Si el solicitante ha omitido detentar título de traslación de propiedad no se constituye como causal de nulidad del procedimiento de prescripción adquisitiva

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CAS. N.º 3168-2016 Huaura

Emitida el 26 de julio del 2017

(Publicada en El Peruano, 03-01-18)

Juez ponente

Señora Jueza suprema Céspedes Cabala

Normas aplicables

Infundado

Normas aplicables

Artículo 968 del Código Civil

Fundamento jurídico relevante

[…] la petición de herencia solicitada por la demandante en otro proceso, en nada puede cambiar lo resuelto en este proceso, pues el causante dispuso a título oneroso el bien materia del proceso. En este sentido, cabe destacar además que: “la masa hereditaria neta o herencia propiamente dicha es aquella que resulta una vez deducidas las deudas de la sociedad conyugal, los gananciales del cónyuge supérstite, las deudas propiamente del difunto, los derechos innatos y las obligaciones personalísimas, así como las cargas de la herencia”[1], debiendo tomarse en cuenta, las donaciones o liberalidades que el causante otorgó en vida. Que, si bien en el proceso de autos no corresponde emitir pronunciamiento sobre qué bienes forman parte o no de la masa hereditaria, sobre el bien del cual se declaró la prescripción adquisitiva del que se pretende la nulidad, no se advierte con certeza que haya formado parte de ésta, pues el causante lo transfirió a título oneroso.

      

CAS. N.º 3168-2016

HUAURA

NULIDAD DE ACTO JURÍDICO

SUMILLA: Si bien es cierto el Título no fue mencionado al solicitar la prescripción adquisitiva notarial, ello per se, no es fundamento para concluir que se actuó de mala fe.

Lima, veintiséis de julio de dos mil diecisiete.

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: Vista la causa número tres mil ciento sesenta y ocho - dos mil dieciséis; y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia:

I. ASUNTO

En el presente proceso de Nulidad de Acto Jurídico la demandante Donata Catalina Castro Tiburcio ha interpuesto recurso de casación mediante escrito obrante a fojas quinientos noventa, contra la sentencia de vista de fojas quinientos setenta y uno, de fecha treinta de mayo de dos mil dieciséis, emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, que revocó la sentencia apelada de fojas quinientos seis, de fecha siete de setiembre de dos mil quince, que declaró fundada la demanda; reformándola declara infundada la misma.

II. ANTECEDENTES

1. DEMANDA. El veinticinco de agosto de dos mil once, mediante escrito obrante a fojas cincuenta y seis, Donata Catalina Castro Tiburcio interpuso demanda de Nulidad de Acto Jurídico referido a la Prescripción Adquisitiva de Dominio de fecha dieciséis de marzo de dos mil nueve, argumentando que: Tiene la posesión hace más de veinticinco años, y que poco a poco ha ido construyendo la casa materia de litigio. Señala ser hermana del demandado, de padre y madre; sin embargo, el demandado y su esposa, el dieciséis de marzo de mil nueve, solicitaron ante Notario Público que se les declare propietarios por prescripción, con la única finalidad de apropiarse del bien que pertenece a la sucesión. El cuatro de enero de dos mil diez, el demandado le cursó Carta Notarial solicitando que desocupe. Por más de que vivían en la misma casa, nunca informó a la demandante ni a sus hermanas para seguir el trámite de Sucesión Intestada, logrando declararse como único heredero. Inició un proceso de Petición de Herencia, el cual se declaró fundado, ordenando que concurra en forma conjunta con el demandado, con ello acredita ser heredera y posesionaria del bien.

2. CONTESTACION DE LA DEMANDA. El veinticinco de noviembre de dos mil once, a fojas setenta y cinco, Nemesio Víctor Castro Tiburcio y Angélica Arellano Beteta contestan la demanda, argumentando que: El proceso de petición de herencia no tiene nada que ver con la adquisición por compraventa del bien de fecha seis de mayo de mil novecientos sesenta y dos, que hiciera de sus anteriores propietarios, sus padres Ismael Castro Bravo y Aniceta Tiburcio Bustamante. Sus padres al encontrarse en delicado estado de salud, ofrecieron el bien inmueble, ante lo cual ofreció comprar antes que lo venda a terceras personas. Acudió a la Municipalidad Distrital de Hualmay a solicitar Licencia de Construcción, así como revisión de plano.

