Monto indemnizatorio no puede incrementarse sin tomar en consideración acuerdo privado de sustitución de régimen patrimonial en el que se adjudicó un bien a la conyugue perjudicada

Fuente: independent.ie

CAS. N.º 3882-2015 Cusco

Emitida el 21 de setiembre del 2016

(Publicada en El Peruano, 02-10-17)

Juez ponente

Señor juez supremo Miranda Molina

Normas aplicables

Fundado

Normas aplicables

Artículo VII del TP del Código Procesal Civil

Fundamento jurídico relevante

[S]e advierte que al fijar dicho monto indemnizatorio, el Ad quem no ha tenido en cuenta la alegación del demandante, antes glosada, en el sentido que con fecha diecisiete de noviembre de dos mil cuatro, al separarse de hecho de la demandada celebraron una Escritura Pública de Sustitución de Régimen de Gananciales y Adjudicación de Bienes, en virtud de la cual se le adjudicó el cincuenta por ciento (50%) de los derechos y acciones que pertenecían al demandante, respecto del inmueble número E-6-8 de la Urbanización Larapa Grande del Distrito de San Jerónimo, Provincia del Cusco, llegando dicha demandada a ser propietaria única del inmueble en mención, el cual inclusive fue enajenado obteniendo por ello el monto de ciento treinta y tres mil soles (S/133,000.00). Es decir, ha omitido tomar en cuenta dicho hecho (alegado por el demandante en su demanda), para efecto de fijar el monto indemnizatorio en mención […].     


CAS. N.º 3882-2015

CUSCO

DIVORCIO POR CAUSAL

DE SEPARACIÓN DE HECHO

SUMILLA. Se advierte que al fijar el monto indemnizatorio, el Ad quem no ha tenido en cuenta la alegación del demandante, en el sentido que con fecha diecisiete de noviembre de dos mil cuatro, al separarse de hecho de la demandada celebraron una Escritura Pública de Sustitución de Régimen de Gananciales y Adjudicación de Bienes, en virtud de la cual se le adjudicó el cincuenta por ciento (50%) de los derechos y acciones que pertenecían al demandante, respecto del inmueble número E-6-8 de la Urbanización Larapa Grande del Distrito de San Jerónimo, Provincia del Cusco, llegando dicha demandada a ser propietaria única del inmueble en mención, el cual inclusive fue enajenado. Es decir, ha omitido tomar en cuenta dicho hecho (alegado por el demandante en su demanda), para efectos de fijar el monto indemnizatorio en mención, vulnerando el Principio de Congruencia, así como el principio fijado por el mismo Ad quem en la recurrida, en el sentido que el monto a fijarse debe ser equitativo y razonable.

Lima, veintiuno de setiembre de dos mil dieciséis.

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: Vista la causa número tres mil ochocientos ochenta y dos - dos mil quince, en Audiencia Pública de la fecha, y producidos el debate y votación correspondientes, emite la presente sentencia.

