Las impugnaciones de acuerdos en comunidades campesinas no se rigen bajo las normas del Código Civil puesto que poseen regulación especial

Fuente: Parthenon.pe

 

CAS. N.° 17410 - 2016 Cusco

Emitida el 31 de octubre de 2017

(Publicada en El Peruano, 31/05/2018)

Juez ponente

Señor  Juez Supremo  Bustamante Zegarra

Decisión

Infundado

Normas aplicables

Artículo 92 del Código Civil.

Fundamento jurídico relevante

[N]o resulta razonable la aplicación del artículo 92 del Código Civil al presente caso, pues no estamos ante una impugnación de una asociación, sino de una comunidad campesina; por ende, el plazo de caducidad establecido en dicha norma tampoco resulta aplicable, más aun, que existe una Ley puntual que regula la actividad de una comunidad campesina, el cual no estipula plazo de caducidad alguno. 3.4. En consecuencia, se puede establecer que no resulta arreglado a derecho que una Comunidad Campesina pretenda la aplicación del artículo 92 del Código Civil, para intentar buscar la caducidad respecto del cuestionamiento de los acuerdos tomados por la asamblea general de dicha comunidad, por parte de un comunero asociado; toda vez que, una Comunidad Campesina se rige por la Ley N° 24656 […]

 

CAS. N.° 17410 - 2016

CUSCO

Sumilla. No resulta arreglado a derecho que una Comunidad Campesina pretenda la aplicación del artículo 92 del Código Civil, para intentar buscar la caducidad respecto del cuestionamiento de los acuerdos tomados por la Asamblea General de dicha comunidad, por parte de un comunero asociado; toda vez que, una Comunidad Campesina se rige por su Ley especial N° 24656, Ley General de Comunidades Campesinas, la cual no establece plazo de caducidad alguno.

Lima, treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA la causa diecisiete mil cuatrocientos diez - dos mil dieciséis; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, con los señores Jueces Supremos Walde Jáuregui - Presidente, Rueda Fernández, Wong Abad, Toledo Toribio y Bustamante Zegarra; y, luego de verificada la votación de acuerdo a ley, se emite la siguiente sentencia.

I. MATERIA DEL RECURSO

RECURSO DE CASACIÓN. Se trata del recurso de casación interpuesto por: 1) la demandada Comunidad Campesina Anansaya Urinsaya Ccollana de Anta, de fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos cincuenta; y, 2) por la codemandante Felipa Pillco Ayte, de fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos setenta y cinco, ambos, contra la sentencia de vista expedida por la Sala Civil de Cusco de la Corte Superior de Justicia de Cusco dictada el treinta de mayo de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos veintiocho, que confirmó la sentencia de primera instancia, de fecha veintitrés de setiembre de dos mil quince, obrante a fojas ciento cincuenta y cinco, que declaró fundada en parte la demanda, y declara nulo el acuerdo adoptado el veintitrés de octubre de dos mil once de descalificación y separación definitiva de la comunidad demandada al codemandante Julián Avalos Arias, volviendo al estado anterior de comunero calificado, y declara nulo el acuerdo adoptado el diez de agosto de dos mil catorce solo en el extremo que se declara lote libre el N° 164; e infundada la misma demanda, respecto del acuerdo tomado el once de setiembre de dos mil once, en el que se revierte a la comunidad demandada el huerto familiar que posee la codemandante Felipa Pillco Ayte y respecto al acuerdo de declarar libre el lote N° 82 (huerto familiar) y sortearlo.

II. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HAN DECLARADO PROCEDENTES LOS RECURSOS DE CASACIÓN

Mediante resoluciones supremas de fecha seis de febrero de dos mil diecisiete, obrantes a fojas ciento sesenta y cinco, y, ciento sesenta y ocho del cuaderno de casación formado en esta Sala Suprema, se declararon procedentes los recursos de casación interpuestos por la demandada Comunidad Campesina Anansaya Urinsaya Ccollana de Anta, y por la codemandante Felipa Pillco Ayte, respectivamente, por las siguientes causales: 1. Comunidad Campesina Anansaya Urinsaya Ccollana de Anta: h) Infracción normativa del artículo 92 del Código Civil; señala que, la Sala Superior debió aplicar el artículo 92 del Código Civil en su totalidad, lo que conlleva también a aplicar el plazo para solicitar tal impugnación de acuerdos de asociaciones. i) Infracción normativa del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado; arguye que, las instancias de mérito han vulnerado el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva al momento de emitir sentencia sobre el fondo del asunto, por cuanto conforme se advierte de autos la presente demanda ha sido interpuesta después de haber transcurrido más de cuatro años ininterrumpidos en uno de los casos y después de seis meses en el segundo caso, cuyo hecho se contradice con el sistema jurídico, por cuanto la caducidad es una institución jurídica de orden público que no admite pacto en contrario, debiendo imperativamente el juez de la causa declarar de oficio por imperio de la ley y no como resuelve obviando normas sustantivas. 2. Felipa Pillco Ayte: i. Infracción normativa del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, de los artículos 50 inciso 6, 122 inciso 3 y 197 del Código Procesal Civil; arguye que, la asamblea de fecha once de setiembre de dos mil once, ha sido actuada vulnerándose manifiestamente el debido procedimiento, el cual no ha sido observado por las instancias de mérito, pues estos no se han pronunciado sobre tal afectación; no obstante, que el principio del debido procedimiento es una manifestación del debido proceso en sede administrativa.

