita en registros públicos la asociación dejó de existir, no es posible que se convoque a asamblea extraordinaria para revocar tal disolución, por tanto, es amparable el agravio planteado por la recurrente respecto de la infracción normativa del artículo 86 de Código Civil, debiendo declararse fundado el recurso de casación.


CAS. N.º 664-2016

LORETO

NULIDAD DE ACTO JURÍDICO

SUMILLA. Con la disolución inscrita en Registros Públicos una asociación deja de existir, por tanto, no es posible que se convoque a asamblea extraordinaria posterior para revocar tal disolución.

Lima, diez de noviembre de dos mil dieciséis.

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número seiscientos sesenta y cuatro del dos mil dieciséis; en audiencia pública de la fecha; y producida la votación de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia.

I. ASUNTO

Se trata del recurso de casación, interpuesto por la demandante Dévora Braga Bocchimpani, contra la sentencia de vista contenida en la resolución número ciento treinta y uno, obrante a fojas dos mil trescientos sesenta y cinco, de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, que revoca la sentencia apelada contenida en la resolución número noventa y cinco, de fecha veintisiete de febrero de dos mil nueve de fojas mil setecientos noventa y ocho que declara fundada la demanda de nulidad de acto jurídico y reformándola declaró infundada.

II. ANTECEDENTES

1. DEMANDA. Se aprecia que a fojas ciento treinta y uno, Debora Braga Bocchimpani interpone demanda de nulidad de acto jurídico, a fin que por mandato judicial se declare la nulidad de la “Asamblea General Extraordinaria” realizada el veinticinco de enero de dos mil uno, en nombre de la Ex Asociación Peruana de Iglesias Evangélicas “Plaza 28 de Julio” donde se acordó dejar sin efecto los Acuerdos de Disolución de la misma y transferencia de bienes, así como el nombramiento de una nueva Junta Directiva; disponiéndose la cancelación de los Asientos 6 y 7 del Tomo I, Partida LI del Registro de Asociaciones de Loreto, donde se halla inscrita la mencionada Ex Asociación, toda vez que el acto cuestionado es jurídicamente imposible y contiene fines ilícitos, señalando para tal efecto: 1.1. Ser miembro de la Ex Asociación Peruana de Iglesias Evangélicas “Plaza 28 de Julio”. 1.2. Con fecha nueve de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, en Asamblea Extraordinaria, los miembros de la Asociación Peruana de Iglesias Evangélicas “Plaza 28 de Julio” acordaron, entre otras cosas, disolver la misma y fundirse a la Asociación de Iglesias Evangélicas Peruana con sede en la Capital de la República, estos acuerdos fueron inscritos en los Registros Públicos. 1.3. Contra dichos acuerdos el demandado Marcial Montes Mego y otros, ante el Segundo Juzgado Especializado Civil de Maynas, interpusieron demanda de Impugnación de Acuerdos contra la Asociación de Iglesias Evangélicas Peruanas, según Expediente N.º 1999-238, a fin que se declaren nulos los mismos y se restituyan los bienes pertenecientes a aquella. 1.4. Sin embargo, estando aún pendiente la tramitación del proceso de Impugnación de Acuerdos, el demandado Marcial Montes Mego con fecha veinticinco de enero de dos mil uno, convocó a una pseuda Asamblea Extraodinaria de la Asociación disuelta con participación de personas que jamás fueron parte de la membresía hasta antes de su disolución y fungiendo representación, acuerdan dejar sin efecto todos los acuerdos tomados en la Asamblea del nueve de setiembre de mil novecientos noventa y ocho. 1.5. Se ha incurrido en causal de nulidad, ya que el objeto de los acuerdos cuestionados es jurídicamente imposible por existir un proceso judicial en trámite, al que nadie puede avocarse a su conocimiento o efectos, conforme lo dispone el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concordancia con el artículo 139 inciso 2) de la Constitución Política del Estado. 1.6. Sus fines son notoriamente ilícitos, porque los demandados buscan desconocer la disolución y demás acuerdos de la Ex Asociación Peruana de Iglesias Evangélicas “Plaza 28 de Julio”, cuando por el conducto regular (impugnación judicial de acuerdo) les resulta una tarea difícil y titánica, ya que la membresía existente a la Asamblea Extraordinaria de fecha veinticinco de enero de dos mil uno jamás perteneció a dicha Ex Asociación hasta antes de su disolución, para que puedan desconocer lo acordado anteriormente.

