Las deudas alimentarias del causante serán cobradas respecto del porcentaje correspondiente a su patrimonio

CAS. N.º 3444-2017 Lima Este

Emitida el 7 de junio del 2018

(Publicada en El Peruano, 4/03/2019, p. 123012)

Juez ponente

Señor juez supremo Salazar Lizárraga

Decisión

Infundado

Normas aplicables

Artículos 323 y 822 del Código Civil

Fundamento jurídico relevante

Es necesario precisar que con respecto al 50% de los derechos y acciones que le corresponden al causante respecto del inmueble sub litis, tal como señalaron las instancias de mérito, corresponde primero pagar la deuda de la herencia a los acreedores, y en caso de existir remanente, deberán recibir todos los coherederos el 10% (diez por ciento) de lo restante, incluida la demandante, ello en mérito de los artículos 323 y 822 del Código Civil.


CAS. N.º 3444-2017

LIMA ESTE

DIVISION Y PARTICION

Debido Proceso. Uno de los componentes del derecho al debido proceso se encuentra constituido por el denominado derecho a la prueba, que constituye un derecho eminentemente complejo, compuesto por el derecho de las partes a ofrecer los medios probatorios que consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que éstos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia.

Lima, siete de junio de dos mil dieciocho.

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número 3444-2017, con los expedientes acompañados; en audiencia pública realizada en la fecha y producida la votación correspondiente conforme a ley, emite la siguiente resolución:

I. MATERIA DEL RECURSO

Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por los demandados Danny Robert, David Rodolfo y Daysi Liset Hurtado Huallpa, contra la sentencia de vista, de fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y ocho, que confirma la sentencia apelada de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos setenta y cuatro que declara fundada la demanda, en consecuencia, ordena la división y partición del inmueble ubicado en el Asentamiento Humano Bayovar Manzana 6 Lote 24 Sector II, Distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, inscrito en la Partida No. P02019242, del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, con Certifi cado de Numeración Municipal en el Pasaje Valle del Mantaro número 247 del Distrito de San Juan de Lurigancho, Lima.

II. ANTECEDENTES

Para analizar esta causa y verificar si se ha incurrido o no, en la infracción normativa denunciada, es necesario realizar las siguientes precisiones:

1. DEMANDA. Por escrito obrante a fojas treinta y nueve, Violeta Haydee Villarreal Herrera, interpone demanda de división y partición, con el propósito que el órgano jurisdiccional ordene que el bien inmueble sito en el Asentamiento Humano Bayovar Mz. 6, Lote 24 Sector II, Distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, inscrito en la Partida N.° P02019242, del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, con Certificado de Numeración Municipal en el Pasaje Valle del Mantaro No 247 San Juan de Lurigancho, Lima, sea dividido entre ella como cónyuge supérstite y los hijos (herederos forzosos) del causante, Danny Robert, David Rodolfo, Daysi Liset Hurtado Huallpa y Haydee Milagros Hurtado Villarreal. Para sustentar este petitorio, la demandante sostiene que con fecha doce de enero del año dos mil, falleció su esposo Engilberto Gonzalo Hurtado Zavaleta, y que con fecha doce de julio de dos mil doce, por ante el Notario Público de Lima, obtuvo la declaratoria de herederos del causante, y se declara como únicos y universales herederos a la recurrente como cónyuge supérstite y a los demandados en este proceso, sucesión que fuera debidamente inscrita en la Partida Electrónica N.° 12855615, Asiento A0001 del Registro de Sucesiones intestadas de Lima, en mérito al cual ha adquirido las acciones y derechos del inmueble materia del petitorio, debidamente inscrito en la Partida N.° P02019242, Asiento 00006 del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima. Manifi esta que los demandados David Rodolfo, Daysi Liset y Danny Robert Hurtado Huallpa, respectivamente, se encuentran en posesión física de la totalidad del inmueble materia de litis, a pesar de que saben y conocen que la recurrente y el causante han construido los tres pisos sobre dicho inmueble con su propio peculio.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito obrante a fojas doscientos sesenta y ocho, David Rodolfo Hurtado Huallpa, Danny Robert Hurtado Huallpa y Daysi Liset Hurtado Huallpa, absuelven el traslado de la demanda, argumentando que la demandante conoce del proceso de alimentos que se encuentra instaurado en contra del causante en el expediente N.° 43-1992, proceso que fue iniciado por la madre de los demandados ante el Cuarto Juzgado de Paz Letrado de San Juan de Lurigancho. Asimismo, se puede verificar en la ficha literal del inmueble que se adjunta a la demanda, en el asiento 0004 esta una inscripción de embargo realizada por el Juzgado antes mencionado y se señala: “Se traba embargo de los derechos y acciones que le corresponde al demandado Engilberto Gonzalo Huerta Zavaleta hasta por la suma de treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y ocho soles (S/. 32,468.00) a favor de Florentina Huallpa Nina” (madre de los demandados) en mérito al proceso de alimentos. Argumentan que en su condición de herederos se oponen a la partición mientras no se satisfaga previamente la deuda que por alimentos hasta la fecha no les ha sido cancelada.