3. RESOLUCIÓN FINAL DE PRIMERA INSTANCIA. El siete de setiembre de dos mil quince, mediante Resolución número treinta y nueve, obrante a fojas quinientos seis, el Primera Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, declaró fundada la demanda, señalando que: En cuanto a la afirmación de haber adquirido el bien por compraventa de sus padres, el demandado no hizo valer su derecho como propietario ni en el Expediente de Sucesión Intestada ni de Petición de Herencia, sino que por el contrario en ambos aceptó que el bien formaba parte de la masa hereditaria. Estando acreditado que el predio forma parte de la masa hereditaria de los causantes, y al haberse establecido que la demandante es también heredera de Ismael Castro Bravo y Aniceta Tiburcio Bustamante se concluye que tanto la demandante como el demandado son propietarios del bien materia de litis. En el proceso de Prescripción Adquisitiva, no hizo alusión al título que decía poseer ni menciono que el bien formaba parte de una masa hereditaria ni que hubieran personas con derechos sucesorios sobre el bien. El fin ilícito consiste en la orientación que se da a la manifestación de voluntad, esto es, dirigirla a la producción de efectos jurídicos. En el presente caso se ha dado un procedimiento pretiriendo derechos sucesorios declarados mediante sentencia judicial. En clara contravención del artículo 985 del Código Civil, con la intención de apropiarse de un bien del cual tenía derecho en parte.

4. RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA. El treinta de mayo de dos mil dieciseis, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, emitió la sentencia de vista de fojas quinientos setenta y uno, que revocó la apelada que declaró fundada la demanda, y reformándola declaró infundada la misma, bajo los siguientes argumentos: La Escritura Pública de Compraventa de fecha seis de octubre de mil novecientos sesenta, por el cual, Policarpo Samanamu Díaz transfirió mediante un contrato de compraventa a Ismael Castro Bravo y Aniceta Tiburcio Bustamante, la propiedad de terreno denominado Churuquero, el cual se encuentra ubicado en el barrio de Santa Rosa, distrito de Hualmay, provincia de Chancay, departamento de Lima. Asimismo, aparece el Acta de Transferencia llevada a cabo el seis de mayo de mil novecientos sesenta y dos, ante el Juez de Paz de Checras, por el cual Ismael Castro Bravo y su esposa Aniceta Tiburcio Bustamante le enajenan (título oneroso) a su hijo Nemecio Víctor Castro Tiburcio, documento que se ha celebrado ante autoridad judicial que ejercía funciones de notario, por lo que no podía formar parte del caudal hereditario, y no ha sido cuestionado. La Prescripción Adquisitiva Notarial solo comprende la modalidad larga conforme lo señala el artículo 5 de la Ley número 27333, esto es la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante diez años. Ello no prohíbe a que el propietario de un inmueble con título, pueda también solicitar su declaración extinguiendo su título anterior, ya que el beneficio de la prescripción corta está en función a detentar o probar menos años de posesión y contar con medios probatorios, más contundentes, pero no excluye a quien teniendo título también lo pretenda hacer valer ante el Notario.

III. RECURSO DE CASACION

El veintiuno de junio de dos mil dieciséis, la demandante Donata Catalina Castro Tiburcio , mediante escrito de fojas quinientos noventa, interpuso recurso de casación contra la sentencia de vista, siendo declarado procedente por este Supremo Tribunal mediante la resolución de fecha veintinueve de setiembre de dos mil dieciséis, por las siguientes causales: Infracción normativa de los artículos 219 del Código Civil y I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, señala que: i) Los demandados en colusión mantienen hasta la fecha en zozobra el derecho real de la recurrente, al confeccionar junto con el Notario la Escritura Pública de Prescripción Adquisitiva de Dominio a favor del demandado y su cónyuge, quienes a la fecha de la acción notarial nunca mantuvieron el dominio del bien inmueble, y sobre lo que la apelada no se ha pronunciado; ii) Existen suficientes elementos de vicio que hacen procurar que el acto jurídico de prescripción adquisitiva es nulo, como es que el demandado se hizo declarar heredero universal con conocimiento de su existencia; iii) Ha quedado determinado que el bien constituía masa hereditaria; iv) Se ha señalado que no se ha probado que el predio pertenezca a la masa hereditaria; sin embargo, se adjuntó como medio probatorio el Testamento otorgado por el causante; y, v) Si el demandado tenia documento privado de transferencia, porqué gestionó la Prescripción Adquisitiva de Dominio. Excepcionalmente se declaró procedente por infracción normativa del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú.