2. EL DEMANDADO CONTESTA LA DEMANDA. Marcial Montes Mego contesta la demanda por escrito de fojas ciento sesenta y cinco, en base a los siguientes términos: 2.1. Si bien es cierto que se tomó un acuerdo de disolución, no se llegó a la liquidación, por lo que en Acuerdo de Asamblea decidieron dejarlo sin efecto. 2.2. Refiere haberse desistido del proceso de impugnación de acuerdos. 2.3. Indica haber actuado conforme a Ley.

3. LAS DEMANDADAS CONTESTA LA DEMANDA. Bescaida Dávila Pacaya y Matilde Angélica Moncada Vásquez contestan la demanda por escrito de fojas cuatrocientos setenta y nueve y seiscientos ochenta y ocho respectivamente, en base a los siguientes términos: 3.1. Por acuerdo de Asamblea se dejó sin efecto alguno, la disolución de la Asociación. 3.2. La demandante pretende usufructuarse de los ingresos económicos del inmueble de propiedad de la Congregación, como es el Colegio “Plaza 28 de Julio”.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Por Resolución N.º 62 de fecha veintinueve de mayo de dos mil seis se declaró fundada en todos sus extremos la demanda interpuesta por Débora Braga Bocchimpani sobre nulidad de acto jurídico, sustentado que el libro de actas de la Asociación disuelta y fusionada, se encontraba en poder de los nuevos directivos y funcionarios bajo la denominación de Iglesia Evangélica Peruana Plaza 28 de Julio en virtud de la fusión, así aparece del libro número tres adjuntado a este despacho por la parte demandante y se corrobora con las membresías de fojas cincuenta y ocho a noventa y cuatro, consecuentemente el libro no había sido perdido por Marcial Montes Mego, por lo que al haber recurrido a esta práctica para realizar una Asamblea General Extraordrinaria en nombre de una Asociación cuya disolución se encontraba consumada y registrada, constituye en conjunto un acto contrario al orden público y a las buenas costumbres incluidas las citaciones y la Asamblea misma, lo que se sanciona con nulidad absoluta prevista en el artículo V del Título Preliminar del Código Civil en concordancia con el inciso 8) del artículo 219 del Código Civil, acto nulo que es consumado además con la apertura y legalización de otro nuevo libro de padrón de asociados de la tantas veces referida Asociación Peruana de Iglesias Evangélica “Plaza 28 de Julio”, efectuado en el mismo mes de enero del mismo año dos mil uno, utilizado para la inscripción del acuerdo cuya nulidad se demandada, como así se tiene de fojas treinta y uno a setenta y tres de autos, con lo que se evidencia que se utilizó una membresía diferente y exprofesamente elaborada para formalizar dichos actos, por lo que corresponde amparar la pretensión principal de nulidad de acto jurídico.

5. SENTENCIA DE VISTA. Por resolución N.º 83 de fecha veintisiete de abril de dos mil siete de fojas mil seiscientos sesenta se declaró nula la sentencia apelada de fecha veintinueve mayo de dos mil seis, sustentando que conforme al cuaderno de excepciones, una de las partes demandadas, Matilde Moncada Vásquez deduce las excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandante así como también la excepción de caducidad, conforme a los argumentos que fluyen de la misma, la misma que el Juez de la causa, en audiencia de saneamiento procesal, se reserva el derecho de resolver tales excepciones; sin embargo, dicho plazo se ha vencido con sumo exceso y no se han resuelto tales excepciones. Otro tanto sucede con la demandada Bescaida Dávila Pacaya, que a fojas cuatrocientos setenta y nueve del expediente principal, tomo uno, contesta la demanda y también interpone las excepciones de representación defectuosa o insuficiente de la demandante, así como la falta de legitimidad para obrar y también de caducidad, lo que es admitido por resolución N.º 25, repetido en el cuaderno de excepción con las copias que forman dicho cuaderno a fojas ciento treinta a ciento treinta y siete, sin embargo, revisando el Cuaderno en mención, no existe resolución alguna que resuelva dichas excepciones.

6. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. El Juez mediante resolución número 95 de fecha veintisiete de febrero de dos mil nueve de fojas mil setecientos noventa y ocho, declaró fundada la demanda; en consecuencia nulo el acto jurídico de la Asamblea General Extraordinaria de fecha veinticinco de enero de dos mil uno, ordenando la cancelación de la inscripción registral de los Asientos 6 y 7 del Tomo I, Partida LI., bajo los siguientes fundamentos: 6.1. Habiéndose perfeccionado la disolución y fusión de la Asociación, no resultaba jurídicamente posible celebrar la cuestionada Asamblea General Extraordinaria de fecha veinticinco de octubre de dos mil uno, pues formalizada la disolución, la Asociación deja de realizar actos tendientes al cumplimiento de sus finalidades, para proceder a realizar actos destinados a su extinción, previa liquidación, máxime cuando en el presente caso, además, existía acuerdo de fusión y transferencia de la propiedad de los bienes por entero a otra entidad, concluyéndose, por tanto, que se encuentra acreditada la causal de nulidad de acto jurídico previsto en el artículo 219 inciso 3) del Código Civil. 6.2. Con relación a la causal de finalidad ilícita, con la denuncia policial adherida al Libro 4, se deja constancia que la persona de Marcial Montes Mego denunció que el día cuatro de noviembre de dos mil fue víctima de la pérdida del Libro de Actas de la Fundación de la Asociación Peruana de Iglesias Evangélicas “Plaza 28 de Julio”, cuando en realidad, el mismo obraba en poder de la Ex representación de la aludida Asociación, conforme sostiene la demandante y se corrobora con la presentación del Libro de Actas N.º 03. 6.3. En consecuencia, se determina que a efectos de formalizar los acuerdos adoptados en la asamblea cuestionada se procedió a simular la pérdida del Libro de Actas, denunciado ante la autoridad policial un derecho inexistente, evidenciándose con ello que la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de fecha veinticinco de enero de dos mil uno, corriente del fojas tres al once del Libro de Actas N.º 04, tuvo como finalidad desconocer ilegalmente los acuerdos adoptados en la Asamblea General del tres de Setiembre de mil novecientos noventa y nueve, sobre disolución de la Asociación y Transferencia de bienes, por lo que se estima que se encuentra acreditada la causal de nulidad del acto jurídico previsto en el inciso 4) del artículo 219 del Código Civil. 6.4. Los demandados a pesar de haber interpuesto demanda sobre impugnación de acto y acuerdos por la aludida Asociación en las Asambleas Generales Extraordinarias de fecha catorce de agosto y nueve de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, y encontrándose en trámite dicho proceso, procedieron a celebrar la Asamblea General Extraordinaria cuestionada, lo que funda a la conclusión arribada. Estos hechos se encuentran acreditados con lo actuado en el Expediente N.º 1999-238.

7. SENTENCIA DE VISTA. Por sentencia de vista de fecha seis de julio de dos mil nueve de fojas mil novecientos diez, se revocó la sentencia apelada, y reformándola declara infundada la demanda, sustentando que pese a que en nuestro ordenamiento civil no existen normas expresas que traten lo referido a la revocación de un acuerdo disolutorio de una Asociación, significa también que no está prohibido, pues como es sabido, no se necesita del reconocimiento expreso del ordenamiento jurídico para desarrollar un comportamiento, porque no todos los actos de la vida humana se encuentran expresamente regulados; y en el presente caso, el acuerdo revocatorio de la disolución no es incompatible con el ordenamiento jurídico y tampoco afectó el derecho de terceros, pues antes que se desarrolle el proceso liquidatorio, la asociación readquirió los derechos sobre los inmuebles mencionados en el proceso disolutorio, por tanto no existe impedimento legal para que ésta revoque el referido acuerdo mientras la asociación no se haya extinguido, por lo que no se comparte la tesis del Juez de origen.

8. EJECUTORIA SUPREMA. Por ejecutoria suprema de fecha trece de abril de dos mil diez emitida por este Supremo Tribunal, se declara fundado el recurso de casación y nula la sentencia de vista de fecha seis de julio de dos mil nueve, ordenando a la Sala Superior emitir nuevo pronunciamiento, sustentando que “al considerar la Sala Superior que es posible la anulación de acuerdo de disolución de una asociación mientras no se lleve a cabo la liquidación total del patrimonio, por constituir el solo acuerdo de disolución una etapa previa, sustentando dicha argumentación en lo estipulado por los artículos 82.8 y 98 del Código Civil” incurre en error, puesto que de la lectura de los precitados numerales, no se advierte dichos presupuestos de hecho, toda vez que el artículo 82 del Código Civil regula el contenido del estatuto, mientras que el artículo 98 el destino del patrimonio restante a la liquidación; y que si bien, consigna que no existen normas expresas que traten sobre la revocación del acuerdo de disolución de una Asociación y tampoco las que lo prohíben, sin embargo, no analiza lo dispuesto por el artículo 94 del Código Civil, tanto más si uno de los argumentos esgrimidos por la demandante para sustentar la causal de nulidad por finalidad ilícita, consistió en que el acuerdo de Asamblea cuestionada, fue llevado a cabo por miembros ajenos a dicha asociación, adjuntando el padrón de membresías verdadero y el falso, instrumentos que no han sido valorados en forma conjunta y razonada por la Sala.