3. PUNTOS CONTROVERTIDOS. Por resolución número veintidós, de fecha veinte de mayo de dos mil dieciséis, obrante de fojas trescientos treinta y uno, se establece como puntos controvertidos: (i) Determinar la titularidad del predio que es materia de división y partición. (ii) Determinar la fórmula de división y partición del predio en relación a los titulares.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Mediante sentencia dictada el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, el Segundo Juzgado en lo Civil de San Juan de Lurigancho, de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, ha declarado fundada la demanda, en consecuencia el bien objeto de debate debe dividirse de la siguiente manera: A la demandante Violeta Haydee Villarreal Herrera, le corresponde el 50% (cincuenta por ciento) de acciones y derechos del citado bien a título de gananciales, más un 10% (diez por ciento) a título de cuota hereditaria; y a los codemandados Haydee Milagros Hurtado Villarreal, David Rodolfo Hurtado Huallpa, Daysi Liset Hurtado Huallpa, y Danny Robert Hurtado Huallpa, les corresponde el 10% de las acciones y derechos a título de cuota hereditaria. Asimismo precisa que en ejecución de sentencia, a efectos de cumplirse con el pago de la deuda de la herencia, se deberá proceder al remate del bien en pública subasta, en donde a la demandante le corresponderá recibir primero el 50% del valor total de la venta; luego con el 50% restante que constituye la masa hereditaria se pagará la deuda de la herencia a los acreedores, y del remanente en caso que existiere, deberán recibir todos los coherederos el 10% (diez por ciento) incluida la demandante. Para ello, explica que se encuentra acreditado que la demandante contrajo matrimonio civil con el causante, Engilberto Gonzalo Hurtado Zavaleta, ante la Municipalidad de Otuzco, el diecisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco. Lo anteriormente descrito evidencia que el inmueble objeto de división y partición fue adquirido cuando el causante y la demandante ya eran cónyuges, toda vez que si bien dicho inmueble aparece registrado únicamente a nombre del causante, empero, dicha inscripción se dio en mérito al título de propiedad otorgado por COFOPRI con fecha veinte de noviembre de mil novecientos noventa y seis, por lo que se concluye que el bien se adquirió cuando era casado, hecho que fue reconocido en el expediente N.° 43-1992 sobre alimentos, en donde los codemandados afirman que “habiendo heredado los recurrentes parte del inmueble embargado en un mínimo porcentaje, y teniendo la viuda en un 50% parte del inmueble solicita se inicie la ejecución forzada de los derechos y acciones que le corresponde a dicha persona” por lo que al haber fallecido el causante el doce de enero del dos mil, corresponde la división y partición. Señala que si bien las acciones y derechos que le correspondían al ahora causante se encuentran embargadas por una deuda alimentaria, sin embargo, las obligaciones generadas por responsabilidad propia del causante, de acuerdo con el artículo 309 del Código Civil, no perjudican la parte de los bienes de la sociedad que le correspondieren a la demandante en caso de liquidación, por lo que ésta debe ser satisfecha al momento de la partición por todos los sucesores. Que la deuda alimentaria establecida judicialmente a favor de los codemandados se trasmite a los sucesores del causante, en ese sentido, estos se encuentran obligados a satisfacer la deuda dejada por el causante con los bienes de la herencia, en este caso la herencia constituida por el 50% del inmueble objeto de división y partición. En cuanto a la determinación de cuotas que le corresponde a cada uno, señala que a la demandante como cónyuge supérstite le corresponde el 50%, y el 50% restante constituye la masa hereditaria, con el que se pagará la deuda de la herencia a los acreedores y el remanente en caso existiera deberán recibir todos los coherederos el 10% incluida la demandante.

