No corresponde otorgar indemnización por denuncia calumniosa si esta se sustentó en indicios razonables

Cas. N.º 4236-2015 Ica

Emitida el 19 de abril del 2016

(Publicada en El Peruano, 31-08-17)

Juez ponente

Señor juez supremo De la Barra Barrera.

Normas aplicables

Infundado

Normas aplicables

Artículo 1982 del Código Civil

 

Fundamento jurídico relevante

[L]a absolución  de un proceso penal, no implica necesariamente la existencia de  una denuncia a sabiendas de su falsedad, más aun teniendo en  cuenta que el hecho atribuido en la denuncia, esto es la no  devolución de libros municipales, fue acreditado en el proceso  penal, habiendo sido absuelto de los cargos por la devolución de  los mismos. De lo que se colige que el recurso de casación debe  ser declarado infundado en todos sus extremos.


CAS. N.º 4236-2015

ICA

INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS.

No corresponde indemnización por denuncia calumniosa, cuando los hechos que la originaron estuvieron sustentados en indicios razonables. 

Lima, diecinueve de abril de dos mil dieciséis.

LA SALA CIVIL  PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  REPÚBLICA; vista la causa número cuatro mil doscientos treinta  y seis; en audiencia pública de la fecha; y producida la votación  de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia.

I. ASUNTO

En el  presente proceso de indemnización por daños y perjuicios, el  demandante Miguel Suárez Bustamante, interpuso recurso de  casación contra la sentencia de vista de fecha diecisiete de  agosto de dos mil quince, expedida por la Sala Mixta  Descentralizada de Pisco, de la Corte Superior de Justicia de  Ica, que confirmó la sentencia apelada de fojas noventa y dos, su  fecha treinta de abril de dos mil quince, que declaró infundada la  demanda; en los seguidos con la Municipalidad Distrital de  Santiago de Quirahuara.

II. ANTECEDENTES

1. DEMANDA. Según escrito de fojas treinta y nueve, Miguel Suarez Bustamante  interpone demanda por responsabilidad extracontractual en la  modalidad de indemnización por daños y perjuicios por denuncia  calumniosa; solicitando se le pague la suma de noventa mil con  00/100 nuevos soles (S/. 90,00.000), correspondiendo veinte mil  con 00/100 nuevos soles (S/. 20,000.00) por daño moral;  cincuenta mil con 00/100 nuevos soles (S/. 50,000.00) por lucro  cesante y veinte mil con 00/100 nuevos soles (S/. 20,000.00) por  daño emergente. Los fundamentos de hecho y de derecho que  sustentan dichas pretensiones son las siguientes: 1.1. La  Municipalidad demandada interpuso denuncia penal en su contra  y otros trabajadores de la entidad demandada, el veintidós de  abril de dos mil tres, por la comisión del delito contra el patrimonio – apropiación ilícita (y otros delitos respecto a demás  trabajadores); sin embargo, mediante sentencia de fecha veinte  de julio de dos mil diez fue absuelto de los cargos imputados,  sentencia que quedo firme y consentida mediante resolución de  fecha diecinueve de agosto de dos mil diez, emitida por la Sala  Penal Liquidadora de Chincha. Dicha denuncia fue  malintencionada y calumniosa, fue formulada a sabiendas que  era falsa. 1.2. Valiéndose de la denuncia interpuesta, el alcalde  de aquel entonces, lo despidió de su centro trabajo, sin mediar  motivo alguno, prueba de ello fue que interpuso demanda de Acción de Amparo. 1.3. Se le ha causado daño moral, con el  quebrantamiento de su salud, la salud de sus familiares a  consecuencia de los problemas de los que fue víctima por la  denuncia penal en su contra y por el despido de su centro de  trabajo injustamente. 1.4. El daño emergente está acreditado por la disminución patrimonial sufrida a consecuencia de los gastos  del proceso judicial a consecuencia de la denuncia formulada en  su contra. 1.5. El daño emergente está dado por la utilidad  dejada de percibir desde el momento que fue despedido  arbitrariamente de la municipalidad demandada desde el uno  enero de dos mil tres hasta la fecha; lo que acumulados a sus  gastos y pérdidas asciende a la cantidad de noventa mil con  00/100 nuevos soles (S/. 90,000.00).