MATERIA DEL RECURSO

Se trata del recurso de casación interpuesto por Rubén Paredes Sarmiento a fojas cuatrocientos cincuenta y ocho, contra la sentencia de vista de fojas cuatrocientos cuarenta y seis, de fecha seis de agosto de dos mil quince, emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco; que confirma la sentencia apelada de fojas trescientos cuarenta y siete, de fecha siete de octubre de dos mil cuatro (debe decir dos mil catorce), que declara fundada en parte la demanda; y revoca el extremo de la sentencia por el que se reduce la pensión alimenticia fi jada en el Proceso Civil número 187-2004, del treinta al diez por ciento del haber del demandado; y reformándola, dispone el mantenimiento del porcentaje originariamente fijado en dicho proceso; la revoca en el extremo en que se fijó por concepto de indemnización a la demandada la suma de cinco mil soles (S/5,000.00); y reformándola, incrementa dicha suma a treinta mil soles (S/30,000.00), que el recurrente debe pagar a la demandada; en los seguidos por Rubén Paredes Sarmiento contra Ruth Navarro Arredondo y otro, sobre Divorcio por Causal de Separación de Hecho.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Esta Sala Suprema, mediante la Resolución de fojas treinta del presente cuadernillo, de fecha once de diciembre de dos mil quince, ha estimado procedente el recurso de casación referido por la causal de infracción normativa de derecho procesal. El recurrente denuncia lo siguiente: Infracción del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, alegando que la sentencia impugnada no está debidamente motivada al señalar que el demandante tiene otros ingresos económicos, cuando sólo percibe ingresos de la empresa Electro Sur Este Sociedad Anónima Abierta - Cusco; señala que ha celebrado ante la Notaria Antonieta Ocampo de la Haza, la Escritura Pública de Sustitución de Régimen Patrimonial del Matrimonio, Liquidación de Gananciales y Adjudicación de Bienes, que obra a fojas treinta y seis; como pago adelantado por indemnización le adjudicó a la demandada el cincuenta por ciento (50%) de los derechos y acciones que le corresponden, valorizados en veintiún mil setenta y tres dólares americanos con cincuenta centavos (US$21,073.50), respecto del inmueble número E-6-8, ubicado en la Urbanización Larapa Grande, del Distrito de San Jerónimo, Provincia de Cusco; resultando en consecuencia, propietaria única y exclusiva del bien inmueble, el mismo que fue enajenado por la demandada por la suma de ciento treinta y tres mil soles (S/133,000.00), conforme se tiene de la copia certificada de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP; de fojas veintiuno; por lo que es falso que la demandada hubiere quedado en una situación económica precaria, tal como lo señala el Ad quem; y que además ha pagado la suma de cinco mil soles (S/5,000.00) por concepto de indemnización a favor de la demandada.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Previamente a la absolución del recurso de casación sub examine es necesario hacer un breve recuento de lo acontecido en el presente proceso. En tal sentido, se advierte que a fojas cuarenta y uno, Rubén Paredes Sarmiento interpone demanda de Divorcio por Causal de Separación de Hecho, solicitando que se disuelva el vínculo matrimonial que celebró con Ruth Navarro Arredondo. Como fundamentos de su demanda sostiene que contrajo matrimonio el dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, con la demandada Ruth Navarro Arredondo, dentro de cuya unión no han procreado hijos. Que, luego de celebrado el matrimonio, han vivido un breve tiempo en armonía, pero la diferencia de edades entre ambos ha mermado la relación, además por la naturaleza del trabajo del demandante, tenía que realizar viajes fuera de la ciudad, y conforme pasaba el tiempo surgió una grave incomprensión entre ambos, razón por la cual, por mutuo acuerdo se han separado en forma definitiva desde el diecisiete de noviembre de dos mil cuatro, es decir, durante un período mayor de seis años. Es así, que para mantener la paz y tranquilidad y evitar hechos de violencia familiar, decidieron conjuntamente con la hoy demandada, formalizar dicha separación suscribiendo una Escritura Pública de Sustitución de Régimen de Gananciales y Adjudicación de Bienes, ante la Notaria Antonieta Ocampo de la Haza, pero a pesar de haber realizado dicho documento, la demandada se niega a presentar la demanda acordada sobre Separación Convencional y Divorcio Ulterior. La demandada ha vendido el terreno cedido a su nombre, así como también inició un proceso de Alimentos a su persona, el mismo que se viene cumpliendo con el pago de la suma establecida.

