Se constituye violencia en cualquiera de sus modalidades cuando existe coherencia entre los exámenes realizados y los hechos imputados al demandado

Fuente: El Comercio


CAS. N.° 2793 - 2016 Puno

Emitida el 6 de junio del 2017

(Publicada en El Peruano, 31/08/2018)

Juez ponente

Señora jueza Suprema Tello Gilardi

Decisión

Infundado

Normas aplicables

Artículos 2 y 7 de la Ley N.° 29282, que modifica el artículo 29 del Texto Único Ordenado de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar - Ley N.° 26260 (norma vigente al momento de los hechos)

Fundamento jurídico relevante

[P]ara amparar los hechos de la demanda tuvieron en cuenta la naturaleza del conflicto, los argumentos y posiciones asumidas por las partes, y las pruebas obrantes en autos, concluyendo adecuadamente que los hechos imputados al demandado, constituyen violencia familiar en la modalidad de maltrato físico y psicológico, en agravio […] conforme a los alcances de lo establecido por la Convención “Belem Do Pará”, y en la Ley N.° 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, lo cual amerita extenderle el manto de protección de dichos instrumentos legales, para adoptar las medidas jurídicas acordes con tal finalidad y así evitar que continúe siendo víctima de conductas agresoras que afecten su dignidad, integridad personal y demás derechos fundamentales.

 

CAS. N.° 2793 – 2016

PUNO

VIOLENCIA FAMILIAR

En el presente caso, se ha determinado que los hechos imputados al demandado en agravio de su ex-conviviente, constituyen violencia familiar en la modalidad de maltrato físico y psicológico, conforme a los alcances de lo establecido por la Convención “Belem Do Pará”, y en la Ley N.° 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, lo cual amerita extenderle el manto de protección de dichos instrumentos legales, para adoptar las medidas jurídicas acordes con tal finalidad y así evitar que continúe siendo víctima de conductas agresoras que afecten su dignidad, integridad personal y demás derechos fundamentales. Art. 2 literal h) de la Constitución Política del Estado, Arts.2 y 3 de la Ley N.° 26260 (vigente a la fecha de los hechos), Convención “Belem Do Pará”, y III Pleno Casatorio Civil Supremo.

 Lima, seis de junio de dos mil diecisiete.

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: la causa número dos mil setecientos noventa y tres - dos mil dieciséis; en Audiencia Pública llevada a cabo en el día de la fecha, con los Señores Jueces Supremos: Távara Córdova - Presidente, Tello Gilardi, Del Carpio Rodríguez, Calderón Puertas, y Sánchez Melgarejo; luego de producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:

1. MATERIA DE GRADO

1.1. El recurso de casación interpuesto por el demandado Carlos Eduardo Paredes Ortega[1], contra la sentencia de vista de fecha 16 de junio de 2016[2], que revoca la sentencia apelada de fecha 12 de agosto de 2015[3], que declara infundada la demanda de folios ciento cuarenta y nueve, y reformándola la declara fundada, sobre violencia familiar en la modalidad de maltrato físico y psicológico; en los seguidos en agravio de Giuliana Rosalía Chambi Añamuro.

2. ANTECEDENTES

DEMANDA. 2.1. En el caso sub examine, se tiene que el Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Provincial Civil y Familia de San Román - Juliaca, formula demanda de violencia familiar, en la modalidad de maltrato físico y psicológico[4], contra Carlos Eduardo Paredes Ortega en agravio de Giuliana Rosalía Chambi Añamuro, solicitando se declare la existencia de los maltratos denunciados, así como se dicte las medidas de protección necesarias a favor de la agraviada, el cese de cualquier agresión a la víctima, y el pago de una reparación por concepto de resarcimiento por el daño ocasionado. Se le imputa al demandado haber causado maltrato físico y psicológico a su ex conviviente, el 26 de setiembre de 2013, ocasionándole lesiones, al querer impedir la sustracción de su menor hija, por las que se le prescribió cuatro (4) días de incapacidad médico legal.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: 2.2. Por escrito de fecha 07 de febrero de 2014[5], contesta la demanda Carlos Eduardo Paredes Ortega señalando que la presente demanda debe ser desestimada, por cuanto, refiere nunca se llevó a la fuerza a su hija, y que es falso que haya agredido verbalmente a su ex conviviente, y menos que la haya arrastrado con la camioneta causándole lesiones, más aún si la supuesta agraviada no presenta lesiones en el muslo sino solo en la mano; precisando que fue ella misma quien se provocó las lesiones alegadas por el representante del Ministerio Público, al sujetarse de la manija del citado vehículo. Agrega, que si bien existe un proceso de tenencia, este fue presentado primero por él, y luego por la demandante; y que la separación se produjo al mostrar esta última un carácter irascible y liberal en su agravio.

