Los títulos valores son eficaces dentro de un proceso único de ejecución en tanto sean el original del valor materializado y no su copila legalizada

Fuente: e-consulta.com

CAS. N.º 4730-2015 LIMA

Emitida el 6 de setiembre del 2016

(Publicada en El Peruano, 28/02/2017)

Juez ponente

 

Señor Juez Supremo Miranda Molina

Decisión

Infundado el recurso de casación

Normas aplicables

Artículo 689 del Código Procesal Civil

Artículo 1 de la Ley de Títulos Valores

Fundamento jurídico relevante

 

“[…] una copia legalizada del título valor podrá servir como medio probatorio que escolte otro tipo de procesos, pero no tiene eficacia en un proceso de ejecución, en tanto, el título valor no es la copia legalizada, sino el propio documento suscrito que se quiere ejecutar”.

 

 

CAS. N.º 4730-2015

LIMA

Ejecución de garantía. Una copia legalizada del título valor podrá servir como medio probatorio que escolte otro tipo de procesos, pero no tiene eficacia en un proceso de ejecución, en tanto, el título valor no es la copia legalizada, sino el propio documento suscrito que se quiere ejecutar.

 

Lima, seis de setiembre de dos mil dieciséis.

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: vista la causa cuatro mil setecientos treinta - dos mil quince, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia:

I. ASUNTO

Viene a conocimiento de esta Suprema Sala, el recurso de casación interpuesto por la empresa demandante RTM Inversiones SAC, mediante escrito de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince (página mil ciento sesenta y cinco), contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de octubre de dos mil cinco (página mil ciento veintidós), que entre otros, resuelve revocar la resolución número cincuenta y nueve de primera instancia, en el extremo que resuelve declarar infundada la contradicción y, en consecuencia, dispone se proceda al remate del bien dado en garantía; y reformándola se declara improcedente la demanda.

II. ANTECEDENTES

1. DEMANDA. Mediante escrito de fecha catorce de marzo de dos mil once (página ciento uno, subsanada a fojas ciento veintiuno), RTM Inversiones SAC, interpone demanda de ejecución de garantía, a efectos que se ordene a los demandados el pago de la suma de US$ 261, 513.00, correspondiente al saldo del capital del pagaré renovado N.º 789304, bajo apercibimiento de remate del bien inmueble dado en garantía. Señala que el monto exigido deriva del Pagaré renovado N.º 789304, emitido por Comercial Formosa por un total de US$ 927, 000.00. Refiere que para garantizar la obligación, los codemandados Liao Chein Hui y Liao Chun Hsiang constituyeron hipoteca sobre el inmueble ubicado en la calle Las Camelias Mz. U2, lote 25, urbanización Camacho, La Molina, mediante escritura pública de fecha treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. Agrega que la obligación contenida en el pagaré ha sido ejecutada parcialmente en otros procesos judiciales, no obstante resta todavía un saldo capital que no ha sido cobrado, por el monto de US$ 261,513.00, el que es objeto de cobro en este proceso.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escritos obrante a fojas ciento noventa y siete, y doscientos sesenta, Chun Hsiang Liao y Liao Chein Hui, contestan la demanda, indicando que la deuda objeto de cobro ya ha sido cancelada a través de diversos actos de transacción, que el pagaré puesto a cobro se encuentra prescrito, al haber sido emitido el 10 de agosto de 1999 y que la hipoteca ha caducado, al haber sido otorgada el 30 de noviembre de 1995.

3. AUTO FINAL DE PRIMERA INSTANCIA. Culminado el trámite correspondiente, el Juez mediante resolución de fecha 10 de setiembre de 2014 (página mil treinta) declara infundadas las excepciones y contradicciones propuestas por los emplazados, ordenando se proceda al remate del inmueble dado en garantía. Fundamenta su decisión indicando que, si bien el testimonio de constitución de hipoteca tiene fecha 30 de noviembre de 1995, y la demanda ha sido interpuesta el 14 de marzo de 2011, esto es, más de 15 años después, no debe perderse de vista que el inciso 3 del artículo 1996 del Código Civil establece como causal de interrupción del plazo prescriptorio, la “citación con la demanda o por otro acto con el que se notifique al deudor, aun cuando se haya acudido a un juez o autoridad incompetente”. En este caso, se tiene que en el expediente N.º  1147-2007, acompañado a los autos, el primigenio titular de la acción Banco del Nuevo Mundo SAEMA interpuso una demanda de ejecución de garantía hipotecaria contra los emplazados con fecha 20 de enero de 2000, habiendo sido admitida a trámite mediante Resolución N.º  02, y notificados a los emplazados con fecha 14 y 15 marzo del 2000, conforme se desprende de los cargos de fojas 90 a 96, habiéndose por tanto interrumpido el plazo prescriptorio, más aún, si el superior jerárquico mediante sentencia de vista de fojas 862 del referido expediente, dejó a salvo el derecho del banco ejecutante para que lo haga valer conforme a ley.

