El Estado podría formular oposición contra la inscripción de un derecho por un tercero sobre el bien de su propiedad aunque no este regulado

 

Así lo determinó la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema en la Casación N.° 4685-2013 Ica (El Peruano, 30/03/2015), en la cual el demandante pretendió inscribir su derecho de posesión ante el registrador público, no obstante, la Superintendencia de Bienes Nacionales inició una demanda de oposición registral, puesto que se trataba de un predio rústico de propiedad estatal.

 

El recurrente alegó infracción de las regulaciones contenidas en la Ley del Registro de Predios Rurales (Decreto Legislativo N.° 667), normativa que no considera explícitamente la posibilidad de que el Estado presente oposición cuando alguien persiga inscribir su posesión sobre un bien de su propiedad.

 

El artículo 22 del Decreto Legislativo Nº 667 declara:

 

“Quien esté poseyendo y explotando económicamente un predio rural de propiedad de particulares en forma directa, contínua, pacífica, pública y como propietario, por un plazo mayor de 5 años, podrá solicitar la inscripción de su derecho de posesión en el ‘Registro Predial’ (…)”.

(El subrayado es nuestro)

 

Sin embargo,  la Suprema señaló lo siguiente:

 

“(…)desde la óptica de la protección a la tutela jurisdiccional y, además, del favorecimiento al proceso, evidencia la necesidad de reconocer al Estado la posibilidad de oponerse a las inscripciones de derecho de posesión que puedan realizarse sobre los bienes de su propiedad, puesto que, aun cuando la regulación contenida en el decreto legislativo N.° 667 no permite que la inscripción del derecho de posesión produzca automáticamente la inscripción del derecho de propiedad a favor del posesionario, ello no deja de lado el hecho de que, en estos casos, el Estado deba enfrentarse a la inscripción de un derecho ajeno sobre los bienes de su propiedad, frente a lo cual debe posibilitarse una vía de impugnación a lo decidido administrativamente.”

 

DATO

 

La prescripción adquisitiva administrativa es un procedimiento que se inicia con la solicitud al Registrador Público, quien evalúa si la documentación acredita el derecho de posesión y, de ser así, procede a registrarlo a favor del solicitante y a publicarlo en el diario oficial El Peruano.

 

Así,  cualquier ciudadano (ahora también el Estado), pueden presentar oposición a este acto en el plazo de treinta días hábiles. Si no hay oposición, ello trae consigo, la automática inscripción del derecho de propiedad, cancelándose el derecho del titular anterior.

 

Contra esta decisión del Registrador Público, según el Reglamento General de los Registros Públicos, no cabe impugnación alguna en sede registral, sino que corresponde su impugnación en la vía del proceso contencioso administrativo.

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