IV. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA

PRIMERO. Que, el recurso de casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República, conforme lo señala el artículo 384 del Código Procesal Civil.

SEGUNDO. Que, habiéndose declarado procedente el recurso de casación por la causal de infracción normativa material y procesal, en primer término debe dilucidarse la causal relativa a la infracción normativa procesal, de conformidad con el inciso 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil —modificado por la Ley N.° 29364—, el cual establece que si el recurso de casación contuviera ambos pedidos (anulatorio o revocatorio), deberá entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado, ello en atención a su efecto nulificante.

TERCERO. Que, la infracción procesal se configura cuando en el desarrollo del proceso, no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva, el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales, cuestiones que inciden a su vez en la vulneración al derecho a un Debido Proceso, deber que constituye garantía de la impartición de justicia incorporada en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, el cual señala que son principios y derechos de la función jurisdiccional “la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”, así como “la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”, ello debido a que la sentencia de vista contiene defectos de motivación.

CUARTO. Que, a efectos de determinar si la Sala Superior ha incurrido o no en indebida motivación, es necesario un análisis de la fundamentación realizada por la Sala Superior para revocar la apelada y desestimar la demanda por las causales demandadas de contravención a las normas de orden público y simulación absoluta. Siendo ello así, se aprecia que, la Sala Superior ha considerado que no está incursa en dichas causales puesto que el documento de fecha seis de mayo de mil novecientos sesenta y dos, obrante a fojas ciento ochenta, que contiene la compraventa realizada por Ismael Castro Bravo y esposa a favor de su hijo Nemesio Víctor Castro Tiburcio, fue realizada por autoridad judicial, tiene plena validez, así como que el hecho de no haber mencionado dicho título en el procedimiento notarial de prescripción adquisitiva no es argumento suficiente para declarar la nulidad del procedimiento. Aunado a ello, cabe mencionar que la Sala Superior ha resuelto dando los motivos por los cuales arribo a esa decisión, teniendo en cuenta los medios probatorios ofrecidos por las partes y que fueron admitidos oportunamente, así como se observa que ambas partes procesales tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, de modo que, no se ha presentado violación al derecho al debido proceso. Se observa entonces que, la Sala Superior no ha incurrido en infracción a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, y a la motivación.

QUINTO. Que, ahora bien, desestimada la infracción normativa de carácter procesal corresponde analizar la denuncia de la infracción normativa material respecto del artículo 219 del Código Civil, referidos a las causales de nulidad.

SEXTO. Que, para Vidal Ramírez “el acto nulo es el que se ha pretendido celebrar con violación u omisión de un precepto de orden público”, preceptos que se hayan contenidos en el artículo 219 del Código Civil, y de presentarse dichos supuestos el acto jurídico llevado a cabo carecería de validez y eficacia. En el caso de autos, nos concierne las causales de simulación absoluta y la oposición a normas de orden público. Respecto a la causal de simulación absoluta, ésta se presenta “cuando ambas partes se ponen de acuerdo para manifestar una voluntad que no es correlativa con su voluntad interna, lo que producen es un acto jurídico simulado, con simulación absoluta, porque las partes en realidad no han querido celebrarlo”[2]. Respecto a la causal de contravención a las normas de orden público, de ésta resultan las nulidades virtuales, las cuales surgen de la interpretación de una norma.

SÉTIMO. Que, la Prescripción Adquisitiva de Dominio es una forma de adquirir la propiedad de un bien a través de la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante diez años, y cuando medien justo título y buena fe a los cinco años, como se indica en el artículo 950 del Código Civil, debiendo resaltar que, tal como lo ha señalado el Segundo Pleno Casatorio Civil, la Prescripción Adquisitiva de Dominio es el medio por el cual “el poseedor adquiere el derecho real que le corresponde a su relación con la cosa, por la continuación de la posesión durante todo el tiempo fijado por ley”[3].

