No es exigible consignar el número de Registro Único de Contribuyente (RUC) en pagare emitido por persona natural

Fuente: http://www.ficomsa.com/

Casación N.º 11 - 2016 Ica

 

Emitida el 26 de mayo del 2016

(Publicada en El Peruano, 30.11.16, p. 85619)



Proceso                      :           Obligación de dar suma de dinero

Juez Ponente              :           Juez Supremo Rodríguez Chávez

Decisión                      :           Fundado

Normas aplicables       :           158.1.g de la Ley N.º 27287, Ley de Títulos Valores

 

Fundamentos jurídicos relevantes

 

 "[…] el pagaré viene a ser un título valor que contiene una promesa de pago de una cantidad, por una persona a favor de otra determinada; asimismo, de conformidad con la norma en mención, constituye un elemento personal del pagaré, el nombre, el número del documento oficial de identidad y la firma del emitente; debiendo precisarse que el emisor o emitente, viene a ser la persona o entidad obligada a pagarlo a su vencimiento, es decir, el deudor".

"Del pagaré puesto a cobro, que corre a fojas diecinueve, se aprecia que en el referido documento, se consignan los datos de los emitentes, que vienen a ser los demandados, Fortunato Matamoros Contreras y Carmen Quispe Machuca, el número de documento nacional de identidad de cada uno y su dirección, quienes además firman en señal de conformidad".

"En ese sentido, se aprecia que el título valor en mención cumple con el requisito exigido en el artículo 158 numeral 1 literal g) de la Ley N.º 27287, Ley de Títulos Valores, en consecuencia, la Sala revisora incurrió en infracción de la citada norma, al considerar que en el pagaré puesto a cobro no se habría cumplido con consignar la razón social de la persona jurídica que la emite, el número de Registro Único de Contribuyente, y el nombre e identificación de sus representantes, cuando los emitentes son personas naturales y como tales han señalado sus datos y firmas correspondientes […]".

 

 

 

Casación N.º 11 - 2016 Ica

 

 Obligación de Dar Suma de Dinero. Requisitos del pagaré. La Sala revisora incurrió en infracción del artículo 158 numeral 1 literal g) de la Ley N.º 27287, Ley de Títulos Valores, al considerar que en el pagaré puesto a cobro no se ha cumplido con consignar la razón social de la persona jurídica que la emite, el número de registro único de contribuyente, y el nombre e identificación de sus representantes, cuando los emitentes son personas naturales y como tales han señalado sus datos (nombres, números de documento nacional de identidad y dirección) y firmas correspondientes. Base Legal: Artículo 158 numeral 1 literal g) de la Ley N.º 27287, Ley de Títulos Valores.

Lima, veintiséis de mayo de dos mil dieciséis.

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número once – dos mil dieciséis, en audiencia pública realizada en la fecha y producida la votación correspondiente, emite la siguiente sentencia:

I. Materia del recurso

En el presente proceso de obligación de dar suma dinero, la parte demandante Scotiabank Perú Sociedad Anónima Abierta, ha interpuesto recurso de casación mediante escrito de fecha dieciséis de noviembre de dos mil quince, obrante a fojas ochenta y nueve, contra la resolución de vista de fecha veinte de octubre de dos mil quince, obrante a fojas ochenta y uno, que revoca la resolución apelada, y reformándola declara improcedente la demanda.

II. Antecedentes

1. Demanda. Según escrito de fojas doce, subsanado a fojas treinta y uno, Scotiabank Perú Sociedad Anónima Abierta, interpuso demanda de obligación de dar suma de dinero contra Fortunato Matamoros Contreras y Carmen Quispe Machuca, con la finalidad de que los demandados cumplan con pagar la suma de cuarenta y tres mil catorce con 47/100 nuevos soles (S/. 43,014.47) monto que se encuentra representado en el título valor que se adjunta a la demanda, más intereses compensatorios y moratorios pactados. Señala que como consecuencia de las relaciones financieras sostenidas con la entidad, la parte demandada emitió a su favor un pagaré, de fecha veinticinco de junio de dos mil catorce, por la suma de cuarenta y tres mil catorce con 47/100 nuevo soles (S/. 43,014.47), siendo su fecha de vencimiento el veintidós de setiembre de dos mil catorce, el cual ha sido debidamente protestado.