2. CONTESTACION DE LA DEMANDA. La Municipalidad Distrital de Santiago de Quirahuara,  mediante escrito de fojas sesenta y ocho contesta la demanda,  señala como fundamento principal que: 2.1. Si bien es cierto el  demandado fue absuelto de la denuncia incoada en su contra,  este no ha podido desmentir ni probar que no ha cometido los  delitos imputados, subsistiendo muchas dudas en cuanto a los  hechos que fueron materia de la denuncia por la cual la  absolución del ahora demandante tiene como fundamento la  duda (indubio pro reo); 2.2. Tampoco se ha podido probar que los hechos denunciados constituyen una calumnia, y más bien ha  obedecido a cautelar los bienes e intereses de la municipalidad,  por lo que se descarta que se haya actuado de una manera  maliciosa o dolosa. 2.3. Respecto al supuesto despido ilegal,  tampoco se ha podido probar los cargos contra su representada, ya que, siendo un hecho en materia laboral, el demandado hizo  valer su derecho ante la instancia respectiva donde también ha  sido desestimada su pretensión, al no haberse probado que la denuncia haya sido calumniosa, cualquier indemnización sobre  la misma deberá desestimarse.

3. SENTENCIA DE PRIMERA  INSTANCIA. Culminado el trámite correspondiente, el Juez  mediante resolución de fecha treinta de abril de dos mil quince,  de fojas noventa y dos, declara infundada la demanda,  sustentando su decisión en que: 3.1. Del expediente acompañado  sobre acción de amparo, obrante de fojas cuarenta y tres a  cincuenta y cinco, se advierte la denuncia interpuesta por el  entrante Alcalde de la demandada en contra del Alcalde saliente  y otros de sus funcionarios, denunciándose al actor  específicamente por apropiación ilícita. 3.2. Se señala en la  denuncia que el Alcalde saliente y sus funcionarios (entre ellos el  actor) han cometido irregularidades en la entrega de gestión,  negándose a brindar la información respectiva y bienes de la  municipalidad, habiéndose cursando diversas cartas notariales para que se cumpla con el proceso de transferencia. 3.3.  Respecto al actor precisa que es funcionario de confianza del  gobierno saliente teniendo a su cargo la Oficina de Registros Civiles, Secretaría General y manejaba caja chica, sin haber  adjuntado la documentación que se le requería. Dichos hechos  dieron lugar a que la Fiscalía formalizara denuncia ante Juez  Penal. 3.4. Si bien mediante sentencia se absolvió al actor, ello  fue porque no se configuró el ánimo de apropiarse de las cosas como propietario y que la apropiación ilícita se formula contra  particulares y no funcionarios; no obstante que estaba acreditado  que el actor había incumplido con presentar oportunamente dos  libros, el de matrimonio y el de Sesión de Regidores, pues fueron  presentados luego de varios meses que entró el nuevo mandato. 3.5. Todo ello permite concluir que existían suficientes motivos  para que se presentara la denuncia, por lo que no resulta  amparable la afirmación del actor en el sentido que la denuncia  de formuló a sabiendas era falsa.

4. RESOLUCIÓN DE  SEGUNDA INSTANCIA. La Sala Mixta Descentralizada del Pisco  de la Corte Superior de Justicia de Ica, mediante resolución de  fecha diecisiete de agosto de dos mil quince, obrante a fojas  ciento diez, confirmó la sentencia apelada que declaró infundada  la demanda, en mérito a los siguientes fundamentos: 4.1. Que, la  denuncia formulada por el alcalde de turno, debido a que la  gestión anterior no habría efectuado una comisión de  transferencia a la nueva administración advirtiéndose que en ella  se imputa que los funcionarios de la gestión antigua, incurrieron  en una serie de irregularidades como la falta de entrega de libros  contables y financieros del municipio y bienes muebles recibidos  como productos de donaciones, señalándose que se remitieron  diversas cartas notariales a fin que cumplan con dicha entrega,  sin recibir respuesta alguna; entre los documentos que se señala que faltaba entregar se encontraban libros de matrimonio, de  sesiones de consejo y otros, atribuyéndose al demandante la  siguiente conducta: “en su condición de personal de confianza  del ex alcalde denunciado quien tenía a su cargo la Oficina de  Registros Civiles, la Secretaría General, operaba la radio  comunicaciones y manejaba [...] la caja chica por ingresos  propios de la municipalidad para beneficio propios sin rendir  cuentas”. 4.2. Por tanto la denuncia fue formulada debido a las  irregularidades detectadas por el alcalde entrante de aquel  entonces, César Ricardo Ormeño Arguedas advirtiéndose  justificación para dicho actuar, más aun si tenemos en cuenta que en la referida denuncia esta autoridad señaló que  “irregularidades que se han comunicado oportunamente a la  Contraloría General de la República y a la Contraloría General  de la Nación con fecha seis de febrero de dos mil tres conforme  al cargo de recepción que adjunto, recibiendo respuesta con  fecha veintiocho de marzo de dos mil tres quienes nos comunican  que debemos efectuar las denuncias ante el Ministerio Publico,  ya que existen indicios razonables de la comisión de los delitos  mencionados”. 4.3. Ello ratifica que la denuncia no ha sido  interpuesta a sabiendas que no se ha cometido, es decir existían  indicios que merecían ser investigados como producto de los  hechos previos a su formulación, concurriendo motivos  razonables para dicha denuncia.

