Las formalidades del título valor no pueden ser modificadas por las partes debido a que lo rigen normas de carácter imperativas


CAS. N.º 824 - 2016 Lima

Emitida el 11 de abril del 2017

(Publicada en El Peruano, 31/08/2018)

Juez ponente

Señor juez supremo Calderón Puertas

Decisión

Infundado

Normas aplicables

Artículos 171 y 370 del Código Procesal Civil

Artículo 1229 del Código Civil

Artículo 159 de la Ley de Títulos Valores

Fundamento jurídico relevante

En esa perspectiva, se advierte que la Ley de Títulos Valores prescribe para la validez del documento cartular, formalidades que no pueden ser variadas por las partes y que tienen relación con que el título valor contiene derechos patrimoniales incorporados […]

 

CAS. N.º 824 - 2016

LIMA

OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO

Infracción Procesal. Infracción procesal se configura cuando en el desarrollo del proceso, no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva, el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales. Art 139, inc. 3 y 5, Const.

Lima, once de abril de dos mil diecisiete.

La SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: vista la causa número ochocientos veinticuatro - dos mil dieciséis, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia:

I. ASUNTO

En el presente proceso de obligación de dar suma de dinero, la demandada Advantex SAC ha interpuesto recurso de casación (fojas ciento noventa y cuatro), contra la resolución de vista de fecha siete de enero de dos mil dieciséis (fojas ciento ochenta y dos), que confirmó la resolución de primera instancia de fecha veintisiete de mayo de dos mil quince (fojas ciento tres), que declaró infundada la contradicción interpuesta por la parte ejecutada, ordenándose llevar adelante la ejecución forzada; asimismo declara infundada la excepción de representación insuficiente y defectuosa.

II. ANTECEDENTES

1. DEMANDA. Mediante escrito de fojas nueve, el Banco Financiero del Perú interpone demanda de obligación de dar suma de dinero contra la empresa Advantex SAC y John Herrera Paredes, a efectos que cumplan con pagar la suma de veinte mil dólares americanos (US$ 20,000.00), más los intereses pactados, costas y costos del proceso, importe contenido en el pagaré anexado a la demanda.

2. CONTRADICCIÓN. Mediante escrito de fojas veintiocho, la empresa Advantex SAC dedujo la excepción de representación insuficiente o defectuosa, indicando que el poder anexado a la demanda habría sido extendido mediante escritura pública de fecha nueve de junio de dos mil once, es decir, dos años antes de la presentación de la demanda, desconociendo si el mismo se encuentra vigente o ha sido revocado, debiendo exigirse la presentación de un documento que certifique dicha condición; asimismo, indica que la información registrada del RUC, consta de 12 páginas, habiéndose anexado solo la primera, resultando incompleta. La empresa Advantex SAC también formula contradicción, bajo los siguientes argumentos: - El título valor ha sido llenado por dos obligaciones que tienen sus pagarés específicos, abusando de haber firmado en blanco pagarés antiguos, con el aval del recurrente, sin que medie acuerdo alguno para su llenado con otras obligaciones. - El banco abusando de haberse quedado con pagarés avalados personalmente por su representante y su cónyuge en algún caso, los ha llenado con la obligación derivada de dos pagarés que no cuentan con aval alguno, con la única intención de llenarlos y poder embargar bienes de propiedad del avalista. - Conforme consta del cuaderno cautelar se ha procedido a embargar en forma de inscripción un inmueble de propiedad de la sociedad conyugal del representante de la empresa, a pesar de contar con garantías que ascienden a cien mil dólares americanos (US$ 100,000.00) sobre maquinaria textil, 3 telares industriales en prensa y 2 telares industriales en leasing, cancelados y uno a nombre del banco, no transferidos. - No tiene ninguna obligación por la suma materia de cobro, sino que la misma, de acreditarse, provendría de los pagarés sin aval por veinte mil dólares americanos (US$ 20,000.00) y quince mil dólares americanos (US$ 15,000.00) aproximadamente, que, maliciosamente, el banco ha omitido ejecutar para llenar un pagaré avalado, abusando de haberlo emitido en blanco y así poder embargar el inmueble de la sociedad conyugal, a sabiendas que se encuentra hipotecado a favor de otra institución financiera, con la mala intención que el banco que tiene la garantía hipotecaria les exija su saneamiento, es decir el levantamiento del embargo, lo que implicaría el pago de la deuda al Banco Financiero, caso contrario por aplicación de las causales de resolución de contrato, se darían por vencidos los plazos y consecuentemente, solicitaran la ejecución de garantía, es decir, que prácticamente están siendo víctimas de una extorsión indirecta, maliciosa y condenable. - Prueba de lo expuesto es que el pagaré contiene una dirección del avalista de hace más de 3 años y no la actual, ni la que se consigna en todas las operaciones con el banco, pues el banco jamás otorga crédito alguno sino hace las respectivas verificaciones domiciliarias. Solicita que se exhiban las verificaciones que habría hecho en la fecha de emisión del pagaré materia de cobro, es decir, el veintitrés de noviembre del año dos mil trece.

