Si no se cuenta con la declaración judicial de unión de hecho no se puede alegar que esta se configura como un título posesorio

Fuente: calgarycounsellors.com


CAS. N.º 666-2016 Loreto

Emitida el 16 de noviembre del 2016

(Publicada en El Peruano, 03-10-17)

Juez ponente

Señora Jueza suprema Romero Díaz  

Normas aplicables

Infundado

Normas aplicables

Artículo 911 del Código Civil

Fundamento jurídico relevante

En el presente caso, los demandantes pretenden que la demandada desocupe el inmueble ubicado en la Calle Jorge Chávez número 1054 - Morona Cocha, antes Manzana “K”, Lote 26, Etapa I - Morona Cocha, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto, acreditando los demandantes su derecho de propiedad con el Testimonio de Escritura Pública de fecha tres de mayo de dos mil trece (folios 02), el mismo que se encuentra debidamente inscrito en la Partida número P12011178 de los Registros Públicos, Zona Registral N.º IV - Sede Iquitos, Asiento 00009 (folios 11), sin embargo, la demandada no ha presentado documentación alguna que legitime su posesión, limitándose a manifestar que era conviviente del vendedor Luis Alberto Mendoza Ruíz, lo cual no legitima su posesión, ya que no ha presentado la declaración de unión de hecho respectiva, más aún cuando del Asiento 00006 de la Partida número P12011178 de los Registros Públicos, Zona Registral número IV  Sede Iquitos (folios 43), el único propietario del bien materia de desalojo era el mencionado señor Luis Alberto Mendoza Ruíz, por lo tanto, la infracción denunciada también merece ser desestimada.

 

CAS. N.° 666-2016

LORETO

DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA.

SUMILLA. Cuando se hace alusión a la carencia de título o al fenecimiento del mismo, no se está refiriendo al documento que haga alusión exclusiva al título de propiedad, sino a cualquier acto jurídico que le autorice a la parte demandada a ejercer la posesión del bien, puesto que el derecho en disputa no será la propiedad sino el derecho a poseer.

Lima, dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis.

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: vista la causa número seiscientos sesenta y seis - dos mil dieciséis; luego de verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia.

I. RECURSO DE CASACION

Se trata del recurso de casación interpuesto por Norma Luz Montalván Moreno (folios 242) contra la sentencia de vista contenida en la Resolución número diecisiete, de fecha veinticinco de mayo de dos mil quince (folios 224) expedida por la Sala Civil - Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Loreto la cual confirmó la sentencia de primera instancia contenida en la Resolución número doce de fecha dieciséis de julio de dos mil catorce (folios 198) que declaró fundada la demanda; en consecuencia ordenó que la demandada Norma Luz Montalván Moreno, cumpla con desocupar el inmueble en el plazo de seis días, bajo apercibimiento de lanzamiento. Con costas y costos del proceso.

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Esta Sala Suprema mediante resolución de fecha veintiuno de abril de dos mil dieciséis (folios 24 del cuadernillo de casación), ha estimado procedente el recurso por las causales de:

i) Infracción normativa procesal de los artículos 196 y 197 del Código Procesal Civil; sosteniendo que: a) No obstante haberse aportado material probatorio que acredita la posesión ejercida por la recurrente, los órganos de mérito no los han valorado ni ponderado, medios probatorios con los que se reconoce su condición de conviviente del anterior propietario y que no fueron objeto de tacha; y, b) La Sala Superior debió circunscribir su labor en la determinación de si la recurrente tiene o no legitimidad para poseer el predio sujeto a materia, verificando la circunstancia y/o hecho que le permita hacer uso y disfrute del bien y así revocar la recurrida y declarar infundada la demandada incoada; y,

ii) Infracción normativa material del artículo 911 del Código Civil; afirmándose que, la Sala no ha considerado que la recurrente cuenta con justo título para ejercer la posesión plena sobre el predio materia de litis, a la luz de lo que desarrollo el IV Pleno Casatorio Civil, sobre la circunstancia o hecho que justifique el derecho a poseer, como es el estado de convivencia que mantuvo con el titular del inmueble y que la adquisición en común del mismo bien durante la convivencia fue posible con el dinero obtenido por la venta de un inmueble adquirido por ambos convivientes, conforme consta del contrato presentado.