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 2.3. Según acta de continuación de audiencia única de fecha 21 de octubre de 2014[6], se fijaron como puntos controvertidos: a) Determinar la relación familiar entre la víctima y el demandado. b) Determinar si los hechos materia de demanda constituyen actos de violencia familiar en su modalidad de maltrato físico y psicológico. c) Determinar si el demandado es responsable de actos de violencia familiar demandados y ocasionados a la agraviada. d) Determinar la magnitud de los daños y monto de la reparación civil, y si corresponde dictar medidas de protección a favor de la agraviada.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 2.4. Mediante sentencia de fecha 12 de agosto de 2015[7], se declara infundada la demanda, al considerar que el certificado médico legal practicado a la agraviada no guardan armonía con lo referido en su demanda y sus declaraciones, por cuanto la agraviada refiere haber sido arrastrada más de media cuadra o una cuadra, sin embargo, el médico no encuentra ninguna lesión en las extremidades inferiores; agrega que tampoco existen fotografías de las lesiones indicadas en el citado certificado médico.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA: 2.5. Dicho pronunciamiento fue revocado por la sentencia de vista de fecha 16 de junio de 2016[8], y reformándola la declaró fundada, al considerar que se encuentra acreditado en autos la responsabilidad del demandado, del maltrato físico y psicológico ocasionado a la agraviada, tomando en consideración, además del examen médico, la declaración uniforme y coherente durante todo el proceso de la demandante.

3. RECURSO DE CASACIÓN

3.1. Por resolución de fecha 07 de diciembre de 2016[9], se declaró procedente el recurso de casación interpuesto por el demandado Carlos Eduardo Paredes Ortega, por las causales de: a) Infracción normativa de los artículos 2 y 3 del Decreto Supremo N° 006- 97-JUS; alega que, el Colegiado Superior ha interpretado erradamente las normas en mención; por cuanto, si bien es cierto los actos de violencia familiar tienen protección; empero, estas normas deben ser interpretadas aplicando el método sistemático por comparación de norma, específicamente las de orden constitucional y penal; en ese sentido, las normas debieron interpretarse en concordancia con el artículo 139 de la Constitución Política del Estado, norma que reconoce la presunción de inocencia; por tanto, no solo se debe apreciar el certificado médico e informe psicológico basados en la sindicación de la víctima. b) Infracción normativa del artículo 122 numeral 4 del Código Procesal Civil, en concordancia con el artículo 139 numeral 5 de la Constitución Política del Estado; manifiesta que, los argumentos que aparecen de la sentencia de vista se orientan a establecer la existencia de responsabilidad en actos de violencia familiar física y psicológica; empero, es evidente que el razonamiento del juzgado no es coherente para determinar la responsabilidad; por cuanto, la sala de mérito para justificar su decisión se basa en los certificados médicos y pericia psicológica sin que medie motivación lógica para determinar la responsabilidad, generándose una motivación aparente.

4. CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE

4.1. En este caso, la cuestión jurídica objeto de control en sede casatoria, es verificar si la resolución recurrida ha infringido las normas contenidas en el numeral tres de la presente resolución.

5. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA

5.1. Según lo establecido en el artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley número 29364, el recurso de casación tiene por fines esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia (finalidad nomofiláctica y uniformizadora, respectivamente); precisado en la Casación número 4197-2007/La Libertad[10] y Casación número 615-2008/Arequipa[11]; por tanto, este Tribunal Supremo, sin constituirse en una tercera instancia procesal, debe cumplir su deber de pronunciarse acerca de los fundamentos del recurso, por las causales declaradas procedentes.

5.2. Siendo del caso anotar, que el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva están consagrados en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, y tienen estrecha vinculación con el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, regulado por el inciso 5 del citado artículo, en tanto garantiza a los justiciables que los Jueces cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan expresen el proceso lógico que los ha llevado a decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la Ley, pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa, así como, la exigencia de una adecuada valoración de los medios probatorios.

