La pretensión de indemnización por daño emergente debe sustentarse documentalmente

Es válido la indemnización por daño emergente cuando posee sustento documental

CAS. N.º 4029-2015 Lima

Emitida el 8 de setiembre del 2017

(Publicada en El Peruano, 31/07/2018)

Juez ponente

Señor Juez Supremo Miranda Molina

Decisión

Infundados

Normas aplicables

Artículo 200 del Código Procesal Civil

Fundamento jurídico relevante

[R]especto al daño emergente, consideramos correcta la decisión del Ad quem en cuanto ha estimado que aun cuando el demandante alegó haber sufrido daño emergente, como consecuencia de la actuación arbitraria de la parte demandada; sin embargo, no ha cumplido con sustentar en forma documental la pérdida efectiva que ha padecido, lo que significa la improbanza de la pretensión […]

 

CAS. N.º 4029-2015

LIMA

INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS

Sumilla. Se aprecia que la sentencia de vista impugnada contiene los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos de manera ordenada y coherente, lo cual significa que no existe vulneración alguna del deber constitucional de motivación a que alude el Ministerio Público en su recurso.

Lima, ocho de setiembre de dos mil diecisiete.

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: Vista la causa número cuatro mil veintinueve - dos mil quince, en Audiencia Pública de la fecha, efectuado el debate y la votación correspondiente, emite la presente sentencia.

MATERIA DEL RECURSO

Se trata de los recursos de casación interpuestos por Lizandro Ricardo Zapata Corrales a fojas quinientos doce, y por el Ministerio Público a fojas quinientos cincuenta y uno, contra la sentencia de vista de fojas cuatrocientos sesenta y ocho, de fecha diecinueve de junio de dos mil quince, emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la sentencia apelada de fojas trescientos veintidós, de fecha quince de abril de dos mil catorce, en cuanto declaró fundada en parte la demanda, respecto a la indemnización por lucro cesante y daño moral, e infundada la misma respecto al daño emergente; la revocó en el extremo que ordena el pago de una indemnización por concepto de lucro cesante por doscientos cincuenta mil soles (S/250,000.00), y por daño moral la suma de doscientos cincuenta mil soles (S/250,000.00); y reformándola, ordenó el pago de los montos de doscientos mil soles (S/200,000.00) y noventa mil soles (S/90,000.00), por dichos conceptos, respectivamente; en los seguidos por Lizandro Ricardo Zapata Corrales contra el Ministerio Público, sobre Indemnización por Daños y Perjuicios.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Esta Sala Suprema, mediante resoluciones de fojas ciento cincuenta y cuatro y ciento cincuenta y siete del presente cuadernillo, de fecha trece de octubre de dos mil dieciséis, ha estimado declarar procedentes ambos recursos de casación, el de Lizandro Ricardo Zapata Corrales por la causal de infracción normativa de derecho material y el del Ministerio Público por infracción normativa de derecho procesal. Los recurrentes denuncian: I.- Recurso de Lizandro Ricardo Zapata Corrales: Infracción normativa material de los artículos 1242 segundo párrafo, 1321, 1331 y 1332 del Código Civil, sostiene que el Ministerio Público debe pagar al demandante una indemnización por daños y perjuicios por lucro cesante y daño moral, más intereses legales del monto de la indemnización peticionada en su demanda, desde la fecha en que se produjo el daño (cese en el cargo que venía desempeñando como Fiscal Adjunto Titular), y no desde la fecha en que se notificó la demanda. Asimismo, aduce que en la sentencia de vista no se ha tenido en cuenta que el daño emergente consiste en el empobrecimiento del patrimonio que ha sido objeto por parte de la entidad demandada, y que este hecho está probado con los recaudos que ha presentado en autos; y II.- Recurso del Ministerio Público: Infracción normativa procesal de los artículos 200 del Código Procesal Civil y 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, menciona que la sentencia de vista adolece de motivación al no haberse resuelto la litis sustentando lo decidido en dispositivo jurídico alguno, incluso se evidencia un notorio error que afecta los Derechos al Debido Proceso, pues el Ministerio Público carece de legitimidad para obrar pasiva en el presente proceso; en tal sentido, la Sala Superior sin mayor fundamentación ha determinado que el Ministerio Público ha causado daño al demandante por el solo hecho de ser su empleador, sin tomar en cuenta que el causante del daño es el Poder Ejecutivo, quien tenía como política de gobierno, reestructurar el Poder Judicial y el Ministerio Público, porque fue quien expidió los Decretos Ley números 25530 y 25735 que generaron daño al demandante.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Previamente a la absolución del recurso de casación sub examine es necesario hacer un breve recuento de lo acontecido en el proceso: A fojas ciento trece Lizandro Ricardo Zapata Corrales interpone demanda de Indemnización por Daños y Perjuicios por Responsabilidad Contractual contra el Ministerio Público, solicitando que cumpla con pagarle la suma de diez millones de nuevos soles (S/.10’000,000.00) que comprende daño emergente, lucro cesante, daño moral, y daño a la persona, causado mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación número 261-93-MP-FN, la cual resolvió separarle definitivamente de su cargo de Fiscal Adjunto Titular de la Fiscalía Provincial Mixta de Huaral, luego de un proceso de evaluación que no contó con las garantías mínimas necesarias, vulnerando de esa manera sus derechos constitucionales al debido proceso, derecho de defensa, su honor y buena reputación, proyecto de vida y aspiración a lograr su ascenso.