III. CONSIDERANDO

PRIMERO. Previamente a la absolución de las infracciones normativas procesales declaradas procedentes, es pertinente realizar las siguientes precisiones respecto del iter procesal: Jorge Enrique Del Águila Macedo interpone demanda de desalojo por ocupación precaria (folios 27 subsanada a folios 54) contra Norma Luz Montalván Moreno, a fi n de que cumpla con restituir su propiedad ubicada en la Calle Jorge Chávez número 1054 - Morona Cocha, antes Manzana “K”, Lote 26, Etapa I. Pueblo Joven Morona Cocha, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto, inscrito con el Código de Predio número P12011178 del Registro de Propiedad Inmueble de Loreto. Sostiene como fundamentos fácticos de su demanda lo siguiente: a) Es propietario del inmueble mencionado al haberlo adquirido de su anterior propietario Luís Alberto Mendoza Ruiz, por Escritura Pública de Compraventa de fecha tres de mayo de dos mil trece; y b) El vendedor declaró que habitaba en el predio materia de litis y que no pesaba gravamen (hipoteca) o medidas judiciales ni extrajudiciales que en forma alguna limiten o restrinjan su dominio y libre disposición, sin embargo al pretender tomar posesión del bien, se da con la sorpresa que venía siendo ocupado por Norma Luz Montalván Moreno, quien es su conviviente, junto con sus hijos John, Pierre Junior y Kathicsa Naydu Mendoza Montalván, quien pese a sus reclamos se niegan a desocupar el bien, presuntamente en complicidad con el vendedor, quien desapareció luego de haber recibido la suma de treinta y cinco mil soles (S/.35,000.00).

SEGUNDO. Admitida a trámite la demanda, mediante Resolución número dos de fecha treinta de octubre de dos mil trece (folios 55) y luego de haberse corrido traslado de la misma, la demandada Norma Luz Montalván Moreno contesta la misma (folios 110) contradiciéndola en todos sus extremos, solicitando que la misma en su oportunidad sea declarada infundada y/o improcedente, con expresa condena de costos y costas procesales, manifestando lo siguiente: a) Cuenta con legitima posesión al haber adquirido el derecho producto de la convivencia que tuvo con Luís Alberto Mendoza Ruiz (padre de sus hijos), más aún cuando ha interpuesto demanda de Prescripción Adquisitiva de Dominio en razón al ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad adquirida por derecho de convivencia; b) Nunca fue notificada a conciliación alguna, más bien lo que sí se le notifica es sobre un proceso (Expediente número 00537-2013-0-1903-JR-CI-01/SALA CIVIL) similar o igual al que se ventila en este expediente; c) Tiene derechos adquiridos sobre el predio por haber convivido con Luis Alberto Mendoza Ruíz por más de dos años, es decir desde mil novecientos ochenta y cuatro hasta el ocho de octubre de dos mil doce y haber contribuido a las mejoras sobre dicho inmueble, por lo que no tiene la calidad de precaria al haber adquirido por tradición de su ex conviviente Luís Alberto Mendoza Ruiz; si bien el predio materia de litis fue adquirido por su ex conviviente mediante contrato privado de compraventa de fecha veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y ocho, denotando que el predio en discusión se adquirió dentro de la relación convivencial mencionada, por lo tanto dicho inmueble está considerado como bien social o parte de la sociedad de gananciales; d) Los enajenantes han adquirido el bien, sabiendo perfectamente que le pertenecía a la recurrente, por lo que en este caso se ha vendido como propio lo que es ajeno, por lo tanto el acto no es válido ni eficaz, puesto que nadie puede transferir mayor derecho del que realmente tiene.