III. CONSIDERANDO

PRIMERO. Antecedentes. 1.1. Demanda: Con fecha catorce de enero de dos mil quince, obrante a fojas setenta y nueve, los demandantes Julián Avalos Arias y Felipa Pillco Ayte, interponen demanda de impugnación judicial de acuerdos de asamblea general, contra, lo siguiente: a) Acta del once de setiembre de dos mil once, culminada el dieciocho de setiembre de dos mil once, donde revierten a la comunidad demandada el huerto familiar que posee la codemandante Felipa Pillco Ayte transmitida por herencia por su hermano comunero hoy finado Paulino Pillco Ayte. b) Acta del veintitrés de octubre de dos mil once, donde aprueban la descalificación y la separación definitiva de la comunidad demandada al codemandante Julián Avalos Arias, y volviendo al estado anterior de las cosas se le considere comunero calificado de la comunidad demandada y declarar sin efecto la separación definitiva. c) Acta del diez de agosto de dos mil catorce, donde la demandada decide declarar lotes libres y destinaron para el sorteo de los comuneros sin lotes, el huerto familiar, y el lote N° 164, que poseen los demandantes. 1.2. Excepción: Mediante escrito del doce de marzo de dos mil quince (fojas ciento uno), la Comunidad Campesina Anansaya Urinsaya Ccollana de Anta, deduce la excepción de caducidad, la misma que por medio de la resolución número cinco (fojas ciento veinticinco), se declaró improcedente. 1.3. Contestación: La Comunidad Campesina Anansaya Urinsaya Ccollana de Anta, con fecha diecinueve de marzo de dos mil quince (de fojas ciento nueve), contesta la demanda, solicitando se declare infundada, manifestando que, es imposible que la actora pretenda hacer uso de las tierras de la Comunidad utilizando un testamento otorgado por su hermano, teniendo en cuenta que la Comunidad es la única propietaria y solamente los comuneros hacen uso de sus tierras, hecho que se encuentra establecido en su propia ley; la actora señala que con el testamento dejado por su fallecido hermano es que venía poseyendo los terrenos de la Comunidad haciendo hincapié al artículo 17 del Estatuto de la Comunidad; sin embargo, efectuando un análisis de aquella norma, se tiene que la misma se aplica a una descendencia directa y legal, es decir, de padres a hijos o viceversa, más no de parientes colaterales como pretende hacer valer la actora; agrega que si bien la parte actora indicó que en el año dos mil doce solicitó una reconsideración a la Comunidad hasta en dos oportunidades, sin embargo, aquellas cartas fueron presentadas una año después de haberse realizado la asamblea materia de impugnación, cuando ya había caducado el derecho; además que, pese a que se les requirió a que declararan nulo el testamento con el que aducen ser dueños, estos hicieron caso omiso. 1.4. Sentencia de primera Instancia: Con fecha veintitrés de setiembre de dos mil quince (fojas ciento cincuenta y cinco), se emite la sentencia de primera instancia que declara fundada en parte la demanda, sustentándose en que, respecto de la decisión de reversión del huerto familiar en asamblea del once de setiembre de dos mil once, no existe controversia en que el señor Paulino Pillco Ayte fue comunero al igual que su deceso y que no tuvo descendencia, entonces, el huerto familiar que poseía de la Comunidad demandada, podía ser revertido de acuerdo al estatuto comunal, no estando sometido a juicio de validez el testamento otorgado por la aludida persona, ni si a mérito de dicho documento los actores tienen derecho a la propiedad o mejor derecho de propiedad sobre la Comunidad; sobre la descalificación y separación definitiva de Julián Avalos Arias acordado en la Asamblea del veintitrés de octubre de dos mil once, no existe prueba que demuestre que la Comunidad hiciera conocer al demandante qué falta disciplinaria cometió para merecer la sanción más grave, no dando la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, indicando la demandada que, les advirtió a los demandantes que declararan nulo el testamento, lo que es inadmisible pues los cargos se deben conocer antes de dar tiempo para descargar y lo afirmado por la Comunidad no es un cargo, sino una amenaza/advertencia; ahora bien, sobre la declaración de los lotes libres y destino para sorteo entre los compañeros sin lotes, del huerto familiar y del lote N° 164 que poseen los demandantes acordados en asamblea del diez de agosto de dos mil catorce, se infiere que el lote N° 82 es el huerto familiar revertido, en tal sentido nada pueden cuestionar los demandantes pues la Comunidad como propietaria puede y debe ejercer los atributos de la propiedad libremente, en cuanto al lote N° 164 que fue concedido a Julián Avalos Arias, al ser nula su descalificación y separación como comunero, sus derechos como tal están intangibles. 1.5. Sentencia de vista: del treinta de mayo de dos mil dieciséis (fojas doscientos veintiocho), confirmó la sentencia de primera instancia, manifestando, respecto del acuerdo acogido por la Asamblea General de la Comunidad Campesina del once de setiembre de dos mil once, debe quedar claro que el carácter inalienable del territorio comunal, hace imposible que un comunero pueda disponer a título personal de los bienes que le pertenecen a la comunidad campesina, por tanto, no puede pedirse el derecho de uso respecto de un bien de la comunidad aduciendo que le fue heredado; en consecuencia, la decisión adoptada por la Asamblea General de la demandada sobre la reversión del lote 82 conformante del territorio comunal de la demandada, no es producto de una interpretación equivocada de nuestro ordenamiento jurídico, ni puede catalogarse como arbitraria; en relación a los acuerdos de la Asamblea General de la Comunidad Campesina del veintitrés de octubre de dos mil once, y diez de agosto de dos mil catorce, no se refutan los argumentos por los cuales se declaró fundada en parte la demanda, esto es, la trasgresión del derecho de defensa de Julián Avalos Arias, al haber tomado la decisión de descalificarlo como comunero, sin que se le haga conocer sobre las imputaciones, ni que pueda efectuar sus descargos, por lo que se entiende que dicho argumento fue acogido por las partes; en consecuencia, tampoco resulta errado que se haya declarado nulo el acuerdo del diez de agosto de dos mil catorce solo respecto del lote N° 164.

