No es aplicable la ejecución extrajudicial contenida en la Ley de Garantía Mobiliaria, si la prenda fue suscrita con anterioridad de esa ley y se pactó la ejecución judicial

Fuente: https://i2.wp.com

CAS. N.º 1949-2016 Arequipa

Emitida el 26 de junio del 2017

(Publicada en El Peruano, 03-01-18)

Juez ponente

Señor Juez supremo Céspedes Cabala

Normas aplicables

Fundado

Normas aplicables

Tercera Disposición Transitoria de la Ley de Garantías Mobiliarias

Fundamento jurídico relevante

[E]s de  aplicación al presente proceso la Teoría de los Derechos Adquiridos,  en virtud de la cual “la nueva ley no puede no puede alcanzar a los  derechos adquiridos de conformidad con la ley anterior, aunque,  durante la vigencia de esta, no se hayan hecho valer”, más aún si  la Tercera Disposición Transitoria de la Ley número 28677 - Ley de  Garantía Mobiliaria, estipula que: “Una vez aprobada la presente  Ley, la SUNARP dispondrá el traslado electrónico de las prendas  especiales ya existentes al Registro Mobiliario de Contratos.  Dichas prendas conservarán plenamente su validez y eficacia, en los mismos términos mediante los cuales fueron  constituidas. La inscripción de modificaciones o ampliaciones de  estas garantías se efectuará conforme a lo previsto en la presente  Ley: Al conservar plenamente su validez y eficacia en los mismos  términos en los que fueron constituidas, no es posible jurídicamente  aplicar a efecto de su ejecución, la Ley de Garantías Mobiliarias”

    

CAS. N.º 1949-2016

AREQUIPA

EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

SUMILLA. Se vulnera el Debido  Proceso al no realizar un análisis de todas las clausulas en el acto jurídico de Constitución de Garantías. Artículo 139 inciso 3 de la  Constitución Política del Perú.

Lima, veintiséis de junio de dos mil  diecisiete.

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE  SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: Vista la causa  número mil novecientos cuarenta y nueve – dos mil dieciséis, en  Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y producida la  votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia:

I. ASUNTO

En el presente proceso de Ejecución de Garantías, el  demandante Banco de Crédito del Perú ha interpuesto recurso de  casación mediante escrito obrante a fojas sesenta y ocho, contra el  auto de vista de fojas cincuenta y cinco, de fecha dos de mayo de  dos mil dieciséis, emitida por la Primera Sala Civil de la Corte  Superior de Justicia de Arequipa, que confirmó el auto apelado de  fojas veinticuatro, de fecha once de enero de dos mil dieciséis, que  declaró improcedente la demanda.

II. ANTECEDENTES

1. DEMANDA. El siete de enero de dos mil dieciséis, mediante  escrito obrante a fojas dieciocho, el Banco de Crédito del Perú  interpuso una demanda de Ejecución de Garantías a fi n de que se  ejecute la garantía prendaria constituida a su favor, argumentando que: La ejecutada ha incumplido con las obligaciones contenidas  en el Pagaré a la vista, el que a la fecha de la liquidación adjuntada,  con intereses compensatorios y moratorios asciende a la suma de  ochenta y dos mil seiscientos veintitrés soles con noventa y seis céntimos (S/82,623.96), debiéndose dictar mandato de ejecución por la suma que constituye el monto tope de la garantía cuya  ejecución se solicita, esto es, veintidós mil novecientos cincuenta dólares americanos (US$22,950.00), monto máximo de la garantía  prendaria industrial constituida a su favor por el demandado, bajo  apercibimiento de remate de los bienes dados en garantía; es decir, solicita la ejecución de garantía prendaria industrial, bajo las  reglas del Código Procesal Civil, con la acción prevista para la  ejecución de garantías. - En la primera cláusula del Contrato de  Constitución de Prenda Industrial suscrito el trece de setiembre de  mil novecientos noventa y siete, se garantizan las obligaciones que  tiene en la actualidad, o que pudiera tener en el futuro la ejecutada R y S Diesel Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada,  con el Banco de Crédito del Perú.