TERCERO. Con fecha dieciséis de julio de dos mil catorce, el Segundo Juzgado Especializado Civil de Maynas de la Corte Superior de Justicia de Loreto, mediante la Resolución número doce (folios 198), declaró fundada la demanda y ordena que la demandada Norma Luz Montalván Moreno, cumpla con desocupar el inmueble en el plazo de seis días, bajo apercibimiento de lanzamiento, sustentando su decisión en lo siguiente: i) De la Partida Registral número P12011178, se acredita que el propietario del inmueble sub litis es el accionante, documento contra la cual no se ha interpuesto tacha y/o cuestionamiento alguno, por lo que su valor probatorio se mantiene; y, ii) La demandada no cuenta con documento alguno que justifique la posesión del inmueble materia de litis, siendo que lo expuesto en su escrito de contestación de demanda son hechos, que si bien alega una usucapión esto debe hacerlo valer en el proceso judicial correspondiente y respecto al Expediente número 5237-2013 seguido entre las mismas partes y la misma materia (Desalojo por Ocupación Precaria) tramitado ante el Primer Juzgado Civil de Maynas, es de señalar que fue declarado improcedente por Resolución número uno, de fecha doce de junio de dos mil trece, la misma que fue confirmada por la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de Loreto, mediante la Resolución de vista de fecha veintinueve de enero de dos mil catorce, por lo que este fundamento debe desestimarse.

CUARTO. Mediante recurso impugnatorio la demandada Norma Luz Montalván Moreno (folios 204), interpone recurso de apelación sustentándolo en lo siguiente: i) El A-quo ha omitido valorar que la recurrente fue conviviente de la persona que transfirió el inmueble al accionante, extremo que no se ha pronunciado en la sentencia emitida, de donde se deriva su derecho a poseer; y ii) La afectación del agravio realizado por el A-quo es de naturaleza personal, ya que se pretende se restituya una propiedad sobre el cual le asiste el derecho a sostener y defender su posesión. Mucho más que el ejercicio que detenta sobre el predio es legítimo, y derivado de un hecho legal (condición de conviviente).

QUINTO. La Sala Civil —Sede Central— de la Corte Superior de Justicia de Loreto, mediante la Resolución número diecisiete, de fecha veinticinco de mayo de dos mil quince (fojas 224) confirmó la sentencia de primer instancia la cual declaró fundada la demanda, entre sus fundamentos señala: i) La Partida número P12011178 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral número IV - Sede Iquitos (fojas 36), acredita que los demandantes Jorge Enrique Del Águila Macedo y Lilia Cachique de Del Águila, son propietarios del inmueble ubicado en Pueblo Joven Morona Cocha, Manzana “K”, Lote 26 – Etapa I (Calle Jorge Chávez número 1054) del Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto, en virtud de haberlo adquirido mediante contrato de compraventa, celebrado el tres de mayo de dos mil trece, por la suma de treinta y cinco mil soles (S/.35,000.00), según consta en el Asiento 00009; y, ii) La apelante manifiesta que posee el inmueble en condición de conviviente del señor Luis Alberto Mendoza Ruíz, quien vendió el inmueble a los demandantes, sin embargo, no ha probado su dicho y no ha adjuntado documento que acredite que tiene algún derecho sobre el inmueble y por otro lado, ni siquiera ha tramitado un proceso de declaración de unión de hecho, por lo que al no tener título que justifique su posesión, deviene en ocupante precaria a que hace referencia el artículo 911 del Código Civil.