SEGUNDO. Tramitada la demanda según su naturaleza, el A quo, mediante sentencia de fojas trescientos cuarenta y siete, de fecha siete de octubre de dos mil cuatro (debe decir dos mil catorce), declara fundada en parte la demanda. En consecuencia, declara disuelto el vínculo matrimonial existente entre Rubén Paredes Sarmiento y Ruth Navarro Arredondo. Respecto a los alimentos, el demandante deberá seguir asistiendo a la demandada con una pensión alimenticia, la que deberá ser reducida a un diez por ciento (10%) de los ingresos brutos que percibe el obligado como trabajador de la empresa Electro Sur Este Sociedad Anónima. El recurrente deberá seguir asistiendo a la demandada con el seguro de salud, pero únicamente por un período de dos años más, considerando el grave estado de salud que ostenta ésta. Sin régimen de patria potestad al no existir hijos procreados dentro de la unión matrimonial. En cuanto a la sociedad de gananciales, estése a los términos de la Escritura Pública de Sustitución de Régimen Patrimonial del Matrimonio, Liquidación de Sociedad de Gananciales y Adjudicación de Bienes. Dispone que el recurrente indemnice a la demandada por ser la cónyuge más perjudicada con la separación de hecho, con la suma de cinco mil soles (S/5,000.00). Como fundamentos de su decisión sostiene que la existencia del vínculo matrimonial entre el recurrente y la demandada se acredita con la partida de matrimonio que obra a fojas cuarenta, de donde fluye que éstos contrajeron matrimonio el dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, en la Municipalidad Distrital de Wanchaq, Provincia y Departamento del Cusco; y que, no han procreado descendencia en común, según expresan ambas partes. Para el supuesto de autos y estando a que los cónyuges en este caso no han llegado a tener descendencia alguna, el plazo exigible es el previsto en la primera parte del inciso 12 del artículo 333 del Código Civil, es decir, de dos años ininterrumpidos. En esa línea se aprecia que: I) Los documentos identificatorios de fojas dos a ochenta, de los que se observa que ambos cónyuges efectivamente consignan direcciones domiciliarias distintas, no obstante tener la condición de casados: (Rubén Paredes Sarmiento: Urbanización Tío B-3-8 y Ruth Navarro Arredondo: Zaguán del Cielo B-16); II) La demandada Ruth Navarro Arredondo en su escrito de contestación de la demanda, acepta que por las fricciones surgidas entre ambos, decidieron separarse (punto 1 de los fundamentos de hecho, escrito de fojas ochenta y cinco); III) La copia certificada del parte notarial de la Escritura Pública de Sustitución de Régimen Patrimonial del Matrimonio, Liquidación de Gananciales y Adjudicación de Bienes, que corre a fojas treinta y seis otorgada por las partes, dan cuenta de manera cierta y veraz de lo manifestado por ambas partes, de su voluntad de separarse, estableciendo así la fecha de separación de los mismos, según la Escritura Pública de fecha diecisiete de noviembre de dos mil cuatro. Del análisis efectuado hasta aquí se establecen los siguientes hechos: A) Que, los justiciables Rubén Paredes Sarmiento y Ruth Navarro Arredondo están separados de hecho aproximadamente desde hace más de seis años atrás, tomando como referencia la fecha de interposición de la demanda y sobre todo lo expresado por ambas partes, así como los elementos de juicio aportados, que han sido apreciados en su conjunto; B) Que, actualmente existe el Proceso de Alimentos número 187-2004, instado por la demandada en este caso contra el recurrente Rubén Paredes Sarmiento, donde se ha asignado como pensión alimenticia el treinta por ciento (30%) de las remuneraciones que percibe el demandado como trabajador de Electro Sur Este Sociedad Anónima, como se ve de las copias que corren a fojas tres y siguientes, mandato que se viene cumpliendo mediante descuentos, como se ve de las boletas de pago que corren de fojas tres a nueve; quedando demostrado que el demandante en este caso se encuentra al día en el pago de dicho concepto. En cuanto corresponde a la determinación de la patria potestad, tenencia, alimentos y separación de gananciales; estando acreditada la causal de divorcio por separación de hecho, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 345 del Código Civil: I. Respecto a la patria potestad, tenencia y régimen de visitas, no amerita pronunciamiento alguno, toda vez que ambos cónyuges no procrearon hijos; II. Respecto a la separación de gananciales; ya ha sido determinado por la Escritura Pública de fojas treinta y seis, otorgada por ambos cónyuges mediante la cual realizaron la separación de los bienes de la sociedad conyugal; III. Con relación a la pensión alimenticia, es oportuno señalar que el derecho a alimentos, es un derecho humano fundamental de atención prioritaria, que se encuentra estrechamente ligado a la subsistencia y desarrollo de la persona, por ello goza de protección, no sólo en la legislación nacional, sino en tratados internacionales. Asimismo, la finalidad del otorgamiento de una pensión alimenticia se sustenta en el deber constitucional de asistencia familiar; sin embargo, su otorgamiento está estrechamente ligado a las necesidades de quien la solicita y las posibilidades del que debe brindarla; en el caso de autos, el estado de necesidad de la demandada está demostrado con el informe anátomo patológico que corre de fojas ochenta y dos a ochenta y cuatro de donde se desprende que se encuentra delicada de salud, diagnosticada con un cáncer de mama, por lo que su estado frágil, al encontrarse constantemente sometida a quimioterapias, por humanidad amerita que el demandante en aplicación extensiva del artículo 350 del Código Civil tenga que seguir asistiendo a la demandada con una pensión alimenticia que le permita la supervivencia, pensión que debe ser reducida al diez por ciento (10%) de los ingresos brutos que percibe el obligado como trabajador de la empresa Electro Sur Este Sociedad Anónima, incluidas gratificaciones, aguinaldos y demás beneficios que se le otorgue, en forma de descuentos por planilla, modificando lo dispuesto dentro del Proceso número 184-2004, seguido ante el Juzgado de Paz Letrado de San Jerónimo, en el que se fijó como pensión alimenticia a favor de la demandada el treinta por ciento (30%) de los ingresos que percibe el demandante. Asimismo, amerita que el recurrente siga asistiendo a la demandada con el seguro de salud, considerando el grave estado de salud que ostenta la demandada, lo oneroso que resulta obtener los medicamentos que le prescriben, así como las quimioterapias que recibe, conforme la misma demandada lo ha señalado, y máxime que ella cuenta con una ínfima remuneración. Sobre la indemnización por separación de hecho, los Jueces de Familia deben observar lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la República en la sentencia dictada en el Tercer Pleno Casatorio Civil, Casación número 4664- 2010-Puno, respecto a que el segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil, en forma imperativa, exige al Juez velar por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado por el daño personal o moral que se le cause, señalando como regla en el numeral 4), de acuerdo a lo establecido en el Tercer Pleno Casatorio Civil Jurisdiccional enunciado anteriormente y los alcances del artículo 345-A del Código Civil corresponde determinar si se cuenta con pruebas, presunciones o indicios de la existencia de un cónyuge más perjudicado con el divorcio por separación de hecho; en ese sentido, examinados los medios probatorios actuados en el presente proceso, en especial el Proceso número 187-2004 sobre Alimentos, seguido por la demandada, se aprecia que Rubén Paredes Sarmiento fue sentenciado al pago por alimentos con una pensión alimenticia mensual del treinta por ciento (30%) de los ingresos brutos que percibe, a favor de Ruth Navarro Arredondo, toda vez que la demandada se encontraba recibiendo tratamiento psicológico por la infidelidad cometida por su cónyuge. A fojas ciento setenta y ocho obra el informe médico emitido por Essalud, de fecha trece de abril de dos mil cuatro, mediante el cual se informa que la demandada fue atendida y evaluada en el consultorio externo de neurología, por un cuadro “disociativo secundario a transtorno depresivo” acentuado por problemas conyugales. Mediante el cual, se advierte que evidentemente la demandada sufrió daño psicológico ocasionado por el demandante. Que a fojas ciento ochenta, obra el informe médico de fecha dieciocho de mayo de dos mil doce, emitido por Essalud, mediante el cual se señala que la demandada es portadora de “carcinoma de mama lobulillar infiltrante izquierda”, diagnostico que se le realizó en octubre de dos mil diez; lo que demuestra que la demandada se encuentra mal de salud, recibiendo quimioterapias constantes. A fojas ciento ochenta y nueve corre en fotocopia, la denuncia presentada ante la Prefectura de Cusco, mediante la cual la demandada solicitó garantías para su vida, pues fue amenazada de muerte por María Amelia Morales Sierra y Rubén Paredes Sarmiento; y en la que detalla las vicisitudes que sufrió en mérito a la infidelidad cometida por el demandante. A fojas ciento noventa y ocho aparece la declaración jurada presentada por Alina Luna Aragón, mediante la cual en su calidad de técnica en enfermería, expresó laborar para la demandada desde el mes de diciembre de dos mil diez, en que le diagnosticaron y operaron de cáncer de mama izquierda; asimismo, señala que la demandada fue operada anteriormente de la columna, habiéndole quedado secuelas neurológicas crónicas, por lo que necesita una persona que le atienda. Los medios probatorios enunciados y apreciados hasta aquí, corroboran la existencia de daño causado a la demandada por parte del demandante Rubén Paredes Sarmiento; por lo tanto, se puede concluir que la demandada Ruth Navarro Arredondo ha sido pasible de daño a su persona y daño moral. El daño a la persona está vinculado al proyecto de vida, el daño moral es aquel perjuicio sufrido a la psiquis de una persona, es la transgresión a los derechos personalísimos de una persona a través de un agravio a la dignidad, honorabilidad, sosiego, integridad física, privacidad, o cualquier elemento que altere la normalidad facultativa mental o espiritual, constituyéndose en el dolor, angustia, aflicción física o espiritual. Por lo tanto, verificada la concurrencia de los elementos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la República, conforme al fundamento precedente, y atendiendo a que el Pleno Casatorio ya referido; determina que la indemnización tiene la naturaleza de una obligación legal cuyo fundamento no es la responsabilidad civil contractual o extracontractual sino la equidad y la solidaridad familiar, por lo que el juzgador determina que la demandada Ruth Navarro Arredondo, resulta ser la cónyuge más perjudicada con la separación de hecho, debiendo por lo tanto otorgársele una indemnización acorde a los hechos descritos por un monto de cinco mil soles (S/5,000.00).