OCTAVO. Que, dicho lo anterior, y atendiendo a las infracciones denunciadas corresponde señalar en principio que en el presente proceso, ni en otro, no se ha discutido la validez del documento de transferencia por compraventa del seis de mayo de mil novecientos sesenta y dos, obrante a fojas ciento ochenta, sino que éste ha sido llevado a cabo con intervención de funcionario público que actuó como notario dentro de su competencia, por tanto, en principio, dicho documento tiene mérito probatorio. Que, si bien es cierto el Título no fue mencionado al solicitar la prescripción adquisitiva notarial, ello per se, no es fundamento para concluir que se actuó de mala fe, más aún si tiene un acto jurídico suscrito por funcionario público que da fe del mismo y que no ha sido declarado nulo.

NOVENO. Que, esta Sala Suprema considera pertinente aclarar que, lo señalado por la Sala Superior, en cuanto a que no hay impedimento para que el propietario solicite la prescripción adquisitiva, es un error, en principio, las causales de extinción de la propiedad están expresamente señaladas en el artículo 968 del Código Civil, esto es: 1) Adquisición del bien por otra persona; 2) Destrucción o pérdida total o consumo del bien; 3) Expropiación; y, 4) Abandono del bien durante veinte años, no se contempla la extinción del título propio de propiedad; asimismo, el proceso de Prescripción Adquisitiva de Dominio es iniciado por el poseedor no propietario, no por el propietario poseedor, cuando se invoque la prescripción larga. Sin embargo, ello no acarrea la nulidad de la recurrida en virtud de lo señalado en el segundo párrafo del artículo 397 del Código Procesal Civil, y en concordancia con lo expresado a continuación.

DÉCIMO. Que, la petición de herencia solicitada por la demandante en otro proceso, en nada puede cambiar lo resuelto en este proceso, pues el causante dispuso a título oneroso el bien materia del proceso. En este sentido, cabe destacar además que: “la masa hereditaria neta o herencia propiamente dicha es aquella que resulta una vez deducidas las deudas de la sociedad conyugal, los gananciales del cónyuge supérstite, las deudas propiamente del difunto, los derechos innatos y las obligaciones personalísimas, así como las cargas de la herencia”[4], debiendo tomarse en cuenta, las donaciones o liberalidades que el causante otorgó en vida. Que, si bien en el proceso de autos no corresponde emitir pronunciamiento sobre qué bienes forman parte o no de la masa hereditaria, sobre el bien del cual se declaró la prescripción adquisitiva del que se pretende la nulidad, no se advierte con certeza que haya formado parte de ésta, pues el causante lo transfirió a título oneroso.

DÉCIMO PRIMERO. Que, por lo demás no se aprecia que la parte demandante haya demostrado cuál es la norma de orden público que se ha contravenido, ni se advierte que haya una simulación absoluta.

DÉCIMO SEGUNDO. Que, en ese orden de ideas, esta Sala Suprema no aprecia que la sentencia impugnada merezca ser anulada, más aun cuando su fallo se ajusta a derecho, por tanto, el presente recurso de casación debe ser desestimado.

V. DECISIÓN

Estando a las consideraciones expuestas y de conformidad con los artículos 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 397 del Código Procesal Civil, declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Donata Catalina Castro Tiburcio a fojas quinientos noventa; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de quinientos setenta y uno, de fecha treinta de mayo de dos mil dieciséis, emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, que revocó la sentencia apelada de fojas quinientos seis, de fecha siete de setiembre de dos mil quince, que declaró fundada la demanda; reformándola declara infundada la misma. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Donata Catalina Castro Tiburcio contra Angélica Arellano Beteta y otros, sobre Nulidad de Acto Jurídico; y los devolvieron. Ponente Señora Céspedes Cabala, Jueza Suprema.

S.S. ROMERO DÍAZ, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA, DE LA BARRA BARRERA, CESPEDES CABALA

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[1] Ferrero Costa, Augusto. Tratado de Derecho de Sucesiones. Lima: Instituto Pacífico.pág. 633.

[2] Vidal Ramírez, Fernando. El Acto Jurídico. Lima: Instituto Pacífico. 2016, 10ma edición.

[3] Segundo Pleno Casatorio, CAS 2229-2008-LAMBAYEQUE, fundamento jurídico 43.

 

[4] Ferrero Costa, Augusto. Tratado de Derecho de Sucesiones. Lima: Instituto Pacífico.pág. 633. 

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