Se puede determinar la validez de un contrato de compraventa con su copia simple no siendo imprescindible contar con el original

Fuente: www.gestoriafgm.es

 

CAS. N.º 4117-2014 CUSCO

Emitida el 15 de setiembre del 2015

(Publicada en El Peruano, 28/02/2017)

Juez ponente

 

Señor Juez Supremo Almenara Bryson.

Decisión

Infundado el recurso de casación

Normas aplicables

Artículo 225 del Código Civil

Fundamento jurídico relevante

“[…] la recurrente Engracia Ramírez Gamarra señala que el acto jurídico materia de autos es nulo por falta de manifestación de ella, como cónyuge del transferente, alegación que, por lo demás, se trata de un supuesto de disposición de un bien social celebrado por uno de los cónyuges sin autorización del otro, cuestión que carece de sustento, ya que esta Sala Suprema ha determinado en anterior pronunciamiento, que dicho supuesto se trata de uno de ineficacia del acto jurídico, y no de nulidad”. 

 

CAS. N.º 4117-2014

CUSCO

Lima, quince de setiembre de dos mil quince.

Nulidad de acto jurídico. La carga de la prueba recae sobre quien afirma los hechos materia de la pretensión, si no ha logrado acreditarlo deviene en improbada la pretensión. Art. 196 del CPC.

La SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: con el expediente acompañado; vista la causa número cuatro mil ciento diecisiete – dos mil catorce, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia:

I. ASUNTO

En el presente proceso de nulidad de acto jurídico la demandante Engracia Ramírez Gamarra ha interpuesto recurso de casación mediante escrito obrante a fojas mil cuatrocientos ochenta, contra la resolución de vista de fojas mil cuatrocientos sesenta y ocho, su fecha trece de octubre de dos mil catorce, que confirmó la apelada de fojas mil trescientos noventa y cinco, su fecha diecinueve de noviembre de dos mil trece, que declara infundada la demanda de nulidad de acto jurídico; y fundada en parte la demanda reconvencional sobre declaración de propiedad de las construcciones, e infundada la demanda reconvencional sobre indemnización por daño moral.

II. ANTECEDENTES

1. DEMANDA. El cuatro de marzo de dos mil ocho, mediante escrito obrante a fojas once, Engracia Ramírez Gamarra interpuso demanda; pretendiendo que se declare nulo el acto jurídico y el documento que lo contiene consistente en el Contrato Privado de Compraventa de fecha seis de mayo del dos mil dos (respecto de lote de terreno C-19 de la Asociación Pro Vivienda Cápac Yupanqui, distrito de Wanchaq), suscrita por su difunto cónyuge Edwin Ernesto Mercado Marmanillo, por causal de falta de manifestación de voluntad tanto del otorgante como de la sociedad conyugal, dirigiéndola contra Patricia Trinidad Villagarcía Rodríguez; argumentando que: - Es heredera única y universal de quien en vida fue Edwin Ernesto Mercado Marmanillo, fallecido el nueve de febrero de dos mil seis, con quien contrajo matrimonio civil el veintinueve de enero de mil novecientos noventa, bajo la comunidad de bienes gananciales. Es así que, adquirieron un lote de terreno en la Asociación Pro Vivienda Cápac Yupanqui, de la excooperativa del mismo nombre, aproximadamente en el año mil novecientos ochenta y siete, en el cual construyó un edificio de tres niveles, que a la fecha es ocupado por la demandada. - La demandada se ampara en un Contrato Privado de Compraventa de fecha seis de mayo de dos mil dos, que carece de validez o eficacia legal al haber sido celebrado sin la presencia y asentimiento de la demandante y que cuenta con la firma falsificada y huella digital suplantada de su cónyuge fallecido. Ello se realizó ante Jorge W. Beltrán Cáceres, quien no es, ni fue en esa fecha notario, menos aún tiene facultad legal para dar fe de actos como el contrato cuestionado. - En las cláusulas quinta y tercera del referido contrato se indica que la demandada adquirió el lote de terreno en el cual no existe ninguna edificación, sin embargo, la construcción edificada en el lote antes señalado, data de hace más de diez años.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y RECONVENCIÓN. El quince de mayo de dos mil ocho, mediante escrito obrante a fojas ciento cincuenta, Patricia Trinidad Villagarcía Rodríguez contestó la demanda negándola en todos sus extremos, argumentando que: - La demandada dentro del lote en mención, con su propio peculio ha introducido una construcción de tres pisos en material noble. - La demandante debe acreditar que la demandada ha adquirido dicho lote de terreno de mala fe, a sabiendas de que dicho bien era social, pues Edwin Mercado Marmanillo se presentó como soltero. - La Asociación Pro Vivienda Cápac Yupanqui ha certificado que la única persona que se empadronó como socio originario, fue Edwin Ernesto Mercado Marmanillo, no apareciendo registrada como socia la actora. Además que el fallecido declaró como su estado civil soltero ante la RENIEC, por lo que era imposible para la demandada conocer que el transferente era casado, razones que demuestran que ha actuado de buena fe al celebrar el contrato. - La firma y huella digital que aparece en el contrato privado, corresponde a su titular, es decir a Edwin Ernesto Mercado Marmanillo. - Dolosamente se ha hecho declarar única heredera, a pesar que tuvo varios hijos con el causante, ello con el fin de beneficiarse con bienes que no le corresponden. Respecto a la reconvención, solicita la declaración de propiedad de la construcción de tres pisos de material noble que ha introducido en los cincuenta y seis metros cuadrados del lote de terreno C-19 de la Asociación Pro Vivienda Cápac Yupanqui, distrito de Wanchaq; así como el pago de indemnización por daño moral por la suma de S/. 100,000.00 nuevos soles, por los siguientes fundamentos: - Indica que las construcciones las ha realizado con su propio peculio, contratando varios servicios. Además, que no tiene documento formal que acredite su condición de propietaria de las construcciones, sino solo contratos de obra, recibos de adquisición y otros. - Producto de la interposición de la demanda, su salud se ha deteriorado, psicológicamente se encuentra enferma pues día tras día piensa en ella, y más aún si pretende despojarla del bien que ha construido con mucho esfuerzo.