5. RECURSO DE APELACIÓN. Por escrito obrante a fojas trescientos ochenta y nueve, los codemandados David Rodolfo, Danny Robert y Daysi Liset Hurtado Huallpa, interponen recurso de apelación contra la decisión adoptada en primera instancia, alegando que no se ha valorado lo señalado en la contestación de la demanda, asimismo, señala que la demandante sabe y conoce del proceso de alimentos que se ha instaurado en contra de su padre por parte de la madre de éstos, en el que se ha trabado un embargo en forma de inscripción sobre el bien que es materia de división y partición, en ese sentido, no se ha valorado e interpretado correctamente lo señalado por el artículo 874 del Código Civil, que establece que quien deberá asumir dicha deuda es la esposa de su padre, es decir, la demandante; porque los apelantes se oponen a la partición mientras no se satisfaga la deuda por alimentos, que hasta la fecha no ha sido cancelada. Por último, alegan que no se ha tomado en cuenta ni valorado los medios de prueba ofrecidos en la contestación de la demanda, como son: el expediente por demanda de alimentos, seguida entre su padre Engilberto Gonzalo Hurtado Zavaleta y la demandante, y el expediente N.° 283-2001, sobre obligación de dar suma de dinero, seguido entre Engilberto Gonzalo Hurtado Zavaleta y Violeta Haydee Villarreal Herrera y Mónica del Rosario Aguilar Alcalde, siendo entablado este último proceso mediante argucias.

6. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA. A través de la sentencia de vista objeto de impugnación, de fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y ocho, la Sala Civil Descentralizada y Permanente de San Juan de Lurigancho, ha confirmado la sentencia de primera instancia de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, al considerar que el artículo 323 del Código Civil, refiere que “Los gananciales se dividen por mitad entre ambos cónyuges o sus respectivos herederos”, por lo que al fenecer la sociedad de gananciales por muerte de uno de los cónyuges corresponde se divida por mitades iguales los bienes adquiridos por cada uno de ellos, correspondiendo en el caso el 50% del bien inmueble a la demandante y el otro 50% se divide entre los herederos declarados del causante. Por su parte, artículo 822 del Código Civil estipula que: el cónyuge que concurre con los hijos o con otros descendientes del causante, hereda una parte igual a la de un hijo”, por lo que en el caso de autos le corresponde a los hijos y la esposa un 10% a cada uno, del 50% que le correspondía al causante. En cuanto a la deuda respecto a los alimentos que tuvo el causante respecto a tres de sus hijos, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 880 del Código Civil, que refiere que: “El heredero o legatario que fuere acreedor del causante conserva los derechos derivados de su crédito, sin perjuicio de la consolidación que pudiera operar”, es decir, que el heredero del causante va a conservar su crédito no obstante que, en estos casos se permite la consolidación, es decir, que el acreedor se convierta a la vez en su mismo deudor o viceversa, en los supuestos en que la herencia tenga que satisfacer la acreencia, es decir, el pago de los treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y ocho soles (S/. 32,468.00) tiene que ser asumido entre todos los herederos.

III. RECURSO DE CASACIÓN

Esta Sala Suprema, mediante resolución de fecha trece, de setiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas cincuenta y tres del cuaderno de casación, ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto, los codemandados David Rodolfo, Danny Robert y Daysi Liset Hurtado Huallpa, por las siguientes causales: A) Infracción normativa del artículo I del Título Preliminar y 197 del Código Procesal Civil. Sostienen que, se vulneró el derecho al debido proceso porque las instancias de mérito no actuaron ni valoraron el expediente número 73-1995 seguido por el causante contra la demandante sobre alimentos, el cual inició su progenitor al encontrarse en abandono moral y material; igualmente no se cursó el oficio para la remisión del expediente número 283-2001, sobre obligación de dar suma de dinero seguido por Engilberto Gonzalo Hurtado Zavaleta con Violeta Villarreal Herrera, infringiéndose de esta manera las formalidades esenciales para la validez y eficacia de los medios probatorios, a fin de ser valorados en forma conjunta y razonada. B) Infracción normativa de los artículos 875 y 876 del Código Civil. Alegan su oposición a la división y partición del inmueble sub litis, mientras no se cumpla con pagar o asegurar las pensiones alimenticias que su padre les adeuda por concepto de alimentos, y que a la fecha no han sido canceladas, debiendo estas ser asumidas por la demandante en calidad de esposa, de lo contrario la partición se reputará no hecha en lo que se refiere a sus derechos de herederos y acreedores de la mencionada deuda alimentaria. Agregan que, conforme se advierte del Asiento 0004 de la Ficha Registral correspondiente al inmueble materia de división y partición, su progenitora Florentina Huallpa Nina, trabó embargo sobre los derechos y acciones que le correspondía a su progenitor hasta por la suma de treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y ocho soles (S/ 32, 468.00), por concepto de alimentos. Finalmente, refieren que la demandante no ha satisfecho la deuda que tiene con su fallecido padre en el expediente número 73-1995, también sobre alimentos.

