Debe acreditarse el animus domini de los anteriores poseedores si se pretende adicionarlo al periodo de posesión

Fuente: 4.bp.blogspot.com

CAS. N.° 20120-2016 Sullana

Emitida el 5 de julio del 2018

(Publicada en El Peruano, 4/03/2019, p. 122864)

Juez ponente

Señor juez supremo Walde Jáuregui

Decisión

Infundado

Normas aplicables

Artículo 950 del Código Civil

Fundamento jurídico relevante

[E]sta Sala Suprema considera que el Ad quem ha realizado una valoración conjunta y de manera razonada, fundamentando por qué considera que en el caso de autos no se ha cumplido con el requisito del animus domini que, en forma concurrente se requiere para que opere la prescripción adquisitiva de dominio regulada por el artículo 950 del Código Civil; más aún, si la parte demandante pretende acumular a su posesión, la posesión ejercida por sus predecesores, motivo por el cual debió cumplir con la carga de acreditar que aquéllos, efectivamente, cumplieron con poseer el bien en cuestión en calidad de propietarios.

 

CAS. N.° 20120-2016

SULLANA

SUMILLA. “Esta Sala Suprema considera que el Ad quem ha realizado una valoración conjunta y de manera razonada, fundamentando porqué considera que en el caso de autos no se ha cumplido con el requisito del animus domini que, en forma concurrente se requiere para que opere la prescripción adquisitiva de dominio regulada por el artículo 950 del Código Sustantivo; más aún si la parte demandante pretende acumular a su posesión, la posesión ejercida por sus predecesores, motivo por el cual debió cumplir con la carga de acreditar que aquéllos, efectivamente, cumplieron con poseer el bien en cuestión en calidad de propietarios, en el plazo previsto en la primera parte de la norma sustantiva antes mencionada”.

Lima, cinco de julio de dos mil dieciocho.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA, la causa número veinte mil ciento veinte - dos mil dieciséis; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los Señores Jueces Supremos: Walde Jáuregui - Presidente, Rueda Fernández, Wong Abad, Sánchez Melgarejo y Bustamante Zegarra; producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia:

I. MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN

Se trata del recurso de casación interpuesto por José Antonio Iturrizaga Neyra, de fecha veintisiete de octubre de dos mil quince, obrante a fojas quinientos ochenta y siete, contra la sentencia de vista emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Sullana, de fecha catorce de setiembre de dos mil quince, obrante a fojas quinientos setenta y dos, que revocó la sentencia apelada de primera instancia, de fecha veintiuno de enero de dos mil catorce, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta, que declaró fundada la demanda; y, reformándola la declararon infundada; en los seguidos por José Antonio Iturrizaga Neyra contra la Municipalidad Distrital de Los Órganos y otros, sobre Prescripción Adquisitiva de Dominio.

II. CAUSALES POR LAS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN

Por resolución de fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento cincuenta y dos del cuadernillo de casación formado ante esta Sala Suprema, se declaró procedente el recurso de casación interpuesto por José Antonio Iturrizaga Neyra, por las siguientes causales: a) Infracción normativa del artículo 950 del Código Civil; manifiesta que la Sala revisora, cuestiona la sentencia de primera instancia a su favor revocándola, con una apreciación subjetiva al sostener que su parte no tiene un comportamiento como propietario, aun evidenciándose la existencia del mismo, por el contrario, la Sala Superior cita como sustento de dicha apreciación una subjetiva y semántica exposición que se aparta de la pretensión, de los puntos controvertidos, de la valoración probatoria, de carencia lógica, que es contraria a una aplicación del artículo 950 del Código Civil; y, b) Infracción normativa del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado; por inaplicación de los artículos 122 inciso 3, 196, 197, 272, 273 y 274 del Código Procesal Civil; sostiene que la Sala Superior incurre en motivación insuficiente al momento de apreciar la diligencia de inspección ocular realizada por el despacho judicial, calificando como si no tuviera eficacia jurídica, vulnerando los artículos 272, 273 y 274 del Código Procesal Civil, obviando atender que esta es una diligencia propia del A quo, y no de las partes; asimismo, obvia precisar que en el debate judicial se demuestra la existencia objetiva del área de terreno con los respectivos planos que acreditan la existencia del área del terreno, por ello son visados por la municipalidad, “amerita la comprobación del área de terreno con la correspondiente inspección ocular, contando para este efecto con profesionales ingenieros, para establecer su catastro”(sic.), incurriendo en motivación insuficiente al no tener en cuenta lo previsto en el artículo 246 del Código Procesal Civil, que estipula que no es necesario el reconocimiento de un documento si no hay tacha.