3. CONTESTACIÓN A LA RECONVENCIÓN. Mediante escrito de fecha dos de julio de dos mil ocho obrante a fojas doscientos treinta y siete, Engracia Ramírez Gamarra contestó la demanda reconvencional, señalando que: - Es cierto que tuvo con el causante tres hijos, pero que por decisión de cada uno de ellos, no participaron en la Declaratoria de Herederos, ya que sus partidas de nacimiento adolecían de errores que ameritaban procesos de rectificación y/o filiación respectivamente. - Es falso que Patricia Trinidad Villagarcía Rodríguez no haya podido conocer que era esposa del causante, pues en los padrones de la asociación figuran sus hijos y ella como conviviente. - Las boletas presentadas para demostrar la compra de materiales de construcción no demuestran que efectivamente hayan sido utilizados en la construcción del inmueble sub litis.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. El diecinueve de noviembre de dos mil trece, mediante resolución número ciento ocho, obrante a fojas mil trescientos noventa y cinco (antes fojas mil doscientos treinta y dos), el Segundo Juzgado Mixto del Módulo Básico de Wanchaq de la Corte Superior de Justicia de Cusco, declaró infundada la demanda de nulidad de acto jurídico, fundada en parte la demanda reconvencional, respecto a la declaración de propiedad de las construcciones, e infundada la demanda reconvencional respecto la indemnización por daño moral; señalando que: - De la revisión de las pruebas admitidas, se tiene que la actora no ha presentado en físico y en calidad de medio probatorio el documento privado de fecha seis de mayo de dos mil dos, sino por el contrario, ha pedido que sea la demandada quien exhiba el documento en referencia, quien tampoco lo ha hecho, señalando que se ha perdido, por tanto, al no tenerse el documento cuya nulidad se formula en físico, no es posible jurídicamente, pronunciarse respecto de las causales de nulidad invocadas en su demanda, y en vista que la copia que obra en autos no ha sido admitida como medio probatorio, no puede ser valorada - Respecto a que la demandante Engracia Ramírez Gamarra no haya prestado su manifestación de voluntad en la celebración del contrato privado del seis de mayo del dos mil dos, no se puede realizar ningún análisis o pericia grafotécnica, al no contar con el contrato original; sin perjuicio de ello, es necesario señalar que como consta del certificado de inscripción en el RENIEC que obra a fojas treinta y cuatro y el Oficio 702-2012 de fojas mil sesenta y cuatro, se tiene que el cónyuge de la demandante declaró como su estado civil soltero, e incluso en el referido oficio se precisa que no se ha ubicado el acta de matrimonio a nombre de Engracia Ramírez Gamarra y Edwin Ernesto Mercado Marmanillo; siendo esto así, no existía la posibilidad de que la parte demandada pueda haberse enterado al momento de la suscripción del documento materia de nulidad que éste era casado. - Se concluye que efectivamente la demandada fue inducida a error, ya que el supuesto notario Jorge Beltrán Cáceres fue sancionado por el Propio INDECOPI, por inducir error a los usuarios, al colocar placa de notario cuando en realidad no tenía tal condición. - Respecto a la demanda reconvencional ha quedado demostrado con el informe pericial que la construcción efectuada en el lote de terreno fue realizada en base a los planos presentados por Patricia Trinidad Villagarcía Rodríguez. Respecto a la pretensión reconvencional de daño moral, no ha podido aportar medio probatorio alguno que demuestre haber sufrido algún perjuicio, el solo dicho no es suficiente para amparar la pretensión.