9. SENTENCIA DE VISTA. Por Sentencia de vista de fecha quince de diciembre de dos mil diez de fojas dos mil ciento treinta y nueve se revoca la apelada de fecha veintisiete de febrero de dos mil nueve y reformándola la declaró infundada, señalando que la aplicación del artículo 94 del Código Civil, es impertinente para el presente caso, por cuanto se contraponen los artículos 77, 82.8, 84, 98, 2025 inciso 3) del Código Civil, normas claras y precisas que enmarcan los pasos que se deben seguir cuando cualquier asociación y otro ente análogo acuerda su correspondiente disolución, conforme se ha detallado precedentemente, salvo que su disolución esté fehacientemente acreditada y que vaya de la mano con sus fines de sus propios estatutos, que no pueda funcionar según su estatuto, como un supuesto de disolución por imposibilidad sobreviviente del cumplimiento de sus fines asociativos, como el caso de la asociación dedicada a la explotación agrícola de determinado terreno con fines no lucrativos, y luego dicho terreno resulta siendo adjudicado por el Estado a terceras personas. Es evidente que en este caso la asociación no podrá seguir cumpliendo con sus finalidades, puesto que el objeto de la explotación ha sido adjudicado a un tercero, y como tal la Asociación se disuelve en forma automática o de pleno derecho, que no requiere de declaración judicial para que surta sus efectos. En el presente caso, la situación jurídica no es la misma puesto que en un primer plano se acordó la disolución y todo quedó en ese estado, su fin principal conforme a su Estatuto es dar culto a Dios, propagar su palabra u otros análogos, se acordó en aquella oportunidad transferir los bienes a la Iglesia Matriz de Lima, pero ésta no se dio y la supuesta disolución no surtió efectos ni tampoco perjudicó a terceros, y por tanto, el acuerdo de disolución fue revocado en otra Asamblea General, y el objeto a realizar de la Asociación está en su estatuto, por lo que este Colegiado considera que dicha asociación no se disuelve en forma automática y como tal requiere de una declaración judicial para que surta sus efectos.

10. EJECUTORIA SUPREMA. Por Ejecutoria Suprema de fecha diecisiete de octubre de dos mil trece emitida por este Supremo Tribunal a fojas dos mil doscientos nueve, se declara fundado el recurso de casación y nula la sentencia de vista del quince de diciembre de dos mil diez, ordenando a la Sala Superior emitir nuevo pronunciamiento, sustentando que la Sala Superior al expedir la recurrida, infringió el marco jurídico delimitado, toda vez que si bien al realizar el análisis de la causal de nulidad por fin ilícito, sostiene que la actora —a quien correspondía la carga probatoria— no probó que la membresía presentada en registros públicos sea falsa, basado en que solo se limita a indicar la falsedad de la misma, sin que haya aportado medio probatorio alguno para probar su dicho; sin embargo, no se hace un análisis de los medios probatorios aportados al proceso como: el padrón de membresía acompañado como recaudo a la demanda de fojas cincuenta y ocho a noventa y cuatro, que califica la actora de membresía verdadera, con la de fojas veintisiete a treinta y uno que a decir de la actora sería falsa, los que a su criterio resultaban decisivos para su defensa y respecto de los cuáles no se emitió pronunciamiento alguno.

11. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA. La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, mediante resolución número 131 de fecha nueve de julio de dos mil quince, obrante a fojas dos mil trescientos sesenta y cinco, revoca la sentencia apelada que declara fundada la demanda y reformándola la declaró infundada; sustentando que: 11.1. La demanda es una de nulidad de acto jurídico, sustentado en las causales de acto jurídicamente imposible por la existencia de un proceso de impugnación de acuerdos en trámite, y por la finalidad ilícita, porque busca desconocer el acuerdo de disolución y por la actuación de Notario Público incompetente del Distrito de Punchana. 11.2. La sentencia de fojas mil setecientos noventa y ocho declara fundada la demanda porque habiéndose perfeccionado la disolución de la Asociación, no resultaba jurídicamente posible celebrar la cuestionada Asamblea General del veinticinco de octubre de dos ml uno, además por la simulación de la pérdida del libro, denunciando un hecho inexistente para desconocer los acuerdos de la Asociación, lo que califica como finalidad ilícita. 11.3. El modo y forma de cuestionar los acuerdos de una Asociación, está regulado en el artículo 92 del Código Civil, cuando los acuerdos violen disposiciones legales o estatutarias. La demanda se interpone “[...] a fin que por mandato judicial se declare la nulidad de la Asamblea General Extraordinaria del veinticinco de octubre de dos mil uno y se disponga la cancelación de los Asientos 6 y 7 del Tomo I, Partida LI del Registro de Asociaciones de Loreto”, hecho que se enmarca en el supuesto de impugnación de acuerdos. Pero teniendo en consideración, que en este proceso no ha sido objeto de cuestionamiento la acción empleada, corresponde analizar sobre la nulidad de acto jurídico, propuesta como pretensión principal. 11.4. El hecho que exista un proceso en trámite de impugnación de acuerdo, no es supuesto de la existencia de un acto jurídicamente imposible, en cuanto está es una acción, que no limita para que la Asociación pueda tomar acuerdos no constituye fin ilícito cuando se busca desconocer un acuerdo de disolución, bajo el argumento que simuló la pérdida del libro de actas, considerando como un hecho inexistente, lo que en el fondo es un cuestionamiento a una causal de simulación no demandada. 11.5. La asociación como organización estable de personas naturales o jurídicas, mediante una actividad común persiguen un fin no lucrativo el mismo que se constituye por escritura pública. Es atribución de la Asamblea General resolver sobre la modificación del estatuto y la disolución de la asociación y demás asuntos que no sean competencia de otros órganos, conforme señala el artículo 86 del Código Civil, lo que determina que la Asamblea como órgano soberano y autónomo puede modificar sus acuerdos, al no existir prohibición expresa. Disuelta la asociación y concluida la liquidación, el haber neto resultante es entregado a las personas designadas en el estatuto [...] señala el artículo 98 Código Civil lo que hace una clara distinción entre la disolución y la liquidación, el cual se desarrolla de manera sucesiva no sujeta a preclusión. Haciendo una valoración jurídica, los supuestos de nulidad declarados por el Juez, acto jurídicamente imposible y finalidad ilícita, no se enmarcan en los supuestos que sustenta la nulidad y el artículo 219 incisos 3 y 4 del Código Civil. 11.6. De los medios probatorios ofrecidos por la demandante, determinan que aunque se acordó la disolución, ésta ha venido convocando a sus socios para la realización de Asambleas informativas, por lo que se puede afirmar que no se produjo de manera objetiva la disolución de la asociación, menos su liquidación. 11.7. Respecto a la membresía falsa y membresía verdadera, denominación dada por la demandante, la sola calificación no determina su existencia, por lo que haciendo un cuadro comparativo de los miembros existentes en cada membresía, el cual constituye el libro de socios, se tiene el siguiente cuadro comparativo, en la que existe diferencia entre el número total de miembros, la fecha de afiliación data del año 1998 al año, las afiliación están suscritas por las personas que indican que los datos sean ciertos o falsos, además que por la actividad desarrollada antes y después del acuerdo de disolución, existe la posibilidad que se hayan integrado socios, y algunos hayan salido, al haberse producido expulsiones. 11.8. El Colegiado comparte los fundamentos esgrimidos en el voto en discordia emitido por la Corte Suprema, en el que se reconoce que en el pronunciamiento emitido en la sentencia de vista no se ha incurrido en infracción normativa invocada por la recurrente, debiéndose resaltar lo referido que el tema de la convocatoria no fue un tema de debate en las instancias de mérito, pues el objeto de la nulidad fue la referida Asamblea en sí misma y no por formalidades que no han sido materia de debate ni contradicción. En efecto, a fojas cincuenta y ocho obra el Padrón de Membresía de fecha once setiembre de mil novecientos noventa y ocho, ofrecido por la demandante que califica la misma como membresía verdadera, mientras que a fojas veintisiete obra copia certificada del Acta de Asamblea General Extraordinaria del veintiocho de enero de dos mil uno, sin embargo, los miembros de la Asociación podrían haber variado en el tiempo; por lo que, de la comparación de los referidos medios probatorios el Colegiado no podría llegar a la conclusión de que la misma es falsa, sin que sea medio probatorio idónea que acredite lo invocado por la accionante, siendo ésta a quien corresponde la carga probatoria respecto de ello.

