La obligación de dar suma de dinero declarada inexigible en otra causa no puede ser objeto de cobro en otro proceso

CAS. N.° 2914-2016 Tacna

Emitida el 20 de junio del 2017

(Publicada en El Peruano, 02/05/2018)

Juez ponente

Señor Juez Supremo Calderón Puertas.

Decisión

Infundado

Normas aplicables

Artículo 123 del Código Procesal Civil

Fundamento jurídico relevante

Siendo ello así, esta Sala Suprema advierte que la sentencia de vista que confirma la sentencia apelada, se encuentra debidamente motivada respecto a la obligación de dar suma de dinero, conforme se aprecia del análisis realizado por el Ad quem y por el Aquo. Debido a que de la valoración conjunta de los medios probatorios presentados por las partes y admitidos en la Audiencia Única se ha probado que las partes han celebrado el contrato de reconocimiento y refinanciación de deuda, de fecha treinta y uno de diciembre mil novecientos noventa y seis, empero, se debe tener presente que la obligación puesto a cobro mediante el pagaré N.° 000536 por la suma de $ 190,000.00 (ciento noventa mil dólares americanos), monto que ahora la parte demandante pretende su cobro mediante este proceso de obligación de dar suma de dinero ya ha sido materia de pronunciamiento en el Expediente N° 00015-1998-0-2301-JR-CI-01, sobre ejecución de garantías, en el cual se concluyó que la deuda es inexigible por no haberse acreditado el desembolso por la suma 190,000.00 (ciento noventa mil dólares americanos). Así las cosas, se aprecia que existe una sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada cuyo pronunciamiento es inmutable. 


CAS. N.º 2914-2016

TACNA

OBLIGACIÓN DE DAR

SUMA DE DINERO

SUMILLA. La Sala Superior ha cumplido con emitir pronunciamiento acorde con la pretensión demandada; empleando en forma suficiente los fundamentos que le han servido de base, y que son consecuencia de una valoración adecuada de los medios probatorios, y de las cuestiones fácticas, respetando el debido proceso; no verificándose motivación insuficiente.  

Lima, veinte de junio de dos mil diecisiete.

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA: VISTOS; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha con los señores Jueces Supremos Tello Gilardi, Del Carpio Rodríguez, Calderón Puertas, Sánchez Melgarejo y Céspedes Cabala; producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:

1. MATERIA DEL RECURSO

Se trata del recurso de casación de fecha uno de julio de dos mil dieciséis interpuesto a fojas mil doscientos setenta y uno, por Servicios de Cobranzas e Inversiones S.A.C, contra la sentencia de vista de fecha seis de junio de dos mil dieciséis, obrante a fojas mil doscientos cincuenta y cinco, que confirmó la sentencia de apelada de fecha dieciséis de noviembre de dos mil quince, obrante a fojas mil ciento sesenta y ocho, que declaró infundada la demanda de obligación de dar suma de dinero interpuesta por Scotiabank Perú S.A.A. contra Julio Raúl Girón Sánchez y otra.