5. RECURSO DE APELACIÓN. El cuatro de diciembre de dos mil trece, mediante escrito de fojas mil cuatrocientos nueve (antes fojas mil doscientos cuarenta y seis), la demandante Engracia Ramírez Gamarra, apeló la citada sentencia, bajo los siguientes argumentos: - Alega que conforme al artículo 225 del Código Civil, el acto jurídico y el documento constituyen dos elementos distintos de una relación contractual, pudiendo declararse nulo el documento persistiendo el acto jurídico; en la absolución de la demanda y en la demanda reconvencional la parte reconvenida manifestó que el documento existe y obra en su poder como consecuencia de una manifestación de voluntad de vender que tuvo el difunto y el hecho que manifieste que lo extravió responde a una conducta anti procesal cuyo objeto es evitar que se practique la pericia grafotécnica. - La presidenta de la Asociación Pro Vivienda Cápac Yupanqui informa que en el padrón originario aparece como socio fundador y adjudicatario del lote de terreno C-9 el difunto Edwin Ernesto Mercado Marmanillo, quien además registra a sus hijos con la recurrente y a la demandada reconviniente como conviviente, bajo esa lógica resulta incoherente que la demandada no haya podido conocer sobre el estado civil de su esposo. Lo que hizo Patricia Villagarcía es sustituir en el patrón de socios el nombre de su esposo para hacer colocar el suyo y se comprometió a pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias, empero tales actos no le otorgan derecho de propiedad por haberlo hecho de mala fe.

6. RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA. El trece de octubre de dos mil catorce, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco, emitió la resolución de vista de fojas mil cuatrocientos sesenta y ocho (antes fojas mil trescientos cinco), confirmando la sentencia apelada que declaró infundada la demanda, fundada en parte la demanda reconvencional, respecto a la declaración de propiedad e infundada respecto la indemnización por daño moral; bajo los siguientes argumentos: - Conforme sostiene el Juez, el documento materia de nulidad no ha sido ofrecido, admitido ni actuado en autos, por tanto, no existiría en el proceso y no acreditaría lo manifestado por la demandante. - No está en discusión si la actora y Edwin Ernesto Mercado Marmanillo estaban casados, sino que la demandada haya conocido el estado civil del transferente. Siendo ello así, en autos la demandante no ha logrado acreditar que la demandada haya conocido el estado civil de casado de su transferente, no bastando con presentar el acta de matrimonio, pues por el contrario, se concluye que su cónyuge ahora difunto se habría identificado como soltero, más aún cuando en su Documento Nacional de Identidad figuraba como tal. - Corrobora lo expuesto la información brindada por la Asociación Pro Vivienda Capac Yupanqui mediante oficio de fojas ochocientos treinta y uno, de donde se desprende que la demandada pasó a ser socia de la referida asociación por transferencia realizada por Edwin Mercado Marmanillo, quien en el registro de padrón de socios de fojas ochocientos veintisiete, consignó como su “conviviente” – más no como su esposa – a la demandante. Por lo que se concluye que la demandada no conoció del estado de casado de su transferente, más sí pudo conocer que era conviviente con la demandante. - En lo que respecta a la pretensión reconvencional amparada de declaración de propiedad sobre construcciones (fábrica), se advierte que lo expuesto por el Juez resulta siendo correcto, en vista que conforme a la pericia practicada sobre lo edificado de fojas novecientos cuarenta y ocho, se ha concluido que el plano presentado por la demandada coincide con lo realmente ejecutado o construido en el lote de terreno C-19 de la Asociación Pro Vivienda Capac Yupanqui, incluso hasta en un noventa y cinco por ciento, no habiendo acreditado la demandante los argumentos expuestos respecto a que los recibos y facturas de materiales de construcción no hayan sido utilizados en la construcción del inmueble.