III. MATERIA JURÍDICA EN DEBATE

Es necesario establecer si una Asociación que ya se disolvió e inscribió su disolución, tomar nuevos acuerdos para revocar dicha disolución.

IV. FUNDAMENTOS

PRIMERO. Por auto de calificación de fecha catorce de julio de dos mil dieciséis se ha declarado procedente el recurso de casación por las causales:

i) infracción normativa del artículo 86 del Código Civil. Sostiene que en la recurrida se cita el referido artículo sin mayor razonamiento y fundamento jurídico; que la norma material no autoriza ni permite modificar un acuerdo de tal naturaleza (como es el acuerdo de extinción de la asociación), siendo ésta una norma de carácter general, que versa sobre las atribuciones de la Asamblea General, máxime si se atiende que para que opere ello, se debe de efectuar la convocatoria respectiva, y celebrar con el quórum necesario, conforme a las normas establecidas en el estatuto de la asociación; que se ha interpretado de manera extensiva las atribuciones de la asamblea general reconocidas por el artículo 86 del Código Civil.

ii) Infracción normativa del artículo 139 inciso 5) de la Constitución Política del Perú y de los artículos 122 inciso 3) y 107 del Código Procesal Civil. Alega que Sala ha efectuado un examen en forma parcial sobre las pruebas ofrecidas y actuadas, incumpliendo con lo dispuesto en la Casación de fecha diecisiete de octubre de dos mil trece, que precisa su obligación de valorar en forma conjunta y razonada de todos los medios de pruebas, dado que las pruebas en el proceso, sea cual fuera su naturaleza, están mezcladas formando una secuencia integral por lo que es responsabilidad del juzgador reconstruir, en base a los medios probatorios, los hechos que dan origen al conflicto, por ende, ninguna prueba deberá ser tomada en forma aislada, tampoco en forma exclusiva, sino en su conjunto, de esa forma tener una visión integral de los medios de prueba y llegar a la verdad; que la Sala al expedir la recurrida, no ha considerado al momento de valorar la prueba que obra en autos el uso de los sucedáneos de los medios probatorios, como los indicios, que se desprende de autos y de los expedientes acompañados, así como del principio inquisitivo que le otorga al juzgador un rol protagónico en la producción de material probatorio que le genere convencimiento sobre los hechos alegados.

SEGUNDO. Del petitorio de la demanda se tiene que se está demandado la nulidad de la Asamblea General Extraordinaria de fecha veinticinco de enero de dos mil uno por la causal de objeto jurídicamente imposible y fin ilícito, en la que se acordó: a. Dejar sin efecto los acuerdos de la Asociación de fecha nueve de setiembre de mil novecientos noventa y ocho referido al acuerdo de disolución de la Asociación Peruana de Iglesias Evangélicas “Plaza 28 de Julio” y fusión a la Asociación de Iglesias Evangélica Peruana (IEP). b. La exclusión de la demandante como miembro de la Asociación.

TERCERO. Antes de absolver la materia en controversia, se debe determinar si corresponde impugnar conforme a los términos de la nulidad del acto jurídico o a lo dispuesto en el artículo 92 del Código Civil. Para ello es necesario hacer las siguientes precisiones: a. El acuerdo cuya nulidad se solicita se inscribió en los Registros Públicos el dos de febrero de dos mil uno conforme se tiene de fojas siete. b. La demanda se interpuso el seis de julio de dos mil uno. c. La sentencia de primera instancia se emitió el veintisiete de febrero de dos mil nueve.

CUARTO. Conforme al V Pleno Casatorio Civil publicado el nueve de agosto de dos mil catorce, las impugnaciones de los acuerdos asamblearios caducan en los plazos establecidos en el artículo 92 del Código Civil: “La impugnación de todo acuerdo emitido por una Asociación Civil, persona jurídica no lucrativa, se fundamenta de manera obligatoria e insoslayable en base a lo dispuesto por el artículo 92 del Código Civil, conforme a los métodos sistemático y teleológico que permiten observar adecuadamente el principio de especialidad de la norma”.

