Contravenir una norma expresa que prohíbe a determinadas materias el sometimiento a la vía arbitral afecta el debido proceso

Fuente: enfoquederecho.com

Así lo ha establecido  la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema mediante Casación N.º 3086-2015 Lima, publicada el 30 de agosto del 2016, en el diario oficial El Peruano, en el marco de un proceso de anulación de laudo arbitral.

El caso es el siguiente: el MTC a través de su Comité Especial convocó a Licitación Pública Internacional, el 11 de enero del 2006, con el objeto de seleccionar a la persona natural o jurídica y/o consorcio que se encargue de la ejecución de la obra "Rehabilitación Integral del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica". Como resultado de la licitación se le otorgó la buena pro al contratista FCA. El 8 de noviembre del 2006, se suscribió el contrato de ejecución de obra, y el 20 de enero del 2007, se le hizo entrega del terreno.

Después de 4 años, FCA mediante carta N.° xxx solicita al MTC  la liquidación del contrato de obra. Este último devolvió en sucesivas oportunidades la liquidación presentada, alegando que existían controversias pendientes de solución ante el Tribunal Arbitral, ante ello  el 10 de febrero del 2011, FCA presentó demanda arbitral a MTC ante el OSCE. El laudo se emitió el 11 de diciembre del 2013.

Posteriormente, el MTC interpone demanda de anulación parcial de laudo arbitral.

La Sala Superior declaró fundada la demanda de anulación de laudo arbitral, por las causales contenida en el artículo 63.1 incisos b), c) y e) de la Ley General de Arbitraje, bajo los siguientes fundamentos:

"[…] se declara la nulidad parcial del laudo arbitral de derecho emitido el (11/12/13), en los extremos que se refieren a los adicionales de obra que superen el15% del contrato, debiendo quedar válido en los demás extremos que no se relacionan con esta materia; sin costos ni costas. Se sustenta lo siguiente: 4.1. El Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – DS. N.° 083-2004-PCM en su artículo 42, establecía que: “La entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el quince por ciento de montos, siempre que sean indispensable para alcanzar la finalidad del contrato...”. Así también el reglamento de la referida Ley, establece en su artículo 266, que las obras adicionales cuyos montos superen el 15% del monto del contrato original, luego de ser aprobada por el titular de la autoridad administrativa, requiere previamente, para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República […]".[El subrayado es nuestro].

"[…] De los presupuestos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, se modificaron los términos del expediente técnico contractual generando la realización de trabajos que no fueron contemplados inicialmente ni en el contrato ni el expediente técnico, por lo que queda claro que se trataban de obras adicionales, pues su ejecución fue necesaria para cumplir con la finalidad del contrato.4.7. No se puede entender que el documento técnico de precisiones integre el contrato, ni que se trate de un documento complementario al expediente técnico, aun así si se hubieran anotados estas observaciones en el cuaderno de obra o hechos que fueron asumidos por los árbitros en mayoría como actos propios, sin reparar que contravienen normas imperativas contenidas en la Ley y en el reglamento, ya que los adicionales de obra que superan el 15 % tiene un tratamiento especial, que no fue seguido en este caso. 4.8. Se tiene que se aprobaron presupuestos adicionales y deductivos de obra cuya incidencia acumulada alcanzó al 14.99%, por lo cual, cualquier adicional de obra que pudiera existir en este caso ya no podría ser aprobado por la entidad, sino que requería de la aprobación de la Contraloría General de la República y de su resultado llevarlo a la vía judicial […]".

Recurrida la sentencia, la Sala Suprema declara fundado el recurso, por los siguientes fundamentos: 

"[…] La Sala Superior indica que el porcentaje delos adicionales aprobados durante la ejecución del contrato es de14.99% y los aprobados por el Tribunal Arbitral superan el 15%, del permitido por ley, lo que significa que el Tribunal ha laudado sobre una materia que no era su competencia, sino de absoluta competencia de la Contraloría General de la República […]".

"[…] no es cierto, lo que asevera el recurrente, cuando señala que se ha tocado el fondo de la litis, pues este órgano jurisdiccional solo se ha limitado a hacer respetarlo que la Ley ordena (autorización previa) y prohíbe (someter a arbitraje); y si bien es cierto, a nivel arbitral se declaró infundada la excepción de incompetencia deducida por el MTC, ello no es óbice para pronunciarse sobre la contravención evidente prevista en el artículo 63.1 literal e) del Decreto Legislativo N.º 1071, y para ello necesariamente se tenía que hacer un cálculo matemático que traería como resultado que las obras adicionales autorizadas por la accionante habían alcanzado a un 14.99%, siendo que las demás [obras adicionales]requerían la autorización que la Ley prevé; nótese que en ningún momento, la Sala de Vista emitió pronunciamiento respecto del tema de fondo, que es el reconocimiento y pago de las liquidaciones plasmadas en el contrato de obra suscrito por las partes. Contravenir la norma expresa que prohíbe el sometimiento de determinadas materias a la vía arbitral, constituye una afectación al debido proceso […]". [El subrayado es nuestro].

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