III. ANTECEDENTES DEL PROCESO

DE LA DEMANDA. Del escrito de demanda de fojas cien, se aprecia que, José Antonio Iturrizaga Neyra, pretende se declare la prescripción adquisitiva de dominio a su favor, del terreno de treinta y un mil setecientos treinta y un metros cuadrados (31,731.00 m2), ubicado en la Antigua Panamericana Nor Oeste Zona de Vichayitos Norte a la altura del kilómetro 1212+439, del distrito de Los Órganos, provincia de Talara, departamento de Piura. Sostiene que, desde el año dos mil uno viene poseyendo el lote de terreno antes descrito, donde ha fijado un domicilio alternativo, ejerciendo la posesión por más de diez años, sumado al de sus antecesores, de manera continua, pacífica y pública, ejerciendo todos los derechos inherentes a la propiedad; habiendo verificado que el citado predio se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble de Sullana, dentro de un lote de terreno de mayor extensión, en la Ficha N.° 19371, cuya titularidad correspondía a Petróleos del Perú Sociedad Anónima - Petroperú y que en virtud a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley N.° 26221, actualmente dicho predio se encuentra a nombre de la Superintendencia de Bienes Nacionales.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Admitida la demanda por parte del A quo, se corre traslado a la parte demandada, siendo que por escrito de fojas ciento setenta y cinco, Petróleos del Perú Sociedad Anónima - Petroperú, contesta la demanda argumentando que el predio sub litis es de propiedad única y exclusiva de la Municipalidad Distrital de Los Órganos y con la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales, con quienes deberá entenderse la demanda. Por su parte, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, a través de su procurador público, contesta la demanda a fojas ciento ochenta y tres, sosteniendo que los documentos presentados por el demandante resultan insuficientes para acreditar el cumplimiento de los requisitos para que opere la prescripción adquisitiva de dominio regulada por el artículo 950 del Código Civil; y que el predio sub materia al ser de propiedad estatal deviene en imprescriptible en virtud a lo dispuesto por la Ley N.° 29618, motivo por el cual la demanda debe ser declarada improcedente, por contener un imposible jurídico.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Mediante sentencia contenida en la resolución número veintinueve de fecha veintiuno de enero de dos mil catorce, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta, el Segundo Juzgado Especializado Civil de Talara de la Corte Superior de Justicia de Sullana, declaró fundada la demanda, en consecuencia, declaró propietario por Prescripción Adquisitiva a José Antonio Iturrizaga Neyra del terreno ubicado en la Antigua Panamericana Nor Oeste Zona de Vichayito Norte a la altura del Kilómetro 1212 + 439, del Distrito de los Órganos, Provincia de Talara, departamento de Piura, terreno inscrito dentro de un lote de terreno de mayor extensión, en la Ficha Registral N.° 19371 del Registro de Propiedad Inmueble de Sullana; cuya área de terreno es un polígono de treinta y un mil setecientos treinta y uno metros cuadrados (31,731.00 m2); ordenando también la cancelación del asiento en que figura inscrito el terreno sub litis; fundamenta su decisión en que el demandante ha cumplido con los requisitos para que opere la prescripción adquisitiva que solicita, previstos en el artículo 950 del Código Civil; siendo preciso destacar que el A quo consideró que a la posesión ejercida por el actor, se le debe sumar los plazos posesorios de sus predecesores, en virtud a lo dispuesto por el artículo 898 del Código Sustantivo.

