La formalización del contrato no está sujeta al cumplimiento de las prestaciones salvo existencia de pacto en contrario

Fuente: formato7

CAS. N.º 194-2016 Junín

Emitida el 29 de noviembre del 2017

(Publicada en El Peruano, 02/05/2018)

Juez ponente

Señora Jueza Suprema Céspedes Cabala

Decisión

Infundado

Normas aplicables

Artículo 1412 del Código Civil

Fundamento jurídico relevante

Que, en ese contexto, de la lectura del contrato privado de fecha treinta de enero de dos mil doce, se aprecia que el cumplimiento de la obligación de formalización del contrato no está condicionado al cumplimiento de las prestaciones, dicho contrato tampoco contiene formalidad solemne alguna que deba cumplirse, en consecuencia, la partes pueden compelerse a llenar la formalidad del contrato, debiendo desestimarse el argumento expuesto por la parte demandada.


CAS. N.º 194-2016

JUNÍN

OTORGAMIENTO DE

 ESCRITURA PÚBLICA

SUMILLA. A través del proceso de Otorgamiento de Escritura Pública no se discute si las partes han cumplido o no sus prestaciones, sino está limitado a perfeccionar la titulación del contrato mediante el Otorgamiento de Escritura Pública de la compraventa. Por lo tanto, no existe impedimento para cumplir con esta obligación.

Lima, veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete.

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: Vista la causa número ciento noventa y cuatro - dos mil dieciséis; y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia:

I. ASUNTO

En el presente proceso de Otorgamiento de Escritura Pública, Félix Manuel Antezana Martínez y Patricia Meza Mendoza interpusieron recurso de casación mediante escrito obrante a fojas ciento sesenta y ocho, contra la sentencia de vista de fojas ciento cincuenta y seis, de fecha dieciséis de octubre de dos mil quince, emitida por la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, instancia que confirmó la sentencia apelada de fojas ciento veintidós, de fecha veinticuatro de junio de dos mil quince, que declaró fundada la demanda sobre Otorgamiento de Escritura Pública; y revocó el extremo que dispone se extienda la Escritura Pública “incluyendo la azotea”; reformándola declaró infundada, precisando que la Escritura Pública se otorgue conforme a sus propios términos.

II. ANTECEDENTES

1. DEMANDA

Mediante escrito obrante a fojas uno y siguientes, Erika Noemí Romero Medrano, por derecho propio y en representación de la sociedad conyugal conformada con Freddy Eduardo Orrego Zambrano interpuso demanda a fin que se ordene el otorgamiento de la escritura pública respecto del inmueble tipo penthouse “A” o “B” dúplex, ubicado en el octavo y noveno piso, incluyendo la azotea, con ingreso por el jirón Ayacucho 716, del distrito y provincia de Huancayo, departamento de Junín; de una extensión de ciento ochenta metros cuadros (180.00 m2), inscrita en la Partida Electrónica número 11183762 de los Registros Públicos de Junín, argumentando lo siguiente: Conforme al contrato preparatorio de compraventa suscrito ante el Notario Ciro Gálvez, el treinta de enero de dos mil doce, los demandados Félix Manuel Antezana Martínez y su cónyuge Patricia Meza Mendoza, aprovechando su amistad, mostraron documentos relacionados al proyecto de construcción de modernos departamentos en venta, siendo así, se les ofreció en venta el inmueble antes descrito pactando el precio en la suma de cuarenta y cinco mil dólares americanos (US$45,000.00). Alegan que, a la suscripción del contrato, entregaron la suma de diez mil dólares americanos (US$10,000.00) y que el saldo debería cancelarse el veinte de diciembre de dos mil doce, después de un año aproximadamente, fecha en la que se suscribiría la venta definitiva o testimonio de traslación de dominio definitivo. Otro de los acuerdos fue la construcción concluida y habitable, saneada, inscrita e independizada, lo cual —como indica la parte demandante— jamás cumplieron. Ante el pretexto de la parte demandada de carecer de fondos para completar el pago pactado, los demandantes exigieron se desembolsen adelantadamente los pagos en diversos montos, incluso los recurrentes compraron materiales y pagaron a terceros con la finalidad de culminar la construcción. No obstante, luego se enteraron sorpresivamente que el bien se encontraba con medida cautelar, no contaba con saneamiento respectivo ni tenían planeado independizar y la construcción aún se encuentra inconclusa.  Por otro lado, a los pocos días de suscribir el contrato se les exigió dinero a fin de avanzar con las obras, llegando a la suma de treinta y tres mil ciento cincuenta y nueve soles con noventa céntimos (S/33,159.90). Señala que ha solicitado a los demandados que se apersonen a la Notaría, no obstante estos no han concurrido, lo que ha motivado que deje un empoce por el monto de precio de venta.

