No se puede resolver la pretensión de accesión sobre lo edificado si el terreno cuenta con dos títulos de propiedad

CAS. N.º 1712-2016 Callao

Emitida el 9 de abril del 2018

(Publicada en El Peruano, 4/12/2018)

Juez ponente

Señora jueza suprema  Céspedes Cabala

Decisión

Infundado

Normas aplicables

Artículo 427.6 del Código Procesal Civil

 

Fundamento jurídico relevante

[E]xistiendo dos títulos de propiedad inscritos sobre el mismo bien, no es posible amparar la demanda, pues la accesión tiene como fundamento la construcción en terreno ajeno, lo que por el momento no es posible determinar, correspondiendo previamente dilucidarse la nulidad del título registral de los demandados; por lo que el petitorio, dada la situación actual de las cosas, es jurídicamente imposible, debiéndose declarar improcedente la demanda a tenor de lo expuesto en el artículo 427 inciso 6 del Código Procesal Civil.

 

CAS. N.º 1712-2016

CALLAO

ACCESIÓN

SUMILLA. Existiendo dos títulos de propiedad inscritos sobre el mismo bien, no es posible amparar la demanda, pues la accesión tiene como fundamento la construcción en terreno ajeno, lo que por el momento no es posible determinar; correspondiendo previamente dilucidarse la nulidad del título registral de los demandados.

Lima, nueve de abril de dos mil dieciocho.

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: Vista la causa número mil setecientos doce - dos mil dieciséis, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia:

I. MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN

Se trata del recurso de casación interpuesto por la Sucesión de Carlos Sánchez Manrique a fojas mil ciento cuarenta y tres, contra la sentencia de vista de fojas mil cientos veinte, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, que declaró nulo e insubsistente todo lo actuado e improcedente la demanda de Accesión.

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Por resolución de fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas noventa y siete del cuaderno de casación, fue declarado procedente el recurso de su propósito por las siguientes causales denunciadas: a) Infracción normativa de los artículos I y III del Título Preliminar del Código Procesal Civil: Al no haberse tutelado efectivamente su derecho ha conllevado a emitirse una resolución que no resuelve el conflicto de intereses, sino que mantiene una incertidumbre jurídica. Que, si bien existe declaración de propiedad a favor del demandado, esta no se encuentra firme y la situación de hecho descrita en la demanda en el sentido de la condición de propietarios que ostentan los demandantes no se ha desvirtuado, por cuanto la declaración administrativa de propiedad por Prescripción Adquisitiva de Dominio a favor del demandado está siendo cuestionada judicialmente, por lo que tal derecho de propiedad sobre el bien sub litis no se encuentra resuelto definitivamente ante el Poder Judicial. La Sala Superior al declarar improcedente la demanda no ha tomado en cuenta la existencia de un mandato judicial, el cual ordena la suspensión de la Partida Electrónica número 70353676, lo cual vulnera el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil; y, b) Infracción del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil: La Sala Superior debió aplicar lo previsto en este artículo si estimaba que el derecho de propiedad no era claro, es decir, que la propiedad del inmueble sub litis es incierta mientras no se resuelva la materia controvertida en el proceso contencioso administrativo pertinente. Que, si bien es cierto, mediante este proceso no se discute la titularidad del bien materia de grado sino el debido procedimiento administrativo; no es menos cierto que tal procedimiento a llevarse a cabo amerita la suspensión del proceso, a efectos de tener plena certeza respecto a la titularidad del bien materia de litis, teniendo en cuenta que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, atendiendo al hecho que los fines del proceso son resolver el conflicto de intereses o incertidumbre jurídica y lograr la paz social en justicia como el supremo ideal que consiste en la voluntad firme y constante de dar a cada uno lo suyo, situación que se alcanzaría con la suspensión del proceso. Por lo que, si la Sala consideraba que la titularidad del bien sub litis era incierta, debió suspender el proceso y no emitir un fallo injusto.

III. CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que, de acuerdo a lo establecido por el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el derecho de toda persona a la tutela jurisdiccional para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses es irrestricto, debiendo sujetarse el mismo a un proceso regular. Igualmente, este Supremo Tribunal en reiteradas ocasiones ha establecido que el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú, como garantía y derecho de la función jurisdiccional, fi ja la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, la cual asegura que en los procesos judiciales se respeten los procedimientos y normas de orden público previamente establecidos; en tal sentido, el debido proceso se constituye como un derecho de amplio alcance, el cual comprende a su vez el derecho al juez natural, a la defensa, a la pluralidad de instancia, a la actividad probatoria y a la motivación de las resoluciones judiciales, entre otros, permitiéndose con ello no solo la revisión de la aplicación del derecho objetivo desde una dimensión estrictamente formal, referida al cumplimiento de actos procesales o la afectación de normas del procedimiento, sino también analizarlo desde su dimensión sustancial, lo que se ha identificado como la verificación del debido proceso procesal y material, razón por la cual es posible revisar en sede de casación la motivación adecuada de las resoluciones judiciales, por cuanto solo de este modo se podrá prevenir la ilegalidad y/o arbitrariedad de las mismas[1]. Además, el deber de motivación de las resoluciones judiciales, consagrado como principio en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú, impone a los Jueces cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, que expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de impartir justicia se haga con sujeción a nuestra Carta Magna y a la ley, por lo que en ese contexto habrá motivación adecuada siempre que la resolución contenga la expresión ordenada de los fundamentos jurídicos y fácticos que sustentan la decisión, responda a la ley y a lo que fluye de los actuados, y evidencie una correspondencia lógica entre lo solicitado y lo resuelto, de modo tal que la resolución por sí misma exprese una justificación suficiente de lo que se decide u ordena, de todo lo cual resulta que si se infringe alguno de estos aspectos sustanciales de la motivación, se incurrirá en causal de nulidad, contemplada en el artículo 122 segundo párrafo del Código Procesal Civil, concordante con el artículo 171 del Código acotado.