SEGUNDO. En primer lugar, se debe mencionar que, de las infracciones normativas propuestas, se tiene que empezar a examinar la vinculada con la causal al debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva y motivación de las resoluciones judiciales, derechos que se encuentran protegidos constitucionalmente; por ende, este Tribunal Supremo procede a emitir pronunciamiento respecto de la infracción normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política de Estado. 2.1. Así, conviene recordar que el artículo 139 inciso 3 de nuestra Constitución Política consagra como principio rector de la función jurisdiccional, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la observancia del debido proceso; el cual, conforme a la interpretación que reiteradamente ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exige fundamentalmente que todo proceso o procedimiento sea desarrollado de tal forma que su tramitación garantice a las personas involucradas en él las condiciones necesarias para defender adecuadamente y dentro de un plazo razonable los derechos u obligaciones sujetos a consideración[1]. 2.2. Asimismo, se debe mencionar que el debido proceso tiene la función de asegurar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución otorgándole a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional de los derechos individuales, a través de un procedimiento legal en que se dé oportunidad razonable y suficiente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, producir prueba y de obtener una sentencia que decida la causa con arreglo a ley. Uno de los principales componentes del derecho al debido proceso se encuentra constituido por el denominado derecho a la motivación, consagrado por el artículo 139 inciso 5[2] de la Carta Política, por el cual se garantiza a las partes involucradas en la controversia, el acceso a una respuesta del juzgador que se encuentre adecuadamente sustentada en argumentos que justifiquen lógica y razonablemente, en base a los hechos acreditados en el proceso y al derecho aplicable al caso, la decisión adoptada, y que, además, resulten congruentes con las pretensiones y alegaciones esgrimidas por aquellas dentro de la controversia. 2.3. Además, aquello concuerda con lo establecido por el inciso 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil, que prescribe: “Son deberes de los Jueces en el proceso: […] 6. Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de las normas y el de congruencia”; por su parte, el inciso 3 del artículo 122 de la norma en comento, señala: “Las resoluciones contienen: […] 3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado”. 2.4. Acerca de la infracción normativa de la codemandante Felipa Pillco Ayte, se observa que esta parte recurrente sustenta su vulneración al debido proceso y motivación de las resoluciones judiciales en concordancia con el artículo 197[3] del Código Procesal Civil, sobre la valoración de los medios probatorios; así, manifiesta que la Sala de mérito, respecto del Acta de la Asamblea Comunal del once de setiembre de dos mil once, fue actuada vulnerándose el debido procedimiento, pues alega que la decisión tomada por la comunidad relacionado con la reversión del huerto familiar fue dada en forma arbitraria y sin la presencia de la actora ni de su cónyuge, ambos demandantes. 2.4.1 Respecto de ello, se advierte de la sentencia recurrida que la Sala Superior en el fundamento 18, menciona que al señor Paulino Pillco Ayte (hermano de la codemandante) se le otorgó un huerto familiar constituido por el lote N° 82, el mismo que formaba parte del territorio de la Comunidad Campesina demandada, pero que al fallecimiento de dicha persona, éste nombró como heredera a la citada codemandante, declarando como bienes a heredar el aludido huerto familiar, documento que fue inscrito en la Partida N° 11052304 del Registro de testamentos de la Zona Registral N° X Sede Cusco. A su vez, el Colegiado Superior en el fundamento 20 de la sentencia de vista, manifiesta sobre el carácter inalienable del territorio comunal, lo que imposibilita a un comunero a disponer a título personal de los bienes que pertenecen a la comunidad campesina; así concluye que, en aplicación del artículo 17 del Estatuto de la Comunidad demandada, un terreno que fue asignado a un comunero tiene que ser revertido a favor de la comunidad campesina al fallecimiento de este último, salvo que exista una descendencia directa o legal, lo que no ocurre en el caso de ser hermanos. 