2. CONTESTACIÓN

Mediante escrito de fojas cincuenta y ocho, los demandados Félix Manuel Antezana Martínez y Patricia Meza Mendoza contestan la demanda, señalando que: El veinte de diciembre de dos mil doce, se acercaron a los demandantes, quienes manifestaron que no disponían del dinero para cancelar lo acordado debido a problemas de liquidez, por lo que se pactó que la transferencia y el pago se realizaría en junio de dos mil tres. Señala que ante el incumplimiento de lo pactado se procedió a enviarles cartas notariales, comunicándoles que estaban aplicando la cláusula sexta del contrato preparatorio de fecha treinta de enero de dos mil doce; y en consecuencia, ellos perdían el adelanto que habían dado a la firma del contrato, por lo que no tienen ninguna deuda frente a los demandantes.

3. RESOLUCIÓN FINAL DE PRIMERA INSTANCIA

El veinticuatro de junio de dos mil quince, mediante Resolución número nueve, obrante a fojas ciento veintidós, el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, declaró fundada la demanda, señalando que: Se presume que la parte actora ha cancelado en su totalidad el precio pactado —de acuerdo al artículo 1412 del Código Civil— y teniendo en cuenta que el bien inmueble objeto de transferencia se encuentra identificado e individualizado, los demandados se encuentran obligados a otorgar la respectiva escritura pública a favor de los demandantes, y por ende el accionante se encuentra en el derecho de exigir el Otorgamiento de la Escritura Pública en referencia.

4. RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

Apelada la sentencia de primera instancia, con fecha dieciséis de octubre de dos mil quince, la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, emitió la resolución de vista de fojas ciento cincuenta y seis, que confirmó la apelada, la cual declaró fundada la demanda sobre Otorgamiento de Escritura Pública; y revocó el extremo que dispone se extienda la Escritura Pública “incluyendo la azotea”; reformándola declaró infundada, precisando que la Escritura Pública se otorgue conforme a sus propios términos; bajo los siguientes argumentos: Los demandados tienen una errada lectura del sexto considerando de la minuta, pretendiendo eximirse de su obligación de extender la escritura pública, en tanto que el acuerdo no está dado en el sentido de que en caso la compradora no pague el precio, los vendedores deban eximirse de extender Escritura Pública. Cabe precisar que ambas partes tiene todo el derecho de exigirse el cumplimiento de las obligaciones que hubieren asumido en el contrato, no obstante, el pago del precio del inmueble debe exigirse en un proceso distinto al presente, ya que en un proceso sobre otorgamiento de escritura pública no es objeto de discusión la obligación de dar suma de dinero.