5.3. Que, la exigencia que las resoluciones judiciales sean motivadas, por un lado, informa sobre la forma como se está llevando a cabo la actividad jurisdiccional, y por otro, constituye un derecho fundamental para que los justiciables ejerzan de manera efectiva su defensa. Incluye en su ámbito de protección el derecho de tener una decisión fundada en Derecho. Ello supone que la decisión esté basada en normas compatibles con la Constitución, como en leyes y reglamentos vigentes, válidos y de obligatorio cumplimiento[12].

5.4. En ese sentido, cabe precisar que la causa pretendi objeto del proceso, consiste en determinar la existencia de violencia familiar en la modalidad de maltrato físico y psicológico en agravio de Giuliana Rosalía Chambi Añamuro, considerando que la violencia familiar es: “[…] cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o reiteradas […], que se produzcan entre: a) cónyuges; b) ex cónyuges; c) convivientes; d) ex convivientes; e) ascendientes; f) descendientes […]”[13].

5.5. Siendo importante destacar que la Constitución Política del Estado, en su artículo 2 literal h), rechaza todo tipo de violencia hacia la persona, señalando que: “Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos humillantes (…)”; por lo que, cualquier acto que cause daño a la mujer y vulnere sus derechos fundamentales debe ser sancionado.

5.6. Es por ello que, a nivel interamericano también se cuenta con instrumentos internacionales de protección especial de los derechos de la mujer en situación de discriminación, dominación o desigualdad, que lo evidencia la perspectiva de género cuando se analiza la violencia contra las mujeres en el seno de la familia. Así, se tiene, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Belem Do Pará”, que tiene como objetivo la eliminación de la violencia contra la mujer como condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida, establece en su artículo 2 que: “Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y, c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.”.

5.7. Asimismo, resulta necesario tener en consideración, que en este tipo de procesos: “Los certificados de salud física y mental que expidan los médicos de los establecimientos de Salud del Estado, como el Ministerio de Salud, el Seguro Social de Salud (Essalud), el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público y las dependencias especializadas de las municipalidades provinciales y distritales, tienen valor probatorio del estado de salud física y mental en los procesos sobre violencia familiar. Los certificados médicos contienen información detallada de los resultados de las evaluaciones físicas y psicológicas a las que se haya sometido la víctima […]”[14]; tienen valor probatorio y son suficientes para demostrar el daño ocasionado a la víctima de la violencia, como en el presente caso.

5.8. Siendo ello así, en el caso sublitis obra en autos: (i) El Certificado Médico Legal N.° 007683-L[15], realizado a la agraviada, el día en que ocurrieron los hechos, que concluye que la peritada presenta: “Lesión producida por fricción.”, precisándose: “Excoriaciones lineales paralelas entre sí en un área de 4 x 3 cm. de extensión en eminencia hipotenar de mano izquierda con equimosis violáceas perilesionales y tumefacción subyacente.”, por lo que se le prescribió como consecuencia de ello, cuatro días de incapacidad médico legal; advirtiéndose en el citado informe que –entre otros–: “Peritada acude con prendas de vestir con restos de tierra.”. (ii) El Protocolo de Pericia Psicológica N.° 009057-2013-PSC-VF[16], practicado por el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, así como, los Informes Psicológico N° 032-2014-PS-SR/J-CSJPU[17], y Social N° 40-2015-TS-2JEF-SRJ/CSJP[18] realizado por el Equipo Multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia de Puno, en los cuales se consigna el estado emocional ansioso depresivo que presenta la agraviada, compatible a violencia familiar, precisándose maltrato psicológico.

5.9. Dichos exámenes médico y psicológicos, guarda coherencia con la sindicación constante y uniforme por parte de la agraviada Giuliana Rosalía Chambi Añamuro, de que el autor de la agresión física y psicológica fue el demandado, conforme se observa de su denuncia presentada ante el Ministerio Público[19], y de las manifestaciones rendidas a nivel fiscal[20]y en sede judicial[21]; y con las declaraciones brindadas por la persona de Reyna Quispe Pari, durante la inspección técnico policial[22] realizada en el lugar de los hechos, quien afirma haber presenciado los actos de violencia, agresión física y despojo de la menor hija, ocasionados a la agraviada, precisando que: “[…], el agresor Carlos Paredes Ortega, a bordo de un vehículo marca Toyota, de color rojo, arrastró a su conviviente […]”. Asimismo, se consigna en dicha acta, que hay vecinos del lugar que manifestaron haber presenciado los hechos materia de litis, pero que se niegan a identificar por temor a represalias; prueba que no fue materia de tacha ni oposición por parte del interesado en su oportunidad.