TERCERO. Apelada la mencionada sentencia, el Ad quem, mediante sentencia de fojas cuatrocientos cuarenta y seis, de fecha seis de agosto de dos mil quince, confirma la sentencia apelada de fojas trescientos cuarenta y siete, de fecha siete de octubre de dos mil cuatro (debe decir dos mil catorce), en cuanto ha declarado fundada en parte la demanda; en consecuencia, disuelve el vínculo matrimonial existente entre las partes; la revoca en el extremo en que ha reducido la pensión alimenticia fijada en el Proceso Civil número 187-2004 del treinta por ciento (30%) del haber del demandado al diez por ciento (10%) del mismo, y reformándola, dispone el mantenimiento del porcentaje originariamente determinado en el proceso antes citado, en las mismas condiciones que las fijadas; además, la revoca en el extremo de la sentencia donde se fijó por concepto de indemnización a favor de la demandada, la suma de cinco mil soles (S/5,000.00); y reformándola, incrementa dicho monto a la suma total de treinta mil soles (S/30,000.00). Como sustento de su decisión, manifiesta que de lo actuado en el proceso se tiene, que al margen de que la separación haya obedecido a la infidelidad del demandante o no, sin embargo, desde cuando la demandada contrajo matrimonio mantuvo la relación hasta cuando ha sido citada con el presente divorcio, llevó una vida dedicada al demandante, pretendió posiblemente formar un hogar feliz y próspero; sin embargo, las circunstancias no lo han permitido, luego de haber descubierto ser portadora de un cáncer a las mamas agravado con un problema cervical, hacen de la demandada una persona que no volverá a rehacer su vida como ella quisiera hacerlo, lo único que ahora le queda es esperar que el riesgo se produzca en cualquier momento. En consecuencia, para ella la separación le ha puesto en un absoluto desequilibrio no sólo emocional sino también patrimonial, pues, debe estar sometida a tratamiento médico constante, la inversión de dinero para una y otra prueba, exámenes, medicamentos y otros gastos de salud hacen que no los pueda cubrir por sí misma, menos con la suma que en la sentencia se le ha fijado por concepto indemnizatorio. Dicho monto debe ser incrementado en función al estado de salud de la demandada, y a efecto de fijar el mismo se debe tener en cuenta la doctrina en función al Tercer Pleno Casatorio Civil. En el caso de autos, como se aprecia de lo actuado, la demandada sufre una grave enfermedad, lo que naturalmente ha agravado la afectación emocional producida por la separación. Lo que además se suma al hecho de que ha tenido que demandar una pensión de alimentos contra el recurrente, cuando oportunamente ante las carencias producidas por la separación, éste debió asumir el pago de los alimentos oportunamente, sin esperar el inicio de un proceso judicial, que obviamente genera un padecimiento sentimental por la sola realización del mismo. Además de haberse mostrado que la demandada ha quedado en una situación económica precaria, pues no puede obtener sustento económico por sí misma. En ese sentido el Ad quem considera que la indemnización no puede ser menor a treinta mil soles (S/30,000.00), considerando además el costo natural del tratamiento al que debe someterse por la grave enfermedad que padece; en este sentido, la sentencia debe ser revocada también respecto al monto de la indemnización establecida.

