Es considerado ocupante precario cuando se constituye un documento privado que no tiene fecha cierta

Fuente: Blog PUCP

CAS. Nº 1457-2016 Lima Sur

Emitida el 14 de marzo de 2017

(Publicada en El Peruano, 30/01/2018)

Juez ponente

Señora jueza suprema Del Carpio Rodríguez.

Decisión

Infundado

Normas aplicables

Artículos 911, 915, 950 y 952 del Código Civil.

Fundamento jurídico relevante

[L]a parte demandada alega que no se ha tomado en cuenta el contrato privado de compra venta de fecha doce de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, mediante el cual adquirió la propiedad del bien sub litis. Al respecto se verifica que el referido documento se presentó de forma extemporánea, luego de la etapa de saneamiento procesal; prueba que no ingresó al proceso, pues no fue admitida e incluso ni siquiera fue ofrecida por la parte demandada, toda vez que el recurrente se limitó sólo a adjuntarlo mediante escrito de fecha tres de agosto de dos mil quince. Aunado a ello, se debe señalar que dicha instrumental, constituye un documento privado que no tiene fecha cierta, por lo que no genera convicción en el juzgador; siendo ello así, se concluye, que el demandado tiene la condición de precario […]


CAS. N.º 1457-2016

 LIMA SUR

 DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA

OCUPANTE PRECARIO: Se configura la posesión precaria cuando se ejerce sin título alguno, esto es, sin la existencia de acto o hecho que justifique la posesión.

 Lima, catorce de marzo de dos mil diecisiete.

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número 1457–2016, en audiencia pública de la fecha; oído el informe oral, y producida la votación correspondiente, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, emite la siguiente resolución:

I. MATERIA DEL RECURSO

Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandado Edwin Oscar Huamán Chávez, a fojas doscientos sesenta y cuatro, contra la sentencia de segunda instancia de fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, de fojas doscientos cuarenta y seis, que confirma la sentencia apelada de fecha diez de agosto de dos mil quince, de fojas ciento cincuenta y seis que declara fundada la demanda; en consecuencia, ordena a la parte demandada desocupe el inmueble ubicado en Plan Integral Pampas de San Juan, manzana D, lote 19, Pueblo Joven Imperio, distrito de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima, inscrito en la partida registral N° P03112212 de los Registros Públicos de Lima.

II. ANTECEDENTES

1. DEMANDA. Para analizar esta causa civil y verificar si se ha incurrido o no, en la infracción normativa denunciada, es necesario realizar las siguientes precisiones: Por escrito de fojas quince, Sonia Eduviges Rojas Humaña, interpone demanda de desalojo por ocupación precaria, contra Edwin Oscar Huamán Chávez, a efecto de que la parte demandada desocupe el inmueble de su propiedad ubicado en el Plan Integral Pampas de San Juan, manzana D, lote 19, Pueblo Joven Imperio, Distrito de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima, inscrito en la partida registral N° P03112212, de los Registros Públicos de Lima. Funda su pretensión en lo siguiente: 1) Que es propietaria del inmueble sub litis, derecho que se encuentra inscrito en la Partida Registral N° P03112212, con fecha veinticuatro de junio de mil novecientos ochenta y ocho, trasladado el asiento con fecha siete de noviembre de mil novecientos noventa y seis, como se ve de fojas cuatro; y, 2) Que debido a problemas de salud, tuvo que viajar a su ciudad natal, en el año mil novecientos ochenta y ocho, aproximadamente, por lo que confió el cuidado de su inmueble a la persona de Diómedes Edilberto Ramírez Escalante, con quien tenía amistad, dándose con la sorpresa a su regreso, que dicha persona había transferido su inmueble a la persona del demandado.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito de fojas sesenta y cuatro, Edwin Oscar Huamán Chávez, contesta la demanda, sosteniendo lo siguiente: 1) Que adquirió el predio sub litis mediante contrato de compra venta de su anterior propietario Diómedes Edilberto Ramírez Escalante, con fecha doce de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, quien era el titular del bien inmueble sub litis, en la fecha en que se realizó la transferencia; 2) Señala que si bien la demandante tiene el bien adjudicado a su nombre, dicha inscripción se hizo de mero trámite, por la entidad de COFOPRI, incurriendo en un error, pues se verifica de las copias certificadas del libro de actas de fecha veintiuno de febrero de mil novecientos ochenta y tres, que la demandante transfirió el lote sub litis a Diómedes Edilberto Ramírez Escalante, con fecha veintitrés de mayo de mil novecientos ochenta y ocho; y, 3) Indica que vive en el lote sub materia desde hace aproximadamente veintiun años motivo por el cual las autoridades municipales, policiales y los vecinos del Asentamiento Humano Imperio lo reconocen como titular de la propiedad, como se corrobora del pago de autovalúo de los años mil novecientos noventa y nueve, dos mil cuatro, dos mil seis, dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil catorce y de la constancia de posesión de fecha trece de febrero de mil novecientos noventa y seis y quince de octubre de dos mil catorce expedidas por la Municipalidad; así como también tiene contrato de servicios de telecomunicaciones con Telefónica y contrato de préstamo microempresa, incluso la Municipalidad lo reconoce como propietario del inmueble, designándole el código de contribuyente número 021448.