2. AUTO FINAL DE PRIMERA  INSTANCIA. El once de enero de dos mil dieciséis, mediante  Resolución número uno, obrante a fojas veinticuatro, el Segundo  Juzgado Civil del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata de la  Corte Superior de Justicia de Arequipa, declaró improcedente la  demanda; señalando que: - Con la Ley N.° 28677 - Ley de la  Garantía Mobiliaria, se establecen procedimientos previos  (artículos 47, 51 y 52) para la ejecución de garantías mobiliarias. Por tanto, al no haberse agotado los procedimientos establecidos  en la referida Ley, y al haber planteado una pretensión distinta  como si se tratara de una ejecución de garantías inmobiliarias, la parte demandante carece manifiestamente de interés para obrar, y  por tal razón la demanda deviene improcedente conforme lo prevé  el artículo 427 inciso 2 del Código Procesal Civil.

3. RESOLUCIÓN  DE SEGUNDA INSTANCIA. El dos de mayo de dos mil dieciséis,  la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa,  emite la resolución de vista de fojas cincuenta y cinco, que confirma la resolución apelada y declara improcedente la demanda, bajo los  siguientes argumentos: - La Constitución de Prenda Industrial,  celebrado el trece de setiembre de mil novecientos noventa y siete,  ha sido constituida bajo los alcances de la Ley N.° 23407, la  misma que ha sido derogada parcialmente en sus artículos 82 al  87, inclusive, como también han sido derogados los artículos 1055  al 1090 del Código Civil, referentes a la prenda por la Ley N.° 28677, Ley de Garantía Mobiliaria; por lo que para la ejecución de  cualquier clase de garantía mobiliaria, entre las cuales se encuentra  la prenda industrial, deberá aplicarse la referida Ley número 28677  - Ley de la Garantía Mobiliaria, adecuándose a su contenido según  corresponda. - La ejecución de la venta del bien mueble afectado  en garantía mobiliaria debe efectuarse en conformidad del artículo  47 de la Ley N.° 28677 - Ley de la Garantía Mobiliaria, que  prevé la venta extrajudicial.

III. RECURSO DE CASACIÓN

El  diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, el demandante, mediante  escrito de fojas sesenta y ocho, interpone recurso de casación  contra el auto de vista, siendo declarado procedente por este  Supremo Tribunal mediante la resolución de fecha catorce de julio  de dos mil dieciséis, por la siguiente infracción: - Infracción  normativa del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política  del Perú (aunque erróneamente se consignó el inciso 14 del  referido artículo como el supuesto materia de la infracción),  alegando que al no estar vigente la Ley N.° 28677 - Ley de  Garantía Mobiliaria, al momento de suscribirse el Contrato de  Prenda, no existía la venta extrajudicial regulada para la ahora  denominada Garantía Mobiliaria, sino que, en aquel entonces, solo  estaba regulada la ejecución judicial de la prenda frente al  incumplimiento de la obligación, siguiendo el proceso de Ejecución  de Garantías establecido en el Código Procesal Civil, lo cual  incluso constituía un acuerdo entre las partes, establecido en la  cláusula octava del referido contrato. Como indica la parte  demandante, en caso se ajuste la prenda constituida a la nueva  regulación de la Garantía Mobiliaria que prevé el pacto de venta  extrajudicial del bien mueble afectado mediante apoderado nombrado en conjunto, se estaría desviando a las partes del  procedimiento previamente establecido.

IV. FUNDAMENTOS DE  ESTA SALA SUPREMA

PRIMERO. Que, de acuerdo a la  doctrina y algunas legislaciones, el recurso de casación tiene como  objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen fin al  proceso y que contienen vicios de derecho que interesan al orden  público subsanar. Desde aquella perspectiva se entiende: primero,  que es un recurso extraordinario que la ley concede a las partes  después de haberse cumplido con el Principio de la Doble Instancia,  conforme al artículo 384 del Código Procesal Civil; segundo, se  trata de un recurso porque es un medio de “transferir la queja  expresiva de los agravios[1]”; y, tercero, resulta extraordinario por  estar limitados los motivos para su interposición, es decir, por ser  limitadas las resoluciones judiciales contra las que puedan  interponerse[2] y porque su estudio se limita, sucintamente, a la  existencia del vicio denunciado[3].

SEGUNDO. Que, es menester  mencionar que la casación impide reexaminar el íntegro de la  sustancia debatida: se trata, esencialmente, de una jurisdicción de derecho que no permite modificar los juicios de hecho (salvo los  casos que tengan que ver con la relación procesal, los errores in  procedendo o el control de la logicidad). Por ello, no constituye una  tercera instancia judicial.