2. ANTECEDENTES

2.1 DEMANDA. Scotiabank Perú S.A.A, ha interpuesto la presente demanda de obligación de dar suma de dinero a fi n que los demandados cumplan con pagarle de manera solidaria, con los bienes propios y/o bienes sociales, la suma de $ 190,000.00 (ciento noventa y nueve mil dólares americanos), más intereses compensatorios y moratorios. Como fundamentos de su demanda sostiene: i) Que, mediante contrato de Reconocimiento y Refinanciación de Deuda de fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis, legalizado el diez de enero de mil novecientos noventa y siete, la sociedad conyugal conformada por Julio Raúl Girón Sánchez y Gladys Linares Sanz De Girón reconoció adeudar la suma de $ 190,000.00 (ciento noventa y nueve mil dólares americanos), suma que se comprometieron a pagar en cincuenta y ocho cuotas mensuales consecutivas de $ 5,071.92 (cinco mil setentaiun dólares americanos con noventa y dos centavos de dólar) cada una, dentro del plazo de cinco años, teniendo un periodo de gracia de noventa días calendarios contados desde la firma del contrato, habiendo vencido el plazo el treinta y uno de diciembre de dos mil dos. ii) Asimismo, señala que el contrato de Reconocimiento y Refinanciación de Deuda se originó a solicitud de los demandados para refinanciarles los diversos préstamos comerciales otorgados a su favor, los que fueron incumplidos. iii) Del mismo modo, indica que pese al tiempo transcurrido, más de cinco años de haber vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación, los demandados no han cumplido con efectuar pago alguno, por lo que, el día veinte de diciembre de dos mil seis, les remitieron la Carta Notarial, la misma que fue recepcionada por don Julio Raúl Girón Sánchez como representante de la sociedad conyugal, el día veintiuno de diciembre de dos mil seis, mediante la cual les requiere el pago de la suma adeudada, otorgándoles el plazo de cuarenta y ocho horas, sin embargo, los demandados no han cumplido con honrar su obligación, quedando expedito su derecho para realizar el cobro en la vía judicial.

2.2 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito de fecha diez de mayo de dos mil siete, obrante a fojas noventa, Julio Raúl Girón Sánchez por derecho propio y en representación de su cónyuge Gladys Linares Sanz De Girón, contesta la demanda sosteniendo básicamente lo siguiente: a) Que, entre las partes se ha suscrito el contrato de Reconocimiento y Refinanciación de Deuda, en cuya cláusula sexta aparece que conjuntamente con el mismo se suscribió “un pagaré en blanco”. b) Por otro lado, indica que del escrito del expediente N.° 015-1998 sobre ejecución de garantía hipotecaria seguido entre las partes, el Banco Wiese Sudameris (ahora Scotiabank) ha admitido que el pagaré entregado es el N° 000536, el mismo que fue llenado por $ 190,000.00 (ciento noventa y nueve mil dólares americanos), sin embargo, alega que en dicho proceso se ha resuelto con autoridad de cosa juzgada que el Banco Wiese Sudameris (ahora Scotiabank) no había acreditado el desembolso de los $ 190,000.00 (ciento noventa y nueve mil dólares americanos), por lo que, la deuda contenida en el pagare número 000536 era inexigible, es decir que el contrato de reconocimiento y refinanciación de deuda de fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis, fue objeto de revisión. c) Asimismo, manifiesta que el Banco Wiese Sudameris interpuso una demanda sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta con la finalidad de anular lo resuelto en el proceso N.° 015-1998 sobre ejecución de garantía hipotecaria, empero, dicha demanda fue declarada improcedente por sentencia firme. En el citado proceso únicamente se ha determinado que la deuda asciende a la suma de $ 27,520.89 (veintisiete mil quinientos veinte dólares americanos con ochenta y nueve centavos de dólar), y que el monto de $ 190 000.00 (ciento noventa y nueve mil dólares americanos) que aparece en el contrato de Reconocimiento y Refinanciación de Deuda, de fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis, jamás fue desembolsado. d) De otro lado, señala que realizó una denuncia penal por llenado fraudulento de título valor en contra de los funcionarios del Banco Wiese Sudameris, denuncia que fue tramitada en el expediente N.° 761-2003, habiéndose sentenciado con autoridad de cosa juzgada al apoderado general del banco demandante por defraudación - abuso de firma en blanco en agravio de su persona y de su esposa. e) Igualmente, precisa que ha demandado la supresión de intereses en contra del Banco Wiese Sudameris (ahora Scotiabank), pretensión que se ha tramitado en el expediente N.° 1121-2004, argumentando que el demandante había impedido el pago de “la deuda verdadera y nunca negada”, la misma que ascendía a $ 30,018.00 (treinta mil dieciocho dólares americanos), sin embargo, refiere que no existía mora, por lo que, debían suprimirse los intereses devengados, concluyéndose que el proceder del banco evidencia un abuso del derecho, materializado en el hecho de haberse venido cobrando una suma indebida, razón por la que se accedió a suprimir los intereses generados fuera de los $ 27,520.89 (veintisiete mil quinientos veinte dólares americanos con ochenta y nueve centavos de dólar), que es lo realmente adeudado. f) Finalmente, indica que considerando que el banco demandante ha trasladado el adeudo contenido en el contrato de Reconocimiento y Refinanciación de Deuda de fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis al pagaré N.° 000536, el mismo que sustenta el saldo deudor demandado en el expediente N.° 015-1998 sobre ejecución de garantía hipotecaria, es que señala que la presente acción constituye una afectación a lo resuelto con autoridad de cosa juzgada consagrado en la Constitución Política del Estado.

