La naturaleza de la acción pauliana es declarativa de eficacia y no la de una acción revocatoria


CAS. N.º 3092-2015 Cajamarca

 Emitida el 24 de junio del 2016

(Publicada en El Peruano, 03-01-18)

Juez ponente

Señora Jueza suprema Romero Díaz

Normas aplicables

Fundado

Normas aplicables

Artículo 195 del Código Civil

Fundamento jurídico relevante

Por la acción pauliana el acreedor que ve disminuido el patrimonio de su deudor en forma tal que perjudique el cobro de su acreencia, tiene el derecho de demandar que se declare la ineficacia, respecto de él, de los actos de disposición de su patrimonio efectuados por su deudor. Por lo tanto, para que prospere dicha acción —que no tiene el carácter de revocatoria sino que es una acción declarativa de ineficacia— el artículo 195 del Código Civil, exige la existencia de un acreedor y de una deuda y que el deudor disponga de algún bien de su propiedad en perjuicio del acreedor, dificultando así la posibilidad del cobro de la deuda […].

 

 

CAS. N.º 3092-2015

CAJAMARCA

INEFICACIA DE ACTO JURÍDICO

SUMILLA. “Para que prospere la acción pauliana —que no tiene el carácter de revocatoria sino que es una acción declarativa de ineficacia— el artículo 195 del Código Civil, exige la existencia de un acreedor y de una deuda y que el deudor disponga de algún bien de su propiedad en perjuicio del acreedor, dificultando así la posibilidad del cobro de la deuda”.

Lima, veinticuatro de junio de dos mil dieciséis.

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: Vista la causa número tres mil noventa y dos – dos mil quince; y producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:

I. MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN

Se trata del recurso de casación interpuesto por Paula Alva Bardales viuda de Ramírez a fojas ciento ochenta y cinco, contra la sentencia de vista de fojas ciento setenta y tres, de fecha siete de mayo de dos mil quince, expedida por la Sala Especializada Civil Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que confirma la sentencia apelada de fojas ciento once, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil trece, que declara infundada la demanda; en el proceso seguido por Paula Alva Bardales Viuda de Ramírez contra César Ramón Villar Méndez y la empresa H&A Faet Constructores Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, sobre Ineficacia de Acto Jurídico.

II. CAUSALES DEL RECURSO DE CASACIÓN

Por resolución de fecha veintinueve de octubre de dos mil quince, corriente a fojas treinta del cuaderno de casación, este Supremo Tribunal ha declarado procedente el recurso de su propósito, por las causales denunciadas de: 2.1. Infracción normativa material del artículo 195 incisos 1 y 2 del Código Civil; y 2.2. Infracción normativa procesal de los artículos 188, 189, 196 y 197 del Código Procesal Civil y 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú.