SEGUNDO. Tramitada la demanda según su naturaleza, el juez de la causa, mediante sentencia de fojas trescientos veintidós, de fecha quince de abril de dos mil catorce, declaró fundada en parte la demanda; en consecuencia, ordenó que el Ministerio Público pague al demandante la suma de doscientos cincuenta mil nuevos soles (S/.250,000.00), por concepto de indemnización por lucro cesante y la suma de doscientos cincuenta mil nuevos soles (S/.250,000.00), por concepto de daño moral, más intereses legales a partir de la citación con la demanda; e infundada la misma en cuanto se pretende una indemnización por daño emergente y daño personal; sin costas, ni costos. Como fundamentos de su decisión sostiene lo siguiente: Que el demandante no ha aportado elemento de juicio alguno que permita evidenciar el daño emergente que se traduce en detrimento, menoscabo o destrucción material de los bienes, pues si bien se encuentra acreditado que fue cesado y apartado del cargo de Fiscal Provincial Adjunto que venía ejerciendo, ello no genera automáticamente los presupuestos exigibles para asumir la obligación de indemnizar por este concepto, por lo que siendo así, no resulta atendible la demanda incoada en cuanto a este extremo se refiere. Que, en cuanto al lucro cesante reclamado, es evidente que este concepto tiene correlato en el tiempo no trabajado por el demandante, por acción directa e inmediata del hecho precisado, pues si bien a través de esta institución jurídica no puede ordenarse el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, sí resulta razonable y coherente concluir que, en efecto, el demandante fue separado del cargo injustamente, en virtud de no haberse comprobado de forma fehaciente y a la luz del debido proceso, responsabilidad alguna que haya ameritado aquella separación, de manera que, innegablemente no ha podido desenvolverse o desempeñarse de manera cabal en el ámbito privado; consecuentemente, debe aquilatarse esta situación y fijarse una indemnización de modo prudencial, a tenor de lo previsto en el artículo 1332 del Código Civil. Que como se ha visto, la separación del demandante del cargo de Fiscal Provincial Adjunto ocurrió de forma intempestiva y sin habérsele sometido a un debido procedimiento administrativo, pues no se le otorgó el derecho de defensa, lo que sin duda trajo consigo dolor, angustia y sufrimiento en la esfera subjetiva del citado accionante, habida cuenta que por imperio de medidas legales que imperaban en aquella época, no se le permitió acceder de forma inmediata, a efectos de que se le restituyan sus derechos; antes bien, aquella separación se dio en el marco de una serie de imputaciones que definitivamente mellaron la dignidad del demandante, tal como se acredita con las publicaciones anexadas a la demanda que dieron a conocer los ceses en cuestión, y que obran de fojas cuatro a treinta y cuatro. De otro lado, en lo relacionando al daño personal, este no ha sido debidamente probado, pues el proyecto de vida a que hace alusión el demandante, respecto a un eventual o probable ascenso en su trayectoria profesional constituye un aspecto subjetivo, pues el accionante no dejó de ser profesional del derecho, y por tanto posibilitado a ejercer este; en consecuencia, este extremo de la demanda debe desestimarse por improbado.

