Juez debe dilucidar en el presente proceso de desalojo por ocupante precario el mejor derecho a poseer y no el derecho de propiedad


CAS. N.º 4600-2015 Lima Sur

Emitida el 8 de noviembre del 2016

(Publicada en El Peruano, 30-11-17)

Juez ponente

Señor Juez supremo De la Barra Barrera.

Normas aplicables

Infundado

Normas aplicables

Artículo 911 del Código Civil

Fundamento jurídico relevante

 Al respecto, este Supremo Colegiado advierte que, la instancia de mérito ha realizado una correcta interpretación del artículo 911 del Código Civil, porque valorando de manera conjunta y razonada, ha cumplido con determinar quién tiene derecho a la posesión del bien, independientemente del derecho de propiedad que invoca la parte demandante, pues se ha apoyado en que los propios demandantes reconocen el derecho de propiedad de los demandados en el documento de fecha seis de enero de dos mil cuatro obrante a fojas ciento dieciocho (el cual no ha sido tachado por los accionantes) y en los recibos de pago de las deudas que aluden el mencionado documento y que justificarían su titularidad registral.

 

 

CAS. N.º 4600-2015

LIMA SUR

DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA

En el proceso de desalojo por ocupación precaria únicamente corresponde determinar quién tiene derecho a poseer el bien, más no dilucidar el derecho de propiedad.

Lima, ocho de noviembre de dos mil dieciséis.

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número cuatro mil seiscientos – dos mil quince, en audiencia pública de la fecha; y producida la votación de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia.

I. ASUNTO

En el presente proceso de desalojo por ocupación precaria, los demandantes Julio César Lam Romero y Roxana Delia Mezarina Arista, han interpuesto recurso de casación a fojas cuatrocientos treinta y uno, contra la sentencia de vista de fojas cuatrocientos cinco, su fecha once de setiembre de dos mil quince, expedida por la Sala civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que revocó la sentencia apelada que declaró fundada la demanda y reformándola declara infundada la demanda.

II. ANTECEDENTES

1. DEMANDA. Según escrito de fojas cuarenta y nueve y setenta, Julio César Lam Romero y Roxana Delia Mezarina Arista, interponen demanda planteando como pretensión que los cónyuges Hugo Mezarina Salinas y Delia Sebastiana Arista Jordan de Mezarina, cumplan con desocupar y restituir el terreno ubicado en los lotes 10 de la Manzana Ñ Habilitación Semi Urbana, Huertas de Lurín, Distrito de Pachacamac, inscrita en la Partida Nº 113201061. Los demandantes sostienen como soporte de su pretensión que: 1.1. Por escritura pública de compraventa de fecha diecinueve de octubre de dos mil uno adquirieron de sus anteriores propietarios, los demandados, el citado inmueble. 1.2. El dominio del citado inmueble ha sido inscrito en el asiento C0002 de la Partida N° 11321061 el veintiséis de octubre de dos mil uno. 1.3. El demandado Hugo Mezarina Salinas tiene la posesión del terreno en forma precaria y sin título alguno, toda vez que no cuenta con documentación que sustente lo contrario. 1.4. Invitaron al citado demandado a una conciliación, la cual se frustro, por su inasistencia. 1.5. Mediante carta notarial de fecha veinte de julio de dos mil doce requirieron a los demandados para que desocupen el terreno, vencido el plazo otorgado no restituyeron el inmueble.