2.3 PUNTOS CONTROVERTIDOS. Mediante resolución número setenta y nueve, de fecha veinte de marzo de dos mil quince, obrante a fojas mil ciento uno, se fijaron los siguientes puntos controvertidos: i) Determinar la existencia y exigibilidad de la obligación contenida en el Contrato de Reconocimiento y Refinanciación de la deuda de fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis. ii) Determinar si corresponde exigir el pago de intereses compensatorios y moratorios devengados. iii) Determinar si existen pronunciamientos jurisdiccionales con autoridad de cosa juzgada sobre la obligación demandada. Asimismo, en dicha resolución se admitieron los medios probatorios.

2.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Tramitada la causa conforme al proceso de conocimiento, el Juez del Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, mediante sentencia de fecha dieciséis de noviembre de dos mil quince, obrante a fojas mil ciento sesenta y ocho, ha declarado Infundada la demanda de obligación de dar suma de dinero, sosteniendo: a) Que, se puede observar que todos los órganos jurisdiccionales intervinientes (Expedientes N.° 015-1998 sobre ejecución de garantía hipotecaria, N.° 1121-2004 sobre supresión de intereses, N.° 1324-2002 sobre reducción de garantías y N.° 761-2003 sobre defraudación y abuso de firma en blanco), en forma reiterada y uniforme se han pronunciado sobre la inexistencia del adeudo ascendente a la suma de $ 190,000.00 (ciento noventa mil dólares americanos). b) Sin perjuicio de ello, se debe tener en cuenta que en aplicación de lo preceptuado en el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, cualquier decisión judicial que se emita en el presente proceso debe hacerse en correspondencia con lo resuelto con autoridad de cosa juzgada en los procesos mencionados precedentemente, razón por la que, no obstante haberse probado la suscripción por los demandados del contrato de Reconocimiento y Refinanciación de Deuda - hecho no negado por los demandados uniformemente se ha concluido y determinado que la deuda pretendida es inexistente, razón principal por la que la presente demanda debe ser declarada infundada.

2.5. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN. Mediante escrito de fecha quince de enero de dos mil dieciséis, obrante a fojas mil ciento ochenta y seis, Servicios de Cobranzas e Inversiones S.A.C, interpone recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, alegando lo siguiente: i) Señala que la sentencia impugnada adolece de un error in iudicando dado que se ha declarado infundada la demanda sin un debido fundamento, pues se incurre en los mismos errores de los procesos anteriores al no valorar el desembolso realizado a la cuenta de los demandados. ii) Asimismo, indica que en autos obran documentos que acreditan la entrega de los $ 190.000.00 (ciento noventa mil dólares americanos). Es decir que el desembolso dinerario efectuado por parte del Banco está acreditado en el Expediente N.° 015-1998, realizado en febrero de mil novecientos noventa y siete, y que durante los posteriores seis meses pudo solventar los cargos que venía trayendo el demandado, tal como se aprecia en los estados de cuenta de los meses de febrero a Julio. iii) Del mismo modo, precisa que cuando se discutió la deuda en el proceso de ejecución de garantías se hizo valorando el error operativo como si consistiera en una causal de inexigibilidad de obligación, mas no valorando las cuestiones fácticas desencadenadas por la mencionada negligencia, esto es el primer pagaré nunca ha debido subsistir, sin embargo, refiere que ello no implica que no se ha haya cumplido con el desembolso que tanto alega y acredita. iv) Por último, manifiesta que el origen de la deuda de los demandados, no son los pagarés, sino el contrato de Reconocimiento de Deuda y Refinanciación, como bien se afirmó en la demanda, por lo tanto en el proceso de ejecución de garantía hipotecaria, se dictaminó que los pagarés no eran ejecutables, por contener vicios o errores, más no así el contrato de Reconocimiento de Deuda y Refinanciación.