TERCERO. Que, la infracción procesal  se configura cuando en el desarrollo del proceso, no se han  respetado los derechos procesales de las partes, se han obviado o  alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido  efectiva, el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo  hace en forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad  vigente y de los principios procesales. No obstante, la referida  infracción normativa debe revestir un grado tal de transcendencia o  influencia que su corrección traerá, en consecuencia, la  modificación del sentido del fallo o lo decidido en la resolución que  está siendo impugnada, reiterando argumentos vertidos en el  decurso del proceso y cuestionando el criterio expuesto por las  instancias de mérito al discrepar del sentido del mismo por  resultarle adverso[4].

CUARTO. Que, en cuanto al derecho  fundamental a un Debido Proceso, no solo es un principio de  quienes ejercen la función jurisdiccional y que está contemplado  como tal en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política  del Perú, también es concebido como aquel derecho fundamental  de carácter exigible, que posee toda persona peruana o extranjera,  natural o jurídica. Asimismo, es un derecho que debe ser respetado  por todos, debido a que lleva implícito los fines sociales y colectivos  de justicia[5]. En ese sentido, existe contravención de las normas  que garantizan el derecho a un Debido Proceso cuando, en el desarrollo del mismo: i) El órgano jurisdiccional no ha respetado los derechos procesales de las partes; ii) Se han obviado o alterado  actos de procedimiento; y, iii) La tutela jurisdiccional no ha sido  efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus  resoluciones, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales.

QUINTO. Que, en tal sentido, el derecho  al Debido Proceso tiene tres elementos: i) El derecho de acceso a  alguna de las modalidades de justicia institucionalizada previstas  en el ordenamiento jurídico; ii) El proceso mismo se ajuste a una  serie de exigencias que favorezcan en la mayor medida posible a  la consecución de una decisión justa; y, iii) La superación plena y  oportuna del conflicto con una decisión justa, a través de la ejecución también plena y oportuna[6]. La importancia de este  derecho para la protección de los derechos fundamentales ha dado  lugar a que sea considerado como un principio general derecho,  garantía constitucional y como un derecho fundamental[7].

SEXTO. Que, por último, es importante señalar que este derecho no solo tiene relevancia en el ámbito del interés particular correspondiente  a las partes involucradas en la litis, sino que también juega un  papel esencial en la idoneidad del sistema de justicia en su  conjunto. No debe olvidarse que una razonable motivación de las  resoluciones constituye una de las garantías del proceso judicial,  directamente vinculada con la vigilancia pública de la función  jurisdiccional, por la cual se hace posible conocer y controlar las  razones por las cuales el juez ha decidido una controversia en un  sentido determinado; implicando, en ese sentido, un elemento  limitativo de los supuestos de arbitrariedad[8].

SÉTIMO. Que, siendo  ello así, las instancias de mérito han emitido resoluciones  inhibitorias, declarando improcedente la demanda de Ejecución de Garantías. La explicación: la Ley de Garantías Mobiliarias regula  ciertos procedimientos previos a la ejecución, de modo tal que, al  no haberse cumplido con ellos, la parte demandante no tiene  interés para obrar.

OCTAVO. Que, previo al análisis de lo  denunciado, es menester realizar algunas precisiones sobre la  aplicación de la ley en el tiempo. El artículo III del Título Preliminar  del Código Civil, preceptúa que: “La Ley se aplica a las  consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo las excepciones  previstas en la Constitución Política del Perú”. Ello ha sido recogido  también en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, ya  que se trata de un principio general del derecho, pues “se considera  injusto aplicar una ley nueva a actos que fueron realizados en el  momento en que dicha ley no existía, y que por consiguiente no  podía ser conocida y mucho menos acatada”[9], lo contrario  significaría atentar contra la seguridad jurídica.

NOVENO. Que,  así pues, las leyes se dictan para regular situaciones futuras y no  para modificar efectos ya producidos en virtud de la antigua ley. El principio de irretroactividad de la ley, significa que los derechos  bajo el amparo de la ley anterior mantienen su vigencia y sobre  ellos no tiene efecto la nueva ley. Sin embargo, ello no es absoluto,  pues existen supuestos de excepción, como el caso de la ley penal  favorable al reo.