QUINTO. Sin embargo, en el presente caso, debe tenerse en cuenta que el Pleno fue publicado el nueve de agosto de dos mil catorce, mucho después de la sentencia de primera instancia, y que se interpuso incluso excepción de caducidad, la misma que fue declarada infundada y consentida (ver fojas doscientos sesenta y siete del expediente acompañado); al momento de resolverse dicha excepción se indicó: “La demanda interpuesta por doña Débora Braga Bocchimpani es sobre nulidad de la Asamblea General Extraordinaria realizada el veinticinco de enero de dos mil uno por la Asociación Peruana de Iglesias Evangélicas Plazo 28 de Julio, que en su condición de socia en la cual tuvo actividad asociativa hasta la fecha del acuerdo de disolución, ergo, el objetivo de la nulidad demandada consiste en que se deje sin efecto el acuerdo de Asamblea General Extraordinaria del veinticinco de enero de dos mil uno, en la que sin contar con la membresía legítima, de manera ilegal habría dejado sin efecto la disolución de la asociación, se entiende entonces que la pretensión incluye como consecuencia la nulidad planteada de todo acto posterior a dicho acuerdo entre los que se incluye la Exclusión de la actora; entonces, no se trata de la impugnación de un acuerdo de asamblea, sino el de una acción de nulidad de acto jurídico, respecto del cual no puede ponderarse en un incidente de excepciones si resultan o no válidos los actos denunciados, por cuanto ello será materia de la sentencia de mérito, en consecuencia el artículo 92 del Código Civil no es aplicable al presente proceso de nulidad de acto jurídico, cuyo plazo de caducidad no se ha producido”.

SEXTO. Siendo así, no es posible aplicar el V Pleno Casatorio Civil, por las siguientes razones: 1. La demanda fue presentada antes de la sentencia del referido pleno. 2. En el proceso, se debatió el tema de la caducidad por la vía de la excepción, habiéndose desestimado el pedido de los demandados y quedado consentido lo allí resuelto. 3. En esencia, no se están impugnando los simples acuerdos de una asociación, sino lo que se controvierte es la propia existencia de la asociación y, por ende, que de ninguna forma pueden haber acuerdo válidos. 4. El caso en cuestión se distingue de lo resuelto en el V Pleno Casatorio Civil, cuyo supuesto es que la asociación se encuentre vigente, razón por la cual los precedentes vinculantes hablan de “todo acuerdo emitido por una asociación”, de la legitimación de los “asociados” y de “acuerdos asociativos”, lo que solo puede acontecer si la referida persona jurídica tiene vigencia jurídica porque si no la tiene no hay ninguna asociación ni personales naturales o jurídicas que la integren. 5. En cambio, en el presente proceso lo que se cuestiona es la propia existencia de la asociación, afirmándose que ella ya fue disuelta, por lo que no opera como ente jurídico, no pudiendo tener ni asambleas ni acuerdos que puedan ser cuestionados. 6. En esa perspectiva, este Tribunal Supremo considera que cuando ello ocurre puede demandarse por la vía de la nulidad, lo que no significa apartamiento del Pleno Casatorio Civil, sino distinguir los supuestos de hecho que originaron la referida sentencia con los que aquí se debaten.

SÉTIMO. Superado este escollo, la litis se circunscribe a determinar si es posible que una Asociación que ya se disolvió e inscribió su disolución, pueda tomar nuevos acuerdos para revocar dicha disolución.

OCTAVO. La Sala de Revisión, amparando su decisión en el artículo 86 del Código Civil considera que es posible, al otorgarle a la Asamblea autonomía para decidir lo que le convenga, distinguiendo además entre disolución y liquidación, mecanismos que se desarrollan sucesivamente, agregando que la Asociación ha venido desarrollando actividades lo que indica, en cierto modo, que no se ha producido de manera efectiva la liquidación.

NOVENO. En principio, se tiene que considerar que: i) Las asociaciones jurídicas son inscritas o no inscritas. ii) En el caso de autos, estamos frente a una asociación inscrita, por lo que se sujeta a las reglas que para el tema señala el Código Civil. iii) Una asociación inscrita nace con la inscripción, conforme así lo prescribe el artículo 77 del Código Civil: “La existencia de la persona jurídica de derecho privado comienza el día de su inscripción en el registro respectivo, salvo disposición distinta de la ley”. iv) El correlato de dicha formalidad fenece con la disolución inscrita. v) Tal disolución se inscribió en registros públicos, significando que la asociación dejó de existir. vi) No teniendo existencia, es imposible que se convoque a asamblea para revocar la disolución, porque ella solo puede efectuarse en tanto exista asociación.