3. AUTO FINAL. El veintisiete de mayo de dos mil quince, mediante resolución obrante a fojas ciento tres, el Cuarto Juzgado Civil de la Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, declara infundada la excepción de representación insuficiente y defectuosa e infundada la contradicción y se ordena llevar adelante la ejecución hasta que la parte ejecutada empresa Advantex SAC y John Herrera Paredes cumplan con pagar al ejecutante, Banco Financiero del Perú, la suma de veinte mil dólares americanos (US$ 20,000.00), más intereses compensatorios y moratorios, costas y costos del proceso; señalando que: - El apoderado del banco cuenta con facultades de representación procesal suficientes para promover el presente proceso único de ejecución, precisándose que lo argüido en torno al RUC no constituyen argumentos de la excepción propuesta. - Nuestra legislación cambiaria posibilita la creación y emisión de títulos valores incompletos, siendo el caso que para ejercitar cualquier derecho o acción que deriva de un título valor emitido o aceptado, en forma incompleta, este deberá haberse completado conforme a los acuerdos adoptados de conformidad con lo dispuesto por el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley de Títulos Valores. - El supuesto de contradicción según lo prescrito por el literal e) del artículo 19 de la citada ley, es que el título valor incompleto al emitirse haya sido completado en forma contraria a los acuerdos adoptados, para tal efecto, se deberá acompañar necesariamente el respectivo documento donde consten tales acuerdos transgredidos por el demandante. - En ese sentido, corresponde al ejecutado, adjuntar los medios probatorios idóneos a fin de acreditar y sustentar su contradicción de conformidad con la citada norma y lo dispuesto en el artículo 196 del Código Procesal Civil; sin embargo, la recurrente no ha acreditado de modo alguno la transgresión al completarse el pagaré. Asimismo, conforme fluye de lo expresado en los escritos de contradicción no ha negado haber firmado dicho título. - Tampoco ha adjuntado medio probatorio idóneo con el que acredite haber cumplido con la obligación puesta a cobro tal como lo prescribe el artículo 1229 del Código Civil. - Conforme al artículo 159, literal b) de la Ley de Títulos Valores, el pagaré genera los intereses compensatorios y moratorios para el periodo de mora.

4. RECURSO DE APELACIÓN. El diecisiete de julio de dos mil quince, mediante escrito de fojas ciento veinte, la demandada empresa Advantex SAC interpone recurso de apelación, bajo los siguientes argumentos: - No se ha meritado que el banco pretende el cobro de su acreencia, utilizando para ello pagarés antiguos referidos a otras obligaciones que ya fueron canceladas. - El banco abusó de la tenencia indebida de pagarés anteriores y los llenó para embargar a la sociedad conyugal, que no avaló el pagaré puesto a cobro, a pesar de tener garantías prendarias que superan el monto demandado, las mismas que han sido entregadas vía dación en pago al banco y las ha puesto a la venta, conforme consta del impreso de la página web del propio banco y de las guías de remisión cuyas copias se adjuntan, que acredita la cancelación de la obligación. - La apelada adolece de falta de motivación, entendida como una interposición errada del objeto de la prueba ofrecida que debió ser admitida y actuada.

5. RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA. El siete de enero de dos mil dieciséis, la Segunda Sala Civil Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió la resolución de vista de fojas ciento ochenta y dos, que confirmó la apelada; bajo los siguientes argumentos: - La parte ejecutada no niega haber suscrito el pagaré puesto a cobro, sino que aduce su nulidad formal por haber sido completado en forma abusiva, sin embargo, no ha acreditado de modo ni forma alguna la transgresión al completarse el pagaré. - Conforme al principio de incorporación y literalidad, las obligaciones cartulares se encuentran fusionadas, incorporadas y acreditadas en los términos de dicho documento, sin que pueda alegarse en contrario que la obligación es una diferente o que el título valor estaría sustituyendo otros títulos valores, cuya existencia, por lo demás, no ha acreditado en forma alguna la parte apelante, siendo que los medios probatorios ofrecidos por ésta (exhibición de las verificaciones domiciliarias e informes del banco sobre todas las obligaciones a nombre de la parte ejecutada y del desembolso de la suma contenida en el pagaré) son manifiestamente impertinentes tratándose de un proceso de ejecución basada en el título valor, pues importan la desnaturalización del proceso y la inversión de carga de la prueba. - La obligación cuyo pago se demanda, se encuentra acreditada con el pagaré, que por lo demás reúne todos los requisitos señalados en el artículo 159 de la Ley de Títulos Valores y no habiéndose desvirtuado a su mérito ejecutivo, se advierte la existencia de una obligación cierta, expresa, exigible y líquida conforme lo exige el artículo 689 del Código Procesal Civil. - Respecto al argumento que la obligación estaría cancelada con la ejecución de garantías prendarias que tenía a su favor el banco, esto no pasa de ser una afirmación meramente subjetiva que no ha sido acreditada en forma alguna, siendo recién en su apelación que presenta la instrumental de fojas ciento catorce de la cual no se desprende lo que sostiene la recurrente. - En cuanto al agravio que alude a la falta de motivación de la recurrida, dicha afirmación es inconsistente, pues la apelada contiene la exposición ordenada, clara y suficiente de las razones de hecho y de derecho que sustentan la decisión adoptada por el juez.

