Bienes adquiridos por el causante y trasferidos por cesión a sus hijos antes del matrimonio no pueden ser otorgados mediante escritura pública a la conyugue

Fuente: https://pymex.pe

 

CAS. N.º 3818 - 2015 Lima Este

Emitida el 29 de noviembre del 2016

(Publicada en El Peruano, 02/05/2017)

Juez ponente

Señor juez supremo Rodríguez Chávez

Decisión 

Infundado

Normas aplicables

Artículo 197 del Código Procesal Civil

 

Fundamento jurídico relevante

“[…] la demandada Paulina Huamaní Tito de Lupinta también es heredera de Benedicto Lupinta Chipana en calidad de cónyuge; sin embargo, dicho matrimonio fue realizado de manera posterior a la cesión de derechos, esto es, el cinco de diciembre de mil novecientos setenta y cinco; es decir, cuando el bien inmueble sub litis ya había salido del patrimonio del causante.

 

 

 

CAS. N.º 3818 - 2015

LIMA ESTE

OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA.

DEBIDO PROCESO. La sala revisora ha empleado en forma suficiente los fundamentos que le han servido de base para confirmar la sentencia apelada, observando, cautelando y respetando el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales; esto último, por cuanto la sentencia de vista, cumple con exponer las razones fácticas y jurídicas que determinaron la decisión final, ello acorde a una valoración razonada de los medios probatorios presentados. Base Legal: artículo 139 numerales 3 y 5 de la Constitución Política del Estado.

Lima, veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis.

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número tres mil ochocientos dieciocho – dos mil quince, en audiencia pública realizada en la fecha y producida la votación correspondiente, emite la siguiente sentencia:

I. MATERIA DEL RECURSO

En el presente proceso de otorgamiento de escritura pública, la demandada Paulina Huamani Tito viuda de Lupinta, ha interpuesto recurso de casación mediante escrito de fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos ochenta y uno, contra la sentencia de vista de fecha veinte de julio de dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos cincuenta y cinco, que confirma la sentencia apelada, que declara fundada la demanda.

II. ANTECEDENTES

1. DEMANDA. Según escrito de fojas veinticinco, subsanado a fojas treinta y ciento cinco, don Carlos Martín Lupinta Ramos interpuso demanda de otorgamiento de escritura pública, con la finalidad que se otorgue a su favor escritura pública de compraventa del inmueble ubicado en la manzana A, lote 23 —hoy manzana B, lote 3—, de la Asociación de Propietarios de Vivienda San Cristóbal Campoy (Avenida Principal) - San Juan de Lurigancho y consecuentemente, se inscriba en el Registro de propiedad inmueble. Señala como fundamentos que su padre don Benedicto Lupinta Chipana se encontraba casado con doña Demetria Ramos Fernández, y con fecha once de enero de mil novecientos setenta y cuatro adquirió el inmueble sub litis de la Asociación Pro Vivienda San Cristóbal, en la suma de treinta y nueve mil novecientos veinte con 00/100 soles oro (S/. 39,920.00), monto que fue cancelado. Al fallecer su señora madre Demetria Ramos Fernández, su padre con fecha diez de octubre de mil novecientos setenta y cuatro, realizó una sesión de derechos mediante escritura pública de la parte que le corresponde a favor de sus hijos. En el Libro Padrón de la citada asociación se encuentran inscritos el recurrente y sus demás hijos, Carmen Rosa, Gladys, Norma, María y Carlos Lupinta Ramos, como propietarios. Al fallecer su padre, el dieciséis de noviembre de dos mil tres, todos los trámites de titulación del inmueble han quedado inconclusos, por lo que no puede regularizar el título.

2. CONTESTACIÓN. Mediante escrito de fojas ciento sesenta y dos, la demandada Paulina Huamaní Tito viuda de Lupinta contesta la demanda señalando que es coheredera de quien en vida fue Benedicto Lupinta Chipana por ser la esposa; asimismo, el demandante es parte integrante de las sucesiones de Benedicto Lupinta Chipana y Demetria Ramos Fernández; entonces la demanda contradice lo normado en los artículos 1549 y 1551 del Código Civil, por cuanto dichas normas ordenan que las obligaciones del vendedor son las de perfeccionar la transferencia y entregar documentos y título de propiedad al comprador, siendo que en el presente caso las sucesiones son herederas del comprador, por ello, no pueden ser compelidas judicialmente a formalizar una compraventa en donde ellas son las compradoras.

