Si el título de propiedad corresponde a una partida que ha sido rectificada respecto a la extensión del bien no genera certeza para fundar una tercería.

 

CAS. N.º 2599-2016 Lima

Emitida el 22 de mayo del 2017

(Publicada en El Peruano, 03-01-18)

Juez ponente

Señora Jueza suprema Cabello Matamala

Normas aplicables

Infundado

Normas aplicables

Artículo 2022 del Código Civil

Fundamento jurídico relevante

Así las cosas, es evidente que la decisión impugnada no va a ser alterada por las reglas a aplicar cuando se está frente a derechos reales sobre inmuebles y a derechos de distinta naturaleza a que se hacen referencia en el artículo 2022 del Código Civil, pues como se ha reiterado precedentemente no estamos frente a un caso en que deba de recurrirse a la aplicación de cualquiera de éstas fórmulas, ya que la razón medular del fallo impugnado obedece a una circunstancia que requiere ser esclarecida previamente en otro escenario y no en éste, en el cual se determine fehacientemente si el Lote III-B (donde se ubica registralmente el área que es materia de litis) va a sufrir o no una alteración, razonamiento que no puede ser enervado con el aludido error de información por parte de Registros Públicos que denuncia la recurrente al amparo del artículo 533 del Código Procesal Civil, que recoge la razón de la existencia de los procesos de tercería.



CAS. N.º 2599-2016

LIMA

TERCERIA DE PROPIEDAD

SUMILLA. “Una de las garantías que compone el derecho al debido proceso es la contenida en el inciso 5) del artículo 139 de la referida Carta Magna, que preceptúa que toda resolución que emita una instancia judicial, debe estar debidamente motivada, esto es, que deberá contener: a) Debida fundamentación jurídica; b) Congruencia entre lo pedido y lo resuelto; y c) Suficiente justificación de la decisión adoptada, aún si ésta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión”.

Lima, veintidós de mayo de dos mil diecisiete.

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número dos mil quinientos noventa y nueve - dos mil dieciséis, en audiencia pública realizada en la fecha y producida la votación de acuerdo a ley, emite la presente sentencia:

1. MATERIA DEL RECURSO

Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas mil trescientos doce por la Asociación Civil Centro Cultural Deportivo Lima, contra la sentencia de vista de fojas mil doscientos cincuenta y tres, su fecha treinta de mayo de dos mil dieciséis, que revocando la apelada del doce de junio de dos mil quince corriente a fojas setecientos noventa y cinco, declaró improcedente la demanda de tercería de propiedad incoada por la impugnante contra Villa Marina de Castillo y CIA Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada y otro.

2. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO

Mediante resolución de fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, que corre a fojas ciento setenta del cuaderno de casación, esta Sala Suprema declaró procedente el recurso de casación por las siguientes causales:

a) La infracción normativa del artículo 70 de la Constitución Política del Perú, bajo cuyo cargo se ha expresado que dicha norma debe ser interpretada en el caso concreto a la luz de lo previsto en el artículo 949 del Código Civil, puesto que la sentencia de vista ha desconocido que ostenta un derecho real reconocido en una Escritura Pública emitida con anterioridad a la orden de embargo, documento de fecha veintiuno de agosto de mil novecientos setenta y nueve mediante el cual adquirió la Sub Parcela III - A de su anterior propietaria Villa Marina de Venturo y Cía, y en donde se acuerda que la compra del terreno era por trescientos veintinueve mil trescientos treinta metros cuadrados de conformidad con el área real del predio, empero como éste aparecía reconocido en los Registros Públicos con un área menor y con linderos y medidas perimétricas distintas a las adquiridas, motivó la interposición de un proceso de rectificación de área que concluyó con un fallo favorable a sus intereses y en el que se dejó anotado que el inmueble aparece registrado con un área de trescientos tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco metros cuadrados, existiendo una diferencia de veinticinco mil ochocientos setenta y cinco metros cuadrados entre el área registrada y el área real, que es precisamente el área que se pretende rematar para honrar una deuda que no ha contraído.

b) La inobservancia del VII Pleno Casatorio Civil plasmado en la Casación número 3671-2014/LIMA, a través de la cual se ha indicado que al haberse establecido jurisprudencialmente que el derecho de propiedad del tercerista es oponible al derecho del acreedor embargante, en tanto dicho derecho real se encuentre acreditado mediante documento de fecha cierta más antigua que la inscripción del embargo, es indudable que la Sala de vista no puede desconocer el contenido de la Escritura Pública de fecha veintiuno de agosto de mil novecientos setenta y nueve que determina que es propietaria del área real del Lote III - A de trescientos veintinueve mil trescientos treinta metros cuadrados; por lo que al tratarse el mencionado documento de uno de fecha cierta donde se acredita la propiedad del inmueble sub judice a partir de la aludida fecha, en tanto que el embargo trabado se inscribió en Registros Públicos recién el veintiuno de febrero de dos mil cinco, es claro que éste no puede oponerse a su derecho fundamental de propiedad.

c) La infracción normativa del artículo 2022 del Código Civil, bajo cuyo cargo se ha argüido que un derecho personal como es el crediticio no puede oponerse a un derecho real, mucho menos puede ser equiparado como tal.