III. ANTECEDENTES

Previamente a la absolución de las denuncias formuladas por los recurrentes, conviene hacer las siguientes precisiones respecto de lo acontecido en el proceso: 3.1.- Con fecha ocho de enero de dos mil trece, Paula Alva Bardales viuda de Ramírez interpone demanda mediante escrito de fojas cuarenta y tres, solicitando que se declare la ineficacia del contrato privado de compraventa de fecha quince de mayo de dos mil doce, consistente en la compraventa de la retroexcavadora Komatsu, modelo WB 140-2N, cabina abierta, brazo STD, cauchos 30%, motor diesel y ammar S4D106-2XFH EV-04256 año dos mil dos, con mil cuatrocientos sesenta y cuatro horas, serial: KMTWB0001E36 A21277, color amarillo, celebrado entre los demandados con la intención de evadir su responsabilidad de una indemnización por responsabilidad extracontractual. Argumenta su pedido en lo siguiente: I) La empresa demandada propietaria de la retroexcavadora con la que se produjo el accidente de tránsito donde falleció el cónyuge de la demandante, vendió dicho bien por medio de un contrato privado de compraventa al codemandado, con fecha quince de mayo de dos mil doce, con el fin de evadir su responsabilidad de indemnizar; y II) Los demandados están obligados a procurarle una indemnización como reparación civil por responsabilidad civil extracontractual, proveniente del accidente de tránsito producido entre la retroexcavadora de propiedad de la empresa demandada y la motocicleta que conducía el cónyuge de la demandante, quien falleció en el accidente. 3.2. Por su parte mediante escrito de fecha veintiuno de mayo de dos mil trece, obrante a fojas setenta y nueve, la empresa demandada H&A Faet Constructores Empresa Individual de Responsabilidad Limitada contesta la demanda negándola en todos sus extremos, argumentando lo siguiente: I) No es cierto que la transferencia del bien haya sido con la finalidad de evadir la responsabilidad indemnizatoria a favor de la demandante; y II) A la fecha en que se celebró el contrato de compraventa de la retroexcavadora, no existía crédito alguno a favor de la demandante, sino que ese crédito a su favor recién se llegó a materializar en noviembre de dos mil doce, fecha en que se sentenció al conductor de la retroexcavadora al pago de una reparación civil. 3.3. Por su parte, el codemandado César Ramón Villar Méndez, mediante su escrito de fecha veintiuno de mayo de dos mil trece, obrante a fojas noventa, contesta la demanda alegando lo siguiente: I) A la fecha en que se celebró el contrato de compraventa de transferencia de la retroexcavadora a su favor, desconocía del accidente al que hace referencia la demandante, menos conocía de un derecho o crédito alguno a favor de la demandante; II) De los documentos presentados por la demandante se advierte que no existe un proceso con sentencia firme que pueda exigir a su vendedor a cancelar determinada cantidad por concepto de indemnización, agregando que él solo ha cumplido con pagar una contraprestación al vendedor a cambio de la retroexcavadora. 3.4. Por sentencia de primera instancia de fojas ciento once, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil trece, el A quo declara infundada la demanda de Ineficacia de Acto Jurídico. Los argumentos en los que se sustenta esta decisión son los siguientes: I) La compraventa de la retroexcavadora se realizó con fecha anterior al establecimiento de crédito a favor de la demandante, e incluso antes de haberse expedido la Resolución número uno de fecha veintiséis de julio de dos mil doce, por la cual el Segundo Juzgado Especializado Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, concede medida cautelar a la demandante, la misma que luego fue dejada sin efecto, por lo que no concurre uno de los requisitos exigidos por el artículo 195 del Código Civil para la procedencia de la Ineficacia de Acto Jurídico, esto es que el crédito sea anterior al acto de disminución patrimonial; II) Se ha condenado como responsable del hecho punible de homicidio culposo al ciudadano Luis Eduardo Alvitez Meza, y se estableció como monto por reparación civil la suma de catorce mil quinientos soles(S/14,500.00) a ser pagados a la parte agraviada en razón de treinta y seis cuotas mensuales de cuatrocientos soles (S/400.00) cada uno y la ultima de quinientos soles (S/500.00), el mismo que ha venido pagando; sin embargo, se advierte que no se comprendió como tercero civilmente responsable a la empresa demandada; III) Si bien la demandante ha iniciado un proceso de indemnización contra dicha empresa, no se ha acreditado con mandato judicial firme que ésta se encuentre obligada al pago de algún monto, y que éste no se encuentre debidamente garantizado, o que se presuma la existencia de algún perjuicio por la imposibilidad de pagar íntegramente dicha prestación o se dificulte la posibilidad de su cobro; IV) Tampoco se encuentra acreditado que el codemandado César Ramón Villar Méndez conocía o estaba en condición de conocer el futuro crédito a favor de la demandante al momento que adquirió el vehículo (quince de mayo de dos mil doce), por lo que la demanda planteada ha sido dirigida contra terceros sin responsabilidad. 3.5. Elevada en apelación la sentencia, el Ad quem por sentencia de vista de fecha siete de mayo de dos mil quince, obrante a fojas ciento setenta y tres, confirma la apelada que declaró infundada la demanda; tras considerar lo siguiente: I) La existencia del crédito al margen del hecho que diera origen al mismo no se produce con la concesión de la medida cautelar de embargo en forma de depósito, la que en todo caso es provisoria, sino que este recién tendría eficacia con la emisión de la resolución de terminación anticipada correspondiente al Cuaderno de Debate número 993-2012-1-0601-JR-PE-01, de fecha veintinueve de octubre de dos mil doce, en la que se condena al conductor de la retroexcavadora al pago de catorce mil soles (S/14,000.00) por concepto de reparación civil a favor de la demandante, en condición de agraviada por la muerte de su esposo Félix Ramírez Cárdenas; y II) A la fecha de celebración del acto jurídico de compraventa (quince de mayo de dos mil doce) no existía un crédito no satisfecho a favor de la demandante, por lo que evidentemente no se ha acreditado en forma alguna que se le haya causado un perjuicio a la parte demandante con la celebración del acto de compraventa cuestionado, así como se descarta el conocimiento del mismo por parte del comprador, máxime si la parte demandante no ha demostrado que la resolución por la que se desestima su oposición a la reparación civil, esto es dentro del proceso penal, haya quedado sin efecto y a partir de ello concluir por la existencia de perjuicio.