3. PUNTOS CONTROVERTIDOS. Se ha establecido como puntos controvertidos, determinar: a) Si el demandado Edwin Oscar Huamán Chávez es ocupante precario del bien materia de litis; y, b) Determinar si debe desalojar dicho bien, de ser el caso.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Culminado el trámite correspondiente, el Juez mediante sentencia de fojas ciento cincuenta y seis, su fecha diez de agosto de dos mil quince, declara fundada la demanda de desalojo por ocupación precaria, tras considerar que: 1) La demandante Eduviges Rojas Humaña, acredita la propiedad del inmueble, ubicado en el Plan Integral Pampas de San Juan, manzana D, lote 19, Pueblo Joven Imperio, Distrito de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima, como se verifica de la Partida Registral N° P03112212 de los Registros Públicos de Lima; y, 2) Que el demandado Edwin Oscar Huamán Chávez pretende justificar su posesión sobre el inmueble sub litis, con el hecho que ha ejercido la posesión en forma continua, pacífica y pública, por más de veintiun años; sin embargo, dichas alegaciones e instrumentales resultan ser insuficientes para enervar el derecho que esgrime la demandante, a poseer un bien que es de su propiedad.

5. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN. Edwin Oscar Huamán Chávez, mediante escrito de página ciento ochenta y seis, interpone recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, alegando que: 1) El A quo no ha realizado el estudio minucioso de los actuados, pues el demandado ha acreditado que cuenta con justo título para ejercer la posesión sobre el inmueble sub materia, por haberlo adquirido en compraventa con fecha doce de mayo de mil novecientos noventa y cuatro; y 2) Que el juez no ha tomado en cuenta el documento privado de transferencia, de fecha veintitrés de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, mediante el cual Diómenes Edilberto Ramírez Escalante adquiere la propiedad del bien sub litis, ni la copia legalizada del contrato de compraventa de fecha doce de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, suscrito entre el apelante Edwin Oscar Huamán Chávez y el nombrado Diómenes Edilberto Ramírez Escalante.

6. SENTENCIA DE VISTA. Los Jueces Superiores de la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur expiden la sentencia de vista de fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, de fojas doscientos cuarenta y seis, que confirma la sentencia apelada que declara fundada la demandada, fundamentando la decisión en lo siguiente: 1) Que, obra en autos la copia certificada de la Partida Registral N° P03112212, de cuyo mérito se desprende que con fecha seis de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, la Municipalidad de Lima Metropolitana otorgó título de propiedad del inmueble materia de litis, a la demandante Sonia Eduviges Rojas Humaña, el que fue inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble de Lima, con fecha veinticuatro de junio de mil novecientos ochenta y ocho, por tanto dicha instrumental acredita que la actora está legitimada para interponer la presente demanda de desalojo; 2) Por su parte el emplazado durante la secuela del proceso, no ha acreditado tener título que justifique su posesión, por el contrario se advierte que está poseyendo sin existencia de algún acto o hecho que justifique el disfrute del derecho a poseer; que si bien es cierto, argumenta que posee el bien sub litis en mérito al contrato de compraventa, de fecha doce de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, suscrito con Diómenes Edilberto Ramírez Escalante, a quien la demandante transfirió el referido lote; no es menos cierto que tal situación que aduce constituye un conflicto de intereses relacionado a un mejor derecho de propiedad, entre la demandante y un tercero, en el presente proceso de desalojo por ocupante precario no es materia de discusión. 3) De otro lado, las demás instrumentales presentadas por el demandado, como la constancia de posesión, certificado domiciliario, documentos referidos al impuesto predial, expedido por la Municipalidad de San Juan de Miraflores, no resultan suficientes para enervar el derecho que tiene el titular del bien sub litis de reclamar la restitución de su predio, pues únicamente acreditan la posesión del emplazado más no su derecho a disfrutar de la posesión.