5.10. De lo que se aprecia, que los Jueces Superiores para amparar los hechos de la demanda tuvieron en cuenta la naturaleza del conflicto, los argumentos y posiciones asumidas por las partes, y las pruebas obrantes en autos, concluyendo adecuadamente que los hechos imputados al demandado, constituyen violencia familiar en la modalidad de maltrato físico y psicológico, en agravio de Giuliana Rosalía Chambi Añamuro, conforme a los alcances de lo establecido por la Convención “Belem Do Pará”, y en la Ley N.° 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, lo cual amerita extenderle el manto de protección de dichos instrumentos legales, para adoptar las medidas jurídicas acordes con tal finalidad y así evitar que continúe siendo víctima de conductas agresoras que afecten su dignidad, integridad personal y demás derechos fundamentales.

5.11. Finalmente, se advierte que el casacionista carece de fundamento legal para lograr el amparo del presente recurso, porque no solo no niega los hechos ocurridos el 26 de setiembre de 2013, sino que únicamente se limita a denunciar la situación fáctica establecida en sede de instancia, y la valoración de los medios de prueba efectuada por la instancia de mérito, pretendiendo forzar a esta Sala Suprema a emitir nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto, lo que no se condice con los fines del recurso extraordinario de casación, esto es, la interpretación del derecho objetivo y la unificación de los criterios de la Corte Suprema.

6. DECISIÓN

 Por tales consideraciones, y estando a la facultad conferida por la parte pertinente del artículo 397 del Código Procesal Civil; declararon: 6.1. INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandado Carlos Eduardo Paredes Ortega a folios quinientos setenta y dos; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha 16 de junio de 2016[23], que revoca la sentencia apelada de fecha 12 de agosto de 2015[24], que declara infundada la demanda de folios ciento cuarenta y nueve, y reformándola la declara fundada. 6.2. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos en agravio de Giuliana Rosalía Chambi Añamuro sobre violencia familiar en la modalidad de maltrato físico y psicológico; y los devolvieron. Ponente señora Jueza Suprema Tello Gilardi.

SS. TÁVARA CÓRDOVA, TELLO GILARDI, DEL CARPIO RODRIGUEZ, CALDERÓN PUERTAS, SÁNCHEZ MELGAREJO.



[1] Folios 572.

[2] Folios 525.

[3] Folios 485.

[4] Folios 149.

[5] Folios 367.

[6] Folios 433.

[7] Folios 485.

[8] Folios 555.

[9] Folios 58 del cuaderno de casación.

[10] DIARIO OFICIAL “EL PERUANO”: Sentencias en Casación, Lunes 31 de marzo de 2008, páginas 21689 a 21690.

[11] DIARIO OFICIAL “EL PERUANO”: Sentencias en Casación, Lunes 31 de marzo de 2008, páginas 23300 a 23301.

[12] LANDA ARROYO, César. 2012. El Derecho al Debido Proceso en la Jurisprudencia: Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Tribunal Constitucional del Perú, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Colección Cuadernos de Análisis de la Jurisprudencia. Academia de la Magistratura. Lima, volumen 1.

[13] Artículo 2 de la Ley N.° 26260 - Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, modificado por el artículo 1 de la Ley N.° 27306 (norma vigente a la fecha en que ocurrieron los hechos).

[14] Artículo 7 de la Ley N° 29282, que modifica el artículo 29 del Texto Único Ordenado de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar - Ley N° 26260. 

[15] Folios 78, realizado a la agraviada el 26 de setiembre de 2013.

[16] Folios 50.

[17] Folios 456

[18] Folios 462.

[19] 19 Folios 6 a 11.

[20] 20 Folios 103 a 107.

[21] 21 Folios 445 a 446.

[22] 22 Folios 159.

[23] 23 Folios 525.

[24] 24 Folios 485.

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