III. RECURSO DE CASACIÓN

El tres de diciembre de dos mil quince, los demandados mediante escrito de fojas ciento sesenta y ocho, interponen recurso de casación contra la sentencia de vista, siendo declarado procedente por este Supremo Tribunal mediante la resolución de fecha dieciséis de marzo de dos de marzo de dos mil diecisiete, por la infracción normativa de los artículos 1558 del Código Civil, I del Título Preliminar y 197 del Código Procesal Civil, así como el artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, alegándose que: i) No se ha llegado a acreditar la documentación idónea y de mérito probatorio, que la compradora haya cumplido con cancelar en su totalidad el precio pactado; ii) No se ha aplicado lo dispuesto por el artículo 1558 del Código Civil, pues la Sala Superior se limita a expresar la obligación del vendedor de otorgar la Escritura Pública, siendo el fundamento principal haber cumplido con la cancelación del precio del bien, lo que no se ha acreditado fehacientemente; y, iii) No se ha tomado en consideración que las pruebas existentes en el proceso no tienen mérito probatorio por tratarse de “simples pedazos de papel” (sic) con anotaciones antojadizas sin firma del presunto receptor del dinero, y en otros casos, de una simple lista de pago sin documento alguno que lo sustente.

IV. CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE

En el presente caso, habiéndose declarado procedente el recurso tanto por causales procesales y materiales, conviene determinar primero si la sentencia de vista adolece de vicios al debido proceso que acarreen su nulidad, así como si se ha infringido el deber de valorar los medios probatorios ofrecidos por la parte recurrente, y en el caso que no se adviertan infracciones de carácter procesal se procederá a desarrollar la causal material denunciada.

V. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA

PRIMERO. Que, el recurso de casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República, conforme lo señala el artículo 384 del Código Procesal Civil.

SEGUNDO. Que, la infracción procesal se configura cuando en el desarrollo del proceso, no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva, el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales.

TERCERO. Que, el derecho al debido proceso tiene tres elementos: a) El derecho de acceso a alguna de las modalidades de justicia institucionalizada previstas en el ordenamiento jurídico; b) El proceso mismo se ajuste a una serie de exigencias que favorezcan en la mayor medida posible a la consecución de una decisión justa; y, c) La superación plena y oportuna del conflicto con una decisión justa, a través de la ejecución también plena y oportuna[1]. La importancia de este derecho para la protección de los derechos fundamentales ha dado lugar a que sea considerado como un Principio General del Derecho, Garantía Constitucional y como un Derecho Fundamental[2].

CUARTO. Que, uno de los aspectos de este derecho dentro del proceso es el referido a la prueba, “ello en la medida en que los justiciables están facultados para presentar todos los medios probatorios pertinentes, a fin de que puedan crear en el órgano jurisdiccional la convicción necesaria de que sus argumentos planteados son correctos”[3].

QUINTO. Que, siendo ello así, debe tenerse presente que el artículo 197 del Código Procesal Civil, prescribe que: “Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución solo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustenten su decisión”. En ese sentido, debe entenderse que el Juez se encuentra en la obligación de atender y analizar los medios probatorios que intentan acreditar un hecho alegado por alguna de las partes ya sea en la demanda, en la contestación o en el escrito donde se ofrezcan nuevos medios probatorios, siempre que estos cumplan los requisitos para su admisión; constituyendo la omisión a este precepto una infracción a la norma que establece la finalidad de los medios probatorios contenida en el artículo 188 del Código Procesal Civil.

SEXTO. Que en ese sentido, es de advertirse que la sentencia de vista ha cumplido con el deber de motivación, en tanto la Sala ha empleado en forma suficiente los fundamentos de hecho y de derecho que le han servido de base para confirmar la apelada, observando, cautelando y respetando el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales; esto último por cuanto la sentencia de vista, cumple con exponer las razones fácticas y jurídicas que determinaron la decisión final, ello acorde a una valoración de los medios probatorios presentados. A su vez, señala de forma precisa las normas aplicables, para determinar la decisión recaída sobre el petitorio. En consecuencia, la infracción normativa procesal resulta infundada, debiendo analizarse la causal material denunciada.