IV. MATERIA JURÍDICA EN DEBATE

La materia jurídica en discusión se centra en determinar, por un lado, si la actuación de la Sala Superior ha infringido el derecho al debido proceso, en sus vertientes del derecho a la prueba, y, por otro, su oposición a la división del bien inmueble en disputa, a la luz de las normas materiales invocadas en el recurso de casación.

V. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA

1. En el presente caso, el recurso de casación objeto de pronunciamiento ha sido declarado procedente tanto en razón a infracciones normativas de carácter in iudicando como a infracciones normativas de carácter in procedendo. En ese sentido, dada la naturaleza y efectos del error in procedendo, se emitirá pronunciamiento, en primer término, sobre estas denuncias, pues resulta evidente que de estimarse alguna de ellas, carecería de objeto pronunciarse sobre las causales restantes, al encontrarse perjudicada la validez de los actos procesales. Denuncias de carácter procesal

2. El artículo 139, inciso 3, de nuestra Constitución Política consagra como principio rector de la función jurisdiccional, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la observancia del debido proceso; el cual, conforme a la interpretación que reiteradamente ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exige fundamentalmente que todo proceso o procedimiento sea desarrollado de tal forma que su tramitación garantice a las personas involucradas en él las condiciones necesarias para defender adecuadamente y dentro de un plazo razonable los derechos u obligaciones sujetos a consideración[1].

3. Uno de los componentes del derecho al debido proceso se encuentra constituido por el denominado derecho a la prueba, que constituye un derecho eminentemente complejo, compuesto por el derecho de las partes a ofrecer los medios probatorios que consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. Además, por ser un derecho que se materializa dentro de un proceso, está delimitado por una serie de principios que determinan su contenido, entre los cuales pueden mencionarse los principios de pertinencia, idoneidad, utilidad, preclusión, licitud, contradicción, debida valoración, entre otros, previstos en el artículo 188 y siguientes del Código Procesal Civil.

4. Interesa para los presentes efectos referirnos al principio de la debida valoración de los medios probatorios actuados, pues si el derecho a probar, como lo establece el artículo 188 del Código Procesal Civil, tiene por finalidad producir en la mente del Juzgador el convencimiento sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes, él se convertiría en una garantía únicamente declarativa o ilusoria si el juzgador no apreciara adecuada y razonablemente el material probatorio, dando lugar a una sentencia irregular o arbitraria.

5. En efecto, las pruebas que sustentan la pretensión y la oposición de las partes tienen su correlativo en el deber del juez de merituar de manera conjunta el caudal probatorio aportado, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 197 del Código Adjetivo. Esta actividad, valoradora en los aspectos de prueba-valoración-motivación, no deben ser expresadas en la forma de meros agregados mecánicos, sino como la expresión del juicio racional empleado por el juzgador para establecer la conexión entre los medios de prueba presentados por las partes y la verdad o falsedad de los enunciados sobre los hechos en litigio. La falta de percepción o la omisión de valorar la prueba para el esclarecimiento de los hechos puede generar errores en la logicidad que repercuten en la garantía del debido proceso. Constituye, además, un atentado contra el principio de igualdad de las partes, por vulnerar el derecho subjetivo de probar, pues una deliberación afectada de este modo, al apartar del proceso el material probatorio de una de las partes intervinientes ocasionando un perjuicio; incurriendo así en arbitrariedad, por expedir una sentencia irregular, con errores in cogitando.

6. En este caso, la parte recurrente afirma que la sentencia de vista objeto de impugnación ha incurrido en una motivación deficiente del caudal probatorio porque no ha valorado el expediente número 73-1995 seguido por el causante contra la demandada sobre alimentos, el cual inició su progenitor al encontrarse en abandono moral y material; igualmente no se cursó el oficio para la remisión del expediente número 283-2001, sobre obligación de dar suma de dinero, seguido por Engilberto Gonzalo Hurtado Zavaleta con Violeta Villarreal Herrera, infringiéndose de esta manera las formalidades esenciales para la validez y eficacia de los medios probatorios, a fin de ser valorados en forma conjunta y razonada.

