La pretensión accesoria no se puede estimar si se ha descartado la principal

Fuente: Seguridad Ciudadana

CAS. N.º 2802-2016 Junín

Emitida el 25 de octubre del 2017

(Publicada en El Peruano, 02/05/2018)

Juez ponente

Señor Juez Supremo Romero Díaz

Decisión

Fundado

Normas aplicables

Artículo 87 del Código Procesal Civil

Fundamento jurídico relevante

Del tenor de la presente demanda se desprende que los demandantes solicitaron como pretensión principal la Nulidad del Contrato de Compraventa, de fecha diecinueve de febrero de dos mil diez y como su pretensión accesoria la nulidad de su inscripción registral, desestimando la Sala Superior la pretensión principal y amparando su pretensión accesoria, resultando contradictorio dicho fallo, ya que no se ha tenido en cuenta la naturaleza de este último tipo de pretensiones, esto es, que dependen de la propuesta como principal, a tenor de lo estipulado en la primera parte del artículo 87 del Código Procesal Civil.

 

CAS. N.º 2802-2016

JUNÍN

 

NULIDAD DE ACTO JURÍDICO

SUMILLA. El derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva).

Lima, veinticinco de octubre de dos mil diecisiete.

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; visto el expediente número dos mil ochocientos dos - dos mil dieciséis, en Audiencia Pública de la fecha, y emitida la votación de la Suprema Sala conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se expide la siguiente sentencia:

I. MATERIA DEL RECURSO

Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandada Tomasa Soto Gallufe de Torres (folios 597), contra la sentencia de vista contenida en la Resolución número treinta y siete, de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciséis (folios 554), expedida por la Sala Civil de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, la cual revocó la sentencia de primera instancia contenido en la Resolución número veintiocho, de fecha once de setiembre de dos mil quince, por la que se declara fundada en parte la demanda solo en el extremo por la que se declara nula y sin efecto alguno la Escritura Pública de Compraventa de fecha diecinueve de febrero de dos mil nueve y reformándola declara infundada la demanda en este extremo y la confirma en lo demás que contiene.

II. CAUSALES POR LAS QUE SE DECLARÓ PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN

Esta Sala Suprema, por resolución de fecha dieciocho de mayo de dos mil diecisiete (folios 91 del cuadernillo de casación), ha declarado la procedencia del recurso de casación por las causales de: a) Infracción normativa de los incisos 3, 5 y 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, así como el artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, expresando que la Sala de vista no se ha pronunciado sobre todos los agravios esgrimidos en su recurso de apelación que guardan incidencia sobre la litis y no ha tenido en consideración que existe una inadecuada tramitación del proceso, ya que desde la presentación de la demanda existe una indebida acumulación de pretensiones, la misma que era de carácter insubsanable, asimismo, se le ha notificado, sin considerar su escrito de fecha diecisiete de diciembre de dos mil doce, en un inmueble que no es su domicilio real, agrega que la Sala Revisora señala expresamente que en el caso de autos no existe causal de nulidad, sin embargo incongruentemente persiste en mantener la nulidad de la inscripción registral, no habiendo analizado las normas de habilitación urbana que regulan la construcción de viviendas, para establecer que el predio de la demandante no se sujeta a tal ordenamiento; b) Inaplicación del artículo 1414 del Código Civil, indicando que resulta arbitrario que la Sala de vista, sin analizar la naturaleza jurídica pese a que fue propuesto como agravio de su recurso de apelación, haya considerado al contrato preparatorio de la demandante como uno definitivo, no obstante que no cumple con las características que éste exige, además a la fecha el contrato preparatorio no tiene vigencia y menos aún fue renovado; y c) inobservancia del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, arguyendo que no se ha determinado la ubicación exacta del inmueble de la demandante ya que en el documento que presenta no se indica las medidas perimétricas del área de cien metros cuadrados (100.00 m2), habiendo seña lado que es propietaria de dicha extensión, sin embargo del plano de ubicación y lotización se advierte que es posesionaria de ochenta y dos metros cuadrados (82.00 m2), agrega que al haberse desestimado la pretensión de reivindicación de dieciocho metros cuadrados (18.00 m2), no se explica cómo se podrá reivindicar tal área.

III. ANTECEDENTES

Para analizar esta causa civil y verificar si se ha incurrido o no, en la infracción normativa reseñada en el parágrafo que antecede, es necesario realizar las siguientes precisiones fácticas sobre este proceso: 3.1. A través de la presente demanda (folios 59) los actores pretenden las siguientes pretensiones: principal: a) Nulidad del Contrato de Compraventa de fecha diecinueve de febrero de dos mil diez, celebrado por Leve Libertad Aliaga Baltazar a favor de Tomasa Soto Gallufe de Torres y Alejandro Torres Jesús, respecto del inmueble ubicado en el Pasaje s/n denominado Mantaro, Pilcomayo, Huancayo – Junín, inscrito en la Partida P11132898 (inscripción del acto jurídico el uno de marzo de dos mil diez); y b) Nulidad del Contrato de Compraventa con cláusula adicional de contrato de crédito hipotecario de fecha veintiséis de febrero de dos mil once, celebrado por Medardo Edgar Aliaga Baltazar y Gloria Jesús Canchapoma de Aliaga a favor de Tomasa Soto Gallufe de Torres y Alejandro Torres Jesús; Pretensiones accesorias: a) La nulidad de la inscripción en los Registros Públicos del inmueble descrito en la Escritura Pública de Compraventa de fecha diecinueve de febrero de dos mil diez; y b) La nulidad de la inscripción en los Registros Públicos de la constitución de garantía hipotecaria de fecha once de marzo de dos mil once. Fundamenta su demanda señalando que los mencionados actos jurídicos adolecen de nulidad bajo las causales mencionadas en los incisos 3 y 4 del artículo 219 del Código Civil, acotando además lo siguiente: 1) Mediante documento denominado “Contrato Preparatorio de Compraventa” de fecha catorce de mayo de dos mil nueve, adquirieron en su condición de promitentes compradores, el inmueble ubicado en el anexo Villa Mantaro, Distrito de Pilcomayo, Provincia de Huancayo, con una extensión de cien metros cuadrados (100.00 m2) de su promitente vendedora Leve Libertad Aliaga Baltazar, por el precio de quince mil soles (S/.15,000.00), cumpliendo con cancelar a la fecha de suscripción del contrato preparatorio la suma de catorce mil soles (S/.14,000.00) y el saldo de mil soles (S/.1,000.00) fue entregado a su hija Klothy Marcia Loyola Aliaga el veintiséis de febrero del año dos mil diez, por indicación de la vendedora, siendo que el inmueble vendido se encuentra dentro de una extensión total de quinientos cincuenta y cinco punto treinta y dos metros cuadrados (553.32 m2); 2) Con fecha diecinueve de febrero de dos mil diez Leve Libertad Aliaga Baltazar con mala fe suscribió la Escritura Pública de Compraventa a favor de Tomasa Soto Gallufe de Torres y su cónyuge Alejandro Torres Jesús, respecto del inmueble de mayor extensión de quinientos cincuenta y tres punto treinta y dos metros cuadrados (553.32 m2), incluido el predio de cien metros cuadrados (100.00 m2) de su propiedad, por la suma total de sesenta mil dólares americanos (US$.60,000.00); 3) Esta escritura pública es nula, conforme a los incisos 2 y 3 del artículo 140 del Código Civil, concordante con los incisos 3 y 4 del artículo 219 del mismo Código, debido a la imposibilidad del objeto materia de Compraventa, ya que la demandada no podía vender un predio del que había dispuesto y como tal ya no era de su propiedad, así como por su finalidad ilícita; 4) En la misma fecha de celebración del segundo contrato (diecinueve de febrero de dos mil diez) Leve Libertad Aliaga Baltazar suscribe con los compradores una minuta de “Aclaración de Compraventa”, donde se reconoce que la venta era respecto a una extensión de cuatrocientos cincuenta y tres punto treinta y tres metros cuadrados (453.33 m2) y los demandantes son propietarios de cien metros cuadrados (100.00 m2), sin embargo, esto no se logra inscribir, pero sí la ilegal inscripción de la totalidad del predio; y 5) No obstante esto, los demandados Tomasa Soto Gallufe de Torres y Alejandro Torres Jesús, mediante documento denominado “Compraventa con cláusula adicional de contrato de crédito hipotecario”, de fecha veintiséis de febrero de dos mil once, han constituido garantía hipotecaria del predio de quinientos cincuenta y tres punto treinta y tres metros cuadrados (553.33 m2), denominado inmueble 2, ubicado en Villa Mantaro, Distrito de Pilcomayo, al igual que con otro inmueble de su propiedad denominado inmueble 1 a favor de Scotiabank Perú Sociedad Anónima Abierta por la suma de noventa mil seiscientos cincuenta y ocho dólares americanos (US$.90,658.00), por tanto este acto jurídico adolece de nulidad absoluta, toda vez que los demandados han obtenido un crédito a su favor, hipotecando un predio que es de los demandantes. 3.2. Por auto contenido en la Resolución número dos, de fecha veinte de abril de dos mil doce (folios 80) se admite a trámite la demanda en vía de proceso de conocimiento. 3.3. Por escrito Merardo Edgar Aliaga Baltazar y Gloria Jesús Canchapoma de Aliaga (folios 105), contestan la demanda, señalando lo siguiente: 1) Con fecha veintiséis de febrero de dos mil once los recurrentes suscribieron contrato de Compraventa con la finalidad de transferir el paraje denominado Villa Mantaro, ubicado en la esquina con la Avenida Circunvalación y el pasaje Las Mercedes s/n del anexo Villa Mantaro, Distrito de Pilcomayo, Provincia de Huancayo, con un área de terreno de novecientos ochenta y cuatro punto setenta y siete metros cuadrados (984.77 m2), Partida Electrónica número 11149089 (inmueble 1) a favor de Tomasa Soto Gallufe de Torres y Alejandro Torres Jesús, con la intervención de Scotiabank Perú Sociedad Anónima Abierta; 2) En esa misma fecha Tomasa Soto Gallufe de Torres y Alejandro Torres Jesús insertan en el referido documento una cláusula adicional de “Contrato de Crédito y Garantía Hipotecaria”, en el que participan estos y Scotiabank Perú Sociedad Anónima Abierta, en donde el Banco le otorga a estos un crédito para que puedan adquirir el referido inmueble 1 y  adicionalmente el inmueble de quinientos cincuenta y tres punto treinta y tres metros cuadrados (553.33 m2) inscrito en la Partida número 11132898 (inmueble 2); y 3) Los demandantes demandan la nulidad del contrato de compraventa del inmueble 1, terreno de novecientos ochenta y cuatro punto setenta y siete metros cuadrados (984.77 m2) de la Partida número 11149089, que nada tiene que ver con lo que esgrimen en sus fundamentos fácticos, pues ellos se refieren al inmueble 2 de quinientos cincuenta y tres punto treinta y dos metros cuadrados (553.32 m2) de la Partida número 11132898. 3.4. Por escrito Scotiabank Perú Sociedad Anónima Cerrada (folios 132), contesta la presente demanda señalando básicamente que al momento de constituirse la hipoteca el inmueble se encontraba inscrito en los Registros Públicos de Junín a favor de Alejandro Torres Jesús y su cónyuge Tomasa Soto Gallufe de Torres, por lo que dichas personas se encontraban facultadas para hipotecar el inmueble a favor de su representada, incluso a la fecha podrían hacerlo, ya que en los Registros Públicos siguen figurando como propietarios del inmueble. Conforme al artículo 2014 del Código Civil, el derecho de su representada se encuentra asegurado por el Principio de la Buena Fe Registral. 3.5. Mediante sentencia contenida en la Resolución número veintiocho, de fecha once de setiembre de dos mil quince (folios 433), el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín declaró fundada en parte la demanda, en consecuencia nula y sin efecto legal la Escritura Pública de Compraventa de fecha diecinueve de febrero de dos mil diez y por consiguiente nula la inscripción registral de dicho acto jurídico; Infundada la demanda en cuanto a la nulidad de la Escritura Pública de Compraventa con cláusula adicional de contrato de crédito hipotecario de fecha veintiséis de febrero de dos mil once, así como de su inscripción registral. Señala como fundamentos los siguientes: 1) El contrato de compraventa de fecha diecinueve de febrero de dos mil diez adolece de nulidad (jurídicamente imposible), ya que la demandada Leve Libertad Aliaga Baltazar ha vendido por segunda vez el mismo inmueble, que anteriormente con fecha catorce de mayo de dos mil nueve ya había vendido a la demandante Dora De la Paz Blas con un área de cien metros cuadrados (100.00 m2); 2) En cuanto a la causal de fin ilícito, sí se advierte su concurrencia, pues a pesar de que las partes contratantes (vendedora y compradora) en la misma fecha diecinueve de febrero de dos mil diez, habían celebrado la minuta denominada “aclaración de compraventa”, en la cual dejaron aclarado que la venta del inmueble no era de los quinientos cincuenta y tres punto treinta y dos metros cuadrados (553.32 m2), sino solamente de los cuatrocientos cincuenta y tres punto treinta y dos metros cuadrados (453.32 m2), los compradores demandados inscribieron su Compraventa en los Registros Públicos, incluyendo dentro de dicha inscripción la propiedad de la demandante; 3) La mencionada minuta de “aclaración de Compraventa” fue presentada sin firma de abogado, dando lugar a que no sea elevada a Escritura Pública; y 4) De otro lado, el segundo acto jurídico se encuentra protegido por los artículos 2012 y 2014 del Código Civil. 3.6. Por escritos de folios 450, 457 y 488 los demandados Leve Libertad Aliaga Baltazar, Tomasa Soto Gallufe de Torres y Alejandro Torres Jesús respectivamente, interponen recurso de apelación, por lo que, mediante sentencia de vista contenida en la Resolución número treinta y siete, de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciséis (folios 554), la Sala Civil de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín revocó la sentencia apelada en el extremo que declara nula y sin efecto alguno la Escritura Pública de Compraventa de fecha diecinueve de febrero de dos mil diez y reformándola declara infundado dicho extremo, con lo demás que contiene, bajo los siguientes argumentos: 1) Al emitirse la sentencia se ha procedido a declarar nula y sin efecto legal alguno la Escritura Pública y nula la inscripción registral, esto sin pronunciarse respecto al acto jurídico que contiene la mencionada Escritura Pública; 2) Si bien es cierto, existe una manifestación de voluntad de los demandados en el sentido de disponer como propio el bien inmueble de cien metros cuadrados (100.00 m2) que con anterioridad fue adquirido por la parte demandante, cierto es también que dicha declaración ha sido rectificada o modificada; 3) Se aprecia en el documento de fojas 9 que al final de la transcripción de la minuta de aclaración, el notario hace constar: Firmado Octavio Cartagena Vallejo Abogado 38803; 4) Conforme a la postulación de la demanda, se aprecia la existencia de un acto irregular, el cual genera perjuicios a la demandante, esto es, que los demandados vendedores han inscrito en los Registros Públicos sólo el contrato de Compra Venta originario, manteniendo en el ámbito privado el acto jurídico de aclaración, lo cual ha originado que el bien en su totalidad haya sido gravado a favor de una entidad bancaria, en cuya conducta se presume la existencia de un fin ilícito, lo que no puede tener otro propósito sino el de causar perjuicios a la parte demandante; 5) La actora pretende que su derecho de propiedad sobre la parte del bien adquirido por los demandados compradores sea excluido del título inscrito, sin embargo, existe un documento adicional no inscrito en el que se excluye dicha área, por lo que corresponde a los demandados compradores subsanar dicha irregularidad, la misma que incluso pudo ser ya subsanada; y 6) A fi n de resolver el presente conflicto debe nulificarse solo el acto de la inscripción registral de la Escritura Pública que contiene la finalidad de que los demandados compradores cumplan con inscribir la declaración de aclaración.

IV. MATERIA JURÍDICA EN DEBATE

En este caso, la cuestión jurídica objeto de control en sede casatoria consiste en determinar si los Jueces han infringido la normativa procesal de los incisos 3, 5 y 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, artículo 7 del Texto único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil y la normativa material del artículo 1414 del Código Civil; en ese sentido, corresponde primero emitir pronunciamiento respecto a la causal de infracción normativa in procedendo, pues de ampararse acarrearía la nulidad de la impugnada, resultando innecesario el pronunciamiento sobre las demás causales.

V. CONSIDERANDO

PRIMERO. Tal como lo establece el artículo 384 del Código Procesal Civil modificado por el artículo 1 de la Ley número 29364, el recurso de casación tiene por fines esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia (finalidad Nomofiláctica y Uniformizadora, respectivamente); finalidad que se ha precisado en la Casación número 4197-2007/La Libertad[1] y Casación número 615-2008/Arequipa[2]; por tanto, este Tribunal Supremo sin constituirse en una tercera instancia procesal, debe cumplir con pronunciarse acerca de los fundamentos del recurso, por las causales declaradas procedentes.

SEGUNDO. Existe infracción normativa cuando la resolución impugnada padece de anomalía, exceso, error o vicio de derecho en el razonamiento judicial decisorio, en el que incurrió el juzgador, perjudicial para la resolución de la controversia y nocivo para el sistema jurídico, que se debe subsanar mediante las funciones del recurso de casación.

TERCERO. Respecto a las causales denunciadas por infracción normativa, según Monroy Cabra: “Se entiende por causal (de casación) el motivo que establece la ley para la procedencia del recurso:”[3]. A decir de De Pina: “El recurso de casación ha de fundarse en motivos previamente señalados en la ley. Puede interponerse por infracción de ley o por quebrantamiento de forma. Los motivos de casación por infracción de ley se refieren a la violación en el fallo de leyes que debieran aplicarse al caso, a la falta de congruencia de la resolución judicial con las pretensiones deducidas por las partes, a la falta de competencia etcétera; los motivos de la casación por quebrantamiento de forma afectan […] a infracciones en el procedimiento”[4]. En ese sentido Escobar Fornos señala: “Es cierto que todas las causales suponen una violación de ley, pero esta violación puede darse en la forma o en el fondo”[5].

CUARTO. En cuanto a la infracción de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, cabe mencionar que el derecho fundamental al debido proceso, previsto en el inciso 3 del artículo mencionado, tal como ha sido señalado por el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia: “Es un derecho —por así decirlo— continente puesto que comprende, a su vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal. A este respecto, se ha afirmado que: “[...] su contenido constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmerso una persona, se realice y concluya con el necesario respeto y protección de todos los derechos que en él puedan encontrarse comprendidos”[6].

QUINTO. En adición a lo señalado, el debido proceso en su dimensión procesal comprende, entre otros, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, que importa que los órganos jurisdiccionales expresen las razones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión; asimismo el Tribunal Constitucional ha señalado[7], respecto a la motivación incongruente lo siguiente: “El derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)”.

SEXTO. Del tenor de la presente demanda se desprende que los demandantes solicitaron como pretensión principal la Nulidad del Contrato de Compraventa, de fecha diecinueve de febrero de dos mil diez y como su pretensión accesoria la nulidad de su inscripción registral, desestimando la Sala Superior la pretensión principal y amparando su pretensión accesoria, resultando contradictorio dicho fallo, ya que no se ha tenido en cuenta la naturaleza de este último tipo de pretensiones, esto es, que dependen de la propuesta como principal, a tenor de lo estipulado en la primera parte del artículo 87 del Código Procesal Civil[8].

SÉTIMO. De lo expuesto precedentemente, este Supremo Tribunal concluye que la sentencia materia de impugnación contiene una motivación incongruente con lo solicitado y actuado en autos, infringiéndose de esta manera las garantías constitucionales al debido proceso y motivación de resoluciones judiciales, previstas en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, siendo innecesario pronunciarse respecto a las demás infracciones alegadas.

VI. DECISIÓN

Por tales consideraciones y en aplicación de lo dispuesto por el artículo 396 del Código Procesal Civil: 6.1. Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandada Tomasa Soto Gallufe de Torres (folios 597); en consecuencia NULA la sentencia de vista contenida en la Resolución número treinta y siete, de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciséis (folios 554), expedida por la Sala Civil de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín; MANDARON que la Sala Superior expida nueva resolución con arreglo a ley. 6.2. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Dora De la Paz Blas y otro, contra Tomasa Soto Gallufe de Torres y otros, sobre Nulidad de Acto Jurídico y otros; y los devolvieron. Ponente Señor Romero Díaz, Juez Supremo.

S.S. ROMERO DÍAZ, CABELLO MATAMALA, DE LA BARRA BARRERA, CÉSPEDES CABALA, TORRES VENTOCILLA.



[1] Diario Oficial El Peruano: Sentencias en Casación, Lunes 31 de marzo de 2008, páginas 21689 a 21690. 

[2] Diario Oficial El Peruano: Sentencias en Casación, Lunes 31 de marzo de 2008, páginas 23300 a 23301.

[3] Monroy Cabra, Marco Gerardo, Principios de derecho procesal civil, Segunda edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, página 359.

[4] De Pina, Rafael. Principios de derecho procesal civil, Ediciones Jurídicas Hispano Americanas, México D.F., 1940, página 222.

[5] Escobar Fornos Iván, Introducción al proceso, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1990, página 241.

[6] STC 7289-2005-AA/TC.

[7] STC 3943-2006-PA/TC.

[8] 8 Artículo 87. Acumulación objetiva originaria La acumulación objetiva originaria puede ser subordinada, alternativa o accesoria. Es subordinada cuando la pretensión queda sujeta a la eventualidad de que la propuesta como principal sea desestimada; es alternativa cuando el demandado elige cuál de las pretensiones va a cumplir; y es accesoria cuando habiendo varias pretensiones, al declararse fundada la principal, se amparan también las demás. 

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