SÉTIMO. Que, respecto a la procedencia del recurso de casación por la causal de infracción normativa del artículo 1558 del Código Civil, los recurrentes manifiestan básicamente que durante el proceso no se ha llegado a acreditar con documentación idónea y de mérito probatorio que la parte promitente compradora haya cumplido con cancelar en su totalidad y en su oportunidad el precio pactado por lo que, en consecuencia, no puede Otorgarse Escritura Pública alguna.

OCTAVO. Que, en ese sentido, siendo requisito indispensable para la inscripción en los Registros Públicos, que el contrato previamente sea elevado a Escritura Pública, el otorgamiento de esta formalidad estaría inmerso en la obligación de perfeccionamiento. Así, el artículo 1412 del Código Civil establece que “Si por mandato de la ley o por convenio debe otorgarse escritura pública o cumplirse otro requisito que no revista la forma solemne prescrita legalmente o la convenida por las partes por escrito bajo sanción de nulidad, estas pueden compelerse recíprocamente a llenar la formalidad requerida”

NOVENO. Que, en ese contexto, de la lectura del contrato privado de fecha treinta de enero de dos mil doce, se aprecia que el cumplimiento de la obligación de formalización del contrato no está condicionado al cumplimiento de las prestaciones, dicho contrato tampoco contiene formalidad solemne alguna que deba cumplirse, en consecuencia, la partes pueden compelerse a llenar la formalidad del contrato, debiendo desestimarse el argumento expuesto por la parte demandada.

DÉCIMO. Que, por otro lado, habiéndose demandado a través del presente proceso únicamente la obligación de formalizar la titulación del contrato (artículo 1412 del Código Civil) en el que no se discute si las partes han cumplido o no sus prestaciones, sino que está limitado a perfeccionar la titulación del contrato mediante el otorgamiento de escritura pública de la compraventa, no existe impedimento legal para cumplir con esta obligación, más aún, si el otorgamiento de la escritura pública no tiene por fin convertir al comprador de un inmueble en propietario de él, sino que dicho acto tiene por finalidad formalizar el acto y acreditar fehacientemente ante terceros la propiedad inmueble a través de su posterior inscripción, en tanto medio de prueba del derecho de propiedad de un bien inmueble (ad probattionem)[4].

DÉCIMO PRIMERO. Que, en tal contexto fáctico y jurídico, al no configurarse el motivo de las infracciones normativas, el recurso de casación debe ser desestimado en todos sus extremos y procederse conforme a lo dispuesto en el artículo 397 del Código Procesal Civil.

V. DECISIÓN

Estando a las consideraciones expuestas y de conformidad con los artículos 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 397 del Código Procesal Civil, declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Félix Manuel Antezana Martínez y Patricia Meza Mendoza; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fojas ciento cincuenta y seis, de fecha dieciséis de octubre de dos mil quince, emitida por la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Fredy Eduardo Orrego Zambrano y otra contra Félix Manuel Antezana Martínez y otra, sobre Otorgamiento de Escritura Pública; y los devolvieron. Ponente Señora Céspedes Cabala, Jueza Suprema.

S.S. ROMERO DÍAZ, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA, DE LA BARRA BARRERA, CÉSPEDES CABALA.



[1]Cfr. Castillo Córdova, Luis. “Debido proceso y tutela jurisdiccional”. En: “La Constitución Comentada”. Tomo III. Lima: Gaceta, 2013, p. 61-62.  

[2] Bustamante Alarcón, Reynaldo. “Derechos Fundamentales y Proceso Justo”. Lima: Ara Editores, 2001, p.218.

[3] STC EXP. N.° 01557-2012-PHC/TC, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 18 de octubre de 2012.

[4] Casación número 4146-2014 Apurímac. Página web de diálogo con la jurisprudencia: http://www.dialogoconlajurisprudencia.com/boletines-dialogo/arboletin/ 4-4146-2014-APURIMAC.PDF (recuperado el 20 de diciembre de 2017).    

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