2.4.2. Atendiendo a ello, se aprecia del fundamento 23 que el Colegiado Superior, relacionado al procedimiento llevado a cabo por la Comunidad Campesina para decidir por la reversión del huerto familiar (lote N° 82), hizo mención a que la decisión adoptada fue considerando el testamento dejado por el señor Paulino Pillco Ayte (hermano de la codemandante), otorgándole en esa misma Acta del once de setiembre de dos mil once un plazo al comunero Julián Avalos Arias (esposo de la actora y codemandante) para que tramite la nulidad del citado testamento; entonces, no se desprende que la Sala de mérito haya vulnerado el derecho a un debido proceso o motivación de las resoluciones judiciales, pues se advierte que para emitir su fallo ha tomado en consideración las pruebas aportadas al proceso, como es el caso de la propia acta cuestionada y el testamento, concluyendo de esa manera que la decisión de la comunidad no fue despótica o autoritaria, además que los argumentos de defensa de la parte recurrente estaban dirigidos a que el testamento la legitimaba para poseer el lote N° 82, así como que no tuvo participación en la asamblea, argumentos que son los mismos que están contenidos en su demanda y apelación. En consecuencia, existiendo una debida motivación y respeto a los principios de congruencia y valoración conjunta de los medios probatorios, resultan infundadas todas las causales procesales indicadas anteriormente, respecto del recurso de casación de Felipa Pillco Ayte. 2.5. Respecto de la infracción normativa de la demandada Comunidad Campesina Anansaya Urinsaya Ccollana de Anta, sobre la vulneración al debido proceso; en cuanto al presente recurso, se evidencia que la comunidad recurrente, pone en debate ante esta Sala Suprema el hecho que en la sentencia de vista no se habría tomado en consideración que la demanda fue interpuesta luego de cuatro años de haberse levantado el Acta cuestionada del veintitrés de octubre de dos mil once; y, después de seis meses respecto del Acta de fecha diez de agosto de dos mil catorce, por lo que se habría producido la caducidad, debiendo –inclusive– el juez declararla de oficio. 2.6. Sin embargo, en la recurrida se desprende que el Colegiado Superior ha emitido pronunciamiento respecto de la excepción de caducidad planteada por la parte demandada, tal como se observa de los fundamentos 10 al 14, apreciándose de aquellos que, la Sala de mérito consideró que para el presente caso no resultaría aplicar de modo analógico el plazo de caducidad contemplado en el artículo 92 del Código Civil, pues las Comunidades Campesinas se rigen por la Ley N° 24656 el cual no regula plazo de caducidad alguna. Por tanto, se puede concluir con facilidad que en la sentencia de vista materia del presente recurso de casación sí ha existido pronunciamiento referente al plazo de caducidad que alega la Comunidad Campesina demandada, siendo equivocado que la norma, imperativamente disponga que el Juez pueda declararla de oficio, cuando ya exista una decisión originada a pedido de parte, como ha ocurrido con la excepción de caducidad; es decir, en el presente proceso, ya se puso en debate la cuestionada caducidad, desprendiéndose de esa forma, que no existe vulneración alguna al derecho al debido proceso como así lo alega la Comunidad Campesina, debiendo por ende, declarar infundada la infracción procesal normativa propuesta.