TERCERO. Apelada la mencionada resolución, la Sala Superior, mediante la sentencia de vista de fojas cuatrocientos sesenta y ocho, de fecha diecinueve de junio de dos mil quince, confirmó la sentencia apelada, en cuanto declaró fundada en parte la demanda, respecto a la indemnización por lucro cesante y daño moral, e infundada respecto al daño emergente; la revocó en el extremo que ordenó el pago de una indemnización por concepto de lucro cesante por la suma de doscientos cincuenta mil nuevos soles (S/.250,000.00) y por daño moral la suma de doscientos cincuenta mil nuevos soles (S/.250,000.00); y reformándola, ordenó el pago de los montos de doscientos mil nuevos soles (S/.200,000.00) y noventa mil nuevos soles (S/.90,000.00), por dichos conceptos, respectivamente. Como sustento de su decisión manifiesta que respecto al lucro cesante; aun cuando se ha acreditado que el demandante estuvo alejado de la función fiscal durante nueve años y seis meses, no ha demostrado con exactitud el monto que ha dejado de percibir, de tal manera que el Ad quem considera que el A quo no ha fijado con valoración equitativa el monto por este concepto, en atención a la condición personal del demandante; esto es, a su capacidad para laborar en otras actividades durante su período de cese, y que el acceso a los grados inmediatos superiores en el escalafón fiscal, se da en virtud al cumplimiento de los requisitos que establezca la legislación de la materia, y no solo por obra del paso del tiempo; esto es, que representa una situación incierta, futura y expectaticia. Por lo tanto, la cuantificación del lucro cesante fijado debe ser reconocida en doscientos mil nuevos soles (S/.200,000.00). En cuanto al daño moral: la arbitraria separación inmediata que ha padecido el demandante, sin ser sometido a un debido procedimiento administrativo, ha visto afectada su imagen ante la sociedad, conforme se aprecia de las publicaciones periodísticas en los diarios de mayor circulación de aquella época. En ese sentido, su cese arbitrario e intempestivo genera una perturbación en el ánimo de la víctima, por padecer una situación ilegal, injusta y que vulnera sus derechos fundamentales. El importe a indemnizar debe ser lo suficientemente equitativo para resarcir la lesión anímica ocasionada, de tal manera que no implique un enriquecimiento desproporcionado de la víctima. En tal sentido, la cuantificación por resarcimiento moral debe ser reajustada, al no haber sido fijada con equidad, disponiendo el pago por dicho concepto de la suma de noventa mil nuevos soles (S/.90,000.00).

CUARTO. Conforme se ha anotado precedentemente, el recurso del Ministerio Público ha sido declarado procedente por la causal de infracción normativa de derecho procesal, razón por la cual debe absolverse, en principio dicho recurso, por las implicancias que podría tener su estimación, pues si se declara fundado el mismo debería verificarse el reenvío, careciendo de objeto, en tal supuesto, el pronunciamiento respecto al recurso de Lizandro Ricardo Zapata Corrales, que contiene la causal de infracción normativa de derecho material.

QUINTO. En tal orden de ideas, se aprecia que aun cuando la entidad recurrente invoca la vulneración de los artículos 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado y 200 del Código Procesal Civil, sus alegaciones casatorias se orientan a sostener la siguiente argumentación: a) La sentencia de vista adolece de motivación al no haberse resuelto, sustentando lo decidido en dispositivo jurídico alguno; b) El Ministerio Público carece de legitimidad para obrar pasiva en el presente proceso; c) La Sala Superior sin mayor fundamentación ha determinado que el Ministerio Público ha causado daño al demandante por el solo hecho de ser su empleador, sin tomar en cuenta que el causante del daño fue el Poder Ejecutivo, quien tenía como política de gobierno, reestructurar el Poder Judicial y el Ministerio Público, porque fue quien expidió los Decretos Leyes números 25530 y 25735, que generaron daño al demandante.

