Para un control jurisdiccional de las actuaciones administrativas se requiere no solo el agotamiento de los recursos administrativos

En este sentido se pronuncia la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, en la sentencia recaída en Casación N.° 6733-2013-Lima (El Peruano, 30/10/15), en el marco de un proceso contencioso-administrativo. En este, la demandante pide que se declare la nulidad e ineficacia jurídica de dos resoluciones administrativas, la primera de ellas una Resolución de Intendencia de la SUNAT por la cual se declaró inadmisible el recurso de reclamación que se interpuso contra dos resoluciones de multa y una de determinación, dejando a salvo el derecho de formular nueva reclamación previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 136 y 137 del Código Tributario.

 

En primera instancia, la Superior declara fundada la demanda. En segunda instancia, la Suprema la declara improcedente tras considerar que dichos actos administrativos “no habían causado estado [en los términos del art. 148 de la Constitución Política], pues dejaron a salvo el derecho de la empresa demandante para formular nuevo recurso de reclamación una vez que haya subsanado las deficiencias que motivaron la declaración de inadmisibilidad”.

 

En sede casatoria, la Suprema declara infundado el recurso de casación, sustentando su decisión en lo siguiente:

 

“[E]l solo hecho de haberse agotado la posibilidad de ejercer recursos administrativos contra un acto de la Administración, conforme a las reglas que estas disposiciones contienen, no lo convierte per se en uno susceptible de impugnación a través del proceso contencioso administrativo, independientemente del contenido del mismo. […] [E]l acceso al sistema de control jurisdiccional de las actuaciones de la Administración Pública exige que la actuación que se pretende impugnar no solo haya agotado la vía de los recursos administrativos, sino que produzca un estado definitivo o concluyente en la esfera jurídica a la cual se dirige, pues de otro modo, si la actuación administrativa es únicamente interina o incidental dentro de un procedimiento administrativo, deberá mantenerse todavía vigente la potestad de la Administración Pública para decidir respecto a ella hasta su decisión adquiera carácter decisivo, en tanto –claro está– que no existan circunstancia que ameriten dejar de lado esta regla”. (El subrayado es nuestro).

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