2. Contradicción. Mediante escrito de fojas cuarenta y siete, Fortunato Matamoros Contreras formula contradicción, alegando que se adjunta un pagaré por el importe de cuarenta y tres mil catorce con 47/100 nuevo soles (S/. 43,014.47), con fecha veintidós de setiembre de dos mil catorce, suscrito dicho documento con fecha veinticinco de junio de dos mil catorce; sin embargo, al reverso de la cambial no aparece suscrito el nombre y firma de la entidad. Aunado a ello, y teniendo en cuenta que la presente acción se trata de una persona jurídica, es exigible se consigne el nombre, el Registro Único de Contribuyente (RUC), el domicilio y el nombre del representante que interviene en el titulo valor.

3. Sentencia de primera instancia

Luego del trámite procesal correspondiente, el señor Juez del Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, mediante resolución de fecha ocho de julio de dos mil quince, obrante a fojas cincuenta y seis, emitió sentencia declarando infundada la contradicción y fundada la demanda, tras considerar que la nulidad formal del título ejecutivo está relacionado a defectos de forma. Al invocar esta causal se desprende que el ejecutado acepta tácitamente que si se ha emitido un título valor, sólo que este título ha sido completado en forma contraria a lo acordado, sin embargo, no adjunta medio probatorio alguno que acredite tal hecho; muy por el contrario queda acreditada la obligación tal como consta en el titulo valor de fojas diecinueve, más aun que el argumento de su contradicción no tiene relación propiamente con la nulidad formal de un título. En consecuencia, concluye que el pagaré contiene todos los requisitos contemplados en el artículo 158 de la Ley de Títulos Valores, para exigir su ejecución, por lo que deviene en infundada la contradicción planteada por el ejecutado.

4. Sentencia de segunda instancia

La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Ica, mediante resolución de fecha veinte de octubre de dos mil quince, obrante a fojas ochenta y uno, revoca la apelada y reformándola declara improcedente la demanda, argumentando que el pagaré fue emitido el veinticinco de junio de dos mil catorce, esto es, durante la vigencia la Ley de Títulos Valores, Ley N.º 27287, por lo que, no reúne el requisito previsto en el literal g) del artículo 158 de la Ley de Títulos Valores; por cuanto en el rubro emitentes, se ha obviado consignar la razón social de la persona jurídica que la emite, el número de Registro Único de Contribuyente, y el nombre e identificación de sus representantes.

III. Recurso de casación

 Contra la mencionada sentencia de vista emitida por la Sala Superior, la parte demandante interpone recurso de casación, el cual fue declarado procedente por este Supremo Tribunal, mediante resolución de fecha quince de abril de dos mil dieciséis, por las causales de: i) Infracción normativa del artículo 139 numerales 3 y 5 de la Constitución Política del Estado; y ii) Infracción normativa del artículo 158 numeral 1 literal g) de la Ley de Títulos Valores - Ley N.º 27287.

IV. Materia jurídica en debate

La materia jurídica en discusión se centra en determinar si el pagaré puesto a cobro cumple con los requisitos formales exigidos por Ley para gozar de mérito ejecutivo.

V. Fundamentos de esta sala suprema

Primero. Corresponde mencionar, de manera preliminar, que la función nomofiláctica del recurso de casación garantiza que los Tribunales Supremos sean los encargados de salvaguardar el respeto del órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así cualquier tipo de afectación a normas jurídicas materiales y procesales, procurando, conforme menciona el artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N.º 29364, la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto.

Segundo. Según se advierte del auto calificatorio de fecha quince de abril de dos mil dieciséis, este Supremo Tribunal ha declarado procedente el recurso interpuesto por diversas causales, las cuales deben ser analizadas de acuerdo a su naturaleza; y ante la concurrencia de infracciones normativas de orden procesal y material, por estricto orden lógico, corresponde emitir pronunciamiento, en primer término, respecto a las primeras, toda vez que, de advertirse la existencia de algún defecto de orden procesal, el reenvío tendrá efectos subsanatorios, por tanto, no será posible emitir pronunciamiento respecto a las infracciones normativas de orden material denunciadas. En caso se desestimen las infracciones normativas procesales, se procederá a emitir pronunciamiento respecto a las infracciones normativas materiales. En dicho supuesto, este Supremo Tribunal se encontrará legalmente facultado para realizar un análisis respecto a la pretensión postulada y a los juicios de valor emitidos, tanto por el a quo como por el ad quem en cuanto al fondo de la materia controvertida, sin desconocer los fines del recurso de casación ni los fundamentos de tal recurso extraordinario.