2. CONTESTACIÓN. Mediante escrito de fojas ciento cuarenta y cinco, el demandado Hugo Mezarina Salinas, absuelve el traslado de la demanda, alegando principalmente que: 2.1. En el año 2001 decidió comprar a Julio César Morales Chirinos el inmueble materia de desalojo por la suma de catorce mil doscientos con 00/100 dólares americanos (US$ 14,200.00), entregando a cuenta la suma de ocho mil setecientos con 00/100 dólares americanos (US$ 8,700.00) y el saldo de cinco mil quinientos con 00/100 dólares americanos (US$ 5,500.00) a pagar con un préstamo facilitado por su yerno, hija y esposa, quienes a efectos de asegurar su devolución le impusieron la condición que les “vendiera” el lote en el mismo acto de la compra de éste. 2.2. Concretándose este acuerdo, mediante escritura pública de fecha diecinueve de octubre de dos mil uno, simultáneamente celebró primero la compra del inmueble a Julio César Morales Chirinos y a continuación en el mismo acto efectuando la exigencia de Lam Romero y esposa les “vendió” el indicado lote por diez mil con 00/100 dólares americanos (US$ 10,000.00) sumas en las que ya estaba incluido el préstamo que realmente fue de cuatro mil con 00/100 dólares americanos (US$ 4,000.00) por que el recurrente aportó mil quinientos con 00/100 dólares americanos (US$ 1,500.00) para completar los cinco mil quinientos con 00/100 dólares americanos (US$ 5,500.00) que fueron cancelados a Julio César Morales Chirinos mediante entrega de un cheque de gerencia del Banco de Crédito, el resto seis mil con 00/100 dólares americanos (US$ 6,000.00) de estos diez mil con 00/100 dólares americanos (US$ 10,000.00) eran los intereses del préstamo. 2.3. Sin embargo, estos cuatro mil con 00/100 dólares americanos (US$ 4,000.00) como deuda real, se incrementaba exorbitantemente cada día por los usureros intereses que le exigían, aparte de otros préstamos otorgados bajo la misma modalidad de garantizar su devolución firmando contratos de compraventa por otros lotes de terreno, por lo que Lam Romero y su esposa, deciden otorgar un primer documento privado de fecha seis de enero de dos mil cuatro, en el cual consignan que éste tiene la finalidad de no seguir teniendo conflictos familiares a causa de los préstamos y formalmente proceden a establecer la real y verdadera operación comercial realizada con ellos, consolidando dichos préstamos e intereses. 2.4. El segundo párrafo del documento de fecha seis de enero de dos mil cuatro, declaran los esposos Lam - Mesarina “Por otro lado, el terreno de Huertos de Lurín, Lote 10-A, Manzana Ñ también de propiedad de Hugo Mezarina Salinas y Delia Arista de Mezarina, sobre este inmueble pesaba un proceso judicial de cancelación a favor de sus anterior dueño César Morales Chirinos y para los efectos de su cancelación, los esposos Julio Lam Romero y Roxana Mezarina de Lam aportaron la suma de cinco mil con 00/100 dólares americanos (US$ 5,000.00) (no incluye intereses) en calidad de préstamo, del mismo modo este inmueble ha sido registrado en los Registros Públicos a nombre de estos últimos”. Consolidando en esos momentos otros préstamos otorgados en la misma modalidad de ser garantizado por venta a su favor de los lotes de terreno, agregan en el párrafo tercero que queda establecido que también le han prestado dos mil con 00/100 dólares americanos (US$ 2,000.00), a los que agregan diez mil con 00/100 (US$ 10,000.00) que los mencionan en el primer párrafo del documento, al comentar que: el otro terreno de San Pedro de Lurín Lote 13-B de propiedad del recurrente también se encuentra inscrito a nombre de ellos, como garantía de un préstamo por dicha suma de diez mil con 00/100 dólares americanos (US$ 10,000.00) que no incluye intereses. 2.5. Finalmente, en el último párrafo del mismo documento, declaran que “una vez cancelado los préstamos, los esposos Julio Lam Romero y Roxana Mezarina de Lam, devolverán la propiedad de Huertos de Lurín Lote 10-A, Manzana Ñ, a través de los Registros Públicos a sus legítimos dueños Hugo Mezarina Salinas […]” 2.6. Más adelante, los esposo Lam – Mezarina, bajo la membresía de recibo de pago de fecha treinta de setiembre de dos mil cuatro, otorgan un segundo documento en el cual establecen que la deuda de veintisiete mil seiscientos setenta y nueve con 00/100 dólares americanos (US$ 27,679.00) al treinta y uno de agosto de dos mil cuatro (7 meses después), incluyendo intereses, asciende a treinta mil ochocientos quince con 00/100 dólares americanos (US$ 30,815.00) consignando que a cuenta de dicha suma reciben la suma de diez mil con 00/100 dólares americanos (US$ 10,000.00). 2.7. Seguidamente a esta amortización de diez mil con 00/100 dólares americanos (US$ 10,000.00), abonó a Julio César Romero, por intermedio de su esposa la codemandante, la suma de ocho mil setecientos ochenta y siete con 00/100 (US$ 8,787.00), cuatro mil ochocientos dieciocho con 00/100 dólares americanos (US$4,818.00), dos mil con 00/100 dólares americanos (US$ 2,000.00) y mil doscientos noventa y dos con dólares americanos (US$ 1,292.00), los cuales suman veintiséis mil ochocientos noventa con 00/100 dólares americanos (US$ 26,890.00). Al no existir pacto verbal ni escrito sobre la tasa de intereses, se debe aplicar lo establecido en los artículos 1244 y 1245 del Código Civil, o sea, aplicar el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva. 2.8. Conforme al Informe Nº 025-2012, se establece que el capital de diecisiete mil con 00/100 dólares americanos (US$ 17,000.00) al treinta de noviembre de dos mil doce generó un interés de mil cuatrocientos setenta y seis con 60/100 dólares americanos (US$ 1,476.60), dando un total de dieciocho mil cuatrocientos sesenta y siete con 60/100 (US$ 18,467.60). Por tanto, al haber pagado a los demandantes la suma de veintiséis mil ochocientos noventa con 00/100 dólares americanos (US$ 26,890.00) habría pagado un exceso de ocho mil cuatrocientos veintitrés con 00/100 dólares americanos (US$ 8,423.00), el cual tiene que ser devuelto. 2.9. No se cumple ninguno de los supuestos previstos en el artículo 911 del Código Civil, ya que los demandantes, si bien aún aparecen en el registro como propietarios, jurídicamente esta condición se ha establecido inexistente, por la expresa, libre y soberana voluntad manifiesta por los demandantes al redactar y suscribir voluntariamente los dos documentos que adjunta. Por el contrario, se ha establecido inexorablemente que existen por ahora sustanciales circunstancias y situaciones que justifican que ostenta el uso y disfrute del predio.