III. CAUSALES POR LAS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN

Esta Sala Suprema, mediante resolución de fecha catorce de setiembre de dos mil dieciséis, de folios sesenta y cinco del cuaderno de casación, ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por el demandado Edwin Oscar Huamán Chávez, por las siguientes causales: A) Infracción normativa del artículo 2 inciso 16° la Constitución Política del Perú. Indica que no posee la condición de precario, toda vez que su ingreso y permanencia en el inmueble sub litis es de manera pacífica, continua y pública desde el año mil novecientos noventa y cuatro; además, a la fecha de la interposición de la demanda lleva habitando el predio por más de veinte años, lo cual acredita con las documentales que corren en los autos. B) Infracción normativa del artículo 139 incisos 3° y 5° de la Constitución Política del Perú. Precisa que se vulnera el principio de unidad del material probatorio, pues no se ha considerado el tracto sucesivo de la compra del bien materia de litis; que, en el escrito de contestación de la demanda y documento probatorio obrante en autos, la propia demandante asevera que dejó el predio a Diómenes Edilberto Ramírez Escalante. Señala que la Sala de mérito no ha resuelto todos los agravios expuestos en su escrito de apelación. C) Infracción normativa de los artículos 911, 915, 950 y 952 del Código Civil. Indica que fue la demandante quien enajenó el predio sub litis a favor de Diómenes Edilberto Ramírez Escalante, y este último al recurrente, conforme se corrobora del contrato privado de compraventa de terreno de fecha doce de mayo de mil novecientos noventa y cuatro; siendo principio fundamental de todo contrato, la buena fe y la común intención de las partes al amparo del artículo 1362 del Código Civil. Indica, en cuanto a la presunción de continuidad de la posesión, que aportó al proceso abundante material probatorio de su posesión hasta el dos mil quince. D) Apartamiento inmotivado del IV Pleno Casatorio, Casación número 2195-2011/Ucayali. Sostiene que la Sala de mérito se ha extralimitado en su pronunciamiento, ya que requirió al demandado que acredite la propiedad verificando cada uno de los requisitos exigidos por el artículo 950 del Código Civil, es decir, pronunciándose sobre la calidad de propietario, cuando no está facultada para pronunciarse sobre ese extremo, mas solo verificar la circunstancia que justifica la posesión y genera una duda suficiente como para rechazar el pedido de desalojo, situación que pudo darse ya que los medios probatorios aportados, como se puede apreciar, constituyen suficiente título.

IV. MATERIA JURIDICA EN DEBATE

Que, la materia jurídica en debate en el presente proceso, se centra en determinar, si la sentencia de segunda instancia incurre en infracción normativa de las normas denunciadas, esto es, si se ha vulnerado el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, al haber incurrido en una indebida motivación de la resoluciones judiciales; y, asimismo, si se ha interpretado de forma errónea los artículos 911, 915, 950 y 952 del Código Civil, al considerar que el demandado no cuenta con título que justifique la posesión, sobre el bien sub litis.

V. FUNDAMENTOS DE ESTA SUPREMA SALA.

PRIMERO. Habiéndose declarado procedente el recurso por las causales de infracción normativa material y procesal, en primer término debe dilucidarse la relativa a la infracción normativa procesal, pues en caso se declare fundado por dicha causal, en atención a su efecto nulificante, carecería de objeto emitir pronunciamiento respecto de la otra causal de derecho material.