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Luego del trámite procesal correspondiente, el señor juez del Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de Lima Este, mediante resolución de fecha nueve de diciembre de dos mil catorce, obrante a fojas trescientos noventa y seis, emitió sentencia declarando fundada la demanda, tras considerar que se encuentra acreditado que los padres del demandante (Benedicto Lupinta Chipana y Demetria Ramos Fernández) fueron los compradores del predio sub litis desde mil novecientos setenta y cuatro a la Asociación de Propietarios de Vivienda San Cristóbal Campoy; asimismo, los hijos de éstos, se encuentran reconocidos como socios de la institución demandada, encontrándose inscritos en el Libro de la Asociación demandada. Así también aparece la escritura pública de fecha veintidós de octubre de mil novecientos setenta y cuatro, ante el Notario Público Gabriel Ayquipa Fernández, de cesión de derechos que otorga Benedicto Lupinta Chipana a favor de sus hijos Carmen Rosa, Gladis, Norma, Carlos Martín y María Lupinta Ramos, del terreno sub litis, acreditándose de esta manera que si bien la parte demandada Paulina Huamani Tito es declarada heredera de Benedicto Lupinta Chipana, nada impone que pueda reconocerse derechos sobre el terreno que se demanda, debido a que el matrimonio de ella fue el cinco de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, es decir, posterior a la cesión de derechos a sus hijos, resultando agente capaz en dicho acto jurídico, y cumplir con las formalidades legales para ser reconocido como acto válido, por lo que, a la demandada no le alcanza beneficio alguno sobre el terreno.

4. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA. La Sala Civil Descentralizada y Permanente de San Juan de Lurigancho de la Corte Superior de Justicia de Lima Este mediante resolución de fecha veinte de julio de dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos cincuenta y cinco, confirma la sentencia apelada que declaró fundada la demanda, argumentando que se encuentra acreditado que existe una compra venta por parte de la Asociación de Pro Vivienda “San Cristóbal” Campoy con Benedicto Lupinta Chipana quien lo adquiere con Demetria Ramos Fernández, siendo que el primero de los nombrados celebra contrato de cesión en favor de sus hijos, por lo tanto dicho acto debe surtir sus efectos y en tal sentido, los actores pueden exigir el cumplimiento de las prestaciones del contrato de compraventa; asimismo, encontrándose fallecidos los propietarios primigenios, los llamados a suceder son sus herederos legales, siendo así, le corresponde a los herederos tales derechos, por haberse transferido el bien en calidad de herederos, por ende le corresponde otorgárseles la escritura pública. Por otro lado la demandada Paulina Huamaní Tito, a pesar de haberse declarado heredera de Benedicto Lupinta Chipana, ésta no puede concurrir con tales herederos, por cuando la propiedad en mención fue adquirida con su primera esposa Demetria Ramos Fernández.

III. RECURSO DE CASACIÓN

Contra la mencionada sentencia de vista emitida por la Sala Superior, la parte demandada interpone recurso de casación, el cual fue declarado procedente por este Supremo Tribunal, mediante resolución de fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis, por la causal de: infracción del artículo 139 numerales 3 y 5 de la Constitución Política del Estado.

IV. MATERIA JURÍDICA EN DEBATE

La materia jurídica en discusión se centra en determinar si en el presente proceso se ha incurrido en vicio a la tutela procesal efectiva o debido proceso que acarree la nulidad de los actuados.

V. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA

PRIMERO. Corresponde mencionar, de manera preliminar, que la función nomofiláctica del recurso de casación garantiza que los Tribunales Supremos sean los encargados de salvaguardar el respeto del órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así cualquier tipo de afectación a normas jurídicas materiales y procesales, procurando, conforme menciona el artículo 384 del Código Procesal Civil, la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto.

SEGUNDO. Según se advierte del auto calificatorio de fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis, este Supremo Tribunal ha declarado procedente el recurso interpuesto por causales de orden procesal, por tanto, de advertirse la existencia de algún defecto de orden procesal, el reenvío tendrá efectos subsanatorios.

TERCERO. En ese sentido, el artículo 139 numerales 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, prescribe: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. (...) 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. (...)”

CUARTO. Al respecto, debemos señalar que el debido proceso es un derecho complejo, conformado por un conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad y los derechos de los individuos sucumban ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o procedimiento, o se vean afectados por cualquier sujeto de derecho —incluyendo el Estado— que pretenda hacer uso abusivo de éstos. Como señala la doctrina procesal y constitucional, “por su naturaleza misma, se trata de un derecho muy complejamente estructurado, que a la vez está conformado por un numeroso grupo de pequeños derechos que constituyen sus componentes o elementos integradores, y que se refieren a las estructuras, características del Tribunal o instancias de decisión, al procedimiento que debe seguirse y a sus principios orientadores, y a las garantías con que debe contar la defensa”[1].

 QUINTO. En ese contexto, la vulneración del debido proceso se configura entre otros supuestos, en los casos en los que en el desarrollo del proceso, no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento o si la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o se deja de motivar las decisiones o se realiza en forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los estadios superlativos del procedimiento.