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Culminado el trámite correspondiente, el juez mediante resolución de fecha diecisiete de setiembre de dos mil catorce de fojas dos cientos noventa y cuatro, declara fundada la demanda, ordena que el demandado cumpla con desocupar y entregar el bien sub litis al demandante; sustenta su decisión en que: 3.1. La parte demandante acredita su derecho de propiedad con el testimonio de escritura pública, así como con la Partida N.° 11321061, de los que se verifica que a la parte demandante les asiste el derecho de propiedad, así también, se tiene que de las cartas notariales remitidas a la parte demandada que efectivamente, éste fue requerido para la entrega del bien notarialmente. 3.2. Respecto del documento de fecha seis de enero de dos mil cuatro, suscrita entre los demandantes, esto solo acredita una relación comercial, pero que ninguno otorga propiedad o derecho alguno a la parte demandada para ocupar el predio, de la misma forma los documentos de fojas ciento diecinueve a ciento veintidós. 3.3. Con relación a la copia simple de la escritura pública de compraventa celebrada entre Julio César Morales Chirinos a favor del demandado, dicho documento también contiene la venta a favor del demandante Hugo Mezarina Salinas y esposa, también ofrecido por el demandante, corrobora la afirmación del demandante de ser propietario del bien; en consecuencia, no se verifica derecho a la posesión de la demandada, es decir, no cuenta con derecho alguno por lo que se acredita su condición de precario y el derecho de la demandante a la posesión, en su condición de propietario, por lo que acreditados los hechos, se llega a la conclusión de que debe procederse a restituir el inmueble que viene ocupando.

4. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA. La Sala civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, mediante resolución número 5, de fecha once de setiembre de dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos cinco, revocó la sentencia que declaró fundada la demanda y reformándola declaró infundada la demanda; en mérito a los siguientes fundamentos: 4.1. De fojas diecinueve a cuarenta y tres, corre el título archivado, de la Partida N° 11321061, en la que obra inserto la escritura pública de compraventa de fecha diecinueve de octubre de dos mil uno, por la cual Julio César Morales Chirinos transfiere a Hugo Mezarina Salinas y Delia Sebastián Arista Jordán de Mezarina, el lote materia de desalojo, por la suma de catorce mil doscientos con 00/100 dólares americanos (US$ 14,200.00), cancelado con la suma de ocho mil setecientos con 00/100 con 00/100 (US$ 8,700.00) con fecha anterior a la minuta, cinco mil quinientos con 00/100 dólares americanos (US$ 5,500.00) mediante cheque de gerencia a la firma de la escritura pública; asimismo conforme a la cláusula octava de la minuta, de fecha dieciocho de octubre de dos mil uno, los adquirientes transfiere en compraventa a los accionantes el mismo lote por la suma de diez mil con 00/100 dólares americanos (US$ 10,000.00), cancelado en momento de firmar la minuta. 4.2. A fojas ciento dieciocho, corre el instrumento de fecha seis de enero de dos mil cuatro, otorgado por las partes, por el cual se establece que el inmueble, de propiedad de Hugo Mezarina Salinas y esposa, sobre el cual pesaba un proceso judicial por cancelación a favor del anterior dueño César Morales Chirinos y para su cancelación los esposos Julio Lam Romero y Roxana Mezarina de Lam, aportaron la suma de cinco mil con 00/100 dólares americanos (US$ 5,000.00) [sin incluir intereses], en calidad de préstamo, registrándose el inmueble a nombre de éstos últimos, asimismo, se establece que otro terreno (ubicado en San Pedro), de propiedad también del demandado y registrado a nombre de los demandantes se hizo como garantía de un préstamo de diez mil con 00/100 dólares americanos (US$ 10,000.00) [sin incluir intereses], y habiendo los demandados realizado préstamos menor por dos mil con 00/100 dólares americanos (US$ 2,000.00), el total del préstamo asciende a veintisiete mil seiscientos setenta y seis con 00/100 dólares americanos (US$ 27,676.00), incluyendo intereses, deciden vender el terreno de San Pedro para cancelar los préstamos mencionados, lo que se establece con la finalidad de no seguir con los conflictos familiares a causa de dichos préstamos; se establece asimismo que una vez cancelados los préstamos, los esposos Julio Lam Romero y Roxana Mezarina de Lam devolverán la propiedad de Huertos de Lurín, a través de los Registros Públicos a sus legítimos dueños Hugo Mezarina Salinas y Amancio Mezarina Salinas, deduciendo la parte donde los esposos Julio Lam Romero y Roxana Mezarina de Lam han construido una casa en espacio dado en obsequio por matrimonio, valorizado en ocho mil con 00/100 dólares americanos (US$ 8,000.00). 4.3. A fojas ciento diecinueve, obra el recibo de pago de fecha treinta de diciembre de dos mil cuatro, en la cual los accionantes señalan que la deuda antes mencionada, al treinta y uno de agosto de dos mil cuatro ascienden a treinta mil ochocientos quince con 00/100 dólares americanos con 00/100 (US$ 30,815.00) y que con fecha veintitrés de setiembre de dos mil cuatro el codemandado Hugo Mezarina autoriza la venta de 1,200 m2 del lote de San Pedro de Lurín, de lo cual (US$ 10,000.00) se abonó a los accionantes como parte de pago del préstamo; obran asimismo de fojas ciento veinte, otros pagos efectuados por el citado codemandado al accionante Lam Romero por ocho mil setecientos ochenta con 00/100 dólares americanos ocho mil setecientos ochenta con 00/100 dólares americanos (US$ 8,780.00), de fecha veinte de noviembre de dos mil cuatro y a Roxana Mezarina por cuatro mil ochocientos dieciocho con 00/100 dólares americanos con 00/100 dólares americanos (US$ 4,818.00), de fecha cuatro de diciembre de dos mil cuatro, depósito bancarios a la cuenta de Roxana Mezarina por dos mil con 00/100 dólares americanos (US$2,000.00), de fecha veintidós de enero de dos mil cinco y mil doscientos noventa y dos con 00/100 dólares americanos (US$ 1,292.00), de fecha diecinueve de febrero de dos mil cinco. 4.4. Con posterioridad a la compraventa a favor de los accionantes, de fecha diecinueve de octubre de dos mil uno, las partes establecen reconocer la propiedad del predio a favor de los demandados, registrado también a nombre de los accionantes y los accionantes acuerdan devolver el mismo a los demandados una vez que cancelen los préstamos otorgados para la compra del bien, con la inscripción de su titularidad en los Registros Públicos; siendo así, y estando asimismo a los pagos los préstamos en cuestión, los demandados tienen una causa o derecho para permanecer en la posesión del predio, conforme al acto jurídico contenido en la instrumental de fecha seis de enero de dos mil cuatro.