III. RECURSO DE CASACIÓN

El dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, la empresa demandada Advantex SAC, mediante escrito de fojas ciento noventa y cuatro, interpone recurso de casación contra la resolución de vista, siendo declarado procedente por este Supremo Tribunal mediante la resolución de fecha veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, por las siguientes infracciones normativas: A) Infracción normativa del principio Tantum Devolutum Quantum Apellatum, contenido implícitamente en el artículo 370 del Código Procesal Civil, contraviniendo por extensión, lo previsto por el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú, artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil y artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Señala que la recurrida omite pronunciarse sobre todos los argumentos contenidos en su recurso de apelación, esto es, respecto al abuso de firmas en blanco del pagaré y de la excepción de representación defectuosa. B) Infracción normativa del artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú, del artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de los artículos 50 inciso 6 y 122 incisos 3 y 4 del Código Procesal Civil. Alega que la recurrida circunscribe su motivación a la literalidad del título valor y a que no ha negado su firma, obviando motivación respecto a la falta de actuación de los medios probatorios ofrecidos, precisamente para acreditar los hechos expuestos en su contradicción; esto es, la Sala Superior sigue la línea marcada por el juez y decide ignorar sus argumentos contenidos en la apelada; agrega que, en cuanto al pagaré, no esgrime motivación alguna respecto a los fundamentos que sustentan su decisión, omite pronunciarse sobre la denuncia de la privación de su derecho de defensa y el debido proceso, sobre todo cuando se ha cometido un abuso del derecho por parte del banco, al haber utilizado un pagaré antiguo en blanco que pertenece a otra operación de crédito ya cancelada, aprovechando la firma de los fiadores para embargar otros bienes, excediéndose en las garantías que incluso tienen en su poder, cuyo valor sobrepasa el importe de la deuda; finaliza señalando que, en cuanto a la excepción de representación defectuosa, no existe una sola línea que refleje la decisión de la Sala, omitiendo expedir el pronunciamiento que corresponde.

IV. CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE

En el presente caso, la cuestión jurídica en debate consiste en determinar si la sentencia de vista ha infringido las reglas del debido proceso y si el pagaré puesto a cobro carece de mérito ejecutivo.

V. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA

PRIMERO. Que, el recurso de casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme lo señala el artículo 384 del Código Procesal Civil.

SEGUNDO. Que, la infracción procesal se configura cuando en el desarrollo del proceso, no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva, el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales.

TERCERO. Que, respecto a la causal contenida en el ítem A), referidas al debido proceso, se tiene que éste constituye una garantía constitucional que asegura que en la tramitación de un proceso, se respeten unos determinados requisitos mínimos[1]. Tales requisitos, que han sido objeto de discusión[2], en general se considera que abarcan los siguientes criterios: (i) Derecho a ser oportunamente informado del proceso (emplazamiento, notificación, tiempo razonable para preparar la defensa); (ii) Derecho a ser juzgado por un juez imparcial, que no tenga interés en un determinado resultado del juicio; (iii) Derecho a tramitación oral de la causa y a la defensa por un profesional (publicidad del debate); (iv) Derecho a la prueba; (v) Derecho a ser juzgado sobre la base del mérito del proceso; (vi) Derecho al juez legal. Derecho fundamental que asiste a todos los sujetos de derecho a plantear sus pretensiones o a ser juzgados por auténticos órganos jurisdiccionales, creados mediante Ley Orgánica, pertenecientes al Poder Judicial, respetuosos con los principios constitucionales de igualdad, independencia y sumisión a la ley, y constituidos con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidas.

CUARTO. Que, en esa perspectiva, se advierte que aquí se ha respetado el derecho a ser informado del proceso, al juez imparcial, a la publicidad del debate y el derecho de defensa, a la prueba, a ser juzgado sobre el mérito del proceso y al juez legal.

