No se puede desviar la controversia de disposición de bienes sociales si el objeto del proceso es el derecho a reivindicar de la cónyuge.

CAS. N.º 4238-2016 Arequipa

Emitida el 20 de setiembre del 2017

(Publicada en El Peruano, 03/09/2018)

Juez ponente

Señora Jueza Suprema Cabello Matamala

Decisión

Fundado

Normas aplicables

Artículo 315 del Código Civil

Fundamento jurídico relevante

Si bien la Sala Superior, al amparar la demanda, estableció que conforme a las disposiciones reguladas por el artículo 315 del Código Civil, la calidad de propietarios —tanto del actor como de su cónyuge— sobre el bien sublitis no han sido enervada en autos, cierto es, que dicho órgano jurisdiccional, alejándose de la controversia determinada en la audiencia del diecisiete de junio de dos mil catorce, analizó aspectos regulados por una nulidad o ineficacia del acto jurídico al haberse dispuesto del bien sublitis con la intervención de la cónyuge recurrente, sin tener en cuenta que el tema materia de controversia que debió examinarse era el aspecto relacionado a la reivindicación de la posesión por la parte demandada, esto es, establecer si los supuestos que la configuran, se encuentran o no acreditados para determinar la fundabilidad o infundabilidad de la demanda, siendo evidente la afectación al principio de congruencia, como al debido proceso.


 

CAS. N.º 4238-2016

AREQUIPA

REIVINDICACIÓN

SUMILLA. “Si bien la Sala Superior, al amparar la demanda, estableció que conforme a las disposiciones reguladas por el artículo 315 del Código Civil, la calidad de propietarios —tanto del actor como de su cónyuge— sobre el bien sublitis no han sido enervada, cierto es, que dicho órgano jurisdiccional, alejándose de la controversia determinada en la audiencia, analizó aspectos regulados por una nulidad o ineficacia del acto jurídico al haberse dispuesto del bien sublitis con la intervención de la cónyuge recurrente, sin tener en cuenta que el tema materia de controversia que debió examinarse era la reivindicación de la posesión por la parte demandada”.

Lima, veinte de setiembre de dos mil diecisiete.

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; vista la causa número cuatro mil doscientos treinta y ocho - dos mil dieciséis, en audiencia pública de la fecha, y producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:

I. MATERIA DEL RECURSO

Se trata del recurso de casación interpuesto por Josefina Eusebia Llacho Checco, contra la Sentencia de Vista, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, el veintidós de agosto de dos mil dieciséis, que revoca la decisión impugnada que declaró infundada la demanda de reivindicación; y, reformando la misma la declaró fundada, disponiendo que la demandada haga dejación del bien sublitis y restituya la posesión al demandante.

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Esta Sala Suprema Civil Transitoria mediante resolución de fecha seis de enero de dos mil diecisiete, declaró la procedencia del recurso de casación por las siguientes causales: a) Infracción normativa de los artículos 923, 927 y 2018 del Código Civil, refiere que se afecta su derecho por cuanto la Sala Superior realizó una errónea interpretación de la norma y una indebida aplicación del artículo 923 del Código Civil, toda vez que dichos preceptos legales permite reivindicar la propiedad por su titular no poseedor; y si bien la doctrina señala que la acción reivindicatoria la impone el propietario no poseedor contra el poseedor no propietario, también lo es que, nada obsta para que en dicho proceso se declare el mejor derecho de propiedad, en caso de que la parte contraria alegue la titularidad sobre el mismo bien, por lo que existe transgresión a dicha norma. Indica que el quince de diciembre de dos mil cinco adquirió el bien de su anterior propietario Valentín Llacho desconociendo al hoy demandante como propietario ya que este recién apareció en el mes de setiembre de dos mil doce e inscribió la primera de dominio con un título que data del año mil novecientos noventa y siete, esto es por más de quince años, por lo que dicha inscripción es nula al contravenir el artículo 2018 del Código Civil ya que dicha norma precisa que para inscribir la primera de dominio se debe exhibir títulos por un predio ininterrumpido de cinco años o en su defecto títulos supletorios, que serán tomados en cuenta por el Supremo Tribunal, pues el demandante procedió a realizar la inscripción de primera de dominio del predio con un instrumento y/o título que data de más de quince años; b) Excepcionalmente por la infracción normativa procesal del artículo 139 incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú; se debe verificar si la Sala Superior al revocar la apelada, ha emitido su resolución debidamente motivada, bajo estricta sujeción al debido proceso, esto es, si se habría cumplido con lo establecido en el artículo 139 incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú.