5. RECURSO DE CASACIÓN. Contra la resolución dictada por la Sala Superior, el demandante  Miguel Suárez Bustamante, interpone recurso de casación, el  mismo que ha sido calificado mediante resolución de fecha  veintitrés de diciembre de dos mil quince, por la cual se declaró procedente el recurso de casación por las causales: i) Infracción  normativa del artículo 1982 del Código Civil. Señala que conforme a dicha norma, corresponde exigir indemnización de daños y perjuicios contra quién, a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable denuncia ante  autoridad competente a alguna persona, atribuyéndole la  comisión de un hecho punible; el Juez no ha emitido  pronunciamiento de forma clara y precisa sobre los presupuestos  para configurar el hecho dañoso, menos respecto a los artículos 1969 y 1985 del Código Civil y ha infringido el artículo 1984 del  mismo Código; se ha demostrado el daño moral. Agrega que la  recurrida no ha valorado minuciosamente los medios probatorios;  y las apreciaciones del Juez no son claras con relación a los hechos expuestos en la demanda. ii) Infracción normativa de  los artículos 2 inciso 20 y 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, manifiesta que se está negando el derecho  a la tutela jurisdiccional, afectando con ello el debido proceso.

III. MATERIA JURÍDICA EN DEBATE

Es necesario establecer si al  declararse infundada la demanda se ha afectado el debido  proceso, y descartado ello determinar si corresponde la  aplicación del artículo 1982 del Código Civil.

IV. FUNDAMENTOS

PRIMERO. Que, el recurso de casación tiene como fines  esenciales la correcta aplicación e interpretación del derecho  objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional de la Corte  Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo 384 del  Código Procesal Civil.

SEGUNDO. Que, respecto a la causal de  infracción normativa, según Monroy Cabra, “Se entiende por  causal (de casación) el motivo que establece la ley para la  procedencia del recurso [...]”[1]. A decir de De Pina. “El recurso de  casación ha de fundarse en motivos previamente señalados en la ley. Puede interponerse por infracción de ley o por  quebrantamiento de forma. Los motivos de casación por  infracción de ley se refieren a la violación en el fallo de leyes que  debieran aplicarse al caso, a la falta de congruencia de la  resolución judicial con las pretensiones deducidas por las partes,  a la falta de competencia etc.; los motivos de la casación por  quebrantamiento de forma afectan [...] a infracciones en el  procedimiento”[2]. En ese sentido Escobar Forno señala. “Es  cierto que todas las causales supone una violación de ley, pero  esta violación puede darse en la forma o en el fondo”[3].

TERCERO.  Ante todo, en materia de casación es factible ejercer el control de  las decisiones jurisdiccionales, para determinar si en ellas se  han infringido o no las normas que garantizan el derecho al  debido proceso, tomándose en consideración que éste supone el  cumplimiento de los principios y de las garantías que regulan el  proceso como instrumento judicial, cautelando sobre todo el  ejercicio absoluto del derecho de defensa de las partes en litigio. 

CUARTO. Se ha declarado procedente el recurso de casación por  las causales de infracción normativa procesal y material.  Teniendo en cuenta ello, es de advertirse que conforme lo dispone el artículo 396 del Código Procesal Civil, cuando se  declara fundado el recurso de casación por vulneraciones a las  normas que garantizan el debido proceso o las infracciones de  las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos  procesales en todos los supuestos se debe devolver el proceso a la instancia inferior para que emita una nuevo fallo, mientras  que si se declara fundado el recurso por las otras causales  contempladas en el artículo 386 del Código Procesal Civil, la Sala Suprema actuando en sede de instancia deberá resolver el conflicto según su naturaleza. Es por ello, que la revisión de las causales por las que ha sido declarado procedente el recurso de  casación debe comenzar por el análisis de la alegación de  vulneración a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso.