5. RECURSO DE CASACIÓN. Contra la resolución dictada por la Sala Superior, los demandantes Julio César Lam Romero y Roxana Delia Mezarina Arista, interponen recurso de casación, el mismo que ha sido calificado mediante resolución de fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis, por la cual se declaró procedente el recurso de casación por las causal de: Infracción normativa por aplicación indebida e interpretación errónea del artículo 911 del Código Civil. Sostiene que la Sala Superior ha realizado una interpretación errónea de los alcances de la norma sobre desalojo, toda vez que aun reconociendo la existencia y la validez de la norma pertinente al caso, se equivocan al momento de interpretarla, otorgándole un sentido y alcances que no lo tiene, como es el caso de reconocer el instrumento privado de fecha seis de enero de dos mil cuatro, como si fuera título que le permite continuar poseyendo al demandado el inmueble de su propiedad que es materia de desalojo; que el artículo 911 del Código Civil, define la posesión precaria como la que se ejerce sin título alguno o la que se tenía ha fenecido, expresa de modo claro incontrovertible, el ejercicio de una posesión contraria a derecho, en tal virtud, la Sala Superior debería haber resuelto conforme a lo acordado en el IV Pleno Casatorio en lo Civil, sin embargo, la decisión adoptada no se ha ajusta a tal acuerdo que tiene el carácter vinculante; que la decisión tomada por la Sala Superior de darle las características de un título a un documento privado que no reúne los requisitos mínimos es un error.

III. MATERIA JURÍDICA EN DEBATE: En el caso de autos, la cuestión jurídica objeto de control en sede casatoria, consiste en determina si al determinarse que el demandado no tiene la condición de ocupante precario, se ha interpretado erróneamente el artículo 911 del Código Civil.

IV. FUNDAMENTOS

PRIMERO. Que, el recurso de casación tiene como fines esenciales la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo 384 del Código Procesal Civil.

SEGUNDO. Que, respecto a la causal de infracción normativa, según Monroy Cabra, “Se entiende por causal (de casación) el motivo que establece la ley para la procedencia del recurso [...]”[1]. A decir de De Pina. “El recurso de casación ha de fundarse en motivos previamente señalados en la ley. Puede interponerse por infracción de ley o por quebrantamiento de forma. Los motivos de casación por infracción de ley se refieren a la violación en el fallo de leyes que debieran aplicarse al caso, a la falta de congruencia de la resolución judicial con las pretensiones deducidas por las partes, a la falta de competencia etc.; los motivos de la casación por quebrantamiento de forma afectan […] a infracciones en el procedimiento”[2]. En ese sentido Escobar Forno señala. “Es cierto que todas las causales supone una violación de ley, pero esta violación puede darse en la forma o en el fondo”[3].

TERCERO. Que, estando a las alegaciones de la recurrente, corresponde precisar que de conformidad al artículo 911 del Código Civil cuya infracción normativa se denuncia, “La posesión precaria es la que se ejercer sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido”.

CUARTO. Que, sobre la naturaleza del proceso que nos ocupa se ha pronunciado el IV Pleno Casatorio Civil (Expediente número 2195-2011-Ucayali) que constituye precedente judicial y vincula a los jueces de la república, conforme lo prescribe el artículo 400 del Código Procesal Civil, señalando que: “una persona tendrá la condición de precaria cuando ocupe un inmueble ajeno, sin pago de renta y sin título para ello, o cuando dicho título no genere ningún efecto de protección para quien lo ostente, frente al reclamante, por haberse extinguido el mismo”. Debiéndose precisar que el derecho en disputa no es el de propiedad, sino el derecho a poseer, tal como ha quedado establecido como doctrina jurisprudencial en la parte in fine del artículo 2 del literal “b” del fallo del referido pleno; en dicho sentido ya se ha venido pronunciado esta Suprema Corte, al indicar que “El desalojo por ocupación precaria no es una acción real, ni es una acción reivindicatoria simplificada: es ciertamente una acción posesoria de naturaleza personal. No está dirigida a proteger la propiedad sino a proteger la posesión y por eso corresponde además del propietario, a quien considere tener derecho a la restitución. En esta acción no se discute la propiedad del bien, tan solo el derecho a poseer”[4].