d) La infracción normativa del inciso 5) del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, bajo cuyo cargo se ha señalado que la Sala de vista no ha razonado si es que efectivamente prevalecía el embargo trabado sobre un bien inscrito o la acreditación de la propiedad mediante un documento de fecha cierta que acredita la propiedad de la tercerista.

e) La infracción normativa del artículo 533 del Código Procesal Civil, bajo cuya causal se ha sostenido que no se ha reparado que lo informado por los Registros Públicos difiere de la realidad, al mantener dentro de la Sub Parcela III - B los veinticinco mil ochocientos setenta y cinco metros cuadrados (25,875 m2) que le transfiriera en propiedad Villa Marina de Castillo y Cia. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, habiendo sido incluida dicha área posteriormente dentro de la partida registral que corresponde a su inmueble identificado como Sub Parcela III - A.

3. CONSIDERANDO

PRIMERO. El derecho al debido proceso previsto en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procesos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. SEGUNDO. Una de las garantías que compone el derecho al debido proceso es la contenida en el inciso 5) del artículo 139 de la referida Carta Magna, que preceptúa que toda resolución que emita una instancia judicial, debe estar debidamente motivada, esto es, que deberá contener: a) Debida fundamentación jurídica; b)Congruencia entre lo pedido y lo resuelto; y c) Suficiente justificación de la decisión adoptada, aún si ésta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión; norma en comento que debe concordarse con lo dispuesto en el numeral 3) del artículo 122 del Código Procesal Civil, que exige que el fallo no solo se sustente en el mérito de lo actuado sino además en el derecho.

TERCERO. Por escritos de fojas ochenta, noventa y siete y ciento ochenta, la Asociación Civil Centro Cultural Deportivo Lima interpone demanda de tercería de propiedad, solicitando que se deje sin efecto la medida de embargo en forma de inscripción que ha recaído sobre el área de veinticinco mil ochocientos setenta y cinco metros cuadrados (25,875 m2) que como Zona de Habilitación Recreacional (ZHR) aparece registrada erróneamente en la Partida número 49035306 de los Registros Públicos de Lima, así como que se disponga la cancelación del asiento D0006 de dicha partida, donde consta anotada tal medida. Argumenta que se pretende rematar un área de su inmueble que no le pertenece a la demandada Villa Marina de Castillo y Cia Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, ya que ésta se lo transfirió mediante Escritura Pública de Compra - Venta de fecha veintiuno de agosto de mil novecientos setenta y nueve.

CUARTO: Aduce que el predio denominado Lote III del Fundo Márquez de Corpac fue propiedad de Villa Marina de Venturo y Cia Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (hoy la demandada Villa Marina de Castillo y Cia Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada), siendo dividido en dos lotes: Sub-Parcela III-A y Sub- Parcela III-B, quedando la primera registrada con un área total de trescientos tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco metros cuadrados (303,455 m2), contexto en el cual el veintiuno de agosto de mil novecientos setenta y nueve se elevó una Escritura Pública a raíz de una venta que celebró con la anterior propietaria (la empresa antes mencionada) donde se acordó que la compra era por trescientos veintinueve mil trescientos treinta metros cuadrados (329,330 m2) de conformidad con el área real del predio, la misma que no guardaba coherencia con lo informado por Registros Públicos, ya que aquí aparecía anotado un área menor, motivo por el cual instauró un proceso judicial sobre rectificación de área que concluyó mediante sentencia expedida por el Juez del Décimo Séptimo Juzgado Civil de Lima señalando que el área real del Lote III-A es de trescientos veintinueve mil trescientos treinta metros cuadrados (329,330 m2) y no de trescientos tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco metros cuadrados (303,455 m2) como erróneamente se había consignado en Registros Públicos; en tal sentido, acota, que la medida de embargo que afecta los veinticinco mil ochocientos setenta y cinco metros cuadrados (25,875 m2) sobre el cual ejerce posesión por más de treinta y tres años y que por negligencia aparece todavía registrado en la Partida número 49035306, deviene en inviable.

QUINTO. Por sentencia de vista del treinta de mayo de dos mil dieciséis, el Colegiado de la Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima estableció que existe una falta de conexión entre el derecho de propiedad de la tercerista Asociación Civil Centro Cultural Deportivo Lima y la afectación que se pretende enervar, pues ésta opone su invocado derecho del Lote III-A inscrito en la Partida número 46958322 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima sobre el embargo que fuera decretado en la Zona Independiente de Habilitación Urbana - “ZHR”, integrante del Lote III-B que aparece inscrito en la Partida número 49035306, que fi gura como propiedad de la codemandada Villa Marina de Castillo y Cia Sociedad Comercial Responsabilidad Limitada.