IV. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA

PRIMERO. Según lo establecido por el artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley número 29364, el recurso extraordinario de casación tiene por fines esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto así como la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia por ende este Tribunal Supremo sin constituirse en una tercera instancia adicional en el proceso debe cumplir su deber pronunciándose acerca de los fundamentos del recurso por la causal declarada procedente.

SEGUNDO. En el caso de autos al haberse declarado procedentes las denuncias sustentadas en vicios in procedendo como vicios in iudicando, corresponde efectuar en primer término el análisis de la causal procesal, toda vez que de resultar fundada ésta, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su efecto nulificante, carecería de sentido emitir pronunciamiento respecto de la causal material.

TERCERO.  En cuando a la causal de infracción normativa procesal, la parte recurrente alega que se ha infraccionado el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú y los artículos 188, 189, 196 y 197 del Código Procesal Civil, porque el Colegiado Superior no ha hecho una correcta valoración de los medios probatorios presentados en la demanda y los medios probatorios extemporáneos presentados en la apelación. Refiere que, la Sala Superior ha señalado que la recurrente no ha acreditado el perjuicio al celebrar el acto jurídico de quince de mayo de dos mil doce, argumento totalmente falso, pues dicho perjuicio ha sido probado en autos. Señala además que se ha probado en autos que la empresa demandada ha actuado de mala fe al vender su único bien (retroexcavadora), con contrato privado al tercer día de ocasionar la muerte al esposo de la actora, con la intención de no pagar alguna indemnización a la demandante. Finalmente refiere que los demandados no han contradicho los hechos, tampoco han absuelto la apelación y medio probatorio extemporáneo, lo que determina que éstos están aceptando el fraude de su contrato, por lo que se debe realizar un nuevo estudio de los medios probatorios y declarar la ineficacia del acto jurídico celebrado el quince de mayo de dos mil doce.

CUARTO.- El inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, consagra el derecho a la Motivación de las Resoluciones Judiciales como una garantiza para que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de Administrar Justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la Ley, pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. Bajo este contexto, el contenido esencial del derecho y principio de Motivación de las Resoluciones Judiciales se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial expresa una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión.

QUINTO. Por su parte, los artículos 188, 189, 196 y 197 del Código Procesal Civil, establecen la finalidad de los medios probatorios, la oportunidad de su ofrecimiento, la carga de la prueba y su valoración, respectivamente. En ese sentido, si bien es cierto que en materia casatoria no corresponde a esta Sala Suprema analizar las conclusiones a las que llegan las instancias de mérito sobre cuestiones de hecho ni las relativas a la valoración de la prueba examinada en instancia; sin embargo, es factible el control casatorio tratándose de infracciones de las reglas que regulan la actividad probatoria, entre ellas las que establecen los artículos 189, 196 y 197 del Código adjetivo, con el objeto de hacer efectiva la finalidad de los medios probatorios a que se contrae el artículo 188 de la misma norma procesal, esto es, acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. Por lo tanto, el presente análisis se circunscribe en establecer si la sentencia de vista ha invertido indebidamente la carga de la prueba o ha omitido valorar en forma conjunta y razonada pruebas determinantes para resolver la controversia, pues de ser éste el caso la sentencia impugnada vulneraría no solo el Derecho a Probar sino el Derecho a la Debida Motivación de las Resoluciones Judiciales, ya que este último derecho se verá satisfecho cuando la conclusión a la que ha llegado el Juez sea el resultado de una confrontación y análisis del caudal probatorio ofrecido por las partes.