III. CONSIDERANDO

PRIMERO. Habiendo declarado este Supremo Tribunal, la procedencia excepcional del recurso de casación, corresponde verificar si el razonamiento efectuado guarda correspondencia con el debido proceso regulado por el artículo 139 incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, así como con los artículos 50 inciso 6) del Código Procesal Civil y 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial los magistrados tienen la obligación de fundamentar los autos y las sentencias bajo sanción de nulidad respetando los principios de jerarquía de las normas y el de congruencia.

SEGUNDO. La motivación de las resoluciones judiciales, si bien es una garantía constitucional que asegura la publicidad de las razones que los jueces tuvieron en cuenta para pronunciar sus sentencias resguardando a los particulares y a la colectividad de las decisiones arbitrarias, también lo es que, para que dicha finalidad se alcance debe haber una exacta relación o correspondencia (concordancia) entre la pretensión del actor, la oposición del demandado, los elementos de prueba válidamente recolectados e incorporados y la decisión del Tribunal, conocida como “congruencia”.

TERCERO. Debe tenerse en cuenta que el principio de congruencia procesal, es un principio rector de la actividad procesal, por el cual en toda resolución judicial debe existir conformidad o concordancia entre el pedido formulado por las partes y la decisión que el Juez tome sobre él. Dicho precepto es trascendente en el proceso entre otros aspectos, porqué la sentencia judicial tiene que respetar los límites de la pretensión, de este modo, se destaca la congruencia externa, la misma que se refiere a la concordancia o armonía entre lo pedido y la decisión sobre este; y, la congruencia interna, que es la relativa a la concordancia que necesariamente debe existir entre la motivación y la parte resolutiva[1].

CUARTO. Acorde a lo regulado por el artículo 927 del Código Civil, por la acción reivindicatoria el propietario de un bien recupera la posesión del mismo de quien lo ocupa sin tener título alguno[2]. Una de las condiciones de este tipo de acción, es que para que prospere el bien debe estar debidamente identificado, por cuanto este constituye elemento de la realidad externa, es decir son términos de referencia sobre los cuales ejercen facultades y poderes del derecho real, para cuyo efecto debe conocerse cuál es la entidad física sobre el cual el titular cuenta con poder de obrar lícito.

QUINTO. De la revisión de autos se advierte lo siguiente: a) En mérito a la pretensión incoada en la demanda así como de su contestación, el Juez del Segundo Juzgado Civil de Arequipa por resolución número cinco de fecha diecisiete de junio de dos mil catorce, señaló como puntos controvertidos los siguientes: i) Determinar la calidad que ostenta el demandante respecto del bien inmueble; ii) Determinar si la parte demandada se encuentra en posesión del bien precisando el título que justifique su posesión iii) Determinar como consecuencia de ello corresponde que la emplazada restituya la posesión del mismo; b) El Juez del Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Arequipa, por sentencia de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis, declaró infundada la demanda en todos sus extremos; y c) Impugnada que fue dicha decisión la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, por sentencia de vista de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis revocó la decisión apelada y reformando la misma la declaró fundada al considerar que no está probado que el actor y su esposa hayan dejado de ser titulares del predio sublitis por transferencia a terceras personas, cómo tampoco se acredita que la parte demandada haya adquirido válidamente algún derecho sobre el predio que le otorgue facultad para seguirlo poseyendo, por cuanto se aprecia de los antecedentes la emplazada supuestamente lo adquirió de Valentín Llacho Sisa, quien en ningún momento adquirió derecho alguno de los propietarios registrales. Y los dos documentos descritos en los numerales 5.2 a 5.4 no prueban que el transferente haya adquirido en propiedad algún derecho sobre el bien, que lo habilite a transferir a favor de la demandada, siendo en todo caso lo que consta es que dicha persona intervino para pagar la cantidad de seiscientos soles (S/ 600.00) al demandante por una compra que supuestamente estaba realizando Juan Humpire sobre cien metros cuadrados (100 m2) el cual no tiene ninguna eficacia transmisora de propiedad a su favor.