SENTENCIA DE VISTA. Mediante sentencia de vista de fecha catorce de setiembre de dos mil quince, obrante a fojas quinientos setenta y dos, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Sullana, revocó la sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda; y reformándola, declaró infundada la demanda incoada; señalando que el demandante no ha cumplido con acreditar el requisito de posesión como propietario (animus domini), por cuanto de autos, no se aprecia documental alguna que permita arribar a la conclusión que el accionante, en efecto, durante el plazo que alega haber ejercido la posesión del inmueble sub litis, haya realizado actos propios que demuestren que se ha comportado como real propietario, pretendiendo dicha parte que con la sola suscripción del documento denominado “Cesión de Derechos” de fecha diecinueve de enero de dos mil uno, se tenga por acreditado el plazo que exige la norma para que proceda la prescripción adquisitiva de dominio. Asimismo, agrega que, si bien en virtud al artículo 898 del Código Sustantivo, el poseedor puede adicionar a su plazo posesorio el de aquel que le transfirió válidamente el bien, dicho plazo posesorio no se encuentra exento de prueba; por ello, establecen que no se ha acreditado que su predecesor haya poseído el bien con animus domini.

FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA

IV. CONSIDERANDO

PRIMERO. Según lo establecido en el artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N.° 29364, el recurso de casación tiene por fines esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia (finalidad nomofiláctica y uniformizadora, respectivamente); precisado en la Casación N.° 4197-2007/La Libertad[1] y Casación N.° 615-2008/Arequipa[2]; por tanto, este Tribunal Supremo, sin constituirse en una tercera instancia procesal, debe cumplir su deber de pronunciarse acerca de los fundamentos del recurso, por las causales declaradas procedentes.

SEGUNDO: Asimismo, habiéndose admitido el recurso de casación tanto por infracción normativa de carácter procesal [artículos 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú; artículos 122 inciso 3, 196, 197, 272, 273 y 274 del Código Procesal Civil], como por la infracción normativa de índole material [artículo 950 del Código Civil], corresponde emitir pronunciamiento, en primer lugar, respecto a la infracción normativa procesal y de ser amparada carecerá, entonces, emitir pronunciamiento en torno a la infracción normativa material, conforme se colige del artículo 396 del Código Procesal Civil.

TERCERO. En cuanto a la primera infracción normativa, cabe señalar que el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado ha establecido como derechos relacionados con el ejercicio de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Al respecto, el Tribunal Constitucional refiere que el debido proceso significa la observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos, mientras que la tutela jurisdiccional supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia. En la Sentencia del Tribunal Constitucional N.° 9727-2005-PHC/TC, fundamento séptimo, el citado Tribunal sostiene: “[…] mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso, en cambio, significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales […] principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos. El debido proceso tiene, a su vez, dos expresiones: una formal y otra sustantiva; en la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la motivación; en su faz sustantiva, se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer”.

CUARTO. Uno de los principios esenciales que componen el derecho fundamental al debido proceso, lo constituye la motivación de las resoluciones judiciales, que se encuentra consagrado en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y con los artículos 122 incisos 3 y 4, y 50 inciso 6 del Código Procesal Civil; derecho principio sobre el cual la Corte Suprema en la Casación N.° 2139-2007-Lima, publicada en el diario oficial “El Peruano” el treinta y uno de agosto de dos mil siete, fundamento sexto, indica lo siguiente: “[…] además de constituir un requisito formal e ineludible de toda sentencia constituye el elemento intelectual de contenido crítico, valorativo y lógico, y está formado por el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que el magistrado ampara su decisión; por ende, la exigencia de la motivación constituye una garantía constitucional que asegura la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias; además, la motivación constituye una forma de promover la efectividad del derecho a la tutela judicial, y así, es deber de las instancias de revisión responder a cada uno de los puntos planteados por el recurrente, quien procede en ejercicio de su derecho de defensa y amparo de la tutela judicial efectiva”.