SEXTO. En el caso de autos, ambas instancias analizan las siguientes pruebas: I) Los documentos de fojas tres y dieciséis que acredita que el esposo de la demandante falleció el diez de mayo de dos mil doce, como consecuencia de un accidente de tránsito producido por el impacto de la motocicleta que conducía el occiso con la retroexcavadora de propiedad de la empresa demandada H&A Faet Constructores Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, conducida por Luis Eduardo Alvitez Meza; II) El documento de fojas treinta y seis, que acredita que la citada retroexcavadora fue vendida al codemandado César Ramón Villar Méndez mediante el contrato de compraventa de materia de la demanda, de fecha quince de mayo de doce; III) La resolución de fojas veintidós, que acredita que el Segundo Juzgado Especializado Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, concedió a la demandante la medida cautelar fuera de proceso en la modalidad de embargo en forma de depósito respecto del vehículo antes referido; y IV) Las piezas procesales del Cuaderno de Debate número 993-2012-1-0601-JRPE- 03, de fojas sesenta y seis a setenta y uno, que acreditan que con fecha veintinueve de octubre de dos mil doce, se llevó a cabo la terminación anticipada del proceso penal seguido contra el conductor de la retroexcavadora causante del accidente Luis Eduardo Alvitez Meza, que resuelve declarar infundada la oposición presentada por la demandante Paula Alva Bardales Viuda de Ramírez en el extremo que aprueba la condena y la reparación civil de catorce mil quinientos soles (S/14,500.00) a favor de la parte agraviada.

SÉTIMO. Luego del análisis de las mencionadas pruebas, las instancias de mérito arriban a la conclusión que la demanda no habría cumplido con uno de los requisitos exigidos por el artículo 195 del Código Civil, para la procedencia de la Ineficacia del Acto Jurídico, que es la preexistencia del crédito a favor de la demandante, es decir, que el crédito sea anterior al acto de disminución patrimonial, pues en el caso de autos dicho crédito recién se estableció con la terminación anticipada del proceso penal seguido en contra del conductor de la retroexcavadora causante del accidente, producida el veintinueve de octubre de dos mil doce, fecha posterior a la celebración del acto jurídico de compraventa del vehículo de propiedad del deudor producido el quince de mayo de dos mil doce.

OCTAVO.- El artículo 195 del Código Civil, regula la figura de la acción pauliana en los siguientes términos: “El acreedor, aunque el crédito esté sujeto a condición o a plazo, puede pedir que se declaren ineficaces respecto de él los actos gratuitos del deudor por los que renuncie a derechos o con los que disminuya su patrimonio conocido y perjudiquen el cobro del crédito. Se presume la existencia de perjuicio cuando del acto del deudor resulta la imposibilidad de pagar íntegramente la prestación debida, o se dificulta la posibilidad de cobro. Tratándose de acto a título oneroso deben concurrir, además, los siguientes requisitos: 1. Si el crédito es anterior al acto de disminución patrimonial, que el tercero haya tenido conocimiento del perjuicio a los derechos del acreedor o que, según las circunstancias, haya estado en razonable situación de conocer o de no ignorarlos y el perjuicio eventual de los mismos; 2. Si el acto cuya ineficacia se solicita fuera anterior al surgimiento del crédito, que el deudor y el tercero lo hubiesen celebrado con el propósito de perjudicar la satisfacción del crédito del futuro acreedor. Se presume dicha intención en el deudor cuando ha dispuesto de bienes de cuya existencia había informado por escrito al futuro acreedor. Se presume la intención del tercero cuando conocía o estaba en aptitud de conocer el futuro crédito y que el deudor carece de otros bienes registrados. Incumbe al acreedor la prueba sobre la existencia del crédito y, en su caso, la concurrencia de los requisitos indicados en los incisos 1 y 2 de este artículo. Corresponde al deudor y al tercero la carga de la prueba sobre la inexistencia del perjuicio, o sobre la existencia de bienes libres suficientes para garantizar la satisfacción del crédito”.

NOVENO. Por la acción pauliana el acreedor que ve disminuido el patrimonio de su deudor en forma tal que perjudique el cobro de su acreencia, tiene el derecho de demandar que se declare la ineficacia, respecto de él, de los actos de disposición de su patrimonio efectuados por su deudor. Por lo tanto, para que prospere dicha acción —que no tiene el carácter de revocatoria sino que es una acción declarativa de ineficacia— el artículo 195 del Código Civil, exige la existencia de un acreedor y de una deuda y que el deudor disponga de algún bien de su propiedad en perjuicio del acreedor, dificultando así la posibilidad del cobro de la deuda. Pero además de dichas exigencias, el citado artículo establece dos situaciones en las que configuración la acción pauliana: a) cuando el acto de disminución patrimonial es a título gratuito; y b) cuando el acto de disminución patrimonial es a título oneroso. En el primer caso, el crédito puede estar sujeto a condición o a plazo, mientras que en el segundo caso, se pueden dar dos supuestos: b.1) que el crédito sea anterior al acto de disminución; y b.2) que el crédito sea posterior al acto de disminución patrimonial cuya ineficacia se solicita.

