No se puede alegar la extralimitación de facultades del gerente si estas fueron ratificadas de forma posterior


CAS. N.º 589-2016 La Libertad

Emitida el 02 de junio del 2017

(Publicada en El Peruano, 31/07/2018)

Juez ponente

Señora jueza suprema Cabello Matamala

Decisión

Fundado

Normas aplicables

Artículo 161 y 162 del Código Civil  

Fundamento jurídico relevante

[S]e concluye que la demanda deviene en improcedente porque a entender de la Sala de mérito a la fecha de la celebración del contrato de promesa de venta del inmueble sub Litis el Gerente General no contaba con facultades suficientes, cierto es también que tal razonamiento no toma en cuenta la Escritura Pública anexada al recurso de apelación, documento —admitido como medio probatorio por la propia Sala— a través del cual la actual representante de la empresa reconoce y ratifica todos los actos celebrados por el transferente, más aún si este aspecto al haber formado parte de los agravios invocados a través del mencionado recurso impugnatorio, debió ameritar un pronunciamiento claro y concreto por lo que debió anularse para que el Juez de primer grado emita pronunciamiento, por lo que siendo ello así debe disponerse su devolución al Juzgado respectivo.

 

CAS. N.º 589-2016

LA LIBERTAD

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

SUMILLA: “La decisión adoptada por la Sala Superior de Justicia de La libertad se encuentra incursa en causal de nulidad. Si bien se concluye que la demanda deviene en improcedente porque a entender de la Sala de mérito el Gerente General de la empresa actora a la fecha de la celebración del contrato de promesa de venta del inmueble sublitis, no contaba con poder de representación, cierto es que dicho razonamiento resulta contradictorio porque no se observa pronunciamiento respecto a la escritura pública anexada al recurso de apelación, documento que fue admitido como medio probatorio por la propia Sala Superior, a través del cual la actual representante de la empresa demandante reconoce y ratifica todos los actos celebrados por el transferente. Aspecto que ha sido invocado como agravio en el escrito de apelación, y que no ha sido absuelto por el órgano superior”.

Lima, dos de junio de dos mil diecisiete.

SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número quinientos ochenta y nueve – dos mil dieciséis, en audiencia pública de la fecha y producida la votación conforme a ley procede a emitir la siguiente sentencia:

I. MATERIA DEL RECURSO

Se trata del recurso del recurso de casación interpuesto por Constru Hogar Sociedad Anónima Cerrada, contra la sentencia de vista expedida por la Tercera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad que confirma la decisión apelada que declara improcedente la demanda.

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Esta Sala Suprema Civil Transitoria mediante resolución de fecha cinco de setiembre de dos mil dieciséis, declaró procedente el recurso de casación por las siguientes causales: a) Infracción Normativa Procesal del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, alegándose que: i) En el presente proceso el conflicto de intereses no se ha resuelto, por cuanto la Sala Superior en lugar de hacer efectivo los derechos sustanciales de las partes, sólo se ha limitado a establecer que no existe vínculo entre ellas por no contar el Contrato de Promesa de Compra Venta suscrito con fuerza de ley, infringiéndose con ello la norma adjetiva; y ii) La Sala Superior de conformidad con el Principio de Preclusión no analizó el documento de ratificación de la promesa de compraventa y debió de pronunciarse sobre el fondo del proceso frente a la existencia de dicho medio de prueba; y b) Infracción Normativa Material de los artículos 161 y 162 del Código Civil, sosteniéndose que: i) El acto celebrado por su representante resulta uno ineficaz frente a su representada, pero ésta puede ratificarlo conforme lo dispone el artículo 162 del Código Civil; y ii) El Contrato de Promesa de Venta no es inválido y si se aplican las reglas de la buena fe de los contratantes los efectos jurídicos de las obligaciones son válidas en tanto no exista una sentencia de anulabilidad, máxime si se efectuó la ratificación del acto jurídico.

III. CONSIDERANDO

PRIMERO. Habiendo declarado procedente el recurso de casación por las infracciones normativas procesales, corresponde verificar si el razonamiento sobre el cual se sustenta la decisión, se ha efectuado respetando los alcances que regulan el debido proceso, previsto por el artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, así como lo previsto por los artículos 50 inciso 6 del Código Procesal Civil y 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial los magistrados tienen la obligación de fundamentar los autos y las sentencias bajo sanción de nulidad respetando los principios de jerarquía de las normas y el de congruencia así como el derecho de defensa que le atañe a la impugnante.

SEGUNDO. La parte recurrente, fundamentando su pretensión sostiene que se afectó su derecho, por cuanto el órgano superior en vez de pronunciarse sobre el conflicto de intereses se limitó a desestimar la demanda al considerar que el contrato materia de litis no se encontraba acorde a ley, omitiendo analizar el documento de ratificación de la promesa de compraventa.