7. Sin embargo, los argumentos expresados en el recurso de casación evidencian que, en esencia, lo cuestionado no es la idoneidad de la valoración probatoria llevada a cabo por la Sala Superior, sino el resultado de esta valoración, pues, en su opinión, los dos medios probatorios a los que hace referencia debieran ser suficientes para concluir que no procede amparar la demanda sobre división y partición del inmueble sub litis.

8. En relación a ello, conviene precisar que, si bien en diversas ocasiones esta Sala Suprema ha reconocido la posibilidad de que en sede casatoria se someta a examen la adecuada aplicación de las normas del Código Procesal Civil en materia probatoria, como en el caso de los artículos 188 y 197, ello no ha tenido el propósito de permitir en esta sede la reapertura de la labor de valoración que sobre las pruebas compete con exclusividad a los órganos jurisdiccionales de mérito o facilitar en algún modo el acceso a una nueva discusión, en cuanto a la corrección o veracidad de las conclusiones fácticas adoptadas por éstas como producto de dicha valoración, sino únicamente a efectos de examinar que esta labor sea desarrollada respecto de las normas que para tal efecto contiene nuestro ordenamiento jurídico.

9. En efecto, esta Sala Suprema tiene expuesta en sus decisiones una larga doctrina en relación a la naturaleza del derecho a la prueba, en los términos en los que se ha descrito en los primeros parágrafos de esta resolución[2], y sobre la posibilidad de cautelar en sede casatoria la observancia de este derecho en el proceso. No obstante, ello nunca ha implicado que este Colegiado pueda o pretenda sustituirse en la competencia que corresponde únicamente a las instancias de mérito para valorar el caudal probatorio existente en los autos y desprender a partir de él —respecto a lo anterior, se entiende— las premisas fácticas sobre las cuales se construirá la decisión del caso. Es necesario recordar en este punto que la imposibilidad de la Sala de Casación de evaluar la corrección o veracidad de las premisas fácticas adoptadas por las instancias de mérito tiene, además, indiscutible sustento en nuestra legislación procesal, debido a que la operación de determinación de los hechos debatidos en el proceso resulta claramente ajena a los fines previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y, por tanto, se mantiene fuera de sus competencias. 10. En el presente caso, la Sala Superior ha sostenido en su sentencia que la alegación expresada por los recurrentes, de que no procede la división y partición por cuanto no se ha valorado debidamente los expedientes N.° 73-1005 (proceso de alimentos) y 283-2001 (obligación de dar suma de dinero), que respecto a las obligaciones que se hubieran generado en dichos procesos , se tiene que al hacer la distribución de los porcentajes que le corresponde a cada una de las partes intervinientes sobre el bien materia de litigio, ya en ejecución de sentencia, los acreedores de dichas obligaciones podrán hacer valer sus derechos en orden de prelación que tuviese cada uno de ellos. Ello, sin embargo, no ha sido objeto de cuestionamiento en el recurso desde el punto de vista de la idoneidad del proceso valorativo realizado por el ad quem, sino más bien cuestionando la conclusión fáctica obtenida por éste (estimación de la demanda); y este cuestionamiento —como se ha explicado— excede las competencias de este Colegiado. Razones por las cuales corresponde desestimar este extremo del recurso de casación. Denuncias de carácter material

11. En relación a las denuncias sobre normas materiales, artículos 875 y 876 del Código Civil, los casacionistas alegan básicamente su oposición a la división y partición del inmueble sub litis, mientras no se cumpla con pagar o asegurar las pensiones alimenticias que su padre les adeuda por concepto de alimentos.

12. En el caso de autos, se tiene acreditado que el inmueble sub litis fue adquirido en la vigencia de la sociedad conyugal conformada por la demandante y el causante, toda vez que obra en el expediente acompañado N.° 73-1995, la copia certificada de la partida matrimonio, en donde se verifica que la demandante contrajo matrimonio civil con el causante, Engilberto Gonzalo Hurtado Zavaleta, con fecha diecisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco; y con fecha veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis, COFOPRI otorgó título de propiedad a favor del causante, y si bien figuraba registralmente solo a nombre del causante, empero, no se puede desconocer el carácter de bien social que ostenta dicho inmueble. Asimismo, el carácter social de dicho inmueble se encuentra reconocido por los codemandados en el Expediente N.° 43-1992 sobre Alimentos, pues en su escrito de fecha quince de mayo de dos mil trece, obrante a fojas doscientos veintidós señalaron que: “Que, habiendo heredado los recurrentes parte del inmueble embargado en un mínimo porcentaje, y teniendo la viuda en un 50% parte del inmueble solicitó se inicie una ejecución forzada de los derechos y acciones que le corresponde a dicha persona”; debiendo entenderse dicha afirmación como una declaración asimilada.