DÉCIMO. Ahora bien, en cuanto a los requisitos para la procedencia de la acción pauliana, la doctrina establece los siguientes: I) El eventos damni, consistente en el perjuicio al acreedor mediante el empobrecimiento del patrimonio del deudor; II) El consilum fraudes, referido a la conciencia que tiene el deudor de causar perjuicio; y III) El conscius fraudis, que se presenta únicamente en los actos de disposición a título oneroso, consiste en el conocimiento que tiene el tercero del perjuicio que se cauce al acreedor por el acto de disposición. Vidal Ramírez por su parte señala que las condiciones requeridas para el ejercicio de la acción pauliana son: a) Que, el deudor tenga conocimiento del perjuicio que el acto origine a los derechos del acreedor o, tratándose de actos anteriores al nacimiento del crédito, que el acto este dolosamente preordenado a fin de perjudicar la satisfacción del futuro crédito; y b) Que, además, tratándose de actos a título oneroso el tercero tenga conocimiento del perjuicio causado a los derechos del acreedor y en el caso del acto anterior al nacimiento del crédito, que haya conocido la preordenación dolosa[1].

DÉCIMO PRIMERO. Estando a lo señalado, se puede advertir que aun cuando el acto de disposición sea anterior al “nacimiento” del crédito, queda sujeto a la acción pauliana si se advierte un preordenamiento del deudor con el propósito de perjudicar al futuro acreedor; sin embargo, en el caso de autos, tanto el Juez de primera instancia como la Sala de mérito no analizan este supuesto, sino que desestiman la demanda sosteniendo que el acto de disposición consistente en el contrato de compraventa de la retroexcavadora es de fecha anterior al crédito “reconocido” judicialmente, todo ello bajo la premisa que uno de los requisitos de la acción pauliana es la preexistencia del crédito, lo que no resulta del todo cierto. Por lo que las instancias de mérito deberán analizar si en el caso de autos se presenta este supuesto o no, para cuyo efecto deberán determinar las fechas de nacimiento y de reconocimiento de la obligación y si el deudor ha actuado con el propósito de perjudicar la futura acreencia.

DÉCIMO SEGUNDO.- En ese sentido, la causal de infracción procesal debe ser declarada fundada a fin de que las instancias de mérito efectúen un análisis del material probatorio en forma conjunta y razonada, tomando en cuenta lo precedentemente mencionado a los efectos de estimar o desestimar la demanda; careciendo de objeto analizar la causal material denunciada.

V. DECISIÓN

Por tales consideraciones y en aplicación del inciso 3 del artículo 396 del Código Procesal Civil, 5.1. Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Paula Alva Bardales viuda de Ramírez a fojas ciento ochenta y cinco; por consiguiente, CASARON la resolución impugnada; en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fojas ciento setenta y tres, de fecha siete de mayo de dos mil quince, expedida por la Sala Especializada Civil Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca; e INSUBSISTENTE la sentencia apelada de fojas ciento once, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil trece, que declara infundada la demanda; ORDENARON que el A quo emita nueva sentencia en concordancia con las consideraciones expuestas en la presente resolución. 5.2. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Paula Alva Bardales viuda de Ramírez contra César Ramón Villar Méndez y otra, sobre Ineficacia de Acto Jurídico; y los devolvieron. Integran esta Sala los Jueces Supremos Señores Calderón Puertas y De La Barra Barrera por licencia de los Jueces Supremos Señores Mendoza Ramírez y Miranda Molina. Ponente Señor Romero Díaz, Juez Supremo.

S.S. ROMERO DÍAZ, CABELL O MATAMALA, CALDERÓN PUERTAS, YAYA ZUMAETA, DE LA BARRA BARRERA.

 



[1] Vidal Ramírez, Fernando, Teoría general del acto jurídico, Lima, 1985. p. 373

 

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