TERCERO. Acorde a lo regulado por el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, debe anotarse que, siendo la Tutela Judicial Efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda o no acompañarle a su petitorio, también lo es que ésta permite que lo decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no sólo se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia[1].

CUARTO. Siendo así, el proceso judicial, viene a ser un método racional de debate y un instrumento para la solución pacífica de los conflictos intersubjetivos de intereses que se suscitan en la convivencia y resulta evidente que para que dicha finalidad se alcance, debe haber una exacta relación o correspondencia (concordancia) entre la pretensión del actor, la oposición del demandado, los elementos de prueba válidamente recolectados e incorporados, y la decisión del tribunal lo cual se conoce como “congruencia”, principio normativo que limita las facultades resolutorias del Juez por el que debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido oportunamente por los litigantes en relación a los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico[2].

QUINTO. Entonces la motivación de las resoluciones judiciales, constituye una garantía constitucional que asegura la publicidad de las razones que los jueces tuvieron en cuenta para pronunciar sus sentencias resguardando a los particulares y a la colectividad las decisiones arbitrarias. En tal sentido, debe entenderse, que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrarrestar las razones expuestas en la resolución acotada, de modo que los medios probatorios del proceso en cuestión, sólo puedan ser evaluados para contrarrestar las razones expuestas, más no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis.

SEXTO. De lo actuado en el proceso se advierte lo siguiente: (i) De la Copia Literal número 11119769 Asiento C00003 se aprecia que con fecha dos de enero de dos mil doce, se inscribió el otorgamiento de poder amplio y especial de Víctor Augusto Carranza Minaya como Gerente General de CONSTRU HOGAR Sociedad Anónima Cerrada; del Asiento C00001 de la acotada Partida Registral se registró con fecha nueve de enero de dos mil doce, la revocatoria de poder de la persona en referencia; del Asiento C00004 se inscribió la remoción y nombramiento como nuevo gerente general de la empresa Walter Benjamín García Miñano, el diez de setiembre de dos mil doce; (ii) El contrato privado de promesa de compraventa celebrado entre María Jesús Muñoz viuda de Hoyle con Constru Hogar Sociedad Anónima Cerrada representado por su Gerente General Walter Benjamín García Miñano, el dieciséis de agosto de dos mil doce, respecto del Lote 25 Manzana 40 del Centro Poblado María del Socorro, Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, por el precio de ciento ochenta y cinco mil dólares americanos (US$ 185,000.00), los mismos que debían ser cancelados de la siguiente forma: cincuenta mil dólares americanos (US$ 50,000.00) como cuota inicial a la suscripción del presente contrato y los ciento treinta y cinco mil dólares americanos (US$ 135,000.00) en un plazo de sesenta días hábiles a partir de la suscripción de dicho documento, quedando en calidad de arras el 10% de la inicial otorgada ascendente a cinco mil dólares americanos (US$ 5,000.00). Pactando en dicho contrato de que en caso de incumplimiento por parte de la vendedora, el comprador puede dejar sin efecto el contrato y exigir el doble de la suma dejada en arras, esto es, diez mil dólares americanos (US$ 10,000.00); (iii) Por carta cursada el uno de octubre de dos mil doce, la demandada María Jesús Muñoz viuda de Hoyle, solicitó a la actora, que el tres de octubre del presente año, se apersone a la Notaria Guerra Salas, el gerente general, Víctor Augusto Carranza Espina quien representa a CONSTRU HOGAR Sociedad Anónima Cerrada para realizar la devolución del monto de los cincuenta mil dólares americanos (US$ 50,000.00), y el pago correspondiente a diez mil dólares americanos (US$ 10,000.00), que realizará ante el desistimiento de la preventa. (iv) Por Carta notificada notarialmente el dos de octubre de dos mil doce la parte actora solicitó a la emplazada formalizar dicho documento debido a que el proyecto de construcción se debe desarrollar cuanto antes y que precise el número de cuenta a fin de recoger el cheque de gerencia por el monto pactado; (v) Por Carta de fecha quince de octubre de dos mil doce, la emplazada, reiteró al representante de la empresa demandada su intención de no celebrar el contrato, indicando que se apersonen a la Notaria Tamayo a fin de que recojan los cheques de gerencia por las sumas ascendentes a cincuenta mil dólares americanos (US$ 50,000.00) y diez mil dólares americanos (US$ 10,000.00). (vi) Por Carta del quince de octubre de dos mil doce, la empresa indicó a la demandada que optó por ejercer su derecho de acción para el cumplimiento del contrato privado. En tanto que la remoción del gerente general que se alega inscrita el diez de setiembre de dicho año, por lo que no debe perderse de vista que el poder al que se alude está referido al cobro de un cheque lo que nada tiene que ver con el contrato más aún si la persona jurídica es independiente de la persona natural, (vii) Por Escritura Pública de compraventa de fecha once de febrero de dos mil quince, Rosa Antonia Flores Alegría en su calidad de Subgerente General de la empresa demandada declara conocer que el dieciséis de agosto de dos mil doce el Gerente General de la referida empresa Víctor Augusto Carranza celebró un contrato de promesa de compraventa con la emplazada, por lo que ratifica dicho acto jurídico asumiendo derechos y obligaciones que deriven del mismo, medio probatorio que fue admitido por resolución de siete de mayo de dos mil quince.