Tercero. En primer término, se denuncia infracción normativa procesal al artículo 139 numerales 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, que prescribe: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. [...] 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan [...]”

Cuarto. Al respecto, debemos precisar que el debido proceso es un derecho complejo, conformado por un conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad y los derechos de los individuos sucumban ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o procedimiento, o se vean afectados por cualquier sujeto de derecho —incluyendo el Estado— que pretenda hacer uso abusivo de éstos. Como señala la doctrina procesal y constitucional, “por su naturaleza misma, se trata de un derecho muy complejamente estructurado, que a la vez está conformado por un numeroso grupo de pequeños derechos que constituyen sus componentes o elementos integradores, y que se refieren a las estructuras, características del Tribunal o instancias de decisión, al procedimiento que debe seguirse y a sus principios orientadores, y a las garantías con que debe contar la defensa”1

Quinto. En ese contexto, la vulneración del debido proceso se configura entre otros supuestos, en los casos en los que en el desarrollo del proceso, no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento o si la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o se deja de motivar las decisiones o se realiza en forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los estadios superlativos del procedimiento.

Sexto. Es necesario destacar que el principio denominado de los fallos judiciales, constituye un valor jurídico que rebasa el interés de los justiciables por cuanto se fundamenta en principios de orden jurídico, pues la declaración del derecho en un caso concreto, es una facultad del juzgador que por imperio del artículo 138 de la Constitución Política del Estado, impone una exigencia social de que la comunidad sienta como un valor jurídico, denominado, fundamentación o motivación de la sentencia; el mismo que se encuentra consagrado en el artículo 139 numeral 5 de la Constitución Política del Estado concordante con el numeral 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil.

Sétimo. A su vez, la vulneración del principio de motivación de los fallos judiciales tiene dos manifestaciones: 1) la falta de motivación y 2) la defectuosa motivación, la cual a su vez se divide en tres agravios procesales: a) motivación aparente; b) motivación insuficiente; y, c) motivación defectuosa en ese sentido estricto; en ese orden de ideas y coincidiendo con la doctrina, la motivación aparente se da cuando la decisión se basa en pruebas no actuadas o en hechos no ocurridos; la motivación insuficiente, que se presenta cuando vulnera el principio de la razón suficiente y la motivación defectuosa propiamente dicha, se presenta cuando el razonamiento del juez viola los principios lógicos y las reglas de la experiencia.

Octavo. En cuanto a esta causal, la parte recurrente señala que la Sala Superior ha resuelto la litis de manera errónea al considerar que el emitente del pagaré puesto a cobro es una persona jurídica, cuando lo correcto es que se trata de dos personas naturales, tal como se verifica en el titulo valor, motivo por el cual se advierte una vulneración al derecho a la motivación y al debido proceso.

Noveno. Ahora, si bien se ha declarado la procedencia del recurso de casación por la causal procesal citada; no obstante, se aprecia de autos que la Sala Superior ha empleado en forma suficiente los fundamentos que le han servido de base para revocar la sentencia apelada y declarar improcedente la demanda, observando, cautelando y respetando el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales; esto último, por cuanto la sentencia de vista, cumple con exponer las razones fácticas y jurídicas que determinaron su decisión final, ello acorde a una valoración razonada de los medios probatorios presentados; constatándose que los fundamentos de hecho y de derecho son coherentes y congruentes; por ello, la causal de infracción de las normas anotadas, deviene en infundada. Máxime, si los argumentos que sustentan tal causal, guardan relación directa con fundamentos expuestos por la instancia revisora, y que le han servido de base para adoptar una posición, los cuales no pueden analizarse a través de una causal in procedendo, sino a través del análisis de la causal material.

Décimo. En cuanto a la causal material, se denuncia infracción del artículo 158 numeral 1 literal g) de la Ley de Títulos Valores – Ley N.º 27287, que establece: “El pagaré debe contener: El nombre, el número del documento oficial de identidad y la firma del emitente, quien tiene la calidad de obligado principal”.