TERCERO. Infracción normativa del artículo 92 del Código Civil. 3.1. El recurso de casación interpuesto por la Comunidad Campesina Anansaya Urinsaya Ccollana de Anta, discute el hecho que la Sala Superior debió aplicar —en su totalidad— el artículo 92 del Código Civil, el cual regula: “Todo asociado tiene derecho a impugnar judicialmente los acuerdos que violen las disposiciones legales o estatutarias. Las acciones impugnatorias deben ejercitarse en un plazo no mayor de sesenta días contados a partir de la fecha del acuerdo. Pueden ser interpuestas por los asistentes, si hubieran dejado constancia en acta de su oposición al acuerdo, por los asociados no concurrentes y por los que hayan sido privados ilegítimamente de emitir su voto. Si el acuerdo es inscribible en el registro, la impugnación puede formularse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que la inscripción tuvo lugar. Cualquier asociado puede intervenir en el juicio, a su costa para defender la validez del acuerdo. La impugnación se demanda ante el Juez Civil del domicilio de la asociación y se tramita como proceso abreviado”. 3.2. Respecto de aquella norma, el Quinto Pleno Casatorio Civil, Casación N° 3189-2012-Lima Norte, del tres de enero de dos mil trece, en su fundamento 265, establece: “En cuanto a la infracción material referida a la interpretación errónea del artículo 92 del Código Civil, debemos mencionar que el derecho de impugnación de acuerdos se complementa con el derecho al voto de cada asociado, porque constituye un derecho potestativo y personal, para de esta manera velar por la adecuada formación de la voluntad de la asociación, […]”; asimismo, en el fundamento 269, indica: “Este Pleno Casatorio Civil además ha acordado que son susceptibles de impugnación tanto los acuerdos de la Asamblea General, los del Consejo Directivo y de todo órgano creado en la Asociación Civil. […]”. [Resaltado agregado] 3.3. Por consiguiente, de lo desarrollado por el mencionado Pleno Casatorio Civil, se aprecia que el artículo 92 del Código Civil está dirigido para regular la impugnación de acuerdos pero para las asociaciones, lo que difiere de una Comunidad Campesina, que como lo mencionó la Sala Superior aquella está regulada por la Ley especial N° 24656, Ley General de Comunidades Campesinas; además, como lo precisa en el fundamento 269 del citado pleno, son susceptibles de impugnación, de acuerdo al artículo materia del presente recurso, tanto los acuerdos de la Asamblea General, los del Consejo Directivo y todo órgano creado en la Asociación Civil. Entonces, no resulta razonable la aplicación del artículo 92 del Código Civil al presente caso, pues no estamos ante una impugnación de una asociación, sino de una comunidad campesina; por ende, el plazo de caducidad establecido en dicha norma tampoco resulta aplicable, más aun, que existe una Ley puntual que regula la actividad de una comunidad campesina, el cual no estipula plazo de caducidad alguno. 3.4. En consecuencia, se puede establecer que no resulta arreglado a derecho que una Comunidad Campesina pretenda la aplicación del artículo 92 del Código Civil, para intentar buscar la caducidad respecto del cuestionamiento de los acuerdos tomados por la asamblea general de dicha comunidad, por parte de un comunero asociado; toda vez que, una Comunidad Campesina se rige por la Ley N° 24656, la cual no establece plazo de caducidad alguno; por tal motivo, el recurso de casación interpuesto por la Comunidad Campesina Anansaya Urinsaya Ccollana de Anta deviene en infundado.

IV. DECISIÓN

Por estas consideraciones, declararon: INFUNDADOS los recursos de casación, interpuestos por la demandada Comunidad Campesina Anansaya Urinsaya Ccollana de Anta, de fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos cincuenta, y por la codemandante Felipa Pillco Ayte, de fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos setenta y cinco; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista, de fecha treinta de mayo de dos mil quince, obrante a fojas doscientos veintiocho; en los seguidos por Felipa Pillco Ayte y otro contra la Comunidad Campesina Anansaya Urinsaya Ccollana de Anta, sobre Impugnación de Acuerdos; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviene como Juez Supremo Ponente el señor Bustamante Zegarra.

S.S. WALDE JÁUREGUI, RUEDA FERNÁNDEZ, WONG ABAD, TOLEDO TORIBIO, BUSTAMANTE ZEGARRA.



[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos OC-9/87 “Garantías Judiciales en Estados de Emergencia”, párr. 28.

[2] Artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Son principios y derechos de la función jurisdiccional: […] 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.

[3] Artículo 197. Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión.

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