DÉCIMO. Se debe considerar un punto muy importante, si bien no hay norma en el Código Civil que regule el tema en concreto, lo hay en la Ley General de Sociedades, en su artículo 413: “Disuelta la sociedad se inicia el proceso de liquidación. La sociedad disuelta conserva su personalidad jurídica mientras dura el proceso de liquidación y hasta que se inscriba la extinción en el Registro. Durante la liquidación, la sociedad debe añadir a su razón social o denominación la expresión “en liquidación” en todos sus documentos y correspondencia. Desde el acuerdo de disolución cesa la representación de los directores, administradores, gerentes y representantes en general, asumiendo los liquidadores las funciones que les corresponden conforme a ley, al estatuto, al pacto social, a los convenios entre accionistas inscritos ante la sociedad y a los acuerdos de la junta general. Sin embargo, si fueran requeridas para ello por los liquidadores, las referidas personas están obligadas a proporcionar las informaciones y documentación que sean necesarias para facilitar las operaciones de liquidación”; es decir, disuelta una sociedad, se prosigue con la liquidación y los actos a seguir son los propios para liquidar la sociedad.

DÉCIMO PRIMERO. Finalmente, no es viable convocar una Asamblea Extraordinaria para dejar sin efecto un acuerdo (disolución de la asociación) después de 03 años de haberse adoptado la decisión de disolverla, si tenemos en consideración que el acuerdo materia de nulidad data de veinticinco de enero de dos mil uno y la que acordó tal disolución del nueve de setiembre de mil novecientos noventa y ocho. Se debe señalar, además, que si bien los ex asociados pueden tomar decisiones sobre la asociación disuelta, ello solo se circunscribe a los asuntos que correspondan a la liquidación de activos, pero no dejar sin efecto otro tipo de acuerdos, pues ello atentaría con la seguridad jurídica que debe primar en las relaciones jurídicas internas y con terceros; debiéndose señalar además que si bien los asociados puedan tomar decisiones sobre la Asociación, ellas se circunscriben a los asientos que corresponden a la liquidación de los activos, pero no a dejar sin efecto otro tipo de acuerdos.

DÉCIMO SEGUNDO. Por tanto, al haberse determinado que con la disolución inscrita en registros públicos la asociación dejó de existir, no es posible que se convoque a asamblea extraordinaria para revocar tal disolución, por tanto, es amparable el agravio planteado por la recurrente respecto de la infracción normativa del artículo 86 de Código Civil, debiendo declararse fundado el recurso de casación.

DÉCIMO TERCERO. Ahora, si bien se ha denunciado también una norma procesal, cuyo sustento es que no se ha efectuado un debido examen a las pruebas ofrecidas en autos, debemos señalar que el hecho que exista un criterio distinto para arribar a una conclusión diferente no significa ausencia o defecto en la motivación de la sentencia de vista, más aún, si tenemos en cuenta que la aseveración de la recurrente no tiene amparo legal, al haberse merituado el caudal probatorio obrante en autos de manera conjunta. En consecuencia, la infracción normativa procesal debe ser desestimada en todos sus extremos.

V. DECISIÓN

Esta Sala Suprema, en aplicación de lo señalado por el artículo 396 del Código Procesal Civil; declara: a) FUNDADO el recurso de casación de fojas dos mil trescientos noventa y siete interpuesto por Débora Braga Bochimpani, en consecuencia, CASARON la recurrida de fecha nueve de julio de dos mil quince, obrante a fojas dos mil trescientos sesenta y cinco; y en actuando en sede de instancia CONFIRMARON la apelada de fecha veintisiete de febrero de dos mil siete que declara fundada la demanda de nulidad de acto jurídico; en consecuencia nulo el acto jurídico de la Asamblea General Extraordinaria de fecha veinticinco de enero de dos mil uno y como tal se ordena la cancelación de la inscripción registral de los Asientos 6 y 7 del Tomo 1, Partida LI, del Registro de Asociaciones de Loreto donde se encuentra inscrita la mencionada Ex Asociación. b) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por Débora Braga Bocchimpani con Marcial Montes Mego y otros, sobre nulidad de acto jurídico; intervino como ponente, el Juez Supremo señor De la Barra Barrera.

SS. TELLO GILARDI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA. 

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