QUINTO. Ahora bien, en cuanto al derecho a probar (como manifestación del derecho al debido proceso), debe señalarse que en la Sentencia N.° 06712-2005-PHC/TC, el Tribunal Constitucional precisó que el derecho a la prueba comprende “el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que éstos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado” (subrayado agregado). A lo expuesto, cabe añadir que en nuestro ordenamiento jurídico, el legislador ha optado por imponer al Juez, en los términos que señalan los artículos 188 y 197 del Código Procesal Civil, la obligación en atención a la finalidad de la prueba, valorar en forma conjunta y razonada todos los medios de prueba, dado que, las pruebas en el proceso, sea cual fuera su naturaleza, están mezcladas formando una secuencia integral; por lo que, es responsabilidad del juzgador reconstruir, en base a los medios probatorios, los hechos que den origen al conflicto, por lo tanto, ninguna prueba deberá ser tomada en forma aislada, tampoco en forma exclusiva, sino en su conjunto, toda vez, que solo teniendo una visión integral de los medios probatorios se puede sacar conclusiones en busca de la verdad que es el fin del proceso.

SEXTO. Bajo dicho contexto, se aprecia que la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Sullana, al emitir la sentencia de vista materia del recurso, ha cumplido con motivar razonablemente su decisión, pues ella contiene los fundamentos de hecho y derecho, así como la respectiva valoración probatoria, que le ha permitido, utilizando un razonamiento lógico jurídico, revocar la sentencia de primera instancia, y reformando dicho fallo, ha resuelto declarar infundada la demanda; debiéndose tener en cuenta que según el artículo 197 del Código Procesal Civil, concordado con el artículo 188 del mismo cuerpo legal, si bien faculta al Juez la valoración en forma conjunta todos los medios de prueba aportados oportunamente al proceso, no es menos cierto que, dicho dispositivo legal, también, establece que en la resolución solo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión. Circunstancia que se observa en autos, toda vez que, en la decisión de desestimación de la demanda se ha valorado el Contrato de Cesión de Derechos de fojas cincuenta y ocho, por el cual se estableció que la persona de Marco Antonio Benavides Bargallo cedió a favor del recurrente el lote de terreno sub materia, antecesor que a su vez adquirió la posesión de los anteriores posesionarios, Juan Guillerno Olaya Rosales, Jorge Marcelino Olaya Rosales y José Gerardo García Abarca, mediante minuta de Cesión de Derechos de fecha seis de enero de dos mil uno; habiéndose valorado también la constancia de inspección ocular de fojas catorce, expedida por el Gobernador del distrito de Los Órganos; el documento de inspección ocular de fecha diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y cuatro que obra a fojas cuarenta y uno, además de los comprobantes de pago de impuesto predial realizados por Marco Antonio Benavides Bargallo correspondiente a los años dos mil nueve y dos mil diez (que obran de fojas sesenta y tres a ochenta y ocho); así como la declaración de los testigos ofrecidos por escrito de fecha catorce de abril de dos mil once. De igual manera, también se ha tenido en cuenta la Inspección Judicial, cuya acta obra a fojas trescientos sesenta y seis, habiendo destacado el Ad quem que en la misma no se ha dejado constancia que la totalidad del área inspeccionada se encuentra efectivamente ocupada por el demandante.