SEXTO. Es necesario destacar que el principio denominado motivación de los fallos judiciales, constituye un valor jurídico que rebasa el interés de los justiciables por cuanto se fundamenta en principios de orden jurídico, pues la declaración del derecho en un caso concreto, es una facultad del juzgador que por imperio del artículo 138 de la Constitución Política del Estado, impone una exigencia social de que la comunidad sienta como un valor jurídico, denominado, fundamentación o motivación de la sentencia; el mismo que se encuentra consagrado en el artículo 139 numeral 5 de la Constitución Política del Estado, concordante con el numeral 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil.

SÉTIMO. Ahora, si bien se ha declarado la procedencia del recurso de casación por la causal procesal citada; no obstante, se aprecia de autos que la Sala Superior ha empleado en forma suficiente los fundamentos que le han servido de base para confirmar la sentencia apelada que declaró fundada la demanda, observando, cautelando y respetando el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales; esto último, por cuanto la sentencia de vista, cumple con exponer las razones fácticas y jurídicas que determinaron la decisión final, ello acorde a una valoración razonada de los medios probatorios presentados, pues hay que tener en consideración que de conformidad con el artículo 197 del Código Procesal Civil, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión; constatándose que los fundamentos de hecho y de derecho son coherentes y congruentes.

OCTAVO. Tal es así, que las instancias de mérito han verificado en el presente caso: i) la existencia del contrato de compra venta celebrado entre la Asociación Pro Vivienda “San Cristobal” – Campoy y el causante Benedicto Lupinta Chipana, conjuntamente con su esposa Demetria Ramos Fernández; ii) el reconocimiento por parte de la referida Asociación respecto del pago total del precio de venta del inmueble sub litis, equivalente a treinta y nueve mil novecientos veinte con 00/100 soles oro (S/.39,920), conforme se aprecia de fojas cincuenta y cinco y doscientos quince; iii) la cesión de derechos efectuada mediante escritura pública por Benedicto Lupinta Chipana con fecha veintidós de octubre de mil novecientos setenta y cuatro a favor de sus hijos; iv) que el demandante y sus hermanas Norma Elena y María Dominga tienen la condición de herederos de sus padres, conforme se aprecia de fojas veintitrés respecto a Demetria Ramos Fernández y a fojas ciento treinta y uno respecto de Benedicto Lupinta Chipana. Todo lo que determina que existe obligación en la Asociación demandada de otorgar escritura pública de compraventa respecto del inmueble sub litis a favor del demandante y sus hermanas Norma Elena y María Dominga Lupinta Ramos.

NOVENO. Ahora, si bien, la demandada Paulina Huamaní Tito de Lupinta también es heredera de Benedicto Lupinta Chipana en calidad de cónyuge; sin embargo, dicho matrimonio fue realizado de manera posterior a la cesión de derechos, esto es, el cinco de diciembre de mil novecientos setenta y cinco; es decir, cuando el bien inmueble sub litis ya había salido del patrimonio del causante.

DÉCIMO. Ahora, se aprecia que la parte recurrente al interponer el recurso casatorio adjunta una Constancia expedida por el Director del Archivo de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Apurímac que acreditaría la inexistencia de la escritura pública de cesión de derechos otorgado por Benedicto Lupinta Chipana; sin embargo, debe tenerse en consideración que la nueva apreciación de los hechos o la nueva valoración de las pruebas, no resulta factible en sede casatoria, donde la actuación se encuentra limitada a verificar las cuestiones de puro derecho; máxime si esta prueba ha sido presentada con posterioridad a la apelación formulada por la parte recurrente.

UNDÉCIMO. Por otro lado, tampoco se evidencia afectación alguna en la tramitación del proceso, que sea causal de vicio o nulidad del mismo; por todo ello, la causal de infracción de las normas anotadas, deviene en infundada.

DUODÉCIMO. A todo ello se debe agregar que, en el presente proceso la parte recurrente no ha cuestionado a través de los mecanismos de defensa que contempla la norma adjetiva (tacha), la validez de la cesión de derechos otorgado por Benedicto Lupinta Chipana.

VI. DECISIÓN

En base a las consideraciones expuestas, esta Sala Suprema, en aplicación de lo señalado en el artículo 396 del Código Procesal Civil: a) Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandada Paulina Huamani Tito viuda de Lupinta, de fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos ochenta y uno; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha veinte de julio de dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos cincuenta y cinco. b) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por Carlos Martín Lupinta Ramos, sobre otorgamiento de escritura pública. Intervino como ponente la señora Juez Supremo Rodríguez Chávez.

SS. TELLO GILARDI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA

C-1510815-16

 

 



[1]              Faúndez Ledesma, Héctor. “El Derecho a un Juicio Justo”. En: Las garantías del debido proceso               (Materiales de Enseñanza). Lima: Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad     Católica del Perú y Embajada Real de los Países Bajos, p. 17.

 

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