QUINTO. En cuanto a la infracción normativa del artículo 370 del Código Procesal Civil, debe indicarse lo siguiente: 5.1 Se advierte que la empresa recurrente alude que la sentencia de vista no ha respondido a sus argumentos contenidos en su recurso de apelación, esto es: a) Abuso de firmas en blanco del pagaré; y, b) la excepción de representación defectuosa. 5.2 Respecto al supuesto abuso de firmas del pagaré en blanco, la Sala Superior ha indicado que la ejecutada no ha acreditado de modo ni forma alguna la transgresión al completarse el pagaré materia del proceso y dado que las obligaciones cartulares se encuentran fusionadas, incorporadas y acreditadas por el título documental suscrito por las partes, quienes quedan obligadas en los términos de dicho documento, sin que pueda alegarse en contrario que la obligación es una diferente o que el título valor estaría sustituyendo otros títulos valores, cuya existencia, por lo demás, no ha acreditado en forma alguna la parte apelante. 5.3 En esa perspectiva, se advierte que la Ley de Títulos Valores prescribe para la validez del documento cartular, formalidades que no pueden ser variadas por las partes y que tienen relación con que el título valor contiene derechos patrimoniales incorporados. 5.4 Las exigencias que anota la ley son rigurosas y, por ello mismo, no cabe solicitar que se amplíen dichos requerimientos, pues entonces se estaría añadiendo obligaciones que el legislador no ha querido contemplar, en principio, porque consideró que las estipuladas en la ley eran suficientes en orden a la satisfacción de la seguridad jurídica respectiva y, luego, porque estimó que otras disposiciones podrían dificultar el tráfico comercial, razón de ser de la propia cambial. 5.5. En lo que concierne a la falta de pronunciamiento con respecto a la excepción formulada, se advierte que en el recurso de apelación de fojas ciento veinte, que no se cuestiona el pronunciamiento del auto de primera instancia que declara infundada la alegada excepción; además, esta denuncia no acarrea la nulidad de lo actuado, en tanto, se observa que al momento de contestar la excepción la parte demandante adjunta el Certificado de Vigencia de Poder de su representante, concluyéndose que el apoderado contaba con las facultades necesarias para promover este proceso (fojas sesenta y cinco a sesenta y ocho). En esa perspectiva, si bien no hay pronunciamiento sobre la excepción, no es menos verdad que esta omisión en nada perjudica el pronunciamiento de fondo ni el análisis probatorio realizado, ni mucho menos podía ser revocada estando al Certificado de Vigencia acotado. Como quiera que la nulidad requiere trascendencia, conforme lo prescribe el artículo 171 del código procesal civil; por lo que estas denuncias deben ser desestimadas.

SEXTO. Finalmente, se observa que lo que la recurrente cuestiona en la causal contenida en el ítem B) que no hay análisis sobre el abuso de firma en blanco y que sus pruebas fueron rechazadas, por lo que no pudo acreditar sus afirmaciones. En cuanto al primer punto, se observa que la Sala Superior responde al supuesto abuso de la firma en blanco en el considerando sexto de la impugnada, y que con respecto a las pruebas no actuadas señaló, en el mismo considerando, que eran impertinentes tratándose de proceso de ejecución. Hay, por tanto, contestación a los agravios señalados, debiéndose precisar que siendo derecho de las partes acreditar con los medios probatorios que consideren necesarios los hechos que aleguen, no es menos verdad que las pruebas deben resultar pertinentes al tipo de proceso, no siendo posible que en un proceso de ejecución, en el que el título valor contiene en sí mismo el derecho, se pretenda cuestionar la cartular como si se tratara de un proceso de cognición.

SÉTIMO. En consecuencia, el presente recurso de casación debe ser desestimado al no existir infracción normativa alguna.

V. DECISIÓN

Por estas consideraciones y en estricta aplicación del artículo 397 del Código Procesal Civil, declararon: a) INFUNDADO el recurso de casación interpuesto la demandada Advantex SAC (fojas ciento noventa y cuatro); en consecuencia, NO CASARON la resolución de vista de fecha siete de enero de dos mil dieciséis (fojas ciento ochenta y dos). b) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por el Banco Financiero del Perú con John Herrera Paredes y otra, sobre obligación de dar suma de dinero; y, los devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Calderón Puertas; por impedimento del señor Juez Supremo Távara Córdova, integra esta Sala Suprema el señor Juez Supremo De la Barra Barrera.

SS. TELLO GILARDI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA, SÁNCHEZ MELGAREJO.



[1] Carocca Pérez, Alex. El debido proceso y la tutela judicial efectiva en España. Normas Legales. Octubre, 1997, pp. A 81 - A 104.

[2] Por ejemplo, para Bernardis, por su parte, considera, siguiendo la jurisprudencia norteamericana, que ese “máximo de mínimos” estaría constituido por los requisitos de notificación y audiencia (notice and hering). Bernardis, Luis Marcelo de. La garantía procesal del debido proceso. Cultural Cuzco Editor. Lima 1995, pp. 392-414.

Boletines anteriores

Publicidad