SÉPTIMO: De esa manera, de la valoración de los mencionados medios probatorios, la Sala Superior concluye que la parte demandante no ha cumplido con acreditar el haber ocupado el predio sub litis con animus domini durante el plazo señalado en su demanda, alegando que no resulta suficiente el mérito probatorio del aludido documento de Cesión de Derechos, de fecha diecinueve de enero de dos mil uno, obrante a fojas cincuenta y ocho. De igual manera, se ha sostenido que si bien el ahora recurrente pretende acumular el plazo posesorio de sus anteriores predecesores en la posesión del terreno materia de prescripción, no obstante, “(sic) no ha adjuntado, medios probatorios, suficientes e idóneos, que permitan colegir que en efecto ha venido poseyendo como propietario, pues si bien es cierto el actor ha presentado comprobantes de autoavalúo, éstos resultan insuficientes para acreditar la totalidad de años, que exige el primer párrafo del artículo 950 del Código Civil”. Por tanto, esta Sala Suprema advierte que el Superior Colegiado ha cumplido con exponer los argumentos en los que sustenta su decisión, habiendo realizado una valoración conjunta y razonada de los medios probatorios obrantes en autos, a efecto de verificar si el demandante ha cumplido o no con los requisitos estipulados por el artículo 950 del Código Sustantivo, para que opere la prescripción adquisitiva de dominio que peticiona; motivo por el cual no se encuentra configurada la infracción normativa de carácter procesal que alega en su recurso de casación, por el contrario, se evidencia que lo alegado por el demandante en el fondo denota su disconformidad con la valoración de los medios probatorios esbozada por el Ad quem; siendo pertinente señalar sobre este aspecto que en la Casación N.° 1122-2003, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el primero de diciembre de dos mil tres, se indica que: “[...] conforme el artículo ciento noventisiete del Código Procesal Civil, que recoge el principio de la libre valoración de las pruebas, el juez se encuentra facultado a apreciarlas de acuerdo a su sana crítica, sin que se encuentre por ello obligado a calificarlas en el sentido que deseen las partes, puesto que, ello implicaría limitar su facultad discrecional en materia probatoria [...]”. Por tanto, al haberse compulsado la prueba conforme a los parámetros indicados en el artículo 197 del Código Procesal Civil, concordado con su artículo 188, con la respectiva fundamentación fáctica y jurídica, así como utilizando el respectivo razonamiento lógico jurídico (motivación), no se aprecia conculcación de los precitados dispositivos legales, incluyendo el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y, menos vulneración de lo previsto en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, que regular el derecho al debido proceso, tutela jurisdiccional y motivación de las decisiones judiciales.

OCTAVO. En lo atinente a la infracción normativa de índole material, cabe mencionar que para que opere la prescripción adquisitiva de dominio de bien inmueble, se requiere de una serie de elementos configuradores, siendo pacífico admitir como requisitos para su constitución[3]: a) La continuidad de la posesión es la que se ejerce sin intermitencias, es decir sin solución de continuidad, lo cual no quiere decir que nuestra legislación exija la permanencia de la posesión, puesto que se pueden dar actos de interrupción como los previstos por los artículos 904 y 953 del Código Civil, que vienen a constituir hechos excepcionales, por lo que, en suma, se puede decir que la posesión continua se dará cuando ésta se ejerza a través de actos posesorios realizados en la cosa, sin contradictorio alguno, durante todo el tiempo exigido por ley. b) La posesión pacífica se dará cuando el poder de hecho sobre la cosa no se mantenga por la fuerza: por lo que, aún obtenida violentamente, pasa a haber posesión pacífica una vez que cesa la violencia que instauró el nuevo estado de cosas. c) La posesión pública será aquella que, en primer lugar resulte, evidentemente contraria a toda clandestinidad, lo que implica que sea conocida por todos, dado que el usucapiente es un contradictor del propietario o poseedor anterior, por eso resulta necesario que la posesión sea ejercida de manera que pueda ser conocida por éstos, para que puedan oponerse a ella si ésa es su voluntad. Si ellos pudieron conocer esa posesión durante todo el tiempo que duró y no lo hicieron, la ley presumen en ellos el abandono y la posesión del usucapiente se consolida. d) Como propietario, puesto que se entiende que el poseedor debe actuar con animus domini sobre el bien materia de usucapión. A decir de Hernández Gil[4], la posesión en concepto de dueño tiene un doble significado, en su sentido estricto, equivale a comportarse el poseedor como propietario de la cosa, bien porque lo es, bien porque tiene la intención de serlo. En sentido amplio, poseedor en concepto de dueño es el que se comporta con la cosa como titular de un derecho susceptible de posesión, que son los derechos reales, aunque no todos, y algunos otros derechos, que aún ni siendo reales, permiten su uso continuado. Por lo tanto, la posesión que va a investirse formalmente como propiedad mediante el transcurso del tiempo, se trata exclusivamente de la posesión a título de dueño, conocida como possessio ad usucapionem; nunca puede adquirirse la propiedad por los poseedores en nombre de otra (como los arrendatarios o depositarios); cualquier reconocimiento expreso o tácito del derecho del dueño interrumpe la prescripción por faltar el título de dueño, dado que los actos meramente tolerados no aprovechan a la posesión.