SEGUNDO. Que, se procede entonces, al análisis de la infracción contenida en el ítem B) del numeral 3 de la presente resolución, al respecto es pertinente indicar que el Derecho al Debido Proceso, consagrado en el inciso 3° del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, comprende a su vez, entre otros derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho, mediante las sentencias en las que los jueces y tribunales expliciten en forma suficiente las razones de sus fallos, con mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que los determinaron, norma que resulta concordante con lo preceptuado por el inciso 3° del artículo 122 del Código Procesal Civil y el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Del mismo modo, debe precisarse que, la exigencia de la motivación suficiente, prevista en el inciso 5° del referido artículo de la Carta Magna, garantiza que el justiciable pueda comprobar que la solución del caso concreto viene dada por una valoración racional de los elementos fácticos y jurídicos relacionados al caso, y no de una arbitrariedad por parte del juez; de allí que una resolución que carezca de motivación suficiente no sólo vulnera las normas legales citadas, sino también principios de rango constitucional.

TERCERO. Procediendo al análisis de la sentencia recurrida se advierte que el Ad quem comienza con el examen conceptual, normativo y doctrinario del ocupante precario (ver considerandos segundo, tercero y quinto), procediendo luego a realizar el análisis de la titularidad de la demandante sobre el predio sub litis y asimismo si el demandado ostenta título alguno que justifique su posesión, en base a los hechos determinados en autos -considerandos sétimo al décimo sexto de la recurrida-, coligiendo que en el caso concreto la demandante Eduviges Rojas Humaña, es propietaria del inmueble sub litis como se acredita de la Partida Registral N° P03112212 de los Registros Públicos de Lima; mientras que el demandado Edwin Oscar Huamán Chávez durante la secuela del proceso, no ha acreditado tener título que justifique su posesión, por el contrario se advierte que se está poseyendo sin la presencia o acreditación de algún acto o hecho que justifique el disfrute del derecho a poseer. Además las instrumentales presentadas por el demandado, como la constancia de posesión, certificado domiciliario, documentos referidos al impuesto predial, expedido por la Municipalidad de San Juan de Miraflores, no resultan suficientes para enervar el derecho que tiene el titular del bien sub litis de reclamar la restitución de su predio, pues únicamente acredita la posesión del emplazado, más no su derecho de disfrute de la posesión.

CUARTO. Que, así, del análisis de la sentencia cuestionada se advierte una exposición lógica, razonada y suficiente de los criterios fácticos y jurídicos en mérito de los cuales el órgano de fallo resolvió la controversia; asimismo, se observa que se ha efectuado una adecuada subsunción de los hechos en la norma pertinente, el artículo 911 del Código Civil; que, siendo ello así, no se advierte que se haya transgredido el principio de motivación de las resoluciones judiciales, contenido en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú, como erradamente sostiene la impugnante.

QUINTO. Que, en cuanto a la denuncia contenida en el ítem C) del numeral 3 de la presente resolución, referente a que el demandado no tiene la condición de precario y por ende se ha infringido los artículos 911, 915, 950 y 952 del Código Civil, se debe destacar previamente, que en un proceso sobre desalojo por ocupación precaria, la pretensión procesal está dirigida a que el emplazado desocupe el inmueble materia de litis, por carecer de título, o porque el que tenía ha fenecido; en consecuencia, por un lado, el accionante debe acreditar ser propietario o, por lo menos, tener derecho a la restitución del bien, tal como lo establece el artículo 586 del Código Procesal Civil; y, por otro lado, la parte demandada debe acreditar tener título vigente que justifique la posesión que ejerce sobre el bien materia de controversia. En conclusión, el conflicto de intereses en procesos de esta naturaleza, está constituido por el interés del accionante de que se le restituya el bien; y, el interés del emplazado de no ser despojado de la posesión del mismo bien, de lo que dependerá, entre otros supuestos, si éste tiene o no la condición de precario, según el artículo 911 del Código Civil.

SEXTO.- Que, a la luz de la doctrina más difundida, entre ella el jurista Eugenio María Ramírez, sostiene que: “si la posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido, entonces "se posee precariamente cuando se usa un bien, conociendo que es ajeno y sin intención de apropiárselo"[1]; por ende, la precariedad es una especie de característica de la posesión ilegítima de mala fe, cuyas causales para nuestra dogmática jurídica son: a) Falta de existencia del título (nunca existió); b) El título que dio vida a la posesión ha fenecido o caducado. En ese sentido, se puede afirmar que el artículo 911 del Código Civil nos conduce a establecer que deben probarse dos condiciones copulativas: a) Que la parte demandante sea la titular del bien cuya desocupación pretende; y, b) Que la parte emplazada ocupe el bien sin título o el que tenía hubiere fenecido.