SEGUNDO. Que, en dicho contexto, según se consigna en el escrito de la demanda, se advierte con claridad que la parte demandante formula como pretensión principal, que se declare la accesión de propiedad por edificación de mala fe en terreno ajeno, a fin de que se le declare propietaria de la edificación existente sobre su terreno, el cual forma parte de un lote mayor inscrito en la Ficha número 2379, como pretensión accesoria el desalojo del inmueble sub litis, y como pretensión subordinada en el caso de no ser amparada la pretensión principal de accesión de la edificación existente sobre el terreno, se obligue a la demandada a pagar el valor comercial del terreno, fijándose su precio en ejecución de sentencia.

TERCERO. Que, procediendo al análisis de las infracciones denunciadas, al respecto debe señalarse que de acuerdo a la naturaleza de toda medida cautelar; en efecto, como es conocido, tres son los presupuestos para su concesión: verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y adecuación de la medida. Este último punto tiene que ver con la razonabilidad de la medida cautelar que sirve como instrumento del proceso para impedir que el resultado de este se vea frustrado por las contingencias que pueden acaecer durante el transcurso de la litis. Sin embargo, ello no significa que la medida cautelar imponga un estado jurídico inatacable; por el contrario, más allá de la probabilidad de que a quien se le otorga pueda resultar vencedor del proceso; lo cierto es que toda medida cautelar es provisoria y por ello mismo, las consecuencias que la medida generen no pueden ser absolutas, porque de ser así, lo provisorio se convertiría en definitivo y lo probable adquiriría la calidad de certeza.

CUARTO. Que, de otra parte, el artículo 2013 del Código Civil, menciona que la inscripción registral se presume válida y produce todos sus efectos hasta que no se rectifique o se declare su invalidez judicial. Tal invalidez debe surgir de sentencia judicial que tenga la calidad de cosa juzgada, pues entonces lo decidido se vuelve inmutable, conforme lo establece el artículo 123 del Código Procesal Civil.

QUINTO. Que, estando a lo señalado, consideramos que, si bien existe una medida cautelar contra la inscripción registral de la propiedad de los demandados, ello no es suficiente para negar la validez de dicha inscripción, pues los efectos de dicha medida no son definitivos y la inscripción registral solo puede dejarse sin efecto por mandato judicial firme.

SEXTO. Que, por consiguiente, existiendo dos títulos de propiedad inscritos sobre el mismo bien, no es posible amparar la demanda, pues la accesión tiene como fundamento la construcción en terreno ajeno, lo que por el momento no es posible determinar, correspondiendo previamente dilucidarse la nulidad del título registral de los demandados; por lo que el petitorio, dada la situación actual de las cosas, es jurídicamente imposible, debiéndose declarar improcedente la demanda a tenor de lo expuesto en el artículo 427 inciso 6 del Código Procesal Civil, siendo ello así, dicha causal debe ser desestimada.

SÉTIMO. Que, procediendo al análisis de la infracción referida a que se debieron observar los artículos VII del Título Preliminar y 320 del Código Procesal Civil y, por tanto, suspender el proceso; al respecto es de advertirse que dicha denuncia está dirigida a cuestionar lo que en el considerando anterior se ha establecido que por ahora no es posible amparar. En ese sentido y estando a que la legislación vigente no prevé la suspensión del proceso en materia de accesión, la alegada infracción carece de todo sustento legal; por lo que también este extremo debe ser desestimado.

IV. DECISIÓN

Estando a las consideraciones expuestas y de conformidad con los artículos 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 397 del Código Procesal Civil, declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Sucesión de Carlos Sánchez Manrique a fojas mil ciento cuarenta y tres; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fojas mil ciento veinte, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por la Sucesión de Carlos Sánchez Manrique contra Pablo Claudio Montañez Clemente y otros, sobre Accesión; y se devuelvan. Integran esta Sala los Señores Jueces Supremos Salazar Lizárraga y Calderón Puertas por impedimento de los Señores Jueces Supremos Cabello Matamala y De La Barra Barrera; y la Señora Jueza Suprema Huamaní Llamas por licencia del Señor Juez Supremo Ordóñez Alcántara. Ponente Señora Céspedes Cábala, Jueza Suprema.

S.S. ROMERO DÍAZ, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS, CÉSPEDES CABALA.

 



[1] El Tribunal Constitucional nacional en la sentencia recaída en el expediente N.º 2508-2004-AA/TC del 12 de diciembre de 2004, fundamento jurídico 1, ha precisado que: “El debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos […]”. 

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