QUINTO. Por otro lado, se tiene que, conforme a lo regulado en el artículo 586 del Código Procesal Civil, puede ser sujeto activo en el proceso de desalojo, “el propietario, el arrendador, el administrador y todo aquel que, salvo lo dispuesto en el artículo 598, considere tener derecho a la restitución de un predio”; sobre ello el fundamento 59 del mencionado IV Pleno Casatorio refiere que “[…] el sujeto que goza la legitimación para obrar activa no sólo puede ser el propietario, sino también, el administrador y todo aquel que considere tener derecho a la restitución de un predio, con lo cual se colige que el desalojo por ocupación precaria no exige de modo alguno que pueda ser incoado únicamente por quien ostenta la propiedad del bien, dado que además de éste, se encuentran legitimados los otros sujetos mencionados, quienes resultan tener calidad para solicitar la entrega en posesión del inmueble, con lo cual cobra fuerza lo dicho respecto al artículo 585, en cuanto que el término restitución se debe entender en un sentido amplio y no restringido. Quedando entendido que la probanza de la legitimidad para obrar activa estará referida al supuesto que alegue la parte actora (propietario, administrador o que idóneamente considere tener derecho a la restitución del bien)” Por otro lado el mismo artículo refiere que pueden ser demandados “[…] el arrendatario, el sub–arrendatario, el precario o cualquier otra persona a quien le es exigible la restitución”; al respecto el fundamento 60 del referido Pleno Casatorio, indica que realizando una interpretación concordada con el artículo 911 del Código Civil, la legitimidad pasiva comprende a “[…] todo aquel que ocupa el bien sin acreditar su derecho a permanecer en el disfrute de la posesión inmediata o que, en todo caso, en la realidad se han producido la desaparición de los actos o hechos, jurídicamente regulados y protegidos, generando como efecto la pérdida del derecho a poseer”.

SEXTO. En el caso de autos, la instancia de mérito ha determinado que la parte demandada no tiene la condición de ocupante precario; por cuanto, con posterioridad a la compraventa a favor de los accionantes, de fecha diecinueve de octubre de dos mil uno, las partes establecen reconocer la propiedad del predio sub materia a favor de los demandados, registrado a nombre de los accionantes, y los accionantes acuerdan devolver el mismo a los demandados una vez que cancelen los préstamos otorgados para la compra del referido predio, con la inscripción de sus titularidad en los Registros Públicos; lo que aunado a la acreditación de los pagos de los préstamos en cuestión, denotan que los demandados tiene una causa o derecho para permanecer en la posesión del predio sub litis, conforme al acto jurídico contenido en la instrumental de fecha seis de enero de dos mil cuatro.

SÉTIMO. Al respecto, este Supremo Colegiado advierte que, la instancia de mérito ha realizado una correcta interpretación del artículo 911 del Código Civil, porque valorando de manera conjunta y razonada, ha cumplido con determinar quién tiene derecho a la posesión del bien, independientemente del derecho de propiedad que invoca la parte demandante, pues se ha apoyado en que los propios demandantes reconocen el derecho de propiedad de los demandados en el documento de fecha seis de enero de dos mil cuatro obrante a fojas ciento dieciocho (el cual no ha sido tachado por los accionantes) y en los recibos de pago de las deudas que aluden el mencionado documento y que justificarían su titularidad registral. Debiéndose precisar que la instancia de mérito se ha apoyado en la conducta de la parte demandante, que ha resultado ser contraria al derecho de propiedad que invoca y que por otro lado ha reforzado los argumentos en los que la parte contraria apoya su derecho a poseer el bien. Por lo que corresponde declarar infundado el recurso de casación; sin que ello implique pronunciamiento respecto al derecho de propiedad que ambas partes invocan.

V. DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas no se configura la causal de infracción normativa denunciada, por lo que en aplicación del artículo 397 del Código Adjetivo; declararon: INFUNDADO el recurso de casación de fojas cuatrocientos treinta y uno interpuesto los demandantes Julio César Lam Romero y Roxana Delia Mezarina Arista; en consecuencia decidieron NO CASAR la sentencia de vista de fojas cuatrocientos cinco, su fecha once de setiembre de dos mil quince, expedida por la Sala civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que revocó la sentencia apelada que declaró fundada la demanda y reformándola declara infundada la demanda; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos con Delia Sebastiana Arista Jordán de Mezarina y otro, sobre desalojo por ocupación precaria; intervino como ponente, el Juez Supremo De la Barra Barrera.

SS. TELLO GILARDI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA.

 



[1] Monroy Cabra, Marco Gerardo, Principios de Derecho Procesal Civil, Segunda edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, p. 359.

[2] De Pina Rafael, Principios de Derecho Procesal Civil, Ediciones Jurídicas Hispano Americanas, México D.F., 1940, p. 222.

[3] Escobar Fornos Iván, Introducción al Proceso, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1990, p. 241.

[4] Casación N.° 2725-2005-Lima, 10-04-2008, El Peruano, 31 agosto 2006, p. 17030.

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