SEXTO. Añade el referido órgano jurisdiccional que si bien la tercerista pretende persuadir de su alegada propiedad sobre el bien embargado, en base a una narración de los antecedentes de su adquisición, enfatizando que el área embargada por error aparece en la partida correspondiente al Lote III-B al haberse rectificado el área registral del Lote III-A, se desprende que dicha “rectificación de área” no ha generado una correspondiente modificación del área, linderos ni medidas perimétricas del Lote III-B, aspecto éste que —según aduce— en armonía al principio de legitimación contenido en el artículo 2013 del Código Civil, no puede ser abordado ni dilucidado en el presente proceso como cuestión previa al pronunciamiento sobre lo que es propio de la tercería, pues ello implicaría trastocar la naturaleza y alcances es esta modalidad específica.

SÉTIMO. Como se aprecia, el fallo inhibitorio de la Sala Revisora en comento está sustentado en que el área que se pretende desafectar se encuentra inscrito en el Lote III-B de la Partida número 49035306 denominado “Zona Independiente de Habilitación Urbana - ZHR”, a nombre de Villa Marina del Castillo y Cia Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, lo que revela la incongruencia que existe con el invocado derecho de propiedad que la tercerista alega ostentar, pues éste se encuentra anotado en el Lote III-A de la Partida número 46958322, y aun cuando se sostenga la existencia de una sentencia que rectifica el área registrada preliminarmente en este lote últimamente citado, aquél no ha traído como consecuencia la variación en la dimensión de terreno que se aprecia desde un inicio en el Lote III-B, manteniéndose el área materia de autos en esta fracción y partida diferente.

OCTAVO. Tal expresión jurisdiccional en modo alguno trastoca el alegado derecho de propiedad de la actora, cuya inviolabilidad se encuentra regulado en el artículo 70 de la Constitución Política del Perú —precepto legal que ha sido denunciado a la luz del artículo 949 del Código Civil, que regula la transferencia de propiedad de bien inmueble—, pues lo que se ha dejado establecido acertadamente es que este escenario no es el pertinente para que las partes diluciden el aspecto antes comentado, en la medida que este proceso se encuentra diseñado para que de acreditarse indubitablemente el derecho de propiedad del tercerista sobre un bien afectado se proceda a su desafectación, presupuesto que no se cumple en el caso concreto por lo anteriormente descrito, tanto más si las partes así lo han asumido y es por ello que éstas mantienen otro juicio donde se encuentran discutiendo este asunto, donde este Supremo Tribunal no puede interferir en la medida que ello implicaría la violación del principio de independencia de judicatura.

NOVENO. Así las cosas, es evidente que la decisión impugnada no va a ser alterada por las reglas a aplicar cuando se está frente a derechos reales sobre inmuebles y a derechos de distinta naturaleza a que se hacen referencia en el artículo 2022 del Código Civil, pues como se ha reiterado precedentemente no estamos frente a un caso en que deba de recurrirse a la aplicación de cualquiera de éstas fórmulas, ya que la razón medular del fallo impugnado obedece a una circunstancia que requiere ser esclarecida previamente en otro escenario y no en éste, en el cual se determine fehacientemente si el Lote III-B (donde se ubica registralmente el área que es materia de litis) va a sufrir o no una alteración, razonamiento que no puede ser enervado con el aludido error de información por parte de Registros Públicos que denuncia la recurrente al amparo del artículo 533 del Código Procesal Civil, que recoge la razón de la existencia de los procesos de tercería.

DÉCIMO. Las conclusiones a las que ha arribado la Sala de vista tampoco pueden ser modificadas con el denunciado apartamiento del precedente judicial contenido en el VII del Pleno Casatorio Civil plasmado en la Casación número 3671-2014/LIMA, puesto que la necesidad de que exista un pronunciamiento que dilucide los inconvenientes relativos a los Lotes III-A y IIII-B en cuestión, no ha sido abordado por la ejecutoría en mención, lo que de por sí permite establecer que no estamos frente a un caso objetivamente similar a aquél, por lo que este cargo igualmente merece ser desestimado.

DECIMO PRIMERO. Por consiguiente, el razonamiento adoptado por el Colegiado Superior, al ser estar sustentado suficiente, congruente y jurídicamente en mérito de lo actuado como se ha establecido anteriormente, se ciñe a consideración de este Supremo Tribunal a la garantía de la adecuada motivación de las resoluciones judiciales contenida en el inciso 5) del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, no habiéndose acreditado además que la impugnada vulnere los artículos 70 de la Constitución Política del Perú, 2022 del Código Civil y 533 del Código Procesal Civil, ni que se haya apartado del precedente judicial denunciado. Por las consideraciones expuestas y a tenor de lo establecido en el Artículo 397 del Código Procesal Civil declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas mil trescientos doce por la Asociación Civil Centro Cultural Deportivo de Lima, contra la sentencia de vista contenida en la resolución número nueve de fecha treinta de mayo de dos mil dieciséis obrante a fojas mil doscientos cincuenta y tres expedida por la Segunda Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” bajo responsabilidad; en los seguidos por la Asociación Civil Centro Cultural Deportivo Lima contra Villa Marina de Castillo y Cía Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, sobre Tercería de Propiedad; y los devolvieron. Ponente Señora Cabello Matamala, Jueza Suprema.

S.S. ROMERO DÍAZ, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA, DE LA BARRA BARRERA, CÉSPEDES CABALA.  

Boletines anteriores

Publicidad