CUARTO. Tal como se ha reseñado anteriormente, el recurrente ha denunciado la infracción del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, que contiene el Principio de Congruencia, en virtud del cual el Juez no puede ir más allá del petitorio, ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. En el caso de las sentencias, la congruencia se establece con relación a las acciones que se ejercitan, con las partes que intervienen y con el objeto del petitorio, de tal manera que el pronunciamiento tiene que referirse a estos elementos y no a otros. La congruencia implica también que los fundamentos de hecho expuestos por las partes deben ser respetados, en el sentido que además de servir de base a la pretensión, la limitan.

QUINTO. A fin de verificar si el Ad quem ha cautelado debidamente el principio antes indicado debemos remitirnos a los términos de la demanda interpuesta en autos, en la cual, entre otros argumentos, el recurrente expuso lo siguiente: Con fecha diecisiete de noviembre de dos mil cuatro se separó de hecho de la demandada y posteriormente celebraron una Escritura Pública de Sustitución de Régimen de Gananciales y Adjudicación de Bienes, ante la Notaria Antonieta Ocampo de la Haza, en virtud de la cual se distribuyeron los bienes gananciales, adjudicándose el cincuenta por ciento (50%) de los derechos y acciones de propiedad del demandante, correspondientes al inmueble número E-6-8 de la Urbanización Larapa Grande del Distrito de San Jerónimo, Provincia del Cusco a favor de la demandada, la cual pasó a ser propietaria única de dicho predio. Como corolario, la demandada ha procedido a vender el inmueble en mención obteniendo como contraprestación la suma de ciento treinta y tres mil soles (S/133,000.00).