Undécimo. La parte recurrente sustenta la referida causal señalando que la citada norma no precisa que el pagaré deba ser emitido necesariamente por una persona jurídica a través de su representante, consignando su nombre y documento oficial de identidad, y que se señale el número de Registro Único de Contribuyente (RUC), pues, el emitente u obligado puede ser una persona natural o jurídica, como ocurre en el caso de autos, en el que los obligados son una sociedad conyugal, quienes han cumplido con indicar sus nombres, documento de identidad y firma, por tanto, la cambial cumple con los requisitos legales para su ejecución.

Duodécimo. Sobre ello, debemos señalar que el pagaré viene a ser un título valor que contiene una promesa de pago de una cantidad, por una persona a favor de otra determinada; asimismo, de conformidad con la norma en mención, constituye un elemento personal del pagaré, el nombre, el número del documento oficial de identidad y la firma del emitente; debiendo precisarse que el emisor o emitente, viene a ser la persona o entidad obligada a pagarlo a su vencimiento, es decir, el deudor.

Décimo tercero. Del pagaré puesto a cobro, que corre a fojas diecinueve, se aprecia que en el referido documento, se consignan los datos de los emitentes, que vienen a ser los demandados, Fortunato Matamoros Contreras y Carmen Quispe Machuca, el número de documento nacional de identidad de cada uno y su dirección, quienes además firman en señal de conformidad.

Décimo cuarto. En ese sentido, se aprecia que el título valor en mención cumple con el requisito exigido en el artículo 158 numeral 1 literal g) de la Ley N.º 27287, Ley de Títulos Valores, en consecuencia, la Sala revisora incurrió en infracción de la citada norma, al considerar que en el pagaré puesto a cobro no se habría cumplido con consignar la razón social de la persona jurídica que la emite, el número de Registro Único de Contribuyente, y el nombre e identificación de sus representantes, cuando los emitentes son personas naturales y como tales han señalado sus datos y firmas correspondientes.

Décimo quinto. Asimismo, cabe precisar que, otro elemento personal del pagaré, es el tenedor, que viene a ser la persona a quien se debe realizar el pago, el que en este caso, si resulta ser una persona jurídica, la cual se encuentra debidamente identificada en el citado título valor, Scotiabank Perú Sociedad Anónima Abierta, cumpliendo con ello, la exigencia prevista en el literal d) del numeral 1 del artículo 158 de la Ley N.º 27287, Ley de Títulos Valores.

Décimo sexto. Ahora, habiéndose declarado fundada la causal en referencia, corresponde que esta Sala Suprema actúe de conformidad con lo establecido en el artículo 396 del Código Procesal Civil. En ese sentido, advirtiéndose que la contradicción formulada por los ejecutados, se sustenta en la falta del requisito establecido en el artículo 158 numeral 1 literal g) de la Ley N.º 27287, Ley de Títulos Valores, el cual conforme a los considerandos precedentes, si ha sido cumplido por el título valor;  corresponde desestimar la contradicción formulada por esta parte, y en ese sentido, confirmar la resolución apelada de fecha ocho de julio de dos mil quince, que declara infundada la contradicción y fundada la demanda. Más aún cuando los argumentos de apelación reproducen los mismos fundamentos de la contradicción.

VI. Decisión: En base a las consideraciones expuestas, esta Sala Suprema, en aplicación de lo señalado en el artículo 396 del Código Procesal Civil: a) Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la parte demandante Scotiabank Perú Sociedad Anónima Abierta, fecha dieciséis de noviembre de dos mil quince, obrante a fojas ochenta y nueve; CASARON la sentencia de vista de fecha veinte de octubre de dos mil quince, obrante a fojas ochenta y uno. b) Actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la resolución apelada de fecha ocho de julio de dos mil quince, obrante a fojas cincuenta y seis, que declaro INFUNDADA la contradicción; FUNDADA la demanda; y ORDENÓ que los ejecutados paguen a la entidad ejecutante la suma cuarenta y tres mil catorce con 47/100 nuevos soles (S/. 43,014.47), intereses compensatorios y moratorios. c) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos contra Fortunato Matamoros Contreras y otra, sobre obligación de dar suma de dinero. Integra esta Sala Suprema el señor Yaya Zumaeta por licencia de la señora Tello Gilardi. Intervino como ponente la señora Juez Supremo Rodríguez Chávez.

SS. Del Carpio Rodríguez, Rodríguez Chávez, Calderón Puertas, Yaya Zumaeta, De La Barra Barrera.

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