III. RECURSO DE CASACIÓN

El treinta de octubre de dos mil catorce, la demandante Engracia Ramírez Gamarra, mediante escrito de fojas mil cuatrocientos ochenta, interpuso recurso de casación contra la resolución de vista. Dicho medio impugnatorio ha sido declarado procedente por este Supremo Tribunal mediante resolución de fecha veintiocho de enero de dos mil quince, por las siguientes causales: A) Inaplicación del artículo 234 del Código Procesal Civil. Sustentado en que la sentencia de vista concluye que el Juez de primera instancias emitió una sentencia correcta al determinar que no es posible declarar la nulidad de un acto jurídico y del documento que lo contiene, si éste no obra en físico en el expediente, incurriendo en inaplicación del dispositivo legal anotado, el mismo que considera que constituye medio probatorio una copia del documento original; así como tampoco se ha tenido en cuenta que la demandada Patricia Villagarcía Rodríguez en su declaración de parte no ha negado la existencia de dicho documento, por el contrario, ha afirmado que ese documento existe y es el que suscribió aparentemente con su difunto cónyuge de la recurrente; situaciones que hacen ver que por declaración asimilada de la referida justiciable, el acto jurídico existe y en el expediente obra copia del mismo. B) Infracción normativa de los artículos 121 y 197 del Código Procesal Civil. Alega que se transgrede el principio contenido en los mencionados dispositivos legales respecto a la adecuada motivación de la resolución y a la apreciación conjunta de los medios probatorios, porque a fojas doscientos trece del expediente obra el Informe del Colegio de Ingenieros de Cusco respecto a la inhabilitación del Ingeniero Percy Bustinza, quien habría elaborado los planos que según la Sala Superior es compatible con un noventa y cinco por ciento con la edificación existente en el predio sub litis, posición ingenua e incoherente, porque los planos pueden ser elaborados antes y después de la ejecución de la obra, no constituyendo el raciocinio del Juez de Primera Instancia, una adecuada valoración probatoria. Asimismo, en el expediente obran una serie de recibos de gastos en materiales de construcción que según el Juez de Primera Instancia, pertenecen a la edificación, no obstante el hecho de que hayan sido admitidos y actuados como tales, no los relacionan con el hecho de que tales comprobantes de pago, correspondan a la edificación que la demandada se atribuye. Agrega que la demandada fue informada y/o inscrita como conviviente del difunto Edwin Mercado Marmanillo, conjuntamente con los hijos del primero que no son de esta última, demostrando la relación que ambos mantenían como pareja (concubinato impropio). C) Infracción normativa de los artículos 429 y 374 del Código Procesal Civil. Refiere que en segunda instancia y mediante el escrito de fojas mil trescientos, su parte ofreció un medio probatorio extemporáneo, consistente en la copia certificada del contrato de compraventa del seis de marzo del dos mil dos, sin embargo, al emitir la Resolución número ciento dieciséis, no ha contemplado lo establecido en los dispositivos legales invocados, consiguientemente existe una omisión que atenta contra el debido proceso.

IV. CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE

En el presente caso, la cuestión jurídica en debate consiste en determinar si la Sala Superior ha incurrido en error al determinar que no se puede declarar la nulidad del acto jurídico de compraventa del seis de mayo de dos mil dos, porque no obra en autos el original del contrato. Asimismo, si ha incurrido en error al declarar la propiedad de la construcción a favor de la demandada.

V. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA

PRIMERO. Que, el recurso de casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme lo señala el artículo 384 del Código Procesal Civil.

SEGUNDO. Que, la infracción procesal se configura cuando en el desarrollo del proceso, no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva, el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales.

TERCERO. Que, las infracciones normativas denunciadas, esto es los artículos 121, 197, 234, 374 y 429 del Código Procesal Civil, están destinadas a otorgar validez a la copia del contrato materia de nulidad.