13. Habiéndose determinado que el bien inmueble objeto de división y partición constituye un bien social que pertenecía a la sociedad conyugal conformada por la demandante y el causante Engilberto Gonzalo Hurtado Zavaleta, ésta feneció a la muerte del causante ocurrida el doce de enero de dos mil.  

14. El segundo párrafo del artículo 323 del Código Civil establece que: “Las gananciales se dividen por mitad entre ambos cónyuges o sus respectivos herederos”. Por su parte, el artículo 822 del Código Civil establece que: “El cónyuge que concurre con sus hijos o con otros descendientes del causante, hereda una parte igual a la de un hijo”. En ese sentido, la calidad de cónyuge supérstite de la demandante y los hijos (demandados), se encuentra debidamente acreditada con el acta de declaración de herederos, obrante a fojas cuatro. Asimismo, se advierte que la referida sucesión intestada ha sido debidamente inscrita en la Asiento 00006 de la partida registral N.° P02019242 correspondiente al bien inmueble sub litis, obrante a fojas doce.

15. En consecuencia, habiéndose determinado que la demandante es heredera en su calidad cónyuge sobreviviente del causante Engilberto Gonzalo Hurtado Zavaleta y que el bien inmueble objeto de división y partición es un bien de la sociedad conyugal, las instancias, concluyen válidamente que le corresponde el cincuenta por ciento (50%) del referido bien inmueble, en aplicación del artículo 323 del Código Civil. Por otro lado, respecto al otro cincuenta por ciento (50%), este es el que constituye la masa hereditaria del causante, por lo que respecto a ello es que deben concurrir los herederos conjuntamente con la cónyuge supérstite en cuotas iguales, ello en aplicación de lo dispuesto en el artículo 822 del Código Civil.

16. Es necesario precisar que con respecto al 50% de los derechos y acciones que le corresponden al causante respecto del inmueble sub litis, tal como señalaron las instancias de mérito, corresponde primero pagar la deuda de la herencia a los acreedores, y en caso de existir remanente, deberán recibir todos los coherederos el 10% (diez por ciento) de lo restante, incluida la demandante, ello en mérito de los artículos 323 y 822 del Código Civil.

17. Por último, si bien los demandados alegan que se ha infringido el artículo 875 del Código Civil, que establece la potestad del acreedor de la herencia a oponerse a la partición mientras no se satisfaga su deuda; así como la infracción del artículo 876 del mismo cuerpo normativo que estipula la ineficacia de la partición en caso de no pagarse la deuda ni asegurar su pago; pues señalan que no se han cumplido con el pago por las pensiones alimentarias ordenadas en el proceso de alimentos tramitado en el Expediente N.° 43-1992; empero, este Supremo Tribunal considera que debe entenderse que dicha deuda debe ser asumida solo por los derechos y acciones que le corresponden al causante, esto es, el 50% de los derechos respecto del inmueble materia de controversia, toda vez que dicha obligación fue generada por responsabilidad propia del causante, no pudiendo perjudicar de manera alguna a la demandante; asimismo, la deuda se encuentra plenamente garantizada mediante la medida cautelar en forma de inscripción que se ha inscrito en la partida registral del inmueble sub litis, por lo que corresponde desestimar este extremo del recurso.

VI. DECISIÓN

A. Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 397 del Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por David Rodolfo Hurtado Huallpa, Danny Robert Hurtado y Daysy Liset Hurtado Huallpa, a fojas cuatrocientos sesenta y cinco, en consecuencia NO CASARON la sentencia de vista de fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y ocho. B. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”; bajo responsabilidad; en los seguidos por Violeta Haydee Villarreal Herrera con Haydee Milagros Hurtado Villarreal y otros sobre división y partición; y los devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Salazar Lizárraga.

SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS.



[1] Corte IDH. OC-9/87 “Garantías Judiciales en Estados de Emergencia”, párr. 28.

 

[2] Por todas, la Casación N° 9582-2013-Cajamarca, del 15 de julio de 2014.

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