QUINTO. Que, en lo que a la afectación al debido  proceso concierne, corresponde precisar que es un derecho  complejo, pues, está conformado por un conjunto de derechos  esenciales que impiden que la libertad y los derechos de los  individuos sucumban ante la ausencia o insuficiencia de un  proceso o procedimiento, o se vean afectados por cualquier  sujeto de derecho —incluyendo el Estado— que pretenda hacer uso abusivo de éstos. Como señala la doctrina procesal y constitucional, “por su naturaleza misma, se trata de un derecho  muy complejamente estructurado, que a la vez está conformado  por un numeroso grupo de pequeños derechos que constituyen  sus componentes o elementos integradores, y que se refieren a las estructuras, características del tribunal o instancias de decisión, al procedimiento que debe seguirse y a sus principios  orientadores, y a las garantías con que debe contar la defensa (Faúndez Ledesma, Héctor. “El Derecho a un Juicio Justo”. En: Las garantías del debido proceso (Materiales de Enseñanza). Lima: Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Embajada Real de los Países  Bajos, p, 17). Dicho de otro modo, el derecho al debido proceso constituye un conjunto de garantías de las cuales goza el  justiciable, que incluyen, la tutela procesal efectiva, la observancia de los principios o reglas básicas y de la competencia  predeterminada por Ley, así como la pluralidad de instancias, la motivación y la logicidad y razonabilidad de las resoluciones, el  respeto a los derechos procesales de las partes (derecho de acción, de contradicción) entre otros.

SEXTO. Que, bajo ese  contexto dogmático, la causal de la infracción normativa procesal  denunciada se configura entre otros supuestos en los casos en  los que en el desarrollo del proceso, no se han respetado los  derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado  actos de procedimiento o si la tutela jurisdiccional no ha sido  efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus  decisiones o lo hace en forma incoherente a la naturaleza del  proceso, en clara trasgresión de la normatividad vigente y de los  estadios superlativos del procedimiento.

SÉTIMO. Que, el recurrente alega que se afecta su derecho al debido proceso, específicamente a su derecho a la tutela jurisdiccional por no  haberse aplicado la norma material que le concede la  indemnización que reclama. En atención a ello, corresponde  precisar que el Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, es  aquel que tiene toda persona sea natural o jurídica a ser parte de  un proceso, no se trata de un derecho incondicional sino que se  requiere el cumplimiento de los requisitos establecidos en la  norma; proceso en el que deberá recibir respuestas motivadas a  sus pretensiones o alegaciones. Tal como lo ha precisado esta  Suprema Corte en la Casación 1635-2008-Lima, “El derecho a la  tutela jurisdiccional efectiva es un atributo subjetivo que  comprende una serie de derechos entre los que destacan el  acceso a la justicia, es decir, el derecho de cualquier justiciable de promover la actividad jurisdiccional del Estado, sin que se  obstruya, impida o disuada irrazonablemente; también  comprende el derecho a la efectividad de las resoluciones  judiciales [...]”.

OCTAVO. En relación con este asunto es  necesario tener presente que, al fundamentar su demanda, el recurrente Miguel Suarez Bustamente, alega que la Municipalidad  demandada formuló denuncia en su contra a sabiendas de la  falsedad del sustento de la misma; frente a ello la instancia de  mérito ha respondido su pretensión indicando que sí existían  indicios que merecían ser investigados, por cuanto, previamente  a la denuncia el alcalde de la Municipalidad demandada informó a la Contraloría General de la República quien recomendó se efectúe la denuncia; y que la absolución del proceso penal no  puede ser considerado para amparar la demanda, en tanto que  en dicho proceso se determinó que el demandante sí retuvo libros contables, sin embargo, al haber sido devueltos con  posterioridad no denotó el ánimo de hacerse propietario de los mismos, evidenciándose que ha existido el ejercicio regular de  un derecho y por ende no hay responsabilidad.