4. AUTO DE VISTA. Elevados los autos en virtud del recurso de apelación interpuesto, la Sala Superior mediante resolución de fecha 16 de octubre de 2015 (página mil ciento veintidós), confirmó el auto final de primera instancia en el extremo que declara infundada la excepción de prescripción extintiva y la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante; revocándola en el extremo que declara infundada la contradicción, y, reformando, declaró improcedente la demanda. Argumenta que al ser admitido el proceso, se obvió que en la demanda no se adjuntó el título valor original que contiene la obligación garantizada, sino solo se adjuntó una copia legalizada del mismo; ante ello y tomando en cuenta que el titulo ejecutivo en el presente proceso lo constituyen la garantía y el pagaré que contiene la obligación puesta a cobro, el cual se ha omitido adjuntar, no se puede verificar si éste cumple con los requisitos formales para su ejecución.

III. RECURSO DE CASACION. La Suprema Sala mediante la resolución de fecha cinco de julio de dos mil dieciséis ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la demandante RTM Inversiones SAC., por la infracción normativa del artículo 139 numeral 5 de la Constitución Política del Estado; y artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil; al haber sido expuestas las referidas infracciones con claridad y precisión, señalándose además la incidencia de ellas en la decisión impugnada.

IV. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA

PRIMERO. La recurrente expresa que la sentencia de vista objeto de impugnación ha vulnerado su derecho al debido proceso, pues ha declarado improcedente su demanda de ejecución de garantías por razones meramente formales, consistentes en el hecho de haber acompañado el Pagaré N.º 789304 en copia legalizada y no en original, sin haber tenido en cuenta que i) este asunto nunca fue esgrimido por la parte emplazada ni por el juez de primera instancia y ii) no es posible acompañar a este proceso el original de dicho pagaré, pues una parte de la obligación contenida en el viene siendo objeto de cobro en otros procesos judiciales, hay consentimiento tácito de la demandada de su existencia y ha precluido toda posibilidad de análisis sobre el tema al no haber sido cuestionado este hecho en su oportunidad.

SEGUNDO. El presente proceso constituye uno de ejecución de garantía, y su procedencia se encuentra regulada por el artículo 720 del Código Procesal Civil. La norma expresamente prescribe: "1.Procede la ejecución de garantías reales, siempre que su constitución cumpla con las formalidades que la ley prescribe y la obligación garantizada se encuentre contenida en el mismo documento o en cualquier otro título ejecutivo.2. El ejecutante anexará a su demanda el documento que contiene la garantía, y el estado de cuenta del saldo deudor.3. Si el bien fuere inmueble, debe presentarse documento que contenga tasación comercial actualizada realizada por dos ingenieros y/o arquitectos colegiados, según corresponda, con sus firmas legalizadas. Si el bien fuere mueble, debe presentarse similar documentos de tasación, la que, atendiendo a la naturaleza del bien, debe ser efectuada por dos peritos especializados, con sus firmas legalizadas.4. No será necesaria la presentación de nueva tasación si las partes han convenido el valor actualizado de la misma.5. Tratándose de bien registrado se anexará el respectivo certificado de gravamen. La resolución que declara inadmisible o improcedente la demanda es apelable con efecto suspensivo y sólo se notificará al ejecutado cuando quede consentida o ejecutoriada. En el mandato ejecutivo debe notificarse al deudor, al garante y al poseedor del bien en caso de ser personas distintas al deudor". En este caso, la pretensión de la demanda pretende ser respaldada por el testimonio de escritura pública de constitución de hipoteca de fecha 30 de noviembre de 1995 y por la copia legalizada del Pagaré N.º  789304.