DÉCIMO. Que, estando a lo expuesto, es de  aplicación al presente proceso la Teoría de los Derechos Adquiridos,  en virtud de la cual “la nueva ley no puede no puede alcanzar a los  derechos adquiridos de conformidad con la ley anterior, aunque,  durante la vigencia de esta, no se hayan hecho valer”[10], más aún si  la Tercera Disposición Transitoria de la Ley número 28677 - Ley de  Garantía Mobiliaria, estipula que: “Una vez aprobada la presente  Ley, la SUNARP dispondrá el traslado electrónico de las prendas  especiales ya existentes al Registro Mobiliario de Contratos.  Dichas prendas conservarán plenamente su validez y eficacia, en los mismos términos mediante los cuales fueron  constituidas. La inscripción de modificaciones o ampliaciones de  estas garantías se efectuará conforme a lo previsto en la presente  Ley: Al conservar plenamente su validez y eficacia en los mismos  términos en los que fueron constituidas, no es posible jurídicamente  aplicar a efecto de su ejecución, la Ley de Garantías Mobiliarias” (lo  resaltado es nuestro).

DÉCIMO PRIMERO. Que, sin perjuicio de  ello, las instancias de mérito no han tenido en cuenta que las partes  pactaron en la cláusula octava del Contrato de Constitución de  Garantía de fecha trece de setiembre de mil novecientos noventa y  siete, que en caso se incumpliera alguna de las obligaciones, el  Banco se encontraba en la facultad de ejecutar la prenda de  acuerdo a las disposiciones del Código Procesal Civil, lo cual resulta trascendente y debió ser objeto de análisis al momento de  calificar la demanda por el A quo, razón por la cual, corresponde  amparar el recurso de casación interpuesto.

V. DECISIÓN

Por  tales consideraciones, esta Sala Suprema, en aplicación de lo  dispuesto en el inciso 3 del artículo 396 del Código Procesal Civil,  modificado por la Ley N.° 29364, declara: 1. Declarar FUNDADO el  recurso de casación interpuesto por el Banco de Crédito del Perú a  fojas sesenta y ocho; por consiguiente, CASARON la resolución impugnada; en consecuencia, NULA resolución de vista de fojas  cincuenta y cinco, de fecha dos de mayo de dos mil dieciséis,  emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de  Arequipa.  2. INSUBSISTENTE la apelada de fojas veinticuatro, de  fecha once de enero de dos mil dieciséis, emitida por el Segundo  Juzgado Civil del Módulo Básico de Paucarpata de la Corte  Superior de Justicia de Arequipa, debiendo emitirse nueva  calificación en aplicación del Código Procesal Civil.  3.  DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el  Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos  por el Banco de Crédito del Perú contra R y S Diesel Sociedad  Comercial de Responsabilidad Limitada y otros, sobre Ejecución  de Garantías; y los devolvieron. Integra esta Sala el Juez Supremo  Señor Calderón Puertas por licencia del Juez Supremo Señor De  La Barra Barrera. Ponente Señora Céspedes Cabala, Jueza  Suprema.

S.S. ROMERO DÍAZ, CABELLO MATAMALA,  MIRANDA MOLINA, CALDERÓN PUERTAS, CÉSPEDES  CABALA. 



[1] Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires  1992, pág. 742. 2   

[2] Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia  1996, pág. 15. 3 

[3] Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos  Aires 1959, pág. 55. 

[4] Casación N.° 21100-2016 Lambayeque 

[5] Comisión Andina de Juristas. Luis Huerta con la colaboración de Enrique Aguilar,  “El debido proceso en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos  Humanos (análisis del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos  Humanos), en www.cajpe.org.pe. 

[6] Castillo Córdova, Luis. “Debido proceso y tutela jurisdiccional”. En: “La Constitución  Comentada”. Tomo III. Lima: Gaceta, 2013, Pags. 61-62. 

[7] Bustamante Alarcón, Reynaldo. “Derechos Fundamentales y Proceso Justo”. Lima: Ara Editores, 2001, pág. 218. 

[8] CAS. N.° 1548 – 2014 Lambayeque 

[9] Gutiérrez Camacho, Walter. Código Civil Comentado. Lima: Gaceta Jurídica. 2011,  pag. 30. 

[10] Torres Vásquez, Aníbal. La Constitución Comentada, tomo II. Lima: Gaceta  Jurídica. 2013, pág. 657. 

Boletines anteriores

Publicidad