SEXTO. En relación a la primera causal de infracción normativa de carácter procesal denunciada, la cual está referida a la violación de las reglas relativas a la actividad probatoria, prevista en los artículos 196 y 197 del Código Procesal Civil[1], cabe señalar que, si bien es cierto, en la sentencia de vista no se hace mención expresa de los medios probatorios adjuntados por el recurrente en su escrito de contestación de demanda, consistentes en la copia legalizada del contrato de compraventa de fecha veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y ocho y la copia de la formalización y continuación de investigación preparatoria obrantes a folios 76 y 93 respectivamente, mediante las cuales pretende acreditar su convivencia con Luis Alberto Mendoza Ruíz, quien vendió el inmueble a los demandantes, sin embargo, este Supremo Tribunal considera, que dichas prueba no tienen mayor incidencia en la decisión de fondo, por cuanto, como lo ha mencionado la Sala Superior, la demandada no ha acreditado contar con una declaración de unión de hecho que así lo establezca, ni tampoco con otro medio probatorio que legitime su posesión, por lo tanto, la causal alegada merece ser desestimada.

SÉTIMO. Por otro lado, en cuanto a la infracción normativa de carácter material denunciada, resulta necesario referirse a la sentencia dictada en el IV Pleno Casatorio Civil de fecha trece de agosto del año dos mil doce, recaída en la Casación número 2195-2011/Ucayali, en el proceso sobre desalojo por ocupación precaria, donde las Salas Civiles de la Corte Suprema de Justicia de la República, han establecido siete reglas que constituyen precedente judicial vinculante sobre la materia, interpretando los alcances del artículo 911 del Código Civil[2], respecto a la categoría de ocupante precario; siendo que, en la citada casación se estableció como doctrina jurisprudencial, lo siguiente: “[...] 2. Cuando se hace alusión a la carencia de título o al fenecimiento del mismo, no se está refiriendo al documento que haga alusión exclusiva al título de propiedad, sino a cualquier acto jurídico que le autorice a la parte demandada a ejercer la posesión del bien, puesto que el derecho en disputa no será la propiedad sino el derecho a poseer”. En el presente caso, los demandantes pretenden que la demandada desocupe el inmueble ubicado en la Calle Jorge Chávez número 1054 - Morona Cocha, antes Manzana “K”, Lote 26, Etapa I - Morona Cocha, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto, acreditando los demandantes su derecho de propiedad con el Testimonio de Escritura Pública de fecha tres de mayo de dos mil trece (folios 02), el mismo que se encuentra debidamente inscrito en la Partida número P12011178 de los Registros Públicos, Zona Registral N.º IV - Sede Iquitos, Asiento 00009 (folios 11), sin embargo, la demandada no ha presentado documentación alguna que legitime su posesión, limitándose a manifestar que era conviviente del vendedor Luis Alberto Mendoza Ruíz, lo cual no legitima su posesión, ya que no ha presentado la declaración de unión de hecho respectiva, más aún cuando del Asiento 00006 de la Partida número P12011178 de los Registros Públicos, Zona Registral número IV  Sede Iquitos (folios 43), el único propietario del bien materia de desalojo era el mencionado señor Luis Alberto Mendoza Ruíz, por lo tanto, la infracción denunciada también merece ser desestimada.

IV. DECISIÓN

Por tales consideraciones y en aplicación de lo dispuesto por el artículo 397 del Código Procesal Civil: 4.1. Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandada Norma Luz Montalván Moreno (folios 242); en consecuencia NO CASARON la sentencia de vista contenida en la Resolución número diecisiete, de fecha veinticinco de mayo de dos mil quince (folios 224) expedida por la Sala Civil - Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Loreto. 4.2. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Jorge Enrique Del Águila Macedo y otra, contra Norma Luz Montalván Moreno, sobre Desalojo por Ocupación Precaria; y los devolvieron. Integra esta Sala el Juez Supremo Señor De La Barra Barrera por licencia de la Jueza Suprema Señora Cabello Matamala. Ponente Señor Romero Díaz, Juez Supremo.

SS. MENDOZA RAMÍREZ, ROMERO DÍAZ, MIRANDA MOLINA, YAYA ZUMAETA, DE LA BARRA BARRERA.



[1] Artículo 196.  Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos. Artículo 197.  Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión.

[2] Artículo 911. La posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido.

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