SÉTIMO. El Juez del Primer Juzgado Civil Transitorio de Descarga de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, por sentencia de fecha trece de enero de dos mil quince, declaró improcedente la demanda al considerar que al momento de celebrarse el contrato de promesa de venta, el demandante no cumplió con lo establecido en sus estatutos, pues las facultades se modificaron el diecisiete de febrero de dos mil diez por lo que el contrato no puede surtir obligaciones entre las partes. Impugnada que fue dicha decisión la Sala Superior mediante sentencia de fecha dieciséis de julio de dos mil quince confirmó la decisión adoptada.

OCTAVO. Estando a las denuncias expuestas y analizado el proceso, debe colegirse que la decisión adoptada por la Sala Superior de Justicia de La Libertad se encuentra incursa en causal de nulidad. Si bien se concluye que la demanda deviene en improcedente porque a entender de la Sala de mérito a la fecha de la celebración del contrato de promesa de venta del inmueble sub Litis el Gerente General no contaba con facultades suficientes, cierto es también que tal razonamiento no toma en cuenta la Escritura Pública anexada al recurso de apelación, documento —admitido como medio probatorio por la propia Sala— a través del cual la actual representante de la empresa reconoce y ratifica todos los actos celebrados por el transferente, más aún si este aspecto al haber formado parte de los agravios invocados a través del mencionado recurso impugnatorio, debió ameritar un pronunciamiento claro y concreto por lo que debió anularse para que el Juez de primer grado emita pronunciamiento, por lo que siendo ello así debe disponerse su devolución al Juzgado respectivo.

NOVENO. En tal sentido, es indudable que lo anteriormente expuesto denota una evidente vulneración no solo al debido proceso, sino también a los principios de Acceso a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, Valoración Probatoria, así como a la Debida Motivación de Resoluciones, resultando la recurrida una con contenido aparente; por lo que debe declararse fundado el recurso de casación, nula las sentencias de mérito y disponerse se expida nueva decisión atendiendo a las consideraciones expuestas en la presente resolución. Careciendo de objeto emitir pronunciamiento sobre las infracciones de orden material.

Por las consideraciones expuestas y a tenor de lo establecido en el artículo 396 inciso 1 del Código Procesal Civil declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Constru Hogar Sociedad Anónima Cerrada; CASARON la sentencia de vista expedida por la Tercera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad que confirma la decisión apelada que declara improcedente la demanda e INSUBSISTENTE la apelada contenida en la resolución número nueve de fecha trece de enero de dos mil quince obrante a fojas doscientos tres; ORDENARON que el Juez expida nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta las disposiciones expuestas en la presente resolución; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” bajo responsabilidad; en los seguidos por Constru Hogar Sociedad Anónima Cerrada con María Jesús Muñoz viuda de Hoyle sobre Cumplimiento de Contrato y otros; y los devolvieron. Integra esta Sala el Juez Supremo Señor Sánchez Melgarejo por licencia del Juez Supremo Señor Romero Díaz. Ponente Señora Cabello Matamala, Jueza Suprema.

S.S. CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA, DE LA BARRA BARRERA, SÁNCHEZ MELGAREJO, CÉSPEDES CABALA.



[1] Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 004- 2006-PI/TC, Tomado de la Tesis para optar el título de abogado de BACH. KARINA EVELIN ZAPATA SILVA, en la Facultad de Derecho y Ciencia Política Escuela Profesional De Derecho. Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. CALIDAD DE SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA SOBRE USURPACIÓN, EN EL EXPEDIENTE N° 01262-2013-98-1706-JR-PE-07, DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE – CHICLAYO. 2016 Tesis para optar el Título Profesional de Abogada. Página 16.

[2] Rioja, Bermúdez Alexandre. La congruencia procesal: Información, Doctrinaria y Jurisprudencial. X CONGRESO NACIONAL DE DERECHO PROCESAL GARANTISTA, 12, 13 Y 14 de noviembre – Azul, Pcia. de Buenos Aires. La congruencia procesal. Dr. Jorge Horacio Zinny.blog.pucp.edu.pe/blog/ seminariotallerdpc/page/39/  

Boletines anteriores

Publicidad