NOVENO. De lo antes citado se advierte que la instancia de mérito no ha afectado el derecho al debido proceso, ni a la tutela jurisdiccional efectiva  del que goza el recurrente; en tanto éste ha tenido pleno acceso  a la justicia a los recursos impugnatorios que la ley le franquea  sin ninguna restricción; y ha recibido un pronunciamiento  debidamente motivado respecto de su pretensión, pues se  establece la relación de hecho en base a su apreciación  probatoria, interpreta y aplica las normas que considera pertinentes; no pudiéndose considerar un pronunciamiento  desestimatorio como una afectación al derecho a la tutela  jurisdiccional efectiva.

DÉCIMO. Que, en consonancia con lo  precisado en el numeral cuatro corresponde emitir  pronunciamiento respecto a la infracción normativa materialpara lo cual corresponderá determinar si resulta aplicable al caso  de autos el artículo 1982 del Código Civil, según el cual “Corresponde exigir indemnización de daños y perjuicios contra  quien, a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la  ausencia de motivo razonable, denuncia ante autoridad  competente a alguna persona, atribuyéndole la comisión de un  hecho punible”.

DÉCIMO PRIMERO. La norma antes citada,  contempla dos supuestos: a) La denuncia a sabiendas de la  falsedad de la imputación; y, b) La denuncia pese a la ausencia  de motivo razonable; el primero identifica como elemento dañoso  la imputación falsa (falsedad que debe ser de conocimiento del  denunciante) y el segundo la ausencia de motivo razonable para  la imputación.

DÉCIMO SEGUNDO. Tal como se ha precisado en  la casación 2466-2006-Ancash: “La responsabilidad por denuncia calumniosa a que se refiere el artículo 1982 del Código Civil importa la existencia de dolo por quien denuncia ante  autoridad competente a una persona atribuyéndole la comisión de un hecho punible, y se manifiesta por el conocimiento que  tenía el autor del daño (esto es, el denunciante) respecto a la falsedad de la imputación atribuida, o por la ausencia de motivo  razonable para formular la denuncia.

DÉCIMO TERCERO. En el caso de autos, el demandante alega que la denuncia instaurada  en su contra fue realizada a sabiendas de su falsedad; sin  embargo, ello ha sido desestimado por las instancias de mérito,  al determinar que la denuncia formulada por la municipalidad  demandada obedeció a la falta de entrega de libros municipales  por parte del demandante, y la sugerencia de la Contraloría  General de la República quien comunicó a la demandada, la  existencia de indicios razonables de la comisión de delitos; de lo  que se colige que el artículo 1982 del Código Civil deviene en  inaplicable al caso de autos, en tanto las instancias han  determinado la inconcurrencia de los dos supuestos  contemplados en dicha norma. Debiéndose precisar además  que, tal como lo ha precisado la instancia de mérito, la absolución  de un proceso penal, no implica necesariamente la existencia de  una denuncia a sabiendas de su falsedad, más aun teniendo en  cuenta que el hecho atribuido en la denuncia, esto es la no  devolución de libros municipales, fue acreditado en el proceso  penal, habiendo sido absuelto de los cargos por la devolución de  los mismos. De lo que se colige que el recurso de casación debe  ser declarado infundado en todos sus extremos.

V. DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas no se configura la causal de  infracción normativa denunciada, por lo que en aplicación del  artículo 397 del Código Adjetivo; declararon: INFUNDADO el  recurso de casación de fojas ciento veinte interpuesto por Miguel  Suárez Bustamante; en consecuencia decidieron NO CASAR la  sentencia de vista de fecha diecisiete de agosto de dos mil  quince, expedida por la Sala Mixta Descentralizada de Pisco, de  la Corte Superior de Justicia de Ica; DISPUSIERON la publicación  de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, bajo  responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos con la  Municipalidad Distrital de Santiago de Quirahuara, sobre      indemnización por daños y perjuicios; intervino como ponente, el Juez Supremo De la Barra Barrera.

SS. TELLO GILARDI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA.

 



[1] Monroy Cabra, Marco Gerardo, Principios de Derecho Procesal Civil, Segunda edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, p. 359.

[2] De Pina Rafael, Principios de Derecho Procesal Civil, Ediciones Jurídicas Hispano Americanas, México D.F., 1940, p. 222.

[3] Escobar Fornos Iván, Introducción al Proceso, Editorial Temis, Bogota, Colombia, 1990, p. 241.

Boletines anteriores

Publicidad