TERCERO. Conforme lo señala el Sexto Pleno Casatorio Civil para que proceda este tipo de demandas, debe exigirse: i) "Documento constitutivo de la garantía real, que cumpla con las formalidades y requisitos de validez establecidos en los artículos 1098 y 1099 del Código Civil o, en su caso, por ley especial, con las siguientes particularidades: c. Tratándose de una garantía real constitutiva expresamente para asegurar una obligación determinada, siempre que aquella esté contenida en el propio documento constitutivo de la garantía, a los efectos de la procedencia de la ejecución, no será exigible ningún otro documento. d. Tratándose de una garantía real constitutiva para asegurar una obligación determinable, existente o futura, documento reconocido por ley como título valor u otro documento idóneo que acredite la existencia de la obligación que contenga la determinación de la misma a cancelar a través de la ejecución judicial de la garantía, que cumpla con los requisitos del artículo 689 del Código Procesal Civil. ii) Estado de cuenta de Saldo Deudor, suscrito por el acreedor, detallando cronológicamente los pagos a cuenta, si hubiere, desde el nacimiento de la obligación hasta la fecha de la liquidación del saldo deudor; así como el monto de los intereses pactados sin contravenir la norma imperativa o intereses legales, si fuere el caso. iii) Los demás documentos indicados en el artículo 720 del Código Procesal Civil".

CUARTO. Por consiguiente, tanto de lo señalado en la demanda como por lo prescrito en el Sexto Pleno Casatorio Civil, resulta necesario para efectos de ordenar la ejecución que se acompañe al documento constitutivo de la garantía real, la presentación del título valor que acredite la existencia de la obligación.

QUINTO. En el presente caso: 1. La demandante pretende que la copia legalizada del pagaré tenga la misma eficacia —en sede de proceso de ejecución— que el título valor que ordena la ley. 2. Tal petición no es posible aceptar, pues en este tipo de procesos el título-valor incorpora el mismo derecho, de allí que sea imprescindible que guarde la formalidad que la ley dispone, porque el título valor “es un documento que representa o contiene derechos patrimoniales, lo cual les confiere carácter de instrumentos con contenido económico, el destino a que están dedicados, o sea, a la circulación, es decir, están hechos para movilizar valores. Su carácter formal, o sea, que deben otorgarse de conformidad con las prescripciones legales que le imponen determinados requisitos[1]”: 3. Es, atendiendo a esas características, que el artículo 1 de la Ley N.º 27287 dispone: “1.1. Los valores materializados que representen o incorporen derechos patrimoniales, tendrán la calidad y los efectos de Título Valor, cuando estén destinados a la circulación, siempre que reúnan los requisitos formales esenciales que, por imperio de la ley, les corresponda según su naturaleza. Las cláusulas que restrinjan o limiten su circulación o el hecho de no haber circulado, no afectan su calidad de título valor. 1.2. Si le faltare alguno de los requisitos formales esenciales que le corresponda, el documento no tendrá carácter de título valor, quedando a salvo los efectos del acto jurídico a los que hubiere dado origen su emisión o transferencia”. 4. En esa perspectiva, una copia legalizada del título valor podrá servir como medio probatorio que escolte otro tipo de procesos, pero no tiene eficacia en un proceso de ejecución, en tanto, el título valor no es la copia legalizada, sino el propio documento suscrito que se quiere ejecutar.

SEXTO. Siendo ello así, el hecho que la parte ejecutada no haya realizado alegación respecto al no cumplimiento de la presentación del pagaré original, no impide que la Sala Superior obvie la exigencia que la norma contempla; más aún: (i) si se trata de un presupuesto procesal, esto es, de un requisito de obligatorio cumplimiento al estar ligado intrínsecamente al proceso de ejecución; y (ii) constituye un requisito prescrito por el Sexto Pleno Casatorio Civil. En tal virtud, como se ha expuesto en la sentencia impugnada, ha de estarse a lo dispuesto en el artículo 128 del código procesal civil que declara la improcedencia de la demanda por defecto de un requisito de fondo, en tanto solo puede emitirse pronunciamiento de fondo cuando existe una relación jurídica procesal válida y solo puede constituirse ésta cuando se cumple con los presupuestos procesales y las condiciones de la acción.

V. DECISIÓN

Por estas consideraciones y conforme a lo establecido en el artículo 396 del Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la empresa demandante RTM Inversiones SAC, mediante escrito de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince (página mil ciento sesenta y cinco), contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de octubre de dos mil cinco; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos con Comercial Formosa S.A., sobre ejecución de garantía; y los devolvieron; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Calderón Puertas. Por licencia de la señora Juez Supremo Tello Gilardi, integra esta Sala Suprema el señor Juez Supremo Miranda Molina.

SS. DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA. 



[1]           PINKAS FLINT. Derecho empresarial. Casos y materiales para el estudio del Derecho aplicado a la empresa, texto del Curso de Derecho empresarial ESAN, Ed. Studium, 1986, p. 493.

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