NOVENO. Bajo ese contexto, debe tenerse en cuenta que la infracción sustantiva alegada por el ahora recurrente se circunscribe básicamente al requisito referido a la posesión como propietario (animus domini), el cual para la Sala Superior no se encuentra fehacientemente acreditado con los medios probatorios aportados por dicha parte. En efecto, a fojas sesenta y tres a ochenta y seis, obran las declaraciones de impuestos prediales correspondientes a los años dos mil nueve y dos mil diez, que no figuran a nombre del demandante sino a nombre de Marco Antonio Benavides Bargallo; una constancia de inspección ocular posesionaria de fecha dieciséis de febrero de dos mil nueve, por el cual el Gobernador del distrito de Los Órganos deja constancia de la posesión pública, continua, pacífica por parte del citado Marco Antonio Benavides Bargallo; no obstante, no se precisa el periodo de dicha posesión; asimismo, obra la constancia de inscripción del predio sub materia de fecha dos de febrero de dos mil nueve, por la cual el señor Benavides Bargallo (persona distinta al demandante) solicitó a la Municipalidad Distrital de Los Órganos su inscripción como contribuyente; sin embargo, dicho documento tampoco precisa el periodo de posesión ejercido por dicho solicitante; de igual manera, si bien existe la declaración del testigo José Gerardo García Abarca en el Acta de Audiencia de Pruebas de fojas cuatrocientos diez, por el cual aquella persona declaró que el ahora demandante viene poseyendo el predio sub litis, el mérito de tal declaración no puede corroborarse con otros medios de prueba que generen convicción sobre tal hecho. Por lo expuesto, esta Sala Suprema considera que el Ad quem ha realizado una valoración conjunta y de manera razonada, fundamentando por qué considera que en el caso de autos no se ha cumplido con el requisito del animus domini que, en forma concurrente se requiere para que opere la prescripción adquisitiva de dominio regulada por el artículo 950 del Código Civil; más aún, si la parte demandante pretende acumular a su posesión, la posesión ejercida por sus predecesores, motivo por el cual debió cumplir con la carga de acreditar que aquéllos, efectivamente, cumplieron con poseer el bien en cuestión en calidad de propietarios, en el plazo previsto en la primera parte de la norma sustantiva antes mencionada; siendo de destacarse que la argumentación en la que el recurrente sustenta la infracción normativa bajo análisis implica una discrepancia con el criterio valorativo expuesto por la Sala Superior, motivos por los cuales tampoco se evidencia que la sentencia de vista materia del recurso haya infringido el artículo 950 del Código Civil. Por consiguiente, al no haberse verificado ninguna de las infracciones normativas alegadas en el recurso de casación, este corresponde ser declarado infundado.

V. DECISIÓN

Por tales consideraciones, declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por José Antonio Iturrizaga Neyra, de fecha veintisiete de octubre de dos mil quince, obrante a fojas quinientos ochenta y siete; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha catorce de setiembre de dos mil quince, obrante a fojas quinientos setenta y dos; en los seguidos por José Antonio Iturrizaga Neyra contra la Municipalidad Distrital de Los Órganos y otros, sobre Prescripción Adquisitiva de Dominio; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; y, los devolvieron. Interviene como Juez Supremo Ponente: Walde Jáuregui.

S.S. WALDE JÁUREGUI, RUEDA FERNÁNDEZ, WONG ABAD, SÁNCHEZ MELGAREJO, BUSTAMANTE ZEGARRA.

 



[1] DIARIO OFICIAL “EL PERUANO”: Sentencias en Casación, Lunes 31 de marzo de 2008, páginas 21689 a 21690.

[2] DIARIO OFICIAL “EL PERUANO”: Sentencias en Casación, Lunes 31 de marzo de 2008, páginas 23300 a 23301.

[3] Fundamento jurídico 43 de la Casación N.° 2229-2008-Lambayeque (Segundo Pleno Casatorio Civil)

[4] HERNÁNDEZ GIL, Antonio. La posesión como institución jurídica y social. Obras Completas. Tomo II. Madrid: Espasa-Caipe, 1987. p. 371-372. 

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