SÉTIMO. Que, en el caso de autos, la parte demandada alega que no se ha tomado en cuenta el contrato privado de compra venta de fecha doce de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, mediante el cual adquirió la propiedad del bien sub litis. Al respecto se verifica que el referido documento se presentó de forma extemporánea, luego de la etapa de saneamiento procesal; prueba que no ingresó al proceso, pues no fue admitida e incluso ni siquiera fue ofrecida por la parte demandada, toda vez que el recurrente se limitó sólo a adjuntarlo mediante escrito de fecha tres de agosto de dos mil quince. Aunado a ello, se debe señalar que dicha instrumental, constituye un documento privado que no tiene fecha cierta, por lo que no genera convicción en el juzgador; siendo ello así, se concluye, que el demandado tiene la condición de precario, en consonancia con el Cuarto Pleno Casatorio Civil, expediente N° 2195-2011 Ucayali, que señala: “En efecto, la no existencia de un título o el fenecimiento del que se tenía, con el cual justificaba su posesión el demandado, se puede establecer como consecuencia de la valoración de las pruebas presentadas, de dicha valoración es que surge en el juez la convicción de la no existencia de título o que el acto jurídico que lo originó contiene algún vicio que lo invalida” (ver considerando 56); siendo así, debe desestimarse la presente denuncia.

OCTAVO. Que en cuanto a las denuncias contenidas en los ítems A) y D) del numeral 3 de la presente resolución, se advierte que ambas inciden en el mismo argumento referente a que el demandado no tiene la condición de precario, pues ha ejercido la posesión sobre el bien sub materia de manera pacífica, continua y pública por más de veinte años. Al respecto es de señalarse que el Cuarto Pleno Casatorio Civil, expediente N° 2195-2011 Ucayali, establece como precedente en el numeral 5.6 que: “5. Se consideran como supuestos de posesión precaria a los siguientes: […] 5.6 La mera alegación del demandado, en el sentido de haber adquirido el bien por usucapión, no basta para desestimar la pretensión de desalojo […]. De declararse fundada la demanda de desalojo por precario, en nada afecta lo que se vaya a decidir en otro proceso donde se tramite la pretensión de usucapión, puesto que el usucapiente tendrá expedito su derecho para solicitar la inejecución del mandato de desalojo o en todo caso para solicitar la devolución del inmueble.” En el caso de autos se ha determinado que de las instrumentales presentadas por la parte demandada no se ha acreditado derecho alguno a permanecer en el disfrute de la posesión, pues carece de título, entendido éste como acto o hecho, que genere un efecto de protección frente a la demandante, quien ha acreditado su derecho a que se le restituya la posesión del mismo.

VI. DECISIÓN

 A) Por estos fundamentos de conformidad con el artículo 397 del Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Edwin Oscar Huamán Chávez, a fojas doscientos sesenta y cuatro; en consecuencia NO CASARON la sentencia de vista de fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, de fojas doscientos cuarenta y seis, que confirma la sentencia apelada de fecha diez de agosto de dos mil quince, de fojas ciento cincuenta y seis que declara fundada la demanda; en consecuencia, ordena a la parte demandada desocupe el inmueble ubicado en Plan Integral Pampas de San Juan, manzana D, lote 19, Pueblo Joven Imperio, distrito de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima. B) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Sonia Eduviges Rojas Humaña con Edwin Oscar Huamán Chávez, sobre desalojo por ocupación precaria; y los devolvieron. Por Licencia de la señora Jueza Suprema Tello Gilardi, integra esta Sala Suprema el señor Juez Supremo De la Barra Barrera. Interviene como ponente la Jueza Suprema señora del Carpio Rodríguez.

 SS. TÁVARA CÓRDOVA, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA, SÁNCHEZ MELGAREJO



[1] RAMÍREZ CRUZ, Eugenio María. Tratado de Derechos Reales, Editorial Rodhas, p. 531.


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