SEXTO. En lo referente al acápite a): Carece de asidero alguno, ya que a lo largo de los considerandos tercero, quinto, octavo, noveno, décimo primero, décimo segundo y décimo tercero de la sentencia recurrida el Ad quem ha consignado en forma extensa sus fundamentos jurídicos; es decir, luego de establecer las consideraciones fácticas, ha determinado en cuáles normas jurídicas se subsumen los mismos. En lo referente al acápite b): Es decir, en cuanto a la alegación de que el Ministerio Publico carece de legitimidad para obrar pasiva, cabe manifestar que según el artículo 454 del Código Procesal Civil, los hechos que configuran excepciones, no podrán ser alegados como causal de nulidad por el demandado, que pudo proponerlas como excepciones. Sin perjuicio de ello; cabe agregar que, según lo determinado por las instancias de mérito, precisamente el ente ahora recurrente es el que emitió la Resolución de la Fiscalía de la Nación número 261-93-MP-FN, que separó al demandante del cargo de Fiscal Adjunto Titular que ejercía y es la causante del daño que sufrió, razón por la cual mal puede alegar que no tiene legitimidad pasiva. En lo referente al acápite c): Tampoco puede estimarse como válido el argumento de la entidad recurrente en cuanto sostiene que la dación de dicha resolución fue en cumplimiento de los Decretos Leyes números 25530 y 25753, ya que tanto la Constitución Política vigente como la Constitución del año mil novecientos setenta y nueve (en su artículo 236), esta última vigente cuando se emitió la Resolución de Fiscalía en comentario, contemplaban el control difuso de las normas constitucionales, razón por la cual el Ministerio Público podía haber preferido la norma constitucional de protección de derechos del demandante frente a los referidos decretos leyes inconstitucionales.

SÉTIMO. A lo dicho debemos agregar que, por lo demás, se aprecia que la sentencia de vista impugnada contiene los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos de manera ordenada y coherente, lo cual significa que no existe vulneración alguna del deber constitucional de motivación al que alude el Ministerio Público en su recurso.

OCTAVO. De otro lado, absolviendo las alegaciones postuladas en el recurso de Lizandro Ricardo Zapata Corrales: en principio, se advierte que el demandante pretende que se le pague los intereses legales del monto indemnizatorio desde la fecha en que se produjo el daño y no desde la fecha en que se notificó la demanda. Al respecto, se advierte que la demanda se sustentó en que la demandada debía abonar indemnización proveniente del daño causado en el marco de la responsabilidad contractual y, congruentemente, con tal argumento, las instancias de mérito han sustentado sus fallos en tal tipo de responsabilidad. Tan es así que el ad quem, en el considerando décimo tercero de la recurrida, ha determinado que de conformidad con el art. 1333 del CC (relacionada la responsabilidad contractual) el pago de los intereses debe efectuarse desde la fecha de la citación con la demanda, que fue la fecha en que la entidad obligada (Ministerio Público) fue exigida respecto al pago de la indemnización en vía judicial, lo cual este Colegiado Supremo considera acertado.

NOVENO. Asimismo, respecto al daño emergente, consideramos correcta la decisión del Ad quem en cuanto ha estimado que aun cuando el demandante alegó haber sufrido daño emergente, como consecuencia de la actuación arbitraria de la parte demandada; sin embargo, no ha cumplido con sustentar en forma documental la pérdida efectiva que ha padecido, lo que significa la improbanza de la pretensión, de conformidad con el artículo 200 del Código Procesal Civil.

Por las consideraciones expuestas, no se configuran las causales de infracción normativa de carácter material ni procesal denunciadas, en consecuencia, no procede amparar el presente recurso de casación, por lo que de conformidad con el artículo 397 del Código Procesal Civil, declararon: INFUNDADOS los recursos de casación interpuestos por Lizandro Ricardo Zapata Corrales a fojas quinientos doce, y por el Ministerio Público a fojas quinientos cincuenta y uno del expediente principal; por consiguiente, NO CASARON la sentencia de vista de fojas cuatrocientos sesenta y ocho, de fecha diecinueve de junio de dos mil quince, emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Lizandro Ricardo Zapata Corrales contra el Ministerio Público, sobre Indemnización por Daños y Perjuicios; y los devolvieron. Integran esta Sala los Señores Jueces Supremos Calderón Puertas y Sánchez Melgarejo, por licencia de los Señores Jueces Supremos Romero Díaz y De La Barra Barrera. Ponente Señor Miranda Molina, Juez Supremo.

S.S. MIRANDA MOLINA, CALDERÓN PUERTAS, SÁNCHEZ MELGAREJO, CÉSPEDES CABALA, TORRES VENTOCILLA

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