CUARTO. Que, en principio debe tenerse en cuenta que, según el artículo 233 del Código Procesal Civil, señala que documento es todo escrito u objeto que sirve para acreditar un hecho. Así pues, éstos pueden ser de distintos tipos, privados, públicos, impresos, fotocopias, facsímil, planos, cuadros, dibujos, fotografías, radiografías, etc. siempre que expresen una manifestación de la actividad humana, de conformidad con el artículo 234 del mismo Código.

QUINTO. Que, asimismo, es importante resaltar que es diferente el acto con el documento que sirve para probarlo, pues puede subsistir el acto aunque el documento sea declarado nulo, de conformidad con el artículo 225 del Código Civil, de modo tal que el acto se puede probar con otros medios.

SEXTO. Que, ahora bien, tratándose de un contrato de compraventa, el Código Civil no recoge ninguna formalidad que deba ser cumplida bajo sanción de nulidad para su validez, por tanto, éste se puede perfeccionar incluso con el solo consentimiento de las partes. En consecuencia, no resulta lógico que se exija la presentación del original del contrato materia de nulidad, más aún si obra en autos copia simple de éste a fojas cinco, y si bien se ha solicitado la exhibición del original, ello no es determinante.

SÉTIMO. Que, incluso, tanto la demandante como la demandada no han negado la existencia del contrato compraventa del seis de mayo de dos mil dos, como se advierte de los antecedentes de la presente resolución.

OCTAVO. Que, sin embargo, la carga de la prueba recae sobre quien afirma los hechos materia de la pretensión, de conformidad con el artículo 196 del Código Procesal Civil. Siendo ello así, la demandante Engracia Ramírez Gamarra no ha logrado acreditar la falsedad del Contrato Privado de compraventa del seis de mayo de dos mil dos, por tanto, hay improbanza de la pretensión, manteniendo su validez el mencionado contrato celebrado entre Edwin Ernesto Mercado Marmanillo y Patricia Trinidad Villagarcía Rodríguez.

NOVENO. Que, por otro lado, la recurrente trata de restarle mérito probatorio al Informe Pericial obrante a fojas novecientos cuarenta y ocho, que ha servido de fundamento a las instancias de mérito para declarar a la demandada Patricia Trinidad Villagarcía Rodríguez como propietaria de la construcción de material noble, de tres pisos, edificada sobre el lote de terreno C-19 de la Asociación Pro Vivienda Cápac Yupanqui, del distrito de Wanchaq, provincia y departamento de Cusco. Sin embargo, ello está referido a una revaloración de los medios probatorios aportados al proceso y que han sido debatidos oportunamente, lo cual no es posible en sede casatoria. Por lo tanto, dicho extremo deviene en infundado.

DÉCIMO. Que, por último, la recurrente Engracia Ramírez Gamarra señala que el acto jurídico materia de autos es nulo por falta de manifestación de ella, como cónyuge del transferente, alegación que, por lo demás, se trata de un supuesto de disposición de un bien social celebrado por uno de los cónyuges sin autorización del otro, cuestión que carece de sustento, ya que esta Sala Suprema ha determinado en anterior pronunciamiento, que dicho supuesto se trata de uno de ineficacia del acto jurídico, y no de nulidad.

UNDÉCIMO. Que, en consecuencia, este Supremo Tribunal estima que el recurso de casación merece ser desestimado por las causales invocadas.

 

V. DECISIÓN

Por estas consideraciones y en estricta aplicación del artículo 397 del Código Procesal Civil, declararon: a) INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Engracia Ramírez Gamarra a fojas mil cuatrocientos ochenta; en consecuencia: NO CASAR la resolución de vista de fojas mil cuatrocientos sesenta y ocho, su fecha trece de octubre de dos mil catorce. b) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Engracia Ramírez Gamarra Patricia Trinidad Villagarcía Rodríguez, sobre nulidad de acto jurídico; y, los devolvieron. Intervino como ponente el Juez Supremo Señor Almenara Bryson.

SS. WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

El Relator de la Sala que suscribe certifica: Que el señor Juez Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, según consta en la tablilla y registro correspondiente, por cuanto presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo que le imposibilita la suscripción.

C-1485495-8

 

Boletines anteriores

Publicidad