Ante la inexistencia de prueba objetiva del lucro cesante el juez no puede realizar valoración equitativa como si fuese daño moral

Fuente: www.ambitojuridico.com

Así lo ha establecido  la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema mediante Casación N.º 724-2015 Moquegua, publicada el 1 de agosto del 2016, en el diario oficial El Peruano, en el marco de un proceso de indemnización por daños y perjuicios.

 

El caso es el siguiente: la empresa VSD S.R.L interpone una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra los integrantes del Comité Patrimonial y la Municipalidad provincial de Ilo, a fin de que le paguen determinada suma de dinero más intereses por responsabilidad contractual. El demandante sostiene que  en el 2009 ganó la buena pro de un inmueble que la Municipalidad había puesto en concesión por subasta pública, por consiguiente, alega que debió firmar inmediatamente el contrato y recibir la infraestructura, hecho que no sucedió, pues lo ocupaban terceras personas, lo cual evidenciaba la intención de causarle daño. Además, el incumpliendo de la demandada le ocasionado daños en razón de que había organizado una serie de eventos, realizando para ello una serie de gastos,    contratos como publicidad, equipos de defensa civil, apoyo de la compañía de bomberos.

 

El a quo declaró infundada la demanda respecto de los integrantes del Comité Patrimonial y   fundada en parte respecto de la municipalidad, bajo el siguiente fundamento:

 

"[…] Si bien luego del acto de subasta pública, se produjo un hecho de tercero (impugnación) que retrasó la suscripción del contrato, dicho reclamo fue resuelto, como se advierte del informe legal 04-2010-RACC-GAJ-MPI de fojas ciento cuarenta y uno, en fecha (13-01-2010), por tanto a partir de ese momento y dado el tiempo transcurrido desde la realización de la subasta, la entidad demandada debió proceder a la inmediata firma del contrato. No obstante no ha ocurrido así, sino hasta el (17-02-2010) luego de recibida la intimación por incumplimiento por parte de la demandante (carta de fojas dieciséis) es que la entidad demandada requiere a la actora para que proceda a la firma del contrato, por lo que la demandada ha incurrido en mora en el cumplimiento de la    obligación, la cual era elaborar el contrato, suscribirlo y posibilitar que la actora pueda asumir la conducción del balneario. 6.9. La demandada, ha incurrido en culpa inexcusable, por cuanto subastó la administración de un bien, que estaba siendo ocupado por un tercero, lo que dificultaba que el ganador pueda tomar posesión del mismo. Fija como daño emergente el monto de dieciocho mil quinientos noventa y dos y 00/100 nuevos soles (S/. 18,592.00) por los pagos que ha realizado para la subasta y lo invertido en función al balneario tal como se advierte de fojas veinte a veintitrés, veinticuatro a veintisiete. 6.11. En cuanto al Lucro Cesante, al no existir prueba objetiva respecto de la magnitud de los ingresos que la actora dejó de percibir, el Juez lo establece de manera equitativa    en función a la temporada, el uso del balneario y la afluencia del público. 6.12. La actora comprende a los integrantes del Comité de Gestión Patrimonial, que tuvieron a su cargo la subasta, sin embargo, tales personas no han actuado a título personal, sino que, en calidad de servidores públicos de la municipalidad    demandada, por lo que la demanda en dicho extremo es infundada". [El subrayado es nuestro].

 

El ad quem confirma la sentencia apelada, tras considerar lo siguiente:

 

"[…] Que, estando a la extemporaneidad en la entrega del bien materia    de concesión, por parte de la demandada corresponde aplicar la indemnización por mora a que se refiere el artículo 1337 del Código Civil. Nótese que la negativa de la demandante a suscribir el contrato de concesión fuera de término, se encuentra justificada, dado que el cumplimiento de la obligación resultaba inútil para la demandante […].

 

Recurrida la sentencia, la Sala Suprema declara fundado el recurso, por los siguientes fundamentos:     

 

"[…] el contrato implica la manifestación de voluntad tanto del oferente y del aceptante, a través del cual se exteriorizan su intención de formar el contrato. En el presente caso, la exteriorización de voluntad común de las partes para formar el    contrato, se encuentra materializada en el acto de otorgamiento de la buena pro realizada en fecha (28-12-2009), quedando concluido que lo que une a las partes no es un contrato preparatorio –como lo quiere hacer ver la recurrente– en la cual se requiere un contrato definitivo, sino un contrato de    concesión –en este caso– a favor de la demandante. Es más, conforme a lo prescrito en la norma antes señalada (artículo 1389 del Código Civil) el contrato debe celebrarse ni bien se adjudica la buena pro al postor, lo que no ha sucedido en la presente litis. Cuarto. Entonces, siendo que lo une a las partes es la    manifestación de voluntad tanto del oferente como del aceptante, la indemnización que solicita la demandantes es una de responsabilidad contractual, conforme lo establece el artículo 1321 del Código Civil. […] está totalmente acreditado es que la recurrente ha incurrido en culpa inexcusable, por cuanto subastó la administración de un bien, que estaba aún siendo ocupado por un tercero, lo que dificultaba que el ganador pueda tomar posesión del mismo. Sexto. Respecto de la sexta (f) denuncia, la infracción normativa del artículo 1331 del Código Civil, merece especial atención, teniendo en cuenta que este dispositivo establece: “La prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía también corresponden al perjudicado por la inejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”. La recurrente señala que no se ha probado ni el daño emergente ni el lucro cesante, lo que motiva a esta Sala Suprema, revisar lo    concerniente a fin de establecer si efectivamente se ha fijado montos sin el debido sustento probatorio. Sétimo. En lo relativo al daño emergente […] se encuentra debidamente respaldado. Octavo. En lo relativo al lucro cesante, […] fue fijado con una valoración equitativa, al no existir prueba objetiva de la misma; premisa, por demás errada, en tanto, lo previsto por el artículo 1332 del Código Civil: “Si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa”, va dirigido a la valoración de los daños inmateriales o también conocidos como “daños morales” que son aquellos que afectan intereses jurídicos que carecen de un correlato concreto, como son la salud, la vida, el honor, la libertad, entre otros. Siendo ello así, y de la revisión de autos, se tiene que efectivamente, no existe prueba que respalde el monto peticionado por la demandante […]". [El subrayado es nuestro].



Fuente:

Sala Civil Permanente, (ponente: Sr. Juez Supremo Cunya Celi), Casación N.º 724-2015 Moquegua, Lima: 08 de setiembre del 2015 (publicado el 1 de agosto del 2016).


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