SEXTO. En la sentencia de vista ahora impugnada, el Ad quem ha establecido, en lo referente al extremo de la indemnización a que alude el artículo 345-A del Código Procesal Civil, incrementar el monto señalado por el A quo a favor de la demandada por concepto de indemnización, a la suma de treinta mil soles (S/30,000.00), argumentando que la separación le ha puesto en un absoluto desequilibrio, no sólo emocional sino también patrimonial, debiendo estar sometida a tratamiento médico constante, pues sufre una grave enfermedad, lo que naturalmente ha agravado la afectación emocional producida por la separación, a lo que se suma el hecho de haber tenido que demandar una pensión de alimentos contra el recurrente, cuando éste debió asumir el pago de los alimentos oportunamente, sin esperar el inicio de un proceso judicial.

SÉTIMO. Sin embargo, se advierte que al fijar dicho monto indemnizatorio, el Ad quem no ha tenido en cuenta la alegación del demandante, antes glosada, en el sentido que con fecha diecisiete de noviembre de dos mil cuatro, al separarse de hecho de la demandada celebraron una Escritura Pública de Sustitución de Régimen de Gananciales y Adjudicación de Bienes, en virtud de la cual se le adjudicó el cincuenta por ciento (50%) de los derechos y acciones que pertenecían al demandante, respecto del inmueble número E-6-8 de la Urbanización Larapa Grande del Distrito de San Jerónimo, Provincia del Cusco, llegando dicha demandada a ser propietaria única del inmueble en mención, el cual inclusive fue enajenado obteniendo por ello el monto de ciento treinta y tres mil soles (S/133,000.00). Es decir, ha omitido tomar en cuenta dicho hecho (alegado por el demandante en su demanda), para efecto de fijar el monto indemnizatorio en mención, vulnerando el Principio de Congruencia, así como el principio fijado por el mismo Ad quem en la recurrida, en el sentido que el monto a fijarse debe ser equitativo y razonable. Asimismo, se ha omitido analizar el contenido de los escritos presentados por la demandada sobre dichos anexos.

OCTAVO. Por consiguiente, habiéndose verificado la denuncia casatoria, la recurrida deviene en nula, debiendo el Ad quem renovar el acto procesal viciado, es decir, emitir nueva sentencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 396, inciso 1, del Código Procesal Civil. Por las razones anotadas y en aplicación del artículo 396 inciso 1 del Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Rubén Paredes Sarmiento a fojas cuatrocientos cincuenta y ocho; por consiguiente, CASARON la sentencia de vista de fojas cuatrocientos cuarenta y seis, de fecha seis de agosto de dos mil quince, emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco; que confirma la sentencia apelada de fojas trescientos cuarenta y siete, de fecha siete de octubre de dos mil cuatro (debe decir dos mil catorce), que declara fundada en parte la demanda; y revoca el extremo de la sentencia por el que se reduce la pensión alimenticia fijada en el Proceso Civil número 187-2004, del treinta al diez por ciento del haber del demandado; y reformándola, dispone el mantenimiento del porcentaje originariamente fijado en dicho proceso; la revoca en el extremo en que se fijó por concepto de indemnización a la demandada la suma de cinco mil soles (S/5,000.00); y reformándola, incrementa dicha suma a treinta mil soles (S/30,000.00), que el recurrente debe pagar a la demandada; en consecuencia, NULA la misma; ORDENARON a la Sala Superior de su procedencia emita nueva sentencia, con arreglo a ley, y conforme a lo establecido en los considerandos precedentes; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Rubén Paredes Sarmiento contra Ruth Navarro Arredondo y otro, sobre Divorcio por Causal de Separación de Hecho; y los devolvieron. Integra esta Sala el Señor Juez Supremo De La Barra Barrera, por licencia de la Señora Jueza Suprema Cabello Matamala. Ponente Señor Miranda Molina, Juez Supremo.

S.S. MENDOZA RAMÍREZ, ROMERO DÍAZ, MIRANDA MOLINA, YAYA ZUMAETA, DE LA BARRA BARRERA. 

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