SEXTO. Resolviendo la denuncia procesal, corresponde anotar que de la revisión de autos así como del análisis de la sentencia recurrida, ésta se encuentra incursa en causal de nulidad, toda vez que el razonamiento sobre el cual sustenta su decisión el órgano de mérito, se ha realizado vulnerando los alcances previstos por el artículo 139 incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú.

SÉPTIMO. Si bien la Sala Superior, al amparar la demanda, estableció que conforme a las disposiciones reguladas por el artículo 315 del Código Civil, la calidad de propietarios —tanto del actor como de su cónyuge— sobre el bien sublitis no han sido enervada en autos, cierto es, que dicho órgano jurisdiccional, alejándose de la controversia determinada en la audiencia del diecisiete de junio de dos mil catorce, analizó aspectos regulados por una nulidad o ineficacia del acto jurídico al haberse dispuesto del bien sublitis con la intervención de la cónyuge recurrente, sin tener en cuenta que el tema materia de controversia que debió examinarse era el aspecto relacionado a la reivindicación de la posesión por la parte demandada, esto es, establecer si los supuestos que la configuran, se encuentran o no acreditados para determinar la fundabilidad o infundabilidad de la demanda, siendo evidente la afectación al principio de congruencia, como al debido proceso.

OCTAVO. También se evidencia afectación al debido proceso, toda vez que la Sala Superior, bajo una inadecuada compulsación de los medios probatorios determina —conforme a lo indicado en la Partida Registral N.° 11232808— acerca de la restitución de la totalidad del bien sublitis, sin observar que de los documentos aparejados por la parte emplazada en su escrito de contestación, revelarían que la parte demandante no se encuentra legitimada para pretender la restitución de los doscientos seis punto sesenta y dos metros cuadrados (206.62 m2), por cuanto mediante documento privado se transfirió un área de cien metros cuadrados (100 m2), el cual no ha sido materia de cuestionamiento ni de nulidad, y teniendo en cuenta que dicho aspecto resulta de vital importancia para determinar si se encuentran acreditados los elementos constitutivos de la reivindicación prevista por el artículo 927 del Código Civil, es que debe anularse la resolución recurrida y disponerse la expedición de un nuevo pronunciamiento, careciendo de objeto resolver las infracciones de carácter material.

Fundamentos por los cuales y en aplicación de lo previsto por el artículo 396 inciso 1) del Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Josefina Eusebia Llacho Checco; por consiguiente CASARON la Sentencia de Vista, contenida en la resolución número veintidós de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis obrante a foja doscientos treinta y uno expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; en consecuencia NULA la misma; ORDENARON que la Sala Superior expida nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la presente resolución; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” bajo responsabilidad; en los seguidos por Mariano Julian Chacón Heleccama contra Josefina Eusebia Llacho Checco sobre Reivindicación; y los devolvieron. Ponente Señora Cabello Matamala, Jueza Suprema.

S.S. ROMERO DÍAZ, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA, DE LA BARRA BARRERA, CÉSPEDES CABALA.

 

 

 



[1] Hurtado Reyes, Alejandro Martín. Principio de Congruencia, tomado de la Casación N 2851-2008- Lima. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Editorial IDEMSA. Junio -2009 pág. 140.

[2] Palacios Pareja, Enrique: La pretensión reivindicatoria: las dos caras de la moneda, Abogado. Profesor de Derecho Procesal Civil en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

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