2.6. SENTENCIA DE VISTA. Elevados los autos a la Sala Superior en virtud del recurso de apelación interpuesto por Servicios de Cobranzas e Inversiones S.A.C, la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tacna, mediante sentencia de vista de fecha seis de junio de dos mil dieciséis, obrante a fojas mil doscientos cincuenta y cinco, confirma la sentencia apelada, fundamentalmente por: a) De la resolución número veinte, del diecisiete de julio de mil novecientos noventa y ocho recaída en el expediente de ejecución de garantías N.° 00015-1998-0-2301-JR-CI-01, se tiene que el Banco presenta como títulos de ejecución entre otros el Pagaré N.° 000536, por la suma de $ 190,000 (ciento noventa mil dólares americanos), ante lo cual el ejecutado contradice argumentando la inexigibilidad de las obligaciones contenidas en los contratos posteriores al treinta de junio de mil novecientos noventa y tres, que al respecto los ejecutantes al absolver refieren que la cantidad consignada en el pagaré es producto de deudas que tienen los ejecutados y no contiene ningún tipo de nuevos préstamos por cuanto dichos ejecutados ya eran morosos, a mérito de lo cual el juzgado solicitó se cumpla con acreditar la entrega de los $ 190,000.00 dólares americanos. Por otro lado, el Juez concluye que al primero de agosto de mil novecientos noventa y siete el ejecutado solo adeudaba la suma de $ 27.520.89 dólares americanos; que los ejecutados han reconocido haber suscrito el pagaré N.° 000536 que se completaría si ellos cumplían con honrar la obligación consignada en el cronograma de pagos al que se hace referencia en el contrato de reconocimiento y refinanciación de deuda, para finalmente indicar que no se ha probado de manera alguna el desembolso de $190,000.00 dólares americanos a mérito de lo cual declara fundada la contradicción por ser inexigible la obligación contenida en el citado pagaré e inejecutables las garantías. b) Es de precisarse que del escrito que en copia certificada corre a fojas mil ciento veintiuno y siguientes se tiene que el entonces ejecutante al absolver el requerimiento del A quo a efectos de que acredite el desembolso de los $ 190,000.00 dólares americanos que corresponden al pagaré N.° 000536, refiere que los ejecutados le adeudan la suma de $ 256,149.19 dólares americanos, y que adjunta el original del contrato de reconocimiento y refinanciación de deuda suscrito por los entonces ejecutados y que de su cláusula se acredita que el Banco ha adquirido el citado pagaré de buena fe; lo que nos permite concluir que el pagaré N.° 000536 corresponde al emitido por el Banco y es el descrito en la cláusula sexta del contrato materia de autos, siendo así, el A quo al emitir pronunciamiento en el proceso de ejecución de garantías a merituado el contrato de reconocimiento y refinanciación de deuda y el pagaré emitido a mérito de dicho contrato, concluyendo que dicha deuda es inexigible por no haberse acreditado su desembolso, resolución que habría quedado firme y adquirido la calidad de cosa juzgada. Debido a ello, concluye que la obligación puesta a cobro ya fue materia de análisis y pronunciamiento judicial en el proceso de ejecución de garantías N.° 00015-1998-0-2301-JR-CI-01, por tanto la judicatura no puede emitir nuevo pronunciamiento al respecto, pues si bien es esta instancia la demandante refiere que no se ha tenido en cuenta los estados de cuenta de los meses de febrero a julio de donde indica, se evidencia el desembolso, y que al no haber sido observado por las partes se tiene los mismos aceptados, asimismo, indica que la existencia de la obligación que sustentaba el mencionado pagaré y que provenía del contrato de reconocimiento y refinanciamiento de deuda han sido materia de análisis y pronunciamiento final en el proceso de ejecución de garantías antes indicado.

3. RECURSO DE CASACIÓN

Este Supremo Tribunal ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por Servicios de Cobranzas e Inversiones S.A.C, por la causal de infracción normativa del artículo 139, inciso 5, de la Constitución Política del Estado, y artículos I del Título Preliminar, 188 y 197 del Código Procesal Civil.

4. CUESTIÓN JURÍDICA A DEBATIR

De la lectura del recurso de casación y del auto de procedencia la materia jurídica en discusión se centra en determinar si la sentencia de vista se encuentra debidamente motivada y sin en el transcurso del proceso se ha incurrido en algún defecto que ocasione vulneración al debido proceso o a la tutela jurisdiccional efectiva.

5.- CONSIDERANDO

PRIMERO. Según se advierte del auto calificatorio de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis, este Supremo Tribunal ha declarado procedente el recurso por causal de naturaleza procesal, por lo que en el caso de advertirse la existencia de algún defecto de orden procesal, el reenvío tendrá efectos subsanatorios.

SEGUNDO. El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, reconocido en el artículo 139, numeral 5, de la Norma Fundamental, implica que los jueces están obligados a expresar las razones o justificaciones objetivas que sustentan sus decisiones. Y ello es así porque, en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, la motivación de las resoluciones judiciales garantiza que las partes y los ciudadanos en general ejerzan un adecuado control y fiscalización sobre el ejercicio del poder delegado a los jueces para administrar justicia en nombre del pueblo.

TERCERO. Desde esa concepción, la motivación consiste en una serie de argumentos jurídica, fáctica y racionalmente válidos[1], que exigiría que la decisión asumida por el juez se infiera de las premisas expuestas (justificación interna), y que las premisas fácticas sean verdaderas y las premisas normativas correctas (justificación externa)[2]. Dicho de otro modo, la decisión debe ser lógica, es decir, deducirse de las premisas contenidas en la argumentación, guardar correspondencia con los medios probatorios actuados en el proceso y la norma o normas aplicadas conforme con la Norma Fundamental y demás disposiciones normativas vigentes.

CUARTO. Por otro lado, conviene precisar que, si bien en diversas ocasiones esta Suprema Sala ha reconocido la posibilidad de que en sede casatoria se someta a examen la adecuada aplicación de las normas contenidas en el Código Procesal Civil en materia probatoria, como en el caso de los artículos I del Título Preliminar, 188 y 197, ello no ha tenido el propósito de permitir en esta sede la reapertura de la labor de valoración que sobre las pruebas compete con exclusividad a los órganos jurisdiccionales de mérito o facilitar en algún modo el acceso a una nueva discusión en cuanto a la corrección o veracidad de las conclusiones fácticas adoptadas por éstas como producto de dicha valoración, sino únicamente a efectos de examinar que esta labor sea desarrollada en respecto de las normas que para tal efecto contiene nuestro ordenamiento jurídico.

QUINTO. En efecto, esta Suprema Corte tiene expuesta en sus decisiones una larga doctrina en relación a la naturaleza del derecho a la prueba como uno de carácter complejo, compuesto por el derecho de las partes a ofrecer los medios probatorios que consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia; y sobre la posibilidad de cautelar la correcta aplicación de este derecho en el proceso. No obstante, ello nunca ha implicado que este Colegiado Supremo pueda o pretenda sustituirse en la competencia que corresponde únicamente a las instancias de mérito para valorar el caudal probatorio existente en los autos y desprender a partir de él —en respecto a lo anterior, se entiende— las premisas fácticas sobre las cuales se construirá la decisión del caso. La imposibilidad de la Sala de Casación de evaluar la corrección o veracidad de las premisas fácticas adoptadas por las instancias de mérito tiene, además, indiscutible sustento en nuestra legislación procesal, debido a que la operación de determinación de los hechos debatidos en el proceso resulta claramente ajena a los fines previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N.° 29364, y, por tanto, se mantiene fuera de sus competencias.

SEXTO. De la revisión del recurso, se aprecia que la parte recurrente sustenta la causal, señalando que se ha vulnerado el derecho al debido proceso y motivación de las resoluciones judiciales, pues no se ha efectuado una valoración conjunta y razonada de los medios probatorios, como el contrato de reconocimiento de fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis, que contiene una deuda cierta, determinada y exigible, tampoco se ha valorado el estado de cuenta de los demandados, con el cual se acredita el desembolso de la suma ascendente a ciento noventa mil dólares; que en el presente caso no existe cosa juzgada, pues no se está pidiendo el reconocimiento de la deuda contenida en el pagaré sino del referido contrato de reconocimiento de deuda, no existiendo por tanto una identidad en el petitorio entre el proceso de ejecución de garantía y el presente.

SÉTIMO. Al respecto, conviene hacer las siguientes precisiones: 1. La presente demanda versa en esencia sobre el pago del pagaré N.° 000536, que asciende a la suma de $ 190,000.00 dólares americanos. 2. Ahora bien, del Expediente N.° 00015-1998-0-2301-JR-CI-01, seguido por el Banco Wiese Ltda. Sucursal Tacna contra la Sociedad Conyugal integrada por Julio Raúl Girón Sánchez y Gladys Linares Sanz de Girón, sobre ejecución de garantías, se pretendió el cobro de una deuda por la suma de $ 256,149.14 dólares americanos; cobro que en ese momento se sustentó en el pagaré por la suma de $ 27,520.89 dólares americanos y el pagaré N.° 000536, por la suma de $ 190,000.00 dólares americanos, además de la letra de cambio por el monto de $ 2,497.30 dólares americanos, proceso en el cual mediante resolución número veinte, se declaró fundada en parte la contradicción por ser inexigible la obligación contenida en el pagaré N.° 000536, debido a ello, la demandante interpuso nulidad contra el referido fallo, por lo que, la Sala Superior declaró inadmisible la apelación y nulo el concesorio. Asimismo, mediante resolución número ochenta y nueve, del doce de julio de dos mil diez, obrante a fojas cien del referido expediente, se declaró consentida la resolución número ochenta y siete, del veinticinco de junio de dos mil diez, que resolvió declarar prescrita la acción de ejecución de la ejecutoria consistente en la resolución número veinte. 3. Expediente N.° 249-2000, seguido por el Banco Wiese Sudameris contra Julio Raúl Girón Sánchez, sobre nulidad de cosa juzgada, el cual fue declarado liminarmente improcedente mediante resolución número dos, de fecha diecisiete de agosto de dos mil, por tal motivo el demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue confirmado por la Sala Superior, quedando consentida la resolución número dos, mediante resolución número veintiocho, de fecha diecinueve de setiembre e dos mil uno, conforme se aprecia a fojas setecientos noventa y dos. 4. Expediente N.° 761-2003, en agravio de Dora Gladys Linares de Girón y otro, sobre delito de defraudación – abuso de firma en blanco, en el cual se resolvió condenar al funcionario de la entidad demandante Enrique Alberto Chirinos Gallegos como autor de tal delito, al haberse determinado que el pagaré firmado en blanco por los ahora demandados fue llenado como si adeudaran a la entidad bancaria la suma de 190,000 dólares americanos – resultando que el referido título valor obedece a la misma deuda que se pretende cobrar en el presente proceso-, lo cual no era cierto, determinándose que tan sólo adeudaban la cantidad de $ 30,018 dólares americanos. 5. Expediente N.° 121-2004, seguido por Julio Girón Sánchez contra el Banco Wiese Sudameris, sobre supresión de intereses, en el cual se determinó que el Banco acreedor incurrió en ejercicio abusivo de su derecho de acreencia, siendo esta la razón por la que debe convalidarse la decisión de que los intereses a cobrar solamente se calculen a partir del capital ascendente a $ 27,520.89 (veintisiete mil quinientos veinte con ochenta y nueve centavos de dólares americanos).

OCTAVO. Ahora bien, cabe señalar, que el numeral 1 del artículo 123 del Código Procesal Civil, estipula lo siguiente: “Una resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada cuando: No proceden contra ella otros mecanismos impugnatorios que los ya resueltos”; asimismo, el referido artículo en el segundo y tercer párrafo señala: “La cosa juzgada sólo alcanza a las partes y a quienes de ellas deriven sus derechos. Sin embargo, se puede extender a los terceros cuyos derechos dependen de los de las partes o a los terceros de cuyos derechos dependen los de las partes, si hubieran sido citados con la demanda. La resolución que adquiere cosa juzgada es inmutable, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 178 y 407.” En ese sentido, podemos deducir que la cosa juzgada es la calidad, autoridad o status que adquiere la resolución motivada, cuando ha adquirido carácter definitivo, esto es, cuando no existan contra ella medios de impugnación que permitan modificarla. Como señala Ledesma Narvaez[3], el concepto de autoridad se complementa con la medida de eficacia, la que se analiza bajo tres posibilidades: inimpugnabilidad (impide todo ataque posterior tendiente a su revisión), inmutabilidad (ninguna autoridad podrá los términos de la sentencia) y coercibilidad (eventual ejecución forzada).

NOVENO. De los antecedentes expuestos, es un hecho innegable que existe ya pronunciamiento por el órgano jurisdiccional en relación a la suma puesta a cobro en el presente proceso de obligación de dar suma de dinero, pues en el Expediente N.° 00015-1998-0-2301-JR-CI-01, se expidió la resolución número veinte, de fecha diecisiete de julio de mil novecientos noventa y ocho, obrante a fojas sesenta y nueve del referido expediente, mediante la cual se declaró “fundada en parte la contradicción efectuada por Julio Raúl Girón Sánchez por ser inexigible la obligación contenida en el pagare signado con el número quinientos treinta y seis por la suma de 190,000 dólares americanos e inejecutables las garantías por esta pretensión” (sic). Ante dicha resolución, la entidad demandante (en ese entonces Banco Wiese Sudameris) interpuso recurso de nulidad, ante lo cual, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, resolvió declarar inadmisible la apelación y nulo el concesorio conforme se advierte de la resolución de fecha dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, obrante a fojas sesenta y cuatro del citado expediente. Además, mediante resolución número ochenta y nueve, del doce de julio de dos mil diez, obrante a fojas cien del referido expediente, se declaró consentida la resolución número ochenta y siete, del veinticinco de junio de dos mil diez, que resolvió declarar prescrita la acción de ejecución de la ejecutoria consistente en la resolución número veinte. A mayor abundamiento, se debe precisar que uno de los funcionarios del Banco Wiese Sudameris (en ese entonces), ha sido condenado como autor del delito de defraudación, por haberse determinado que el pagaré en blanco fue llenado de manera indebida como si los demandados debieran al citado Banco la suma de $ 190,000 dólares americanos, suma que ahora también pretende la parte demandante su pago mediante este proceso.

DÉCIMO. Siendo ello así, esta Sala Suprema advierte que la sentencia de vista que confirma la sentencia apelada, se encuentra debidamente motivada respecto a la obligación de dar suma de dinero, conforme se aprecia del análisis realizado por el Ad quem y por el Aquo. Debido a que de la valoración conjunta de los medios probatorios presentados por las partes y admitidos en la Audiencia Única se ha probado que las partes han celebrado el contrato de reconocimiento y refinanciación de deuda, de fecha treinta y uno de diciembre mil novecientos noventa y seis, empero, se debe tener presente que la obligación puesto a cobro mediante el pagaré N.° 000536 por la suma de $ 190,000.00 (ciento noventa mil dólares americanos), monto que ahora la parte demandante pretende su cobro mediante este proceso de obligación de dar suma de dinero ya ha sido materia de pronunciamiento en el Expediente N° 00015-1998-0-2301-JR-CI-01, sobre ejecución de garantías, en el cual se concluyó que la deuda es inexigible por no haberse acreditado el desembolso por la suma 190,000.00 (ciento noventa mil dólares americanos). Así las cosas, se aprecia que existe una sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada cuyo pronunciamiento es inmutable.

DÉCIMO PRIMERO. Asimismo, se debe tener en cuenta que de los procesos mencionados en el noveno considerando, el Banco (ahora demandante) ha presentado en su oportunidad los medios probatorios pertinentes y ha ejercido su derecho de defensa, los cuales han merecido respuesta por los órganos jurisdiccionales respectivos, a través de resoluciones debidamente motivadas, que ahora mediante este proceso pretende la parte recurrente con argumentos similares, cuestionar lo resuelto por las instancias de mérito, por lo que, no se observa vulneración alguna de los artículos 188 y 197 del Código Procesal Civil, debido a que tanto el A quo como el Ad quem valorando la prueba y utilizando su apreciación valorada ha cumplido con la finalidad de los medios probatorios.

DÉCIMO SEGUNDO. En tal sentido, se aprecia que las instancias de mérito han emitido un pronunciamiento acorde con la pretensión demandada; empleando en forma suficiente los fundamentos que le han servido de base, y que son consecuencia de una valoración adecuada de los medios probatorios, y de las cuestiones fácticas; no verificándose motivación insuficiente; debido a que se ha determinado durante el presente proceso que la deuda que alega la parte recurrente es inexistente; lo cual nos permite concluir que el recurso extraordinario de casación planteado por la parte recurrente debe ser declarado infundado.

6. DECISIÓN

En base a las consideraciones expuestas, esta Sala Suprema, en aplicación de lo señalado en el artículo 396 del Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas mil doscientos setenta y uno, por Servicios de Cobranzas e Inversiones S.A.C; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha seis de junio de dos mil dieciséis, obrante a fojas mil doscientos cincuenta y cinco; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por Scotiabank Perú S.A.A. contra Julio Raúl Girón Sánchez y otra, sobre obligación de dar suma de dinero; y los devolvieron. Por licencia del Señor Juez Supremo Távara Córdova integra este Supremo Tribunal la Señora Jueza Suprema Céspedes Cabala. Interviniendo como ponente el Señor Juez Supremo Calderón Puertas.

SS. TELLO GILARDI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CALDERÓN PUERTAS, SÁNCHEZ MELGAREJO, CÉSPEDES CABALA.

 



[1] IGARTUA SALAVERRÍA, Juan. El razonamiento en las resoluciones judiciales. Lima: Palestra editores S.A.C., 2009, pág. 19.

[2] Cfr. HIGA SILVA, César Augusto, “Una propuesta metodológica para la motivación de la cuestión fáctica de la decisión judicial como concretización del deber constitucional de motivar las sentencias”, Tesis para optar el grado académico de magíster en Derecho Constitucional, Pontificia Universidad Católica, Lima, 2015, pág. 37.

[3] Ledesma Narváez, Marianela. Comentarios al Código Procesal Civil. Gaceta Jurídica. Tercera Edición, Lima, 2011. p. 309.

 

Boletines anteriores

Publicidad