Se anula todo lo actuado únicamente como ultima ratio y por vicio relevante

Este fue el criterio asumido por el pleno del Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Exp. N.° 06259-2013-PA/TC, en el que se interpuso un recurso de agravio constitucional contra la resolución emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del Santa, que declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta contra las sentencias del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Chimbote y el Quinto Juzgado Civil del mismo distrito judicial. Esta última sentencia confirmó lo decidido por la anterior, declarando fundada la demanda de obligación de dar suma de dinero incoado en contra de la ahora accionante.

 

En la demanda de amparo se alega una vulneración a los derechos al debido proceso, de defensa, a la igualdad ante la ley y de propiedad, tras precisar que no se le notificó con el auto de saneamiento procesal contenido en el acta de la audiencia de saneamiento y conciliación, además que dichas sentencias carecían de una debida fundamentación en derecho.

 

Al respecto, el Tribunal desestimó la demanda tras considerar lo siguiente:

 

“[L]a declaración de nulidad de un acto procesal requerirá la presencia de un vicio relevante en la configuración de dicho acto (principio de trascendencia), anomalía que debe incidir de modo grave en el natural desarrollo del proceso; es decir, que afecte la regularidad del procedimiento judicial. Por lo tanto, la declaratoria de nulidad de un acto procesal viciado únicamente procederá como ultima ratio, pues de existir la posibilidad de subsanación (principio de convalidación) por haber desplegado los efectos para el cual fue emitido, sin afectar el proceso, no podrá declararse la nulidad del mismo”. [El subrayado es nuestro].

 

Y respecto del caso en particular:

 

“[L]a omisión en la notificación de la resolución de saneamiento procesal que la recurrente alude como fundamento de la demanda de amparo, no resulta por sí misma razón suficiente para dictar sentencia estimatoria, habida cuenta que ello no generó para la actora una situación de indefensión que implique la imposibilidad de efectuar argumentos a favor de sus derechos e intereses legítimos, no solo porque no formuló excepciones ni defensas previas que hubieran requerido ser examinadas en el autor de saneamiento y cuyo rechazo hubiera habilitado la posibilidad de impugnarla, sino también porque no formuló la nulidad del alegado defecto en la primera oportunidad que tuvo para hacerlo, esto es, al momento de presentar el escrito de variación de domicilio que corre a fojas 110 del cuaderno del Tribunal. Además, de haber advertido alguna deficiencia en la relación jurídica procesal, tuvo la oportunidad de argüirlo al formular apelación contra la sentencia. Consecuentemente, en autos no se encuentra